La Colonización

La encomienda indiana
Introducción
Las Leyes Nuevas

Introducción

Códice Kingsborough

El abuso de los encomenderos, lámina que está integrada al Códice Kingsborough.

Representan en esencia las encomiendas una relación especial de dependencia en que se hallaban grupos de indios con respecto a los colonos o encomenderos.

La encomienda constituye una institución capital en el desarrollo de la colonización americana, y fue la modalidad a través de la cual se encauzó la utilización de los indígenas en la explotación de los territorios descubiertos y el adoctrinamiento religioso de los mismos, dejando a salvo su libertad jurídica, y la suprema soberanía de la corona.

El proceso formativo de esta institución fue largo y laborioso, enlazándose con los grandes problemas cruciales de la empresa colonizadora, y dando lugar a resonantes campañas en el orden doctrinal, y no menos ruidosas conmociones en su aplicación y práctica.

El origen de la encomienda se vincula a los repartimientos de indios hechos por los primeros descubridores, desde el tiempo del mismo Colón, reduciéndolos a una efectiva esclavitud.

La originaria condena de este tratamiento por la misma reina Isabel y los organismos de la Corte, reiterando la condición de vasallos libres de Castilla a favor de los indios y como tales sujetos tan solo a un tributo a favor de la corona, tuvo que atemperarse a la realidad de los hechos, ante la negativa de los indios a dedicarse al trabajo y hacer posible su adoctrinamiento en la fe. Y desde principios del s. XVI, se autorizaron repartimientos de indios entre los descubridores y colonos, con carácter temporal, para que estuvieran en encomienda de los mismos, si bien como personas libres.

En una autorización de 1509, la institución adquiría sus primeros contornos fijos, al darse algunas normas sobre estas encomiendas. Los repartos en encomienda se harían a proporción del rango del colono, no pudiendo pasar de 300 los indios encomendados a una persona.

La encomienda duraría un plazo determinado: dos o tres años —naborías o tapias—, o a lo más por toda la vida del encomendero. Los colonos podían servirse de los indios en el trabajo, pero debían instruirles e informarles en las cosas de la fe, y debían satisfacer a la Cámara un peso de oro anual por cada cabeza de indio.

Se advierte desde buen principio un triple interés en la constitución de la encomienda: económico, utilización del trabajo de los indios; fiscal percepción de un ingreso por el Erario, y, sobre todo, espiritual y político, adoctrinamiento y educación.

Los abusos de los encomenderos de la Española en el trabajo de los indios llevaron por este tiempo a las primeras campañas de los dominicos en favor de los indígenas, iniciadas por el sermón del padre Antonio Montesinos en Santo Domingo en 1511, logrando la promulgación de las leyes de Burgos (1512-1513), en las que se establecían una serie de disposiciones altamente humanitarias en pro de aquellos moradores, pero se admitían formalmente las encomiendas.

Continuó la campaña en vista de la inutilidad de las anteriores leyes, el padre Las Casas, que acudió a Cisneros. De igual modo, Cisneros, a pesar de sus nobles deseos de organizar la colonización a base de comunidades libres de indios, se vio obligado a autorizar a los jerónimos la práctica de los repartimientos en encomiendas, como único modo de asegurar la normal explotación de las nuevas tierras conquistadas y lo mismo hicieron los jefes de diversas expediciones llegadas a las Antillas.

El sistema tanto de repartimientos como de encomiendas, había resultado en la realidad, una verdadera esclavitud y causado un trato inhumano y explotador del indio, ocasionando una rápida disminución de la población indígena antillana, no acostumbrada al duro trabajo al que se le había sometido, sin realizarse ninguno de los fines de cristianización y asimilación que se habían señalado. Desaparición que obligó a sustituir al indio con el esclavo negro.

Los colonos sostenían que no podían subsistir ellos ni la colonia sin el trabajo forzoso del indio. Entre aquellas disposiciones figuraban la de que los indios encomendados trabajarían cinco meses seguidos para el encomendero, en especial en sacar oro, a lo que se destinaría un tercio de cada lote; después tendrían cuarenta días de permiso, pero para que recogieran las cosechas; se les daría un peso de oro al año; las mujeres deberían trabajar también en las minas y las casadas y embarazadas, en labores domésticas en las haciendas y los niños ayudar a sus padres; en 1513 se acordó que trabajasen los indios nueve meses en las minas y los otros tres en sus campos o en los de los españoles a jornal.

Grave mal fue el repartimiento, en cantidades crecidas, a personajes ausentes, como Fonseca, Conchillos, Fernando Colón, Cabrero, o altos funcionarios de la colonia.

La conquista de México y más tarde la del Perú dieron lugar a nuevos repartimientos condenados en un principio en la metrópoli (1523), pero pronto tolerados ante las circunstancias del país y sus pobladores, análogas a las de las islas.

El mismo Cortés ya percibió la diferencia entre los indios antillanos y los de México y estableció, a pesar de las prohibiciones, el deber para el encomendero de tener armas para la defensa del país, sostener misioneros, acudir a la justicia si los indios no cumplían y cobrar un tributo, pero en oro forzosamente, y servicios personales, pero en trabajos mineros; las instrucciones de 1525 dejaban opción entre esa forma de feudo con pago de tributos al rey, quien daría parte a los encomenderos, o señorío como en Castilla. La penúltima forma prejuzgaba la definitiva.

Pero en una provisión de 1526 se facultaba el repartimiento a perpetuidad y con jurisdicción, lo que no predominó en adelante. Los abusos cometidos con el pretexto de estas disposiciones motivaron una serie de medidas para evitarlos, en 1528 y sobre todo en 1529, en que se propuso plena libertad y sustituir la encomienda por un tributo, supresión de las encomiendas otorgadas por la primera Audiencia y la sustitución del encomendero por el corregidor de indios, que ejercería las funciones de protección al indígena antes atribuidas al encomendero.

El presidente de la Audiencia, Ramírez de Fuenleal se inclinó a la perpetuidad de las encomiendas; se asignaron pueblos al monarca con criterio político y económico; se permitió la convivencia del servicio personal o del pago de tributos, que fueron tasados, y se conservaron los servicios y tributos que percibían los caciques, la tasación se extendió al resto de la Indias.

Pero las instrucciones al primer virrey Mendoza agudizaban la sujeción al establecer feudos y dar jurisdicción al encomendero, al imponer el pago del tributo en metales preciosos, aumentando su cuantía, o si no en servicios personales y el trabajo en las minas, con objeto de aumentar las rentas reales.

La práctica de las encomiendas en estos territorios continentales había ido modelando los perfiles de la institución, que en año 1536 era resueltamente sancionada con la innovación de que pudiera disfrutarse de dos vidas, es decir, la del primer titular y la de su sucesor, como ya de hecho venía ocurriendo desde hacía tiempo, por vía de disimulación, en Nueva España. Las disposiciones de 1536 suavizaban las normas anteriores, tasaban los tributos y suprimían el aspecto señorial de las encomiendas.

Las Leyes Nuevas

El establecimiento de la ley de sucesión en las encomiendas iniciaba una nueva etapa en la vida de las mismas, y dio pie a la elaboración de amplias construcciones doctrinales por parte de los juristas. Pero al mismo tiempo, una fuerte corriente de adversión a las encomiendas y, en general a la conducta de los colonos y encomenderos para con los indios, cuyo paladín era el padre Las Casas, lograba en 1542 la promulgación de las famosas Leyes Nuevas, en las que, aparte de la reiteración de medidas humanitarias en favor de los aborígenes, se suprimía lisa y llanamente el sistema de encomiendas, prohibiendo hacer nuevas al vacar las existentes debiendo ponerse los indios en la Corona.

Francisco Hernández Girón. Según dibujo de Felipe Guamán Poma de Ayala

Francisco Hernández Girón, encomendero español que se rebeló en el Perú en 1553 contra la autoridad real a causa de las Leyes Nuevas.

La imposibilidad de llevar a la práctica estas reformas —puestas de manifiesto por las sangrientas conmociones acaecidas, sobre todo en el Perú— obligaron en 1545, a la derogación de las leyes anteriores en lo relativo a las encomiendas, que fueron nuevamente autorizadas, pero sustituyendo los servicios personales de los indios por tributos tasados moderadamente.

Sin embargo, se confirmaba la abolición de la esclavitud del indio y del servicio personal, aunque este continuó por la imposibilidad de castigar al indio con penas pecunarias por su insolvencia. También en la práctica continuó con menor intensidad el servicio dentro de las encomiendas. Se renovó en 1601 la prohibición del servicio en el tributo de las encomiendas, pero se admitieron excepciones en algunos países de América del Sur.

En Nueva España se concedía una tercera vida por disimulación, pero no en el Perú, aunque al extinguirse el derecho podía otorgarse la misma encomienda a otra persona con méritos, pues los virreyes de México no podían concederlas por sí y los de Perú tenían esa facultad. Según el cosmógrafo López de Velasco, en 1574 había en Indias 32.000 casas de vecinos españoles, de ello 3.900 ó 4.000 encomenderos, y 1.500.000 indios tributarios, repartidos en 3.700 repartimientos del rey de particulares.

En 1631, según León Pinelo, rentaban las encomiendas de las Indias, 966.228 ducados. A principios de s. XVII (1629), se concedió, por Real Cédula, una vida más a todos los poseedores de encomiendas, mediante el pago de una composición, y en 1704, se concedía una nueva vida cuarta vida, en el disfrute de las encomiendas.

No podían pasar las prórrogas de una cuarta vida, aunque algunas veces se llegó a una quinta, declarándose oficialmente que las prórrogas solo podían concederse a quienes tuvieran encomiendas en primera y segundas vidas. Diversos intentos realizados en tiempos de Felipe II y Felipe III para convertir en perpetuas todas las encomiendas, enajenando los soberanos su derecho supremo sobre los indios, a cambio de elevadas sumas a pagar por los encomendados, no llegaron a tener éxito.

La abolición definitiva de las encomiendas tuvo lugar al advenimiento de la dinastía borbónica, por decretos de 1718, 1720 y 1721. Sin embrago, parece que en algunos lugares persistieron encomiendas a lo largo del siglo, pero se extinguieron totalmente antes de la independencia. Además, la hostilidad permanente del Estado hacia ellas, por lo que tenían de señorial o de cierta mediatización de su autoridad fiscal, las necesidades de este último orden hicieron que aumentara su participación en los rendimientos, como se exigió a fines del s. XVII, y se retuvo la tercera parte de las que vacasen, haciéndolas así menos deseables económicamente.

Para conocer íntimamente la encomienda hacen falta monografías sobre su funcionamiento efectivo en cada país y según las épocas o el de las opiniones y tendencias expresadas sobre las mismas.

Autores antiguos y modernos has disertado sobre la naturaleza jurídica de la encomienda y sus posibles precedentes hispanos. Respecto a estos, se ha señalado a las behetrías —antiguamente, población cuyos vecinos, como dueños absolutos de ella, podían recibir por señor a quien quisiesen— personales, a los señoríos territoriales de las reconquista, a los feudos y mayorazgos, etcétera, como modelos tomados para la configuración de la encomienda indiana.

Pero no puede olvidarse, como señala Ots, que esta constituye una realidad institucional nueva en el cuadro de las instituciones jurídicas del derecho castellano proyectada sobre los territorios descubiertos, que tuvo que presentar rasgos diferenciales importantes en las distintas comarcas del vasto mundo hispanoamericano.

Para Solárzano —seguido en este punto por la generalidad de autores— las encomiendas de indios eran consideradas, desde el punto de vista netamente jurídico, como un derecho concedido por merced real a los beneméritos de las Indias para percibir y cobrar para sí los tributos (anteriormente, aprovechar los servicios personales) de los indios que se les encomendasen por su vida y las de un heredero (posteriormente la de tres herederos), conforme a la ley de sucesión, con cargo a cuidar del bien de los indios en lo espiritual y temporal y de habitar y defender las provincias donde fueren encomenderos.

El propio autor, así como otros tratadistas indianos Pinelo, Matienzo, formularon una teoría muy completa de la encomienda, extendiéndose a enumerar las incapacidades para ser titular de ellas, las facultades dominicales de los mismos, sus obligaciones, etc. El proceso histórico de la encomienda indiana es un exponente —tal vez el más palpable— del fenómeno de aguda divergencia entre las aspiraciones doctrinales y propósitos legislativos, por una parte, y las obligadas exigencias de la realidad, por otra, tan características del derecho e instituciones indianas.

En el complejo problema de la encomienda indiana se entremezclaron factores muy diversos: uno económico, que tiende a utilizar el trabajo indio como base de la colonización e indispensable para la supervivencia de la población española en Indias, de dónde la tenaz resistencia a su supresión; otro de carácter espiritual, la necesidad de evangelizar al indio, junto con su asimilación a la cultura europea, que se creía difícil de conseguir dejándole vivir a su guisa; otro de carácter político, la recompensa a los conquistadores y sus descendientes o a quienes prestaran servicios valiosos —o no—, como se ha visto, y la necesidad de la defensa de la tierra y su población; y otro fiscal, la participación del Estado en los tributos impuestos a los indios como vasallos de los reyes.

Pero actuaron en contra otros factores: uno asimismo espiritual, opuesto a la encomienda, como fuente de real esclavitud y de abusos y opresión; otro igualmente político, la aversión a un régimen que trataba de reproducir en Indias un régimen señorial, que la Corona permitía en España, pero que intentaba evitar en América. Otros sistemas de trabajo para los indios y la esclavitud del negro reemplazaron el régimen encomendero, dada su progresiva limitación y su cambio de signo.

R.B.: EZQUERRA, Ramón, Diccionario de Historia de España, dirigido por Germán Bleiberg, Ed. Alianza Editorial, 1979, tomo A-E, págs. 1252-1255.