Los Reyes Católicos

La Inquisición
La Inquisición
La Inquisición Española
Formación de los tribunales
Institución regulada por Derecho
El procedimiento judicial
La tortura y las condenas
Etapas de la actividad represora
Los ingresos del Tribunal
Los gastos del Tribunal
Decadencia y final del Santo Oficio

La Inquisición

Tribunal permanente, distinto del ordinario presidido por un obispo, encargado por la Santa Sede de la lucha contra la herejía. Los casos de herejía protagonizados durante los ss. XI y XII por cátaros y albigenses originaron la condena de la monarquía católica en Francia y Aragón, reinos en los que se dictó pena de muerte para los considerados herederos del maniqueísmo.

Los papas Alejandro III (1159-1181), en el III concilio ecuménico de Letrán (1179), y Lucio III (1181-1185), en el gran sínodo de Verona (1184), al que asistió el emperador Federico I Barbarroja y en el que se dictó el decreto Ad Abolendam, solicitaron a los reyes de la cristiandad la aplicación de medidas más severas contra cátaros y albigenses; Inocencio III(1198-1216), en el IV concilio ecuménico de Letrán (1215), codificó y unificó las leyes contra la herejía y exigió su pleno cumplimiento.

En 1224 el emperador Federico II (1220-1250) dictó una ley por la que se imponía la pena de muerte a los acusados de herejía, norma que el papa Gregorio IX (1227-1241) extendió para toda la iglesia con la creación en 1231, del Tribunal de la Inquisición , a cuyo cargo estaba la Orden de Predicadores o dominicos. En Aragón, la institución se estableció en 1238 y Jaime I (1213-1276) nombró inquisidor a Jaime de Peñafort, con las mismas atribuciones que Conrado de Marburgo acababa de obtener en Germania, a quien sucedió en el puesto RobertoLe Bougre.

Hasta el final de su pontificado, Gregorio IX expuso la forma en que debían proceder los inquisidores en los casos que atendieran. La acción del Tribunal de la Inquisición se estableció, fundamentalmente, en el N. de la península itálica, en el S. de Francia y en el reino de Aragón, donde desarrollaron sus funciones en s. XIII los inquisidores Ponce de Blanes, Pedro de Tonenes, Raimundo Martín, Pedro de la Cadireta y, en el s. XIV, Nicolás Eimeric (1320-1399), autor de Directoriun InquisitorumDirectorio de los Inquisidores, 1376).

La Inquisición Española

Santo Domingo presidiendo un auto de fe

Pedro Berruguete: Santo Domingo presidiendo un auto de fe (1475). Las representaciones artísticas normalmente muestran tortura y la quema en la hoguera durante el auto de fe.

La Inquisición española fue creada por los Reyes Católicos para combatir religiosa y políticamente a los falsos conversos judíos, o judaizantes, en el último periodo de la Reconquista. Ya en 1461, un grupo de monjes franciscanos se había dirigido al general de la orden de los jerónimos para que siguiera el ejemplo de Francia de inquirir sobre los herejes.

El 1-XI-1478, los Reyes obtuvieron del papa Sixto IV (1471-1484), mediante la bula Exigit sinceras devotiones affectus, la facultad de nombrar a los primeros inquisidores, que comenzaron a actuar a partir-IX-1480 en Aragón y Sevilla, donde se establecieron Miguel de Morillo y Juan de San Martín.

Al año siguiente Cristóbal de Gualba y Juan Orts fueron nombrados inquisidores de Valencia, y Juan de Épila en Zaragoza, y comenzaron las expulsiones de las comunidades de judíos de aquellas ciudades que ya habían sido tomadas por los ejércitos castellanos.

Así, a finales de 1482, poco después de comenzar la guerra de Granada (1481-1492), fue ordenada la expulsión de los judíos de parte de Andalucía occidental, y en enero de 1483 de Sevilla, Córdoba y Cádiz, aunque la ejecución efectiva del mandato se realizó en el verano de 1484; dos años después fueron expulsados los judíos de Zaragoza, Albarracín y Teruel, y en 1492, tras el final de la Reconquista, la orden se hizo extensiva a todo el territorio peninsular, a pesar de que las comunidades judías del S. habían ayudado a los Reyes Católicos a financiar la victoria sobre el reino nazarí de Granada; en cualquier caso, para entonces ya se habían producido en numerosas localidades expulsiones no autorizadas.

En 1483 fue creado el Consejo de la Suprema y General Inquisición, con autoridad sobre todos los tribunales provinciales, y presidido por Tomás de Torquemada (1420-1498), prior del convento de los dominicos de Segovia y primer inquisidor general de Castilla y Aragón con autoridad para juzgar todo tipo de delitos y nombrar inquisidores; la bula de su nombramiento fue publicada por Inocencio VIII (1484-1492) el 11-I-1486.

Aunque el verdadero impulsor del establecimiento de la Inquisición española ante la Santa Sede fue el cardenal González de Mendoza (1428-1495), Torquemada fue quien articuló y organizó la institución y quien estableció las bases de su funcionamiento gracias a su influencia sobre los Reyes Católicos, de quienes era confesor.

Cuando el 31-III-1492 los Reyes Católicos promulgaron en Granada el edicto de expulsión de los judíos, Torquemada y el Santo Oficio no permanecieron ajenos al cumplimiento de la orden, y aquél se interpuso en las ofertas económicas que los judíos granadinos realizaron al monarca aragonés para que revocase su decisión.

Tomás de Torquemada, de origen converso e introductor en la orden de los dominicos del estatuto de limpieza de sangre, designó en 1484 nuevos inquisidores en Castilla, Cataluña, Valencia y Aragón, territorios en los que el establecimiento de la institución inquisitorial creó conflictos entre las comunidades conversas y entre los defensores de los fueros locales, como el que originó la muerte del inquisidor Pedro Arbués en Zaragoza en 1485.

Durante los quince años que Torquemada se mantuvo en el puesto de Inquisidor general, el Tribunal se estableció en todos los reinos, y ya en 1492 era una institución aceptada en todos los estamentos; además, el inquisidor general había promulgado en 1484 los veintiocho artículos —aumentados posteriormente por Diego de Deza a cincuenta y cuatro— de las Instrucciones de Inquisidores, basadas en la obra de Eimeric del s. XIV y conocidas como Instrucciones antiguas, y que fueron la normativa general para los futuros funcionarios del Consejo de la Suprema hasta 1561, en que fueron promulgadas las 81 cláusulas de las Instrucciones de Fernando de Valdés.

En el s. XVII apareció la compilación realizada por Gaspar Isidro de Argüello, Instrucciones del Santo Oficio de la Inquisición, sumariamente antiguas y nuevas (1627-1630), y la elaborada por el Consejo, Compilación de las Instrucciones del Oficio de la Santa Inquisición (1667).

No obstante, la regulación del Santo Oficio durante su vigencia partió de la obra escrita en 1376, durante su destierro en Aviñón, por el dominico Nicolás Eimeric, Directoriun InquisitorumDirectorio de los Inquisidores.

Eimeric, nacido en Gerona en 1320, fue nombrado en 1356 inquisidor general del reino de Aragón en substitución de Nicolás Roselli, y destacó por su oposición a las obras de Ramón Llul y por su defensa de la ortodoxia católica; apoyado por la Santa Sede, fue expulsado del reino aragonés por Pedro IV (1366-1387) y, después, por Juan I (1387-1396).

El Directoriun Inquisitorum fue reeditado en numerosas ocasiones durante los ss. XV y XVI en Roma y en Venecia; para la edición romana, la Santa Sede encargó al canonista Francisco Peña que completara la obra de Eimeric con todas aquellas disposiciones e instrucciones dadas desde su redacción original.

El libro está dividido en tres partes, Jurisdicción del Inquisidor o de la fe católica y su raigambre, Práctica inquisitorial o maldad herética que hay que combatir y Cuestiones dimanantes de la práctica del santo Oficio de la Inquisición o práctica del oficio que hay que perpetuar, y durante más de trescientos años fue el manual en que se basaron para el desempeño de su cargo los inquisidores generales del Santo Oficio, así como la normativa de la que surgieron las instrucciones de Tomás de Torquemada, Diego de Deza y Fernando de Valdés, así como las publicadas durante el s. XVII.

En la edición de 1983 realizada por Luis Sala-Molins y titulada El manual de los inquisidores por el hermano Nicolau Eimeric, dominico, con comentarios de Francisco Peña, doctor en derecho canónico y en derecho civil —Aviñón, 1376. Roma, 1578— se señala que la obra original ocupaba un total de 744 páginas, con una media de 5.200 letras por página.

Cuando Eimeric escribió su manual, se hacía necesario codificar las pautas de actuación y el funcionamiento de una institución que tenía ciento cincuenta años de historia y que hasta ese momento solo había conocido compilaciones como la de Bernar Gui, Practica officii Inquisitionis, escrita probablemente en 1323 ó 1324.

Por eso el dominico catalán escribió una obra que fuera un tratado sistemático sobre la función del inquisidor, debidamente documentada y basada en las Sagradas Escrituras y en la patrística, y que ayudara a los miembros de los tribunales en sus consultas de la normativa real, imperial o papal para cada caso y en la unificación de los criterios que la institución inquisitorial debía aplicar.

A Torquemada le sucedieron en el cargo Diego de Deza (1443-1523), inquisidor general entre 1498 y 1506 y arzobispo de Sevilla desde 1505; Cisneros (1436-1517), desde 1507 hasta su muerte, y el cardenal Adriano de Utrecht (1459-1523), que ocupó el puesto desde 1518 hasta se elección como papa Adriano VI (1522-1523).

Pero tras la muerte, en 1504, de Isabel de Castilla, su reino y el de Aragón fueron separados temporalmente, por lo que Cisneros únicamente ejerció como inquisidor en territorio castellano, mientras que en el aragonés desempeñó el mismo puesto el arzobispo de Vic, Juan Enguera.

Después de la entronización de Carlos I (1516-1556) ambos cargos volvieron a convertirse en uno solo, cuando Adriano de Utrecht, obispo de Tortosa e inquisidor general de Aragón desde 1516, lo fue también para Castilla desde 1518.

Los obispos, arzobispos y cardenales que desempeñaron el cargo de inquisidor general durante los ss. XVI y XVII procedían en su mayoría, del Consejo de Castilla (s. XIII) o del Consejo de Estado (1522), lo que confirma las tesis de los historiadores de la hegemonía de los condicionantes políticos sobre los religiosos en las actuaciones derivadas del cargo, y únicamente cinco de ellos pertenecían a la Orden de Predicadores, a pesar de la tradicional relación historiográfica establecida entre los dominicos y la Inquisición.

No obstante, a principios del s. XVII, una orden dada el 16-XII-1618 por Felipe III (1598-1621) reservaba a la orden de los dominicos un puesto permanente en el Consejo de la Suprema, cuando la institución se encontraba ya bajo el control de la Compañía de Jesús.

Por otra parte, e independientemente de la procedencia del inquisidor general, dos de los miembros del Consejo de Castilla —en cuya organización se basó la Inquisición— asistían regularmente al Consejo de la Suprema, que ocupó el tercer lugar en la jerarquía de la Administración del Estado.

Extendió su acción a todos los reinos peninsulares, aun cuando, en la época de su constitución, los reinos de Castilla, Aragón y Navarra funcionaban con autonomía administrativa —y en este último las comunidades judías fueron toleradas hasta 1498—, y mermó la capacidad de los tribunales provinciales instituidos desde 1482.

Los miembros del Consejo —que, como organismo eclesiástico, dependía de la Santa Sede— eran designados por el rey a propuesta del inquisidor general, y su número osciló entre seis y diez. La reuniones se celebraban en las ciudades donde residiera la Corte y tenían lugar todas las mañanas de los días no feriados, durante tres horas, y los martes, jueves y sábados, dos horas por la tarde.

En las sesiones de la mañana se trataban las cuestiones relativas a la fe, y en las de la tarde las que tenían que ver con las costumbres, la hechicería y la superstición; las reuniones de los viernes estaban especialmente dedicadas a la limpieza de sangre, aunque a partir de 1633 se trataron en ellas asuntos de economía.

Tras los primeros años de creación de tribunales locales o de distrito, el principio del s. XVI se caracterizó por la tendencia a su concentración y, por tanto, a su disminución; los de León, Burgos, Salamanca, , Ávila, Segovia y Valladolid se fusionaron en uno, con sede en esta última ciudad; el de Jerez de la Frontera fue incluido en el de Sevilla, y los de Cuenca, Sigüenza y Calahorra se redujeron también a un único tribunal.

Hasta 1502, los límites territoriales de estos distritos solían coincidir con los de la administración religiosa, por lo que cada diócesis correspondía un tribunal; sin embargo, también hubo tribunales itinerantes, como el de Barcelona, que se trasladaba frecuentemente a Gerona, Tarragona y S. de Francia. A partir de 1510 fue recuperado el esquema organizativo creado en 1482, con el restablecimiento del tribunal de Cuenca (1510) y la creación de los de Navarra (1512-1513) y Murcia (1521); el de Calahorra pasó a Navarra, el de Sigüenza a Cuenca y, en 1524, el de Ciudad-Rodrigo se integró en el de Llerena.

En 1526 el tribunal de Jaén se dividió en los de Granada y Córdoba y, tras varios proyectos, fue creado el de Galicia en 1574. A finales del s. XVI, la administración de la Inquisición contaba con los siguientes tribunales: Barcelona, Valencia, Murcia, Granada, Jaén, Córdoba, Sevilla, Llerena, Cuenca, Toledo, Valladolid, Zaragoza, Logroño, Santiago de Compostela, Mallorca y las Palmas. En este mismo periodo, el Consejo de la Inquisición se estableció en Hispanoamérica, donde creó los tribunales de Lima (1570), Nueva España (1571) y Cartagena de Indias (1610).

Formación de los tribunales

Escudo de la Inquisición

Escudo de la Inquisición española. A ambos lados de la cruz, la espada simboliza el trato a los herejes, la rama de olivo la reconciliación con los arrepentidos. Rodea el escudo la leyenda "Exurge domine et judica causam tuam. psalm. 73", frase en latín que traducida al castellano significa: Álzate, oh Dios, a defender tu causa, salmo 73 (74).

Los tribunales estaban formados por los inquisidores, el fiscal y los subalternos, todos ellos asesorados por los teólogos o calificadores y auxiliados por los agentes seculares o familiares, procuradores, asesores, secretarios, alguaciles, médicos y nuncios, entre otros cargos.

El puesto de inquisidor, de los que había dos en cada tribunal, solía estar ocupado por un jurista y por un teólogo, de modo que entre ambos pudieran solucionar cualquier cuestión eclesiástica o jurídica que se presentara.

Su acceso al cargo se realizaba de forma progresiva, pues los inquisidores comenzaban su trayectoria en tribunales de pequeña importancia, en los que se iniciaban como asesores o como fiscales, hasta su ascenso a otros más prestigiosos, como los de Barcelona, Zaragoza o Valencia; en otros casos pasaban a la Suprema desde cargos catedralicios de ciudades medianas, y en otros, como ya ha quedado dicho, procedían de los Consejos de Castilla o Estado.

Estructura de la inquisicion

Estructura de la inquisicion

Su permanencia en el cargo no era duradera, y por su ejercicio recibían, en tiempos de los reyes Católicos, sesenta mil maravedís, que pasaron a doscientos cincuenta mil en época de Felipe III; los inquisidores de tribunales pequeños o periféricos, recibieron, desde mediados del s. XVI, la visita de inspección de los enviados especiales del Consejo de la Suprema, que velaban por el cumplimiento de sus funciones.

El procurador fiscal era el encargado de redactar las denuncias formuladas y de interrogar a los detenidos, por lo que su participación en los procesos era fundamental, ya que daba forma jurídica a las acusaciones aportadas por los vecinos o por el propio Tribunal. Al principio de su actividad, el Santo Oficio contó con la ayuda de asesores o especialistas en herejías, pero con la creación de los cargos de consultores y calificadores, aquél desapareció.

Los consultores solían ser doctores en leyes que entendían de los métodos procesales, y los calificadores tenían la misión de valorar aquellos textos escritos o aquellas denuncias que pudieran ser objeto de sanción por el Tribunal.

Entre las secretarías se encontraban la del notario de secuestros, registrador de propiedades incautadas a los acusados; ; la del notario de secretos, encargado de escribir las declaraciones en los interrogatorios de reos y testigos, y la del escribano general, cuyo trabajo consistía en levantar las actas de las sentencias, elaborar los edictos de gracia y mantener cualquier otro tipo de proceso burocrático.

De las acciones ejecutivas se encargaba el alguacil, que era el que detenía a los denunciados y perseguía a los fugitivos, y vigilaba a los encarcelados, aunque este último aspecto sería asumido después por el alcalde o carcelero. El nuncio tenía encomendada la comunicación entre el tribunal principal y los tribunales de distrito, a los que hacía llegar órdenes e instrucciones.

El familiar representaba la comisión de información del Tribunal, pues realizaba seguimiento de denunciados e informaba de sus actividades y participaba en las persecuciones y en los arrestos; por la misión que tenían encomendada, y debido a que no podían ser juzgados por tribunales ordinarios y estaban autorizados a portar armas, la demanda para ocupar este puesto fue en aumento, hasta que a mediados del s. XVI se dictó un numerus clausus de familiares por tribunal, que no evitó la aparición en algunas poblaciones de falsos familiares que vendían a buen precio su silencio.

A pesar de que durante los ss. XVI y XVII fueron dictadas normas y cláusulas en previsión de los excesos cometidos por quienes ocupaban este puesto, los familiares fueron objeto continuo de fricciones entre los poderes locales y el Consejo de la Suprema y entre la población civil, en la que las sospechas de delación derivaron en otro tipo de conflictos vecinales y ciudadanos.

Algunos cargos del Tribunal de la Inquisición no eran estancos, y salvo que fueran denunciados y condenados por corrupción, podían mantenerse en la administración inquisitorial durante toda su vida, por lo que fueron numerosos los casos de clanes o linajes que controlaron un determinado puesto durante varias generaciones.

En la época inmediata a su creación, el Tribunal de la Inquisición únicamente atendía casos entre los bautizados, pero tras el final de la Reconquista y la expulsión de los judíos, todos los habitantes de los reinos peninsulares quedaron obligados a profesar la unidad religiosa y, por tanto, sujetos a la actuación de la Suprema.

Los ciudadanos de naciones protestantes también estuvieron bajo la vigilancia de la Inquisición, y comerciantes ingleses y neerlandeses fueron acusados de herejía hasta que diversos acuerdos comerciales alcanzados en el s. XVII incluyeron en sus cláusulas la tolerancia de la Iglesia española respecto a los protestantes que residieran en la Península por estas causas, a cambio de que no difundieran su fe ni menospreciaran la católica.

El Tribunal también entendió de casos de brujería y hechicería, así como de otros que estaban más en relación con las costumbres que con la religión, como los de bigamia o fornicación.

Institución regulada por Derecho

No hay que olvidar que, durante toda su existencia, la Inquisición fue una institución cuyos principios y funcionamiento estaban reguladas por Derecho, tanto por el romano como por el canónico, especialmente desde las disposiciones dadas por los papas Bonifacio VIII (1294-1303), en 1298, y Juan XXII (1316-1334), en 1317.

Las normas de los pontífices fueron completadas con sucesivas instrucciones de los inquisidores generales, las más importantes de las cuales fueron las de Tomás de Torquemada (1484, 1485, 1488 y 1498), Diego de Deza (1500), Fernando de Valdés (1561) y Francisco Peña (1578), además del ya mencionado Directoriun Inquisitorum de Nicolás Eimeric.

En líneas generales, los procesos inquisitoriales tomaron el procedimiento de los tribunales ordinarios castellanos, y estuvieron basados en el principio inquisitivo o de comprobación de culpabilidad; en el secreto de la acusación respecto al acusado; en el arbitrio judicial; en la confiscación de bienes desde el inicio del proceso, sin necesidad de sentencia; y en la inhabilitación de derechos y deberes públicos y familiares.

Sin embargo, hubo un rasgo distintivo entre los procesos ordinarios y los inquisitoriales, y es que estos se fundamentaron en un absoluto secreto, que infundió mayor temor entre la población y que originó una mayor tendencia a cometer abusos.

Paradójicamente, las actas de los procesos iniciados por el Tribunal son más completas y abundantes que las de los seglares, por lo que es una de las instituciones de la Edad Moderna de la que se conserva mejor fondo documental.

El procedimiento judicial

Los posibles acusados disponían de un tiempo de gracia, ofrecimiento de confesión de culpa, por la que únicamente recibían la imposición de penitencias espirituales; desde principios del s. XVI, fueron substituidos por los edictos de fe, obligación de todos los fieles a denunciar a los sospechosos, sin excluir familiares, bajo la protección del secreto de los testigos, instrumento legal que se convirtió en método de venganzas ajenas a la religión y a las costumbres.

Cuando del edicto de fe no se derivaba ninguna denuncia, el Tribunal recurría al edicto de anatemas, leído una semana después del anterior, y que representaba condena para todo aquel que no pusiera en conocimiento del Tribunal una causa, además de la retribución —al menos, durante el s. XV— para el que sí lo hiciera. No obstante, el fiscal se veía en la obligación de no encarcelar al acusado si en la denuncia no subyacía una prueba condenatoria.

Pero si aquella ofrecía solidez, después de haber sido examinada por los calificadores —trámite innecesario cuando no existían dudas—, se iniciaba la clamosa, etapa procesal en la que el procurador fiscal ejercía el papel de acusador.

Los inquisidores del tribunal, ayudados, si era procedente, por los consultores, realizaban el voto del sumario, tras el que se daban instrucciones al alguacil y al notario de secuestros para el encarcelamiento del acusado y la incautación de sus bienes, y el posterior traslado del reo a una de las prisiones de la Suprema.

Las primeras sesiones de los interrogatorios se centraban en la biografía, ascendencia y ocupación del detenido, así como en la formulación de cargos y en la posibilidad de confesión. Los denunciados no podían escoger defensor y les era asignado uno de oficio, sistema más estricto que el de los tribunales ordinarios.

Los testigos eran llamados para que el procurador recabara la información necesaria para la acusación; tenían que ser cristianos, mayores de catorce años, sin relación alguna con el acusado y los suficientemente ricos como para no haber sido objeto de soborno; los testimonios masculinos prevalecían sobre los femeninos, y los oculares sobre los auriculares, u la confesión bajo juramento del acusado era siempre de valor superior al de cualquier testimonio.

El reo, tras escuchar los testimonios que el eran leídos por el tribunal, podía responder a alegar, aportar testimonios favorables o abonos y demostrar tachas, lo que significaba tachar a los testigos de la acusación demostrando su escasa fiabilidad.

La tortura y las condenas

En cuanto a la confesión, una vez superadas las etapas de los edictos de gracia y de los primeros interrogatorios, podía obtenerse mediante tortura, aplicada desde mediados del s. XIII como medio de retractación de los herejes o de denuncia contra otros in caput alienum, o cuando el Tribunal tenía indicios de culpabilidad pero no el pleno convencimiento; si el torturado confesaba, sus declaraciones debían ser ratificadas dentro de las veinticuatro horas siguientes, y en caso contrario eran consideradas nulas.

Grabado del siglo XVIII de Bernard Picart

Imagen ficticia de una cámara de tortura inquisitorial. Grabado del siglo XVIII de Bernard Picart

La tortura, prácticamente sobre todo contra la herejía formal y en raras ocasiones en causas menores, era ejecutada por los verdugos, según pautas establecidas y estudiadas de frecuencia y duración —en la mayoría de las veces, tomadas de las de los tribunales ordinarios—, y durante su aplicación debían estar presentes los inquisidores, uno de los secretarios y un representante del obispo.

Los métodos más frecuentes fueron el de la garrocha —el reo era colgado por las muñecas con grandes pesos atados a los pies—, el potro —cuerdas o lianas apretadas progresivamente sobre el cuerpo, atado a un bastidor— y la toca —paño introducido hasta la garganta, sobre el que se vertía agua lentamente—, procedimientos que podían ser repetidos hasta la confesión, ya que la muerte, de producirse por estas causas, no era inmediata.

Después de las declaraciones y los testimonios y los intentos de reconocimiento del delito por parte del acusado, el Tribunal emitía su voto, que debía ser unánime, si no se daba esta circunstancia, la sentencia era aplazada y se remitía un informe al Consejo de la Suprema.

Los impenitentes y los reincidentes eran condenados a muerte, aunque esta sentencia no podía ser ejecutada por el Tribunal, que entregaba o relajaba el reo al brazo secular para el cumplimiento de aquella.

Los que no eran condenado a la hoguera podían serlo a la vergüenza pública, azotes (entre cien y doscientos) o galeras (ejercer el puesto de remero durante tres años en una embarcación del Estado) —a veces, los acusados cumplían las tres penas—, a prisión perpetua o temporal, y a abjuración (de vehementi de levi o ad cautelam), penitencia y coroza y sambenito o saco bendito, túnica amarilla con una cruz roja en forma de aspa —temporal o vitalicio—, u otros distintivos del Tribunal; también existían condenas en forma de multas y confiscación total o parcial de bienes.

Los reos tenían comunicación de la sentencia en auto de fe, espectáculo público celebrado en la plaza principal de las ciudades —el primero de ellos en Sevilla, el 6-II-1481; el último, en 1691—, y presidido por las autoridades seglares y, en muchas ocasiones, por los reyes; en este acto se leían las sentencias y los condenados eran entregados a la justicia seglar para el cumplimiento de las penas.

Si existían sentencias de muerte, los responsables de los tribunales ordinarios llevaban a los reos a los quemaderos, acompañados por el público; si durante el trayecto los condenados pedían misericordia, podían obtener la gracia de ser estrangulados antes de llegar a las llamas, pero si no reconocían su condición de herejes eran quemados vivos.

Los autos de fe podían celebrarse en ausencia de los acusados, en cuyo caso eran quemados en efigie; también se celebraban juicios contra personas ya fallecidas, que finalizaban con sus restos mortales en la hoguera. En todos los casos los familiares y descendientes de los reos —presentes, ausentes o fallecidos— eran sometidos a infamia y a la exposición pública de las sentencias o los sambenitos, por lo que fue habitual la alteración de los apellidos y el cambio de residencia.

Etapas de la actividad represora

La mayoría de los historiadores coinciden al señalar que la etapa de mayor actividad represora del Tribunal es la correspondiente al reinado de los Reyes Católicos y a los primeros años del de Carlos I, es decir, desde su creación, hasta 1530. A partir de esa fecha, y hasta el final del reinado de Felipe III, el Consejo de la Suprema realizó una continua persecución de moriscos, que culminó con su expulsión (1609-1610).

Desde 1620 hasta principios del s. XVIII, el número de procesos se redujo y el Tribunal disminuyó su actividad; finalmente, la Inquisición se centró, desde el reinado de Felipe V (1700-1746) y hasta su supresión, en 1820, en la resolución de cuestiones ideológicas y políticas. Hasta 1700 los tribunales más activos fueron los de Toledo, Córdoba y Llerena.

Las cifras de procesados por el Tribunal de la Inquisición no son precisas, y varían desde los 340.000, señalados por el historiador J.A.Llorente en Historia de la Inquisición en España (1817-1818), a los 150.000, cifra propuesta por R. García Cárcel, investigador que ofrece también la siguiente proporción de encausados: 50%, judíos; 12%, moriscos, y 30%, procesados por delitos ideológicos, quedando el 8% restante para otro tipo de causas; por sexos, el femenino únicamente supera al masculino en los casos de brujería y hechicería.

De todos los procesos iniciados por el Tribunal, la mayoría lo fueron por causas religiosas y cultirales contra el judaísmo, las prácticas musulmanas o mahometismo y el luteranismo; con menor intensidad se juzgaron los textos escritos, y en menor grado, los delitos sexuales como sodomía, bestialismo o fornicación, y la bigamia, sin que llegara a intervenir en los casos de solicitud de confesionario del clero (requerimientos de los confesores hacia las penitentes).

El judaísmo, uno de los motivos para el establecimiento de la Inquisición española a finales del s. XV, fue duramente perseguido en las primeras décadas de actividad del Tribunal; por ejemplo, la mitad de los judeoconversos procesados en Valencia hasta 1530 fueron condenados a muerte, y al descubrimiento de sinagogas siguieron amplios periodos de intensa persecución inquisitorial.

Pero a pesar de que la expulsión de 1492 y la actividad de la Inquisición habían conseguido eliminar la mayor parte de los reductos judíos peninsulares, el reconocimiento de Felipe II como rey de Portugal (I, 1580-1598) supuso el traslado de numerosos judaizantes portugueses a Galicia, Extremadura, Andalucía y Logroño, contra los que se incrementó la persecución a finales del s. XVI.

Por otra parte, la represión sobre la población morisca, acentuada desde 1530, aumentó como consecuencia de las rebeliones en las Alpujarras de 1568 y 1570 y su expulsión de Granada en 1571, que supuso su dispersión por el resto de Andalucía y Levante hasta su expulsión en los primeros años del s. XVII.

En cuanto a otro tipo de persecuciones ideológicas, la Inquisición fue tolerante con las tendencias erasmistas durante los dos primeros decenios del reinado de Carlos I, pero a partir de la coronación del emperador en Bolonia por el papa Clemente VII (1523-1534) y de la Confesión de Augsburgo en 1530 y la prohibición en España de los libros luteranos, las teorías de Erasmo de Rotterdam fueron sancionadas por el Tribunal y castigadas en los autos de fe celebrados al principio del reinado de Felipe II.

Pero no únicamente fueron prohibidos y censurados los libros que difundían las teorías erasmistas o luteranas; desde la época de Torquemada como inquisidor general, el Consejo de la Suprema había mostrado especial preocupación por la cultura impresa, y en 1500 el cardenal Cisneros ordenó en Granada la masiva quema de libros musulmanes.

En 1559, entre los pontificados de Pablo IV (1555-1559) y Pío IV (1559-1565), fue editado el primer Index Librorum Prohibitorum o Índice de Libros Prohibidos, catálogo de libros cuya lectura estaba expresamente prohibida por la Iglesia, y cuyos antecedentes se remontan a los años inmediatamente posteriores a la invención de la imprenta (1436). El Index Librorum Prohibitorum fue continuamente renovado y ampliado hasta el s. XIX, y la Iglesia mantuvo su vigencia para los fieles hasta el XX.

En los ss. XVI y XVII fueron prohibidas totalmente o expurgadas (censuradas parcialmente), obras de Gil Vicente, Juan de la Encina, Torres Naharro, Juan y Alfonso Valdés, Bernaldo de Quirós, Francisco de Quevedo, Lope de Vega, Luis de Granada y Bartolomé de Carranza, entre otros muchos autores, además de algunas obras clásicas y renacentistas.

La censura no se centró en el teatro ni en la prosa, sino que la ciencia también fue examinada por los inquisidores; así, obras de Juan Huarte de San Juan, Andrés Laguna y Miguel Sabuco, entre los españoles, y Tycho Brahe, Johannes Kepler y Gerhard Kremer, Mercator, entre los extranjeros, fueron prohibidas o expurgadas.

Posteriormente serían también prohibidas las de Francis Bacon y, en el s. XVIII, las de Charles-Louis de Secondat, barón de la Brède y de Montesquieu, Francois Marie Arouet, Voltaire, Claude Adrien Helvetius, Jean Jaques Rousseau, Denis Diderot y Jean Le Rond D´Alembert, así como la Ecyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (1751-1772).

Además de los delitos sexuales ya mencionados, el tribunal de la Inquisición persiguió los casos de brujería y hechicería, particularmente frecuentes en los Pirineos, País Vasco y Galicia, aunque con menor intensidad, durante el s. XVI, que en Francia o Inglaterra; sin embargo, la persecución se intensificó a partir de los sucesos de Zugarramordi (Navarra), en 1610.

Según los datos aportados por J. Contreras Geografía de la Inquisición española: la formación de los distritos 1470-1820, 1980) y analizados por Henry Kamen (La Inquisición española, 1985) y por J.I. Gutiérrez Nieto (El siglo del Quijote, 1988), entre 1540 y 1700 hubo casi 50.000 procesos iniciados por la Inquisición, de los que 26.000 correspondieron al tribunal de Aragón.

El 30% de ellos lo fueron por proposiciones heréticas, el 23% por mahometismo y el 10% por judaísmo; los casos de luteranismo representaron el 7% y los de bigamia el 6%. No obstante las cifras pueden ocultar los verdaderos motivos de los procesos, y las causas establecidas no eran excluyentes.

Los ingresos del Tribunal

El sustento económico del Tribunal era la confiscación de los bienes de los encausados, quienes pagaban su manutención mientras permanecían encarcelados; si eran absueltos, el Santo Oficio les devolvía aquello que les hubiera sido incautado menos el pago de su mantenimiento en prisión y de las costas judiciales; si resultaban condenados, la apropiación de sus bienes era total.

Las sentencias contra los judaizantes permitieron a la Suprema disponer de un elevado nivel económico y pagar a sus consejeros y colaboradores; cuando el número de juicios disminuyó, la monarquía tuvo que destinar una partida de su presupuesto a sufragar los gastos de la Inquisición.

Además, el Consejo de la Suprema recibía ingresos provenientes de la inversión en títulos de deuda y alquileres urbanos y de las penitencias financieras, que revertían fondos en el Tribunal de forma más rápida que las confiscaciones. Las sanciones económicas fueron de diversa cuantía en función de los motivos del proceso y de los procesados; así, la Inquisición exigió a los moriscos el pago anual de 50.000 sueldos (aproximadamente, 900.000 maravedís o 25.000 reales) a cambio de suprimir la confiscación de sus bienes, y doscientos ducados a los acusados de luteranismo o bigamia.

En otras ocasiones, eran los procesados los que ponían precio a su condena, si es que esta consistía en la reducción de hábitos (entre doscientos y quinientos reales), destierro (entre trescientos y mil reales, en función de la distancia y de la duración), encarcelamiento (entre doscientos y cuatrocientos reales, según el tiempo estipulado) o galeras (entre cinco mil y diez mil reales; la condena a galeras oscilaba entre los tres y los diez años).

Si el Tribunal no aceptaba la tasación de la condena propuesta por el acusado y se llevaba a cabo la confiscación de bienes, estos podían tener dos destinos diferentes: o eran subastados públicamente, o eran fiados capllevados, es decir, se entregaba una fianza, cuantificada por el alguacil, a cambio de que los bienes no fueran incautados; este segundo procedimiento resultó inútil en la mayoría de los casos, ya que el fiador, por su relación con el detenido, solía ser también procesado.

En cualquier caso, el Tribunal prefería siempre la subasta, ya que era una manera ágil y rápida de obtener liquidez por los bienes muebles e inmuebles. Esta práctica inquisitorial supuso la ocultación de propiedades por parte de los acusados, con lo que apareció una nueva figura en el sistema procesal del tribunal, el delator de bienes, que a finales del s. XV obtenía hasta más de un tercio de lo ocultado.

En el aspecto económico había además otros dos problemas que el Tribunal tuvo que afrontar: la reclamación de las dotes por parte de las esposas de los procesados, y las deudas censales de las que eran acreedores los detenidos. En cuanto al primero de ellos, si el proceso se iniciaba contra una mujer, el marido ocultaba la dote recibida; si era contra un hombre, la mujer reclamaba la dote que este había obtenido por el matrimonio.

El Santo Oficio resolvió esta queja apropiándose de la dote, ya que, según su argumentación, había sido recibida por el hombre cuando ya era culpable. En el caso de las deudas censales, el Tribunal tuvo que evaluar los libros contables de los procesados, lo que no siempre era posible.

La complejidad de la confiscación de bienes llevó al Consejo de la Suprema, a mediados del s. XVI, a crear el cargo de juez de bienes confiscados, encargado de valorar lo aportado por el notario de secuestros y de investigar la situación económica y financiera del acusado.

Por otra parte, la Inquisición buscó pronto otras fórmulas de sostenimiento económico, de modo que este no procediera exclusivamente de los encausados, e invirtió en propiedades urbanas en las ciudades de mayor población que arrendaban a inquilinos que, en ocasiones, eran colaboradores del Tribunal; en otros casos, la propiedad del inmueble quedaba oculta, pues no era bien visto residir en casas que pertenecieran al Santo Oficio.

También, desde el pontificado de Alejandro VI (1492-1503), la Inquisición española recibió una canonjía y una pavordía por cada iglesia, asignación renovada y ratificada por los papas del s. XVI mediante la gestión en Roma de los embajadores de Carlos I y Felipe II, quien obtuvo de Pablo IV la aplicación de rentas a perpetuidad.

Los gastos del Tribunal

Con la confiscación, las fianzas, las subastas, la tasación económica de las condenas o las aportaciones de la Iglesia, el Consejo de la Suprema tenía que hacer frente a la suma de gastos derivados de la actividad de la propia institución. Los salarios del personal empleado por el Tribunal de la Inquisición suponían la mayor partida de gastos, que en algunos distritos llegaba a suponer el 70% del presupuesto.

El de inquisidor general era el cargo mejor retribuido, y cobraba el doble que un consejero de la Suprema y diez veces más que un inquisidor de distrito; las reclamaciones económicas de los funcionarios de las provincias llevaron al Consejo a crear primas especiales por trabajos realizados, que a menudo superaban un tercio de su paga.

Los gastos de actividad también eran cuantiosos, y a la adquisición de material y al pago de trabajos diversos había que sumar la cantidad que suponía la celebración de un auto de fe, equivalente, a finales del s. XVI, a los ingresos de penitencias financieras de un año. En la misma época, la manutención de un preso equivalía a un sueldo diario, aunque, como ya se ha dicho, esta corría a cargo del procesado o de sus familiares.

Sin embargo, y hasta principios del s. XVII, la Inquisición fue una institución rentable que supo sacar provecho de las confiscaciones a judaizantes y moriscos, aunque la expulsión de estos últimos supuso una merma de, aproximadamente, la mitad de sus ingresos. En los primeros años del s. XVIII, la situación financiera de la Inquisición era inversamente proporcional al incremento de personal y del sistema burocrático.

Después de la instauración de la dinastía de los Borbón en la persona de Felipe V, el apoyo de la monarquía a los organismos inquisitoriales decayó, y tanto este monarca como sus sucesores tomaron decisiones sobre su funcionamiento sin consultar al Consejo ni al Inquisidor general.

Aun así, entre 1700 y 1750 más de cien personas fueron condenadas a morir en la hoguera y otras tantas fueron quemadas en efigie, y en la segunda mitad de la centuria fueron procesados políticos y pensadores adscritos a la Ilustración como Pablo de Olavide (1776), Tomás de Iriarte (1779) y Jovellanos (1796).

El Tribunal ya había sido cuestionado desde el reinado de Felipe IV (1621-1665) mediante alguno de los consejeros del monarca, y la propia institución percibía, desde mediados del s. XVII, la falta de identificación popular y de respeto hacia el Santo Oficio.

Sin embargo, la evolución de la compañía de Jesús en contra del jansenismo —del que Felipe V sería advertido por su abuelo, el rey de Francia Luis XIV (1643-1715)— introdujo un nuevo motivo de persecución en el Tribunal, en el que ya tenían una importante participación los jesuitas en cuanto que eran los encargados de preparar y renovar el Índice de los Libros Prohibidos; además, un jesuita Nithard, será inquisidor general en 1666, al principio del reinado de Carlos II (1665-1700).

Decadencia y final del Santo Oficio

Pero con el inicio de 1726 de un proceso a cargo del tribunal de Logroño contra José Campillo, principal secretario de Felipe V en los últimos años de su reinado, dio comienzo la separación entre la monarquía y el Santo Oficio, alentada por las nuevas teorías acerca del saber y la ciencia divulgadas por Benito Jerónimo Feijóo.

En 1761, el papa Clemente XIII (1758-1769) condenó la obra Expositión de la doctrine chrétienne, del jesuita francés Mésenguy; pero el monarca había autorizado su publicación durante su etapa de rey de Nápoles, como Carlos VII (1734-1759), y no atendió la bula papal. Al año siguiente, el rey promulgó un decreto por el que privaba al Consejo de la Suprema y General Inquisición de poder recibir documentos papales, privilegio que quedaba reservado para el Consejo de Castilla.

Esta situación hizo empeorar las relaciones entre la Compañía de Jesús y la Corona, que culpó a aquella de instigación en el Motín de Esquilache de 1766. Pero no únicamente la monarquía se oponía a la orden de los jesuitas, pues la mayoría de los obispos votó a favor del decreto de expulsión de la orden en 1767, con lo que la Inquisición perdió gran parte de la influencia política que tenía hasta ese momento.

Unos años después, uno de los reformadores de la Administración de Carlos III y protagonista del movimiento ilustrado, Pablo de Olavide, fue denunciado a la Inquisición, que lo detuvo bajo la acusación de herejía y ateísmo.

Encarcelado y condenado, el Santo Oficio no siguió investigando a aquellos miembros del gobierno borbónico que leían a los enciclopedistas franceses, pues entre ellos se encontraban hombres como Pedro Abarca de Bolea, conde de —Aranda—, José Moñino —conde de Floridablanca— y Campomanes, y que poseían libros de J. Swift y Defoe, autores incluidos en el Índice de Libros Prohibidos.

Aun así, el ejemplo del proceso contra Olavide hizo recuperar parte del terror y del respeto que el Tribunal de la Inquisición había inspirado anteriormente, pero no pudo detener el avance de las ideas ilustradas que llegaban de Francia.

En el último cuarto del s. XVIII aumentaron las solicitudes de permisos para leer a los autores prohibidos —práctica iniciada en el s. XVI—, entre ellas la presentada por la Sociedad Económica de Amigos del País, y el Tribunal se mostró tolerante con algunas de las reformas propuestas por Campomanes y Jovellanos. Pero cuando este presentó en 1795 su Informe sobre la ley agraria, fue denunciado y condenado, pues atentaba contra el derecho de la iglesia a poseer tierras o mayorazgos.

El Consejo de la Suprema aún ejercía un importante papel censor en la cultura impresa española, pero parte de este poder era compartido con el Consejo de Castilla, apoyado por la monarquía durante el s. XVIII hasta el punto de que la concesión del impimatur pasó, en 1773, a ser un derecho del Gobierno y no de los obispos. De este modo se incrementó la actividad de la censura, pues la Iglesia siguió dictando las lecturas prohibidas al mismo tiempo que el Estado comenzó a ejercer de censor, función que desempeñaría entre otros Jovellanos.

En 1789, los efectos de la Revolución francesa llegaron a España, y el Tribunal de la Inquisición supo utilizar la importancia de escritos contrarios a la monarquía para recuperar la actividad censora que le había sido suprimida, Así, a finales de 1789, el Consejo de la Suprema publicó un edicto en el que prohibía las obras de los defensores de la Revolución por ir en contra del orden político.

Unos meses después el conde de Floridablanca firmó una Real Orden con el mismo fin. En realidad, los sucesos franceses habían logrado lo que el Santo Oficio no había conseguido durante todo el s. XVIII: la alianza entre la monarquía y la Inquisición ante un mismo enemigo.

La oposición de Carlos IV (1788-1808) a cualquier influencia política o social derivada de los sucesos revolucionarios, y la inestimable ayuda del Tribunal, que volvía a obtener la misma importancia que durante el s. XVI, hicieron que las prácticas inquisitoriales resurgieran, aunque en esta ocasión por motivos más políticos que religiosos.

Sin embargo, las relaciones comerciales y culturales con el extranjero ya no eran las mismas que doscientos años antes, y fue imposible impedir que las noticias sobre la evolución política de Francia llegaran a España, y entre 1789 y 1791 fueron condenados por el Tribunal Francisco Cabarrús, Campomanes y Jovellanos.

El temor a las consecuencias de una revolución similar a la francesa hizo adoptar al gobierno de Carlos IV medidas que, quizá, ni el Consejo de la Suprema había propuesto. El 24-II-1791 el conde de Floridablanca decretó la suspensión de los periódicos privados, lo que alentó la persecución de la Inquisición sobre los medios políticos y culturales, trabajo que el Tribunal desarrollaba con el apoyo de los defensores del Antiguo Régimen.

Pero cuando el Tratado de Basilea (1795) puso fin a la Guerra de la Convención entre España y Francia (1793-1795), los temores de una revolución en el territorio español se disiparon y el nuevo valido de Carlos IV, Godoy, se interesó por el fomento de la Ilustración; dos años después se permitió a cualquier fabricante o comerciante extranjero, aunque fuera protestante, establecerse en España, siempre que respetara la fe católica, aunque el decreto no se hizo extensivo a los judíos.

Fue autorizada la impresión de algunas obras prohibidas hasta entonces y algunos liberales pasaron a ocupar puestos en el Gobierno; el sucesor de Godoy, Mariano Luis de Urquijo, apoyó al obispo de Blois en su petición a Carlos IV para que el Santo Oficio fuera abolido., pero ni el eclesiástico francés ni el secretario de Estado español fueron atendidos en sus demandas, y este último fue destituido a finales de 1800.

La situación política de España en los primeros años del s. XIX, que condujo a la abdicación de Carlos IV en Fernando VII (1808, 1814-1833), a la entronización de José I Bonaparte (1808-1813) y a la guerra de la Independencia (1808-1814), hizo variar, al menos nominalmente, la situación del Santo Oficio. El 4-XII-1808 José I Bonaparte publicó un decreto por el que el Tribunal de la Inquisición quedaba suprimido; no obstante, el nuevo gobierno no dictó más medidas contra el Santo Oficio, y los inquisidores siguieron actuando con la tolerancia del ministerio bonapartista.

El 19-III-1812 las Cortes de Cádiz, reunidas desde 1810, aprobaron una nueva Constitución, pero continuaron los debates iniciados en 1811 sobre la conveniencia de suprimir o mantener el Tribunal, en los que los liberales argumentaron que el santo Oficio no era indispensable para la misión de la Iglesia, que el juicio sobre herejes y herejías correspondía a los obispos , y que la institución inquisitorial era incompatible con la Constitución recientemente aprobada; los conservadores, por su parte, defendieron la vigencia del Tribunal debido a su interés por la preservación del catolicismo —que los liberales no cuestionaban— y por el mantenimiento de la jurisdicción eclesiástica.

Finalmente, el 22-I-1813 fue aprobado un decreto, promulgado el 22 de febrero, por el que la Inquisición se declaraba incompatible con la Constitución y se entregaba a los obispos la jurisdicción en materias de fe y herejía.

Sin embargo, el decreto de las Cortes de Cádiz no contó con el respaldo popular que los liberales esperaban, pues muchos sectores católicos se expresaron en contra de una medida que únicamente la Santa Sede podía tomar, y el debate político entre diputados liberales y conservadores se convirtió en enfrentamiento popular.

Cuando en 1814 Fernando VII regresó de su destierro, las Cortes fueron disueltas, la Constitución anulada y la Inquisición, por Real Decreto de 21-VII-1814, restablecida. Pero el santo Oficio ya no pudo actuar como lo había hecho durante más de trescientos años; su situación económica era de quiebra, los salarios no se satisfacían, sus inversiones se habían perdido durante la guerra y parte de sus archivos habían sido destruidos.

Aun así, se iniciaron nuevos procesos, pero ya sin la seguridad política que el Tribunal había tenido hasta principios del s. XIX. Después de las primeras insurrecciones liberales de 1819, con las que dio comienzo el Trienio Liberal o Liberal(1820-1823), Fernando VII convocó nuevas Cortes y, por Decreto de 9-III-1820, suprimió la Inquisición en todo el territorio nacional.

Los jesuitas, que habían regresado en 1797, fueron expulsados de nuevo, y el rey puso en vigor la Constitución de 1812. Pero después de la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis en 1823, con la que se inició la Década ominosa (1823-1833), Fernando VII abolió todos los decretos promulgados durante el Trienio, entre ellos el de la supresión del Tribunal de la Inquisición.

Tres años después tuvo lugar la última condena a muerte dictada por el Tribunal y de la que existe documentación, aunque no fue ordenada por el Santo Oficio, suspendido temporalmente, sino por una de las juntas episcopales que lo substituyeron: el maestro Cayetano Ripoll fue ahorcado el 26-VII-1826 tras un proceso iniciado en 1824.

Después de la muerte de Fernando VII, en 1833, y durante el inicio de la minoridad de Isabel II (1833-1868), la regente María Cristina de Borbón inició consultas con el gobierno para abolir definitivamente la institución inquisitorial.

El decreto que puso fin al Tribunal de la Inquisición fue aprobado el 15-VII-1834, durante la presidencia de Gobierno de Martínez de la Rosa (15-I-1834/7-VI-1835); el 1-VII-1835, un decreto de José María Queipo de Llano, conde de Toreno y nuevo presidente del Gobierno )7-VI-1835/19-IX-1835), suprimió las juntas de fe.

R.B.: VARIOS AUTORES, Gran Enciclopedia de España, Ed. Enciclopedia de España, 2003, tomo XI págs. 5369-5374.