La Dinastía de los Trastámara

Introducción

Linaje real de origen castellano que ocupó el trono de la Corona de Castilla entre los años 1369 y 1504 y el de Aragón entre 1412 y 1516. El origen del linaje se remonta al hijo natural de Alfonso XI de Castilla (1312-1350) y Leonor de Guzmán, Enrique, a quien Rodrigo Álvarez de Asturias donó el condado de Trastámara.

Tras una cruenta guerra civil que le enfrentó a su hermanastro Pedro I el Cruel de Castilla (1350-1369), a quien llegó a asesinar en Montiel (Ciudad Real), Enrique II de Trastámara accedió al trono en 1369, con lo que inauguraba una nueva dinastía al frente del trono castellano.

Por otra parte, el matrimonio entre el hijo de Enrique II, Juan I de Castilla (1379-1390), con la hija del rey de Aragón Pedro IV el Ceremonioso (1336-1387), Leonor de Aragón, nació Fernando de Antequera, quien en 1412 sucedió a Martín I el Humano 1396-1410) en el trono aragonés (Fernando I, 1412-1416) a resultas del denominado Compromiso de Caspe. De esta manera, las dos grandes coronas de la Península llegaban a estar regidas por los Trastámara, cuya unión dinástica se dio finalmente en las personas de Isabel I de Castilla (1474-1504) y Fernando II de Aragón (1479-1516).

Fortalecimiento de la nobleza

El reinado de los Trastámara en Castilla se caracterizó por el progresivo fortalecimiento de la nobleza en el ámbito socioeconómico y del poder regio en cuanto al ámbito institucional, todo ello desarrollado en un contexto de notable crecimiento económico.

La entronización en Castilla de los Trastámara se produjo como colofón a una larga crisis iniciada a finales del s. XIII, que al igual que sucedía en la Europa tardomedieval, sus ingredientes principales habían sido la aparición de hambrunas y de epidemias de peste recurrentes, así como el recrudecimiento de los conflictos bélicos.

En Castilla, las hambrunas —especialmente graves las de 1331-1333 y 1343-1346— habían dejado a la población en una situación muy debilitada para afrontar con éxito el azote de la gran epidemia de peste de 1348-1350, que llegó incluso a acabar con la vida del rey Alfonso XI.

Además al hambre y la peste se sumó la guerra, en este caso, y a resultas de la paralización del avance conquistador hacia el S. musulmán protagonizada por alianzas de nobles que buscaban, a través de las banderías, compensar la caída de sus rentas acaecida con la combinación de la despoblación rural provocada por el hambre y la peste, la fluctuación de precios agrícolas y el alza sostenida de los precios de las manufacturas urbanas.

En este contexto, la generalización de los llamados malos usos del señor sobre sus vasallos vino acompañada por el intento de aquellos de acercarse al poder real para obtener beneficios en forma de nuevas donaciones señoriales. El talante autoritario del rey Pedro I favoreció la formación de un partido nobiliario en su contra, que vio en la causa de su hermanastro, Enrique de Trastámara la oportunidad para satisfacer esas pretensiones.

Una vez en el trono, el primero de los reyes Trastámara recompensó el apoyo recibido de aquellos mediante una generosa política de reparto de señoríos, las llamadas mercedes enriqueñas —que mantuvieron sus sucesores, especialmente Enrique III (1390-1406)—, consistente en la donación de señoríos que llevaban consigo el ejercicio de amplias atribuciones jurisdiccionales, verdaderas subrogaciones de la potestad real, lo que generaba cuantiosas rentas.

En conjunto, este proceso supuso la consolidación de una oligarquía nobiliaria estrechamente vinculada al poder regio, conocida como nobleza de servicio, cuya fuerza radicaba no tanto en sus posesiones territoriales como en los oficios desempeñados en la corte, y que acarreó, en especial durante la última década del s. XIV, una firme oposición antiseñorial en muchas villas.

Reforzamiento institucional

De todas formas, ese proceso no estuvo en absoluto reñido con el paulatino reforzamiento del poder institucional de la Corona, a través de la consolidación del papel de instituciones de gobierno como el Consejo Real, órgano creado por Juan I en 1385 y cuya finalidad era estar permanentemente al lado del monarca para asesorarle en los asuntos relativos al gobierno, y que con la entrada en él de letrados (1387) se erigió en un importante instrumento al servicio de la centralización administrativa.

Paralelamente, la creación de la Audiencia en 1371 permitió a la justicia adquirir paulatinamente su plena independencia, en especial desde la entrada en ellos de letrados al servicio de la Corona y la fijación de su residencia en Valladolid (1442), momento en que adoptó el nombre de Chancillería. Otro de los ejes del fortalecimiento regio fue el desarrollo progresivo de un ejército permanente vinculado a la Corona, cuyas bases se asentaron en las Cortes de Guadalajara de 1390.

Toda esta centralización fue posible gracias al fortalecimiento de la Hacienda regia, a través de organismos como la Contaduría Mayor de Hacienda, encargada de la recaudación de tributos, o la Contaduría Mayor de Cuentas, encargada de fiscalizar las cuentas reales y, por tanto, responsable de su saneamiento.

Por otra parte, las Cortes castellanas alcanzaron su mayor plenitud durante el reinado de Juan I, a partir del cual iniciaron una inexorable decadencia hasta convertirse, durante el largo reinado de Juan II (1406-1454), en reuniones casi exclusivas del tercer estado, como consecuencia del acercamiento de nobles e Iglesia a la participación en el Consejo Real.

Desde ese momento, las Cortes estuvieron férreamente controladas por la Corona, debido al descenso del número de villas representadas en ellas y a la intervención en la elección de sus procuradores por parte de los corregidores, los representantes de la Corona en las ciudades.

Crecimiento económico s. XV

En cuanto a los aspectos económicos, el s. XV se caracterizó en Castilla por una notable recuperación demográfica, que rompió así la dinámica de la segunda mitad de la centuria anterior. Aunque las epidemias y crisis de subsistencias no desaparecieron completamente, la tónica dominante del periodo fue el paulatino incremento de la población y, con ello, el relativo aumento de las tierras de cultivo y una subida generalizada de los precios agrícolas.

En este sentido, se produjo también una adaptación de la producción agraria a las necesidades de los mercados urbanos del entorno, que experimentaron cierto despegue gracias a la actividad textil. Igualmente notable fue el crecimiento del comercio, tanto interno como internacional, que hizo que la alcabala —el tributo que marcaba el tráfico mercantil— un capítulo fundamental en los ingresos reales.

Protagonista indiscutible de ese desarrollo comercial fue la ganadería lanar (cinco millones de cabezas h. 1480), que hizo de Castilla la principal abastecedora de lana de los mercados europeos. La exportación lanar estimuló un área de crecimiento económico entre Burgos y los puertos cantábricos orientales, desde donde se embarcaba la lana rumbo a los puertos atlánticos franceses y a Flandes, de los que se importaban manufacturas.

El otro gran foco de expansión económica se situó en el área situada entre la costa atlántica andaluza y Sevilla, ciudad en la que se instaló una importante colonia de comerciantes genoveses dedicados a la importación de especias y productos de lujo a cambio de mercurio o paños.

Políticas exterior y peninsular

La inserción castellana en el comercio internacional fue pareja a una política exterior caracterizada por una ininterrumpida alianza con Francia y por la consolidación de Castilla como potencia hegemónica en el ámbito peninsular.

De lo primero fueron ejemplos la intervención de mercenarios franceses de las compañías blancas de Beltrán du Guesclin al lado de Enrique II en su lucha contra Pedro I, o la intervención naval castellana al lado de Francia, en la guerra de los Cien Años (1336-1453) frente a las acciones de piratería inglesa en las costas atlánticas.

En cuanto a la política peninsular, aunque la entronización de los Trastámara en el reino de Aragón provocó tensiones político familiares entre ambos reinos, tal como puso de manifiesto la intervención de Alfonso V el Magnánimo de Aragón (1416-1454) y los infantes de la Cerda en los asuntos políticos castellanos durante el reinado de Juan II, lo cierto es que la expansión política castellana solo peligró realmente con la derrota de Juan I en 1389 en Aljubarrota frente a los portugueses, que puso fin a las aspiraciones regias castellanas al trono lusitano.

En la Corona de Aragón, el reinado de los Trastámara estuvo condicionado por la persistencia a lo largo de todo el s. XV de la crisis económica y demográfica iniciada a mediados del s. XIV, lo que acarreó una serie de convulsiones sociales y políticas que entorpecieron la voluntad regia de imponer su primacía política sobre las diversas instituciones del reino.

La magnitud del declive demográfico catalán durante esas décadas se vio reflejado en la pérdida de casi el 40% de su población respecto al primer tercio del s. XIV, lo que lastró definitivamente las posibilidades económicas del Principado y condicionó la aparición de recurrentes conflictos sociales que culminaron en la guerra civil de 1460-1472.

Por un lado, los campesinos de remensa vieron en la despoblación rural de finales del s. XIV una oportunidad para mejorar sus condiciones a través de la apropiación de las tierras abandonadas masos rònecs, pero se encontraron ante ello con una violenta reacción señorial orientada a imponer sobre ellos un aumento de la presión fiscal y jurisdiccional, con la cual recuperar una economía nobiliaria maltrecha por la caída de las rentas que trajo consigo el despoblamiento rural.

La actitud reaccionaria de los señores feudales catalanes respecto al campesinado encontró en la tradición pactista de gobierno una herramienta con la que intentar condicionar y frenar desde las instituciones la pretensión regia de centralización del poder político. La actitud social reaccionaria de los señores encontró un aliado en el patriciado urbano, que a principios del s. XV había preferido abandonar las empresas comerciales, para convertirse, a través de la compra de propiedades rústicas, en una clase rentista enquistada en las instituciones de gobierno municipales, de las que quedaban excluidos comerciantes y artesanos.

Así pues, el precario equilibrio social entre señores, remensas, patricios y artesanos urbanos se vio de manera paulatina resquebrajado durante la primera mitad del s. XV, al compás de una creciente crisis económica cuyos primeros síntomas se dejaron sentir ya hacia 1380, pero que se mostró claramente a partir de 1420, con la retracción del comercio mediterráneo causada por la presión otomana en oriente y la guerra corsaria de genoveses y venecianos en occidente.

Todo ello desembocó en un grave conflicto social y político que tuvo como elementos característicos el largo asunto remensa en el campo, el conflicto urbano entre los partidos patricio y artesanal (en Barcelona la Biga y la Busca y la culminación del enfrentamiento entra la Corona y las instituciones de gobierno propias (la Generalitat durante el reinado de Juan II, la guerra civil de 1462-1472.

Desde un punto de vista estrictamente político, la entronización de los Trastámara en Aragón supuso una oportunidad abierta para la aristocracia urbana y rural de ruptura con la actitud filoremensa y popular que habían llevado a cabo los últimos monarcas de la casa de Barcelona. La creación en 1413 de la Diputación del General (la Generalitat significó la aparición en Cataluña de una dualidad de gobierno, con el rey y la corte por un lado y la Generalitat por el otro, esgrimida por la oligarquía como organismo representativo del país e instrumento de sus intereses particulares.

La precaria situación de Fernando de Antequera al acceder al trono obligó al monarca a realizar concesiones a la oligarquía, cuya posición se consolidó durante el reinado de Alfonso V el Magnánimo, quien, empeñado en la empresa imperial mediterránea, mostró poco interés en los asuntos de los reinos peninsulares de la Corona y prefirió ceder a las peticiones oligárquicas para conseguir apoyos para sus proyectos de conquista de Sicilia (1435) y Nápoles (1443).

Esta dinámica se rompió con el reinado de Juan II, la actitud autoritaria del cual chocó con los intereses de una oligarquía decidida a no ceder ante la acometida del sindicalismo remensa y artesano. La guerra entre el rey y las instituciones, desatada a la par que la revuelta de los campesinos remensas, significó la ruina definitiva de Cataluña, que cedió su posición hegemónica en la Corona aragonesa al reino de Valencia.

El agotamiento del reino tras esa larga crisis permitió al rey Fernando II el Católico poner en marcha una política de enderezamiento político, social y económico a través de la implicación de los sectores moderados de los grupos sociales enfrentados, en una política de acuerdos fundamentada en el reconocimiento común de la posición de primacía del poder real. El primer ejemplo de ello fue la salida negociada al conflicto remensa con la proclamación de la Sentencia Arbitral de Guadalupe de 1486.

R.B.: VARIOS AUTORES, Gran Enciclopedia de España, Ed. Enciclopedia de España, 2003, tomo XXI págs. 10350-10351.