El Franquismo

Introducción

Normas y leyes del franquismo

Ajustes por la Guerra Mundial

Cambio de tendencia en la guerra

Conspiración monárquica

El nacional-catolicismo

Condena diplomática internacional

Resolución condenatoria

Intervención de Juan de Borbón

Represión interna y referéndum

La guerra fría

Afirmación del régimen

Fracaso económico y depresión

Reajustes en el gobierno

El contubernio de Munich

El desarrollismo

Adecuación legislativa

Nueva política exterior

Conflictividad interior

La oposición democrática

Último gobierno de Franco

Introducción

El franquismo es un movimiento político y social de tendencia totalitaria, iniciado en España durante la Guerra Civil (1936-1939), en torno al general Francisco Franco Bahamonde, y desarrollado durante los años que ocupó la Jefatura de Estado (1939-1975). Los estudios de Juan Linz (1964) constituyeron el primer ensayo destinado a conceptualizar la naturaleza del franquismo como un régimen de autoritario de pluralismo limitado, no democrático, caracterizado más por una mentalidad que por una ideología dominante y en mayor medida promotor de una aceptación pasiva que propició a la identificación activa.

Según Martínez Alier, el pluralismo se limitaba a las diversas facciones existentes en el bloque de poder: altos mandos del ejército, falangistas de afiliación antigua o reciente, tradicionalistas, carlistas, católicos y políticos conservadores procedentes de los desaparecidos partidos dinásticos de la Restauración (1874-1931), de las instituciones de la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1929) o de las organizaciones de derechas formadas durante la II República.

Una de las claves para la supervivencia del sistema, el equilibrio entre estos grupos —cuyas desavenencias eran el resultado de la lucha por el reparto del poder en mayor medida que en desacuerdos ideológicos substanciales— resultó posible gracias a su variable participación en el Consejo de Ministros, única institución que intervino de forma efectiva en las tareas de gobierno y en la toma de decisiones. En total, entre 1938 y 1975, unos 120 ministros formaron trece gobiernos, con una duración media de cinco años para cada mandato ministerial, con excepciones tan notables como las de Luis Carrero Blanco y José Antonio Girón de Velasco, veinticinco y quince años en el poder, respectivamente.

Las destituciones fulminantes resultaron escasas y entre las más importantes pueden citarse las del general Yagüe (1940, Ministro de Aire), por conspirador; de los generales monárquicos Valentín Galarza y José Enrique Varela y el falangista Ramón Serrano Suñer (1942; ministro de Gobernación, del Ejército y de Asuntos Exteriores, respectivamente), con motivo de los incidentes ocurridos en Begoña (Vizcaya); y de Joaquín Ruiz Giménez y Raimundo Fernández Cuesta (1956; ministro de Educación y ministro secretario general del Movimiento, respectivamente), a causa de los incidentes ocurridos entre estudiantes y falangistas.

Todas las tendencias del régimen estuvieron representadas en los sucesivos gabinetes, calificados por algunos autores de concentración. Sin embargo, puede constatarse un predominio del grupo falangista-totalitario entre 1939 y 1945, del catolicismo político entre 1945 y 1957 y de los tecnócratas del Opus Dei entre 1957 y 1974, fecha esta última en la que Arias Navarro pasó a responsabilizarse de la composición del Consejo. Atendiendo a sus cometidos, Tamames ha propuesto la siguiente caracterización de los distintos gobiernos:

  1. Gobierno de Burgos 31-01-1938
  2. Neutralidad 10-08-1939
  3. De Continuidad 19-05-1941
  4. De Continuidad 03-09-1942
  5. Autarquía 20-07-1945
  6. Pactos con USA 20-07-1951
  7. Estabilización 25-02-1957
  8. Desarrollo 10-07-1962
  9. De Continuidad 07-07-1965
  10. De Continuidad 22-07-1967
  11. Monocolor Rodó 29-10-1969
  12. Gobierno Carrero 11-06-1973
  13. Gobierno Arias 03-01-1974.

La cuestión del respaldo social del régimen ha sido interpretada de manera muy diferente por los especialistas: la historiografía de base marxista la vincula a los sectores de la oligarquía económica, inicialmente a los terratenientes y banqueros, luego a los sectores financieros y monopolísticos y, por último, a las multinacionales con intereses en España. Sin rechazar totalmente esta idea, los estudios más recientes han destacado el apoyo explícito y generalizado de los militares, el clero y una élite funcionarial regida con frecuencia por relaciones de parentesco, así como de una nueva clase media mesocracia incorporada a la Administración por medio del Movimiento, y del campesinado propietario favorecido por una legislación proteccionista.

Todo ello culminaba en una forma de gobierno que constituía una monarquía sin realeza en palabras de Franco, cuyo poder absoluto resultaba indiscutible: como afirmó el falangista Dionisio Ridruejo, El Caudillo no está limitado sino por su propia voluntad. Tuñón de Lara ha distinguido las fases principales en el desarrollo histórico de este sistema, totalitario (nacional-sindicalista) hasta 1945, clerical (nacional-catolicismo) hasta 1957 y tecno-autoritario hasta su desaparición.

Sin embargo, existió de hecho un régimen que se mantuvo durante treinta y seis años sin modificar substancialmente su identidad, un periodo histórico que determinó la biografía de generaciones sucesivas y una ideología tan ambiciosa en sus objetivos como limitada en su aplicación práctica y tan poco original como efectiva. Cuando, en los últimos meses de 1936, un periodista interrogó al coronel Castejón, jefe de la vanguardia del ejército del sur, sobre su adscripción al falangismo o al tradicionalismo, este contestó sin dudar: Franquista, eso solo y ya es bastante. Probablemente, como han escrito J. Marías y S. de Madariaga, la permanencia en el poder constituía la única ideología del franquismo.

Leyes del franquismo

Las bases del régimen se establecieron de forma definida, esencial y perdurable mediante una serie de leyes promulgadas a partir de la proclamación del general Franco como jefe del Gobierno del Estado Español y generalísimo de las fuerzas nacionales de tierra, mar y aire, el 1-X-1936. En virtud del Decreto de Unificación del 19-IV-1937, [Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista] se convirtió en partido único, cuyos Estatutos 4-VIII-1937 otorgaban a Franco el derecho a designar libremente a los miembros de su Junta Política y Consejo Nacional.

El 31-I-1938 quedó constituido el primer Gobierno de Franco, después de que la Ley de Administración Central del Estado —publicada ese mismo día y confirmada el 8-VIII-1939— vinculara al jefe del Estado la presidencia del Consejo de Ministros y le reconociera la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general. El 9-III-1938 se promulgó el Fuero del Trabajo, declaración de principios doctrinales y organizativos que, influida por las directrices de la Iglesia, la Carta di Lavoro italiana y el nacional-sindicalismo falangista, trataba de superar el conflicto social y supeditar las fuerzas productivas a los intereses nacionales mediante la unidad corporativa, el orden y la disciplina.

El 22-IV-ese mismo año, la Ley de Prensa aportaba los instrumentos necesarios para ejercer el control absoluto y monopolístico de la información, la propaganda y la cultura. A partir de estos elementos fundacionales, el estado franquista se desarrolló como una reiterada negación del legalmente erigido por la II República:

El Estado que yo quiero constituir es la antítesis del que quieren constituir los rojos, había declarado Franco el 1-X-1936.

Esta tarea se ejecutó con urgencia y sin dilaciones: suspensión de todos los planes de reforma agraria y devolución de lo expropiado a sus antiguos propietarios (23 y 25-VIII-1936); prohibición de los partidos integrados en el Frente Popular y de toda la actividad política y sindical (13 y 25-IX-1936); supresión del régimen económico concertado con el País Vasco 13-VI-1937; derogación de las leyes de divorcio y de matrimonio civil (2 y 12-III-1938); abolición del Estatuto de Cataluña5-IV-1938; y restauración de la Compañía de Jesús 3-V-1938.

La represión nacionalista no constituyó una expresión más de la violencia bélica, sino que desempeñó una función política insubstituible y eficaz como soporte de la legislación restauracionista y del estado franquista hasta muy avanzada la postguerra. Las leyes de Responsabilidades Políticas 9-II-1939, de Represión de la Masonería y del Comunismo (1-III-1940) y de Seguridad del Estado (29-III-1941) dispusieron los instrumentos legales para el ejercicio de una actividad represiva que, alentada desde la más altas instancias, supuso en términos absolutos la mayor cifra de muertes violentas producidas durante la contienda.

A este número debe sumarse el de sentencias de muerte dictadas por los tribunales entre 1939 y 1944 que, según los datos aportados por un funcionario del Ministerio de Justicia a la agencia Associated Press ese último año, sumaban 192.684, aunque muchas de ellas habían sido conmutadas. El reforzamiento del poder de [F.E.T. y de las J.O.N.s. ] en el aparato de Estado que culminó con el nombramiento de Serrano Suñer (10-VIII-1939), cuñado de Franco, como ministro de Gobernación, contribuyó al desarrollo de una política económica estatalista y planificada que se mantuvo durante 20 años (autarquía), así como al encuadramiento corporativo de la producción (leyes de Unidad Sindical del 26-I-1940 y de Bases de la Organización Sindical, del 26 de diciembre).

Ajustes de guerra mundial

En este proceso de transformación del franquismo en un régimen totalitario, que Franco había anunciado el mismo día de su proclamación, el inicio de la II Guerra Mundial constituyó un acontecimiento de extraordinaria relevancia. El 4-IX-1939 el Gobierno español declaró su neutralidad ante el conflicto, pero el 12-VI-1940 cambió esta situación por la de no beligerancia, que suponía un grado más en su compromiso con las potencias del Eje. De esta manera trataba de aprovechar una coyuntura bélica favorable determinada por la incorporación de Italia a la guerra, dos días antes, y el rápido avance de las tropas alemanas que, dos días después, entraron en París al mismo tiempo que España tomaba bajo su soberanía la ciudad libre de Tánger, en el Protectorado hispano francés de Marruecos.

El 23-X-1940 Franco se entrevistó con Adolf Hitler en la estación de Hendaya (Francia): ambos firmaron un protocolo en virtud del cual España se unía a la alianza militar establecida por Alemania, Italia y Japón, y se comprometía a entrar en la guerra, aunque reservándose el derecho a señalar la fecha. En el hecho de que esta intervención nunca se hiciera efectiva confluyeron circunstancias históricas múltiples y complejas que, en su mayoría resultaban ajenas a la voluntad de los dirigentes franquistas.

Situada en el área dependiente de Francia y del Reino Unido, en 1940 España había concluido con ambas naciones acuerdos económicos para financiar la reconstrucción de la economía nacional tras la Guerra Civil, tarea en la que también resultaban indispensables los suministros de alimentos y carburantes procedentes de EE.UU. Esta ayuda estuvo condicionada al mantenimiento de la neutralidad y de la no beligerancia efectiva, incluso después de que el gobierno 17-VI-1941 enviara unos 18.000 voluntarios alistados en la División Azul, al mando del general Muñoz Grandes, para colaborar con los ejércitos alemanes que habían invadido la [Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas] seis días antes.

De hecho Hitler no había cedido a las pretensiones españolas, reafirmadas por Franco durante su visita a Mussolini en Bordighera (Italia) el 12-II-1941, que vinculaban la participación directa en el conflicto a determinadas contrapartidas: concesión de créditos y remesa de suministros que compensaran la supresión de los procedentes del reino Unido y de EE.UU., así como la anexión de la colonia británica de Gibraltar y de diversos territorios africanos todavía bajo la soberanía del régimen colaboracionista de Vichy (Francia), establecido por el general Pétain en junio de 1940.

El valor estratégico de la Península para las potencias del Eje se limitó a la posibilidad de utilizar instalaciones navales y aéreas en caso necesario, al libre tránsito de sus agentes y a la disponibilidad de materias primas necesarias en la fabricación de armamento, especialmente el volframio, cuya exportación pasó de 2,1 millones de Ptas. oro en 1940 a 200 millones en 1944. Solo con el desembarco aliado del norte de África, en noviembre de 1942, la Península y el Estrecho recuperaron su valor estratégico. Antes y después de ese momento el régimen franquista desarrolló una política de espera attentisme, dominada por el pragmatismo y la ambigüedad, escindida entre la información de consumo interno y la realidad de los condicionamientos diplomáticos.

Cambio de tendencia

La propaganda oficial lo ocultaba, pero el cambio de signo de la guerra había determinado importantes modificaciones en la estrategia a segur: todas las concesiones en política exterior tenían como único objetivo preservar el poder en el interior, que se creía amenazado. Si el Gobierno del 19-V-1941, con la presencia de Serrano Suñer, José Antonio Girón de Velasco, José Luis Arrese y Miguel Primo de Rivera, parecía culminar la hegemonía del falangismo, en realidad suponía su plena adaptación al franquismo, una vez relegadas al discurso social y represivo todas las pretensiones del revolucionarismo totalitarista. Esta tendencia quedó confirmada en 1942 con una operación de imagen, la Ley de creación de las Cortes Españolas (17 de julio), cuyas funciones nunca superaron el refrendo disciplinado del Ejecutivo y, el 3 de septiembre con la substitución de Serrano Suñer —además de filonazi, el único colaborador capaz de restar prestigio a Franco— por el monárquico Francisco Gómez-Jordana.

Los incidentes provocados por un grupo de falangistas durante una ceremonia carlista en la basílica de Begoña (16 de agosto) fueron utilizados como motivo de una crisis ministerial cuyas causas y consecuencias afectaban gravemente a la estructura del régimen. Ese mismo año Franco se reafirmó en su negativa a restaurar la monarquía liberal que trajo la República y perdió los pedazos más grandes de nuestra patria, como también manifestó a Juan de Borbón en respuesta a las cartas que este le envió el 8 de marzo y el 2-VIII-1943.

El declive del fascismo en Europa, la casi segura victoria de los aliados y la posibilidad que la guerrilla interior o maquis alcanzara en España un poder semejante al conseguido en Italia, Yugoslavia o Francia, definían una coyuntura favorable para intentar el retorno de la dinastía, que muchos habían creído objetivo último de la sublevación y para los cual contaban con la discreta colaboración de los embajadores británico, Samuel Hoare, y el estadounidense, Carlton Hayes.

Conspiración monárquica

En la conspiración estuvieron implicados —en mayor o menor medida— destacados políticos y financieros, como Pedro Sainz Rodríguez, (ministro de Educación en el gabinete de 31-I-1938), el duque de Alba (embajador en Londres), Juan Ventosa, José Yangüas Messía, Alfonso García Valdecasas, el conde de Ybarra, el marqués de Aledo, Pablo Garnica, Juan March, Eugenio Vegas Latapié, José María de Areilza y Joaquín Satrústegui, así como altos mandos del ejército: Aranda, Varela, Solchaga, Kindelán, Beigbeder, Saliquet, Galarza, Orgaz, Miguel Ponte, Fidel Dávila y José Monasterio. Incluso se establecieron contactos con [Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas], formada en octubre de 1944 por los partidos republicanos en el exilio.

Sin embargo, todos ellos reconocían la legitimidad del estado surgido el 18-VII-1936 y, la mayoría anteponían a su condición de monárquicos la fidelidad a Franco, quien pudo neutralizar las diversas tentativas sin especial dificultad mediante el exilio (Sainz Rodríguez, Latapié o Ansaldo), el confinamiento (Aranda o el marqués de Quintanar), las penas y multas de carácter simbólico e, incluso, la recompensa (Dávila, ministro del ejército en 20-VII-1945 a 20-VII-1951). Estas moderadas represalias contrastaban con la todavía contundente y generalizada represión ejercida contra los opositores políticos ajenos a las clases dominantes: en 1942 se fusiló a Larrañaga, Diéguez, Asarta, Girabau, Carreras y otros militantes comunistas enviados del exterior para tratar de reorganizar la estructura clandestina del partido.

La ejecutiva del (Partido Comunista de España) se mostraba todavía partidaria de la continuidad de la lucha armada, especialmente tras completarse la liberación de los distritos meridionales franceses con una relevante aportación de los exiliados españoles. El 16-X-1944, unos cuatro mil guerrilleros penetraron por le valle de Arán, pero la operación concluyó con un rotundo fracaso: los combatientes se retiraron con más de quinientas bajas y solo unos pocos consiguieron incorporarse a los grupos armados del interior.

No solo las ejecuciones, también la cárcel y los campos de trabajo para miles de presos políticos, la propaganda amenazante, la disciplina de instituciones como el Auxilio Social y el Frente de Juventudes y el control policial cumplían importantes funciones en la desmovilización social. La mayor parte de la población se encontraba de esta manera sometida a una situación de pobreza extrema, racionamiento y desnutrición, que favoreció el surgimiento de una nueva clase social, la de quienes aprovecharon la corrupción, el mercado negro y el estraperlo para enriquecerse.

El nacional-catolicismo

El 7-V-1945 Alemania firmó la capitulación incondicional y el régimen franquista inició una nueva etapa: en las declaraciones oficiales se sustituyó el término sistema totalitario por el de democracia orgánica. El 13 de julio se promulgó el Fuero de los Españoles, el día 17 se concedió una amnistía parcial, el 11 de septiembre quedó abolido el saludo romano, el día 18 se evacuó la ciudad de Tánger y el 22 apareció la Ley de Referéndum Nacional. Más consecuencias tuvo la formación de un nuevo gobierno, el 20 de julio, con tres ministros de la [Asociación Católica Nacional de Propagandistas], Ibáñez Martín en Educación Nacional, Fernández Ladreda en Obras Públicas y, sobre todo, Martín Artajo en Asuntos Exteriores.

Franco pretendía con esta medida mostrar a la opinión pública internacional que España era un país gobernado por católicos y no por falangistas, para lo cual sustituyó a Arrese en la Secretaría General del Movimiento (vacante hasta 1948). La Ley del 17-VII-1945 otorgaba a la Iglesia, además, un control absoluto sobre la enseñanza media y primaria —desde 1941 lo ejercía sobre la prensa, propaganda y censura— y, el 18 de noviembre, el papa Pío XII (1939-1958) manifestó públicamente su apoyo al régimen. El 9-II-1946 Franco declaró la existencia de una solución inédita, social, católica y española —el nacional catolicismo— y, el 14 de mayo afirmó: A esa democracia convencional, nosotros oponemos una democracia católica y orgánica.

Condena diplomática

Los cambios operados en el régimen resultaron insuficientes para las potencias vencedoras en la II Guerra Mundial, que emprendieron una intensa campaña diplomática: el 18-VI-1945 la Conferencia de San Francisco rechazó la solicitud española de ingreso en la [Organización de las Naciones Unidas]; el 2 de agosto, en la Conferencia de Postdam, los dirigentes de EE.UU., Reino Unido y la [Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas] condenaron el régimen franquista; el 1-III-1946 Francia cerró su frontera con España y tres días después emitió un comunicado, con EE.UU. y el Reino Unido, en el cual se solicitaba una urgente democratización.

En abril, los países del este europeo que mantenían relaciones con España las suspendieron unilateralmente y el 13-XII-1946, la [Organización de las Naciones Unidas] aprobó una resolución condenatoria, recomendando la retirada de embajadores. En ella se afirmaba que por su origen, naturaleza, estructura y comportamiento general el franquismo constituía un régimen fascista, organizado e implantado en gran parte merced a la ayuda de la Alemania nazi y la Italia fascista de Mussolini. Todas las naciones retiraron sus embajadores de Madrid, donde solo permanecieron el representante de Portugal, el nuncio de la Santa Sede y los plenipotenciarios de Suiza e Irlanda, además del embajador argentino nombrado por el general Perón.

Franco recurrió entonces a la opinión pública interior y apeló al nacionalismo y al victimismo para tratar de conseguir un amplio consenso social en torno a su persona, que se expresaría mediante multitudinarios actos de adhesión al Caudillo: medio millón de personas le aclamaron en la plaza de Oriente (Madrid) el 9 de diciembre, tres días antes de la condena internacional. La oposición política en el exilio trató de aprovechar esta oportunidad: el 10-I-1945 se reunieron en Méjico las Cortes de la República Española y el 7 de agosto nombraron presidente interino a Martínez Barrio quien, diez días después, encargó a Giral la formación de un Gobierno con representación de todos los partidos republicanos y socialistas, incluido el PC y los anarquistas. El 27-I-1947 Rodolfo Llopis sustituyó a Giral y, el 6 de agosto, Álvaro de Albornoz pasó a presidir el nuevo gabinete integrado únicamente por republicanos, con lo cual se pretendía facilitar su reconocimiento internacional.

Resolución condenatoria

En abril de 1946, debido a que España estaba reuniendo tropas en los Pirineos y supuestamente tratando de desarrollar armas atómicas, el gobierno polaco previno al gobierno de EE.UU. de que dicho país constituía una amenaza para la paz mundial y que la comunidad internacional debía tomar medidas en su contra. Los miembros de la [Organización de las Naciones Unidas] finalmente aceptaron la propuesta de Australia de nombrar una subcomisión para analizar la situación de España. Esta subcomisión presentó su informe en junio, señalando que efectivamente el régimen del general Francisco Franco representaba un motivo de discordia internacional y una amenaza para la paz y la seguridad del mundo. Se solicitaba al Consejo de Seguridad que transmitiera estas conclusiones a la Asamblea General, recomendando asimismo que, si el régimen de Consecuentemente, la Asamblea General de la [Organización de las Naciones Unidas] acordó un boicot diplomático que se mantendría durante cuatro años y dejaría a España completamente aislada en el campo internacional.U.N. Security Council, Official Records, Report of the Sub-Committee on the Spanish Question, Nueva York, 1946; Lleonart y Amselem, España y la ONU, 3 vols. , Madrid, 1978-84, vol. 1, págs. 84-98, cit. en Raanan Rein, La salvación de una dictadura. Alianza Franco-Perón, 1946-1955, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1995, págs. 20-21.

Intervención de Don Juan

El 19-III-1945 Juan de Borbón publicó desde su exilio en Suiza el conocido como Manifiesto de Lausanne, en el cual denunciaba las complicidades totalitarias de Franco, solicitaba su dimisión y exhortaba a los monárquicos para que cesara toda colaboración. El 2-II-1946 trasladó su residencia a Estoril (Portugal) donde, el 7-IV-1947, difundió un nuevo manifiesto rupturista, si bien con anterioridad había firmado con el carlista conde de Rodezno un documento —las bases de Estoril— que incorporaba abundantes elementos integristas y absolutistas. El 30-VIII-1948 Indalecio Prieto —en representación del (Partido Socialista Obrero Español)— y Gil Robles, como secretario personal de Juan de Borbón y presidente de la [Confederación de Fuerzas Monárquicas], alcanzaron un acuerdo, conocido como el Pacto de San Juan de Luz, para restablecer la democracia en España bajo la forma de gobierno elegida en referéndum.

Cinco días antes, sin embargo, Juan de Borbón había mantenido una entrevista con Franco a bordo del yate Azor, en la cual se decidió que Juan Carlos de Borbón (futuro Juan Carlos I) continuara sus estudios en España, adonde llegó el 8 de noviembre. Ante la inviabilidad rupturista patrocinada por Gil Robles, optaba por una restauración a largo plazo y entendimiento auspiciada por los monárquicos colaboracionistas —Julio Dánvila, José María Pemán o el conde de Ruiseñada— y el Opus Dei.

Represión y referéndum

En octubre de 1948, el (Partido Comunista de España) dictó el cese de la lucha guerrillera: según datos de la Dirección General de Seguridad, habían sido detenidos 19.444 enlaces y 2374 maquis, y 2173 habían muerto, mientras que las bajas gubernamentales se reducían, incluyendo la incursión en el Valle de Arán (Lleida), a 330 muertos y 485 heridos. El 27-I-1946 en Manresa (Barcelona) y durante la semana del 1 a 6-V-de 1947 en Bilbao (Vizcaya) se habían producido las primeras huelgas desde 1936, pero la represión se ejercía aún con eficacia: entre 1945 y 1946 se dictaron 1863 condenas de muerte, de las cuales se ejecutaron 89 y, el 21-IV-1948, veintidós mineros asturianos fueron asesinados. El 6-VII-1947 se celebró el referéndum para aprobar la Ley de Sucesión, cuyo Art. 1 afirmaba.

España como unidad política, es un estado católico, social y representativo que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino.

Sin embargo, no se trataba de una restauración sino de una instauración dirigida personalmente por Franco, cuyos poderes quedaban confirmados: a él correspondía la Jefatura del Estado (Art.2) y la designación de la persona que, como monarca o regente, habría de sucederle. La consulta (de un censo de 16.187.992 electores votaron 15.219.563 y 14.145.153 afirmativamente), constituyó un éxito político utilizado por la propaganda oficial como un refrendo democrático al régimen, que deslegitimaba tanto la alternativa monárquica como la entidad del Gobierno republicano en el exilio. A partir de ese momento rigió en España una monarquía sin realeza, según palabras de Franco.

VARIOS AUTORES, Gran Enciclopedia de España, Ed. Enciclopedia de España, 2003, T. IX págs. 4221-4228.