El Franquismo

Introducción al franquismo

Normas y leyes del franquismo

Ajustes por la Guerra Mundial

Cambio de tendencia en la guerra

Conspiración monárquica

El nacional-catolicismo

Condena diplomática internacional

Resolución condenatoria

Intervención de Juan de Borbón

Represión interna y referéndum

La guerra fría

Afirmación del régimen

Fracaso económico y depresión

Reajustes en el gobierno

El contubernio de Munich

El desarrollismo

Adecuación legislativa

Nueva política exterior

Conflictividad interior

La oposición democrática

Último gobierno de Franco

Introducción al franquismo

El franquismo es un movimiento político y social de tendencia totalitaria, iniciado en España durante la Guerra Civil (1936-1939), en torno al general Francisco Franco Bahamonde, y desarrollado durante los años que ocupó la Jefatura de Estado (1939-1975).

Los estudios de Juan Linz (1964) constituyeron el primer ensayo destinado a conceptualizar la naturaleza del franquismo como un régimen de autoritario de pluralismo limitado, no democrático, caracterizado más por una mentalidad que por una ideología dominante y en mayor medida promotor de una aceptación pasiva que propició a la identificación activa.

Según Martínez Alier, el pluralismo se limitaba a las diversas facciones existentes en el bloque de poder: altos mandos del ejército, falangistas de afiliación antigua o reciente, tradicionalistas, carlistas, católicos y políticos conservadores procedentes de los desaparecidos partidos dinásticos de la Restauración (1874-1931), de las instituciones de la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1929) o de las organizaciones de derechas formadas durante la II República.

Una de las claves para la supervivencia del sistema, el equilibrio entre estos grupos —cuyas desavenencias eran el resultado de la lucha por el reparto del poder en mayor medida que en desacuerdos ideológicos substanciales— resultó posible gracias a su variable participación en el Consejo de Ministros, única institución que intervino de forma efectiva en las tareas de gobierno y en la toma de decisiones.

En total, entre 1938 y 1975, unos 120 ministros formaron trece gobiernos, con una duración media de cinco años para cada mandato ministerial, con excepciones tan notables como las de Luis Carrero Blanco y José Antonio Girón de Velasco, veinticinco y quince años en el poder, respectivamente.

Las destituciones fulminantes resultaron escasas y entre las más importantes pueden citarse las del general Yagüe (1940, Ministro de Aire), por conspirador; de los generales monárquicos Valentín Galarza y José Enrique Varela y el falangista Ramón Serrano Suñer (1942; ministro de Gobernación, del Ejército y de Asuntos Exteriores, respectivamente), con motivo de los incidentes ocurridos en Begoña (Vizcaya); y de Joaquín Ruiz Giménez y Raimundo Fernández Cuesta (1956; ministro de Educación y ministro secretario general del Movimiento, respectivamente), a causa de los incidentes ocurridos entre estudiantes y falangistas.

Todas las tendencias del régimen estuvieron representadas en los sucesivos gabinetes, calificados por algunos autores de concentración. Sin embargo, puede constatarse un predominio del grupo falangista-totalitario entre 1939 y 1945, del catolicismo político entre 1945 y 1957 y de los tecnócratas del Opus Dei entre 1957 y 1974, fecha esta última en la que Arias Navarro pasó a responsabilizarse de la composición del Consejo.

Atendiendo a sus cometidos, Tamames ha propuesto la siguiente caracterización de los distintos gobiernos:

  1. Gobierno de Burgos 31-01-1938
  2. Neutralidad 10-08-1939
  3. De Continuidad 19-05-1941
  4. De Continuidad 03-09-1942
  5. Autarquía 20-07-1945
  6. Pactos con USA 20-07-1951
  7. Estabilización 25-02-1957
  8. Desarrollo 10-07-1962
  9. De Continuidad 07-07-1965
  10. De Continuidad 22-07-1967
  11. Monocolor Rodó 29-10-1969
  12. Gobierno Carrero 11-06-1973
  13. Gobierno Arias 03-01-1974.

La cuestión del respaldo social del régimen ha sido interpretada de manera muy diferente por los especialistas: la historiografía de base marxista la vincula a los sectores de la oligarquía económica, inicialmente a los terratenientes y banqueros, luego a los sectores financieros y monopolísticos y, por último, a las multinacionales con intereses en España.

Sin rechazar totalmente esta idea, los estudios más recientes han destacado el apoyo explícito y generalizado de los militares, el clero y una élite funcionarial regida con frecuencia por relaciones de parentesco, así como de una nueva clase media mesocracia incorporada a la Administración por medio del Movimiento, y del campesinado propietario favorecido por una legislación proteccionista.

Todo ello culminaba en una forma de gobierno que constituía una monarquía sin realeza en palabras de Franco, cuyo poder absoluto resultaba indiscutible: como afirmó el falangista Dionisio Ridruejo, El Caudillo no está limitado sino por su propia voluntad.

Tuñón de Lara ha distinguido las fases principales en el desarrollo histórico de este sistema, totalitario (nacional-sindicalista) hasta 1945, clerical (nacional-catolicismo) hasta 1957 y tecno-autoritario hasta su desaparición.

Sin embargo, existió de hecho un régimen que se mantuvo durante treinta y seis años sin modificar substancialmente su identidad, un periodo histórico que determinó la biografía de generaciones sucesivas y una ideología tan ambiciosa en sus objetivos como limitada en su aplicación práctica y tan poco original como efectiva.

Cuando, en los últimos meses de 1936, un periodista interrogó al coronel Castejón, jefe de la vanguardia del ejército del sur, sobre su adscripción al falangismo o al tradicionalismo, este contestó sin dudar: Franquista, eso solo y ya es bastante. Probablemente, como han escrito J. Marías y S. de Madariaga, la permanencia en el poder constituía la única ideología del franquismo.

Leyes del franquismo

Las bases del régimen se establecieron de forma definida, esencial y perdurable mediante una serie de leyes promulgadas a partir de la proclamación del general Franco como jefe del Gobierno del Estado Español y "generalísimo de las fuerzas nacionales de tierra, mar y aire, el 1-X-1936.

En virtud del Decreto de Unificación del 19-IV-1937, [Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista] se convirtió en partido único, cuyos Estatutos 4-VIII-1937 otorgaban a Franco el derecho a designar libremente a los miembros de su Junta Política y Consejo Nacional.

El 31-I-1938 quedó constituido el primer Gobierno de Franco, después de que la Ley de Administración Central del Estado —publicada ese mismo día y confirmada el 8-VIII-1939— vinculara al jefe del Estado la presidencia del Consejo de Ministros y le reconociera "la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general".

El 9-III-1938 se promulgó el Fuero del Trabajo, declaración de principios doctrinales y organizativos que, influida por las directrices de la Iglesia, la Carta di Lavoro italiana y el nacional-sindicalismo falangista, trataba de superar el conflicto social y supeditar las fuerzas productivas a los intereses nacionales mediante la unidad corporativa, el orden y la disciplina.

El 22-IV-ese mismo año, la Ley de Prensa aportaba los instrumentos necesarios para ejercer el control absoluto y monopolístico de la información, la propaganda y la cultura. A partir de estos elementos fundacionales, el estado franquista se desarrolló como una reiterada negación del legalmente erigido por la II República:

El Estado que yo quiero constituir es la antítesis del que quieren constituir los rojos, había declarado Franco el 1-X-1936.

Esta tarea se ejecutó con urgencia y sin dilaciones: suspensión de todos los planes de reforma agraria y devolución de lo expropiado a sus antiguos propietarios (23 y 25-VIII-1936); prohibición de los partidos integrados en el Frente Popular y de toda la actividad política y sindical (13 y 25-IX-1936); supresión del régimen económico concertado con el País Vasco 13-VI-1937; derogación de las leyes de divorcio y de matrimonio civil (2 y 12-III-1938); abolición del Estatuto de Cataluña5-IV-1938; y restauración de la Compañía de Jesús 3-V-1938.

La represión nacionalista no constituyó una expresión más de la violencia bélica, sino que desempeñó una función política insubstituible y eficaz como soporte de la legislación restauracionista y del estado franquista hasta muy avanzada la postguerra.

Las leyes de Responsabilidades Políticas 9-II-1939, de Represión de la Masonería y del Comunismo (1-III-1940) y de Seguridad del Estado (29-III-1941) dispusieron los instrumentos legales para el ejercicio de una actividad represiva que, alentada desde la más altas instancias, supuso en términos absolutos la mayor cifra de muertes violentas producidas durante la contienda.

A este número debe sumarse el de sentencias de muerte dictadas por los tribunales entre 1939 y 1944 que, según los datos aportados por un funcionario del Ministerio de Justicia a la agencia Associated Press ese último año, sumaban 192.684, aunque muchas de ellas habían sido conmutadas.

El reforzamiento del poder de [F.E.T. y de las J.O.N.S.] en el aparato de Estado que culminó con el nombramiento de Serrano Suñer (10-VIII-1939), cuñado de Franco, como ministro de Gobernación, contribuyó al desarrollo de una política económica estatalista y planificada que se mantuvo durante 20 años (autarquía), así como al encuadramiento corporativo de la producción (leyes de unidad sindical del 26-I-1940 y de Bases de la Organización Sindical, del 26 de diciembre).

Ajustes de guerra mundial

En este proceso de transformación del franquismo en un régimen totalitario, que Franco había anunciado el mismo día de su proclamación, el inicio de la II Guerra Mundial constituyó un acontecimiento de extraordinaria relevancia.

El 4-IX-1939 el Gobierno español declaró su neutralidad ante el conflicto, pero el 12-VI-1940 cambió esta situación por la de no "beligerancia", que suponía un grado más en su compromiso con las potencias del Eje.

De esta manera trataba de aprovechar una coyuntura bélica favorable determinada por la incorporación de Italia a la guerra, dos días antes, y el rápido avance de las tropas alemanas que, dos días después, entraron en París al mismo tiempo que España tomaba bajo su soberanía la ciudad libre de Tánger, en el Protectorado hispano francés de Marruecos.

El 23-X-1940 Franco se entrevistó con Adolf Hitler en la estación de Hendaya (Francia): ambos firmaron un protocolo en virtud del cual España se unía a la alianza militar establecida por Alemania, Italia y Japón, y se comprometía a entrar en la guerra, aunque reservándose el derecho a señalar la fecha.

En el hecho de que esta intervención nunca se hiciera efectiva confluyeron circunstancias históricas múltiples y complejas que, en su mayoría resultaban ajenas a la voluntad de los dirigentes franquistas.

Situada en el área dependiente de Francia y del Reino Unido, en 1940 España había concluido con ambas naciones acuerdos económicos para financiar la reconstrucción de la economía nacional tras la Guerra Civil, tarea en la que también resultaban indispensables los suministros de alimentos y carburantes procedentes de EE.UU.

Esta ayuda estuvo condicionada al mantenimiento de la neutralidad y de la no beligerancia efectiva, incluso después de que el gobierno 17-VI-1941 enviara unos 18.000 voluntarios alistados en la División Azul, al mando del general Muñoz Grandes, para colaborar con los ejércitos alemanes que habían invadido la [Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas] seis días antes.

De hecho Hitler no había cedido a las pretensiones españolas, reafirmadas por Franco durante su visita a Mussolini en Bordighera (Italia) el 12-II-1941, que vinculaban la participación directa en el conflicto a determinadas contrapartidas: concesión de créditos y remesa de suministros que compensaran la supresión de los procedentes del reino Unido y de EE.UU., así como la anexión de la colonia británica de Gibraltar y de diversos territorios africanos todavía bajo la soberanía del régimen colaboracionista de Vichy (Francia), establecido por el general Pétain en junio de 1940.

El valor estratégico de la Península para las potencias del Eje se limitó a la posibilidad de utilizar instalaciones navales y aéreas en caso necesario, al libre tránsito de sus agentes y a la disponibilidad de materias primas necesarias en la fabricación de armamento, especialmente el volframio, cuya exportación pasó de 2,1 millones de Ptas.-oro en 1940 a 200 millones en 1944.

Solo con el desembarco aliado del norte de África, en noviembre de 1942, la Península y el Estrecho recuperaron su valor estratégico. Antes y después de ese momento el régimen franquista desarrolló una política de espera attentisme, dominada por el pragmatismo y la ambigüedad, escindida entre la información de consumo interno y la realidad de los condicionamientos diplomáticos.

Cambio de tendencia

La propaganda oficial lo ocultaba, pero el cambio de signo de la guerra había determinado importantes modificaciones en la estrategia a segur: todas las concesiones en política exterior tenían como único objetivo preservar el poder en el interior, que se creía amenazado.

Si el Gobierno del 19-V-1941, con la presencia de Serrano Suñer, José Antonio Girón de Velasco, José Luis Arrese y Miguel Primo de Rivera, parecía culminar la hegemonía del falangismo, en realidad suponía su plena adaptación al franquismo, una vez relegadas al discurso social y represivo todas las pretensiones del revolucionarismo totalitarista.

Esta tendencia quedó confirmada en 1942 con una operación de imagen, la Ley de creación de las Cortes Españolas (17 de julio), cuyas funciones nunca superaron el refrendo disciplinado del Ejecutivo y, el 3 de septiembre con la substitución de Serrano Suñer —además de filonazi, el único colaborador capaz de restar prestigio a Franco— por el monárquico Francisco Gómez-Jordana.

Los incidentes provocados por un grupo de falangistas durante una ceremonia carlista en la basílica de Begoña (16 de agosto) fueron utilizados como motivo de una crisis ministerial cuyas causas y consecuencias afectaban gravemente a la estructura del régimen. Ese mismo año Franco se reafirmó en su negativa a restaurar la monarquía liberal "que trajo la República y perdió los pedazos más grandes de nuestra patria", como también manifestó a Juan de Borbón en respuesta a las cartas que este le envió el 8 de marzo y el 2-VIII-1943.

El declive del fascismo en Europa, la casi segura victoria de los aliados y la posibilidad que la guerrilla interior o maquis alcanzara en España un poder semejante al conseguido en Italia, Yugoslavia o Francia, definían una coyuntura favorable para intentar el retorno de la dinastía, que muchos habían creído objetivo último de la sublevación y para los cual contaban con la discreta colaboración de los embajadores británico, Samuel Hoare, y el estadounidense, Carlton Hayes.

Conspiración monárquica

En la conspiración estuvieron implicados -en mayor o menor medida- destacados políticos y financieros, como Pedro Sainz Rodríguez, (ministro de Educación en el gabinete de 31-I-1938), el duque de Alba (embajador en Londres), Juan Ventosa, José Yangüas Messía, Alfonso García Valdecasas, el conde de Ybarra, el marqués de Aledo, Pablo Garnica, Juan March, Eugenio Vegas Latapié, José María de Areilza y Joaquín Satrústegui, así como altos mandos del ejército: Aranda, Varela, Solchaga, Kindelán, Beigbeder, Saliquet, Galarza, Orgaz, Miguel Ponte, Fidel Dávila y José Monasterio.

Incluso se establecieron contactos con [Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas], formada en octubre de 1944 por los partidos republicanos en el exilio. Sin embargo, todos ellos reconocían la legitimidad del estado surgido el 18-VII-1936 y, la mayoría anteponían a su condición de monárquicos la fidelidad a Franco, quien pudo neutralizar las diversas tentativas sin especial dificultad mediante el exilio (Sainz Rodríguez, Latapié o Ansaldo), el confinamiento (Aranda o el marqués de Quintanar), las penas y multas de carácter simbólico e, incluso, la recompensa (Dávila, ministro del ejército en 20-VII-1945 a 20-VII-1951).

Estas moderadas represalias contrastaban con la todavía contundente y generalizada represión ejercida contra los opositores políticos ajenos a las clases dominantes: en 1942 se fusiló a Larrañaga, Diéguez, Asarta, Girabau, Carreras y otros militantes comunistas enviados del exterior para tratar de reorganizar la estructura clandestina del partido.

La ejecutiva del (Partido Comunista de España) se mostraba todavía partidaria de la continuidad de la lucha armada, especialmente tras completarse la liberación de los distritos meridionales franceses con una relevante aportación de los exiliados españoles. El 16-X-1944, unos cuatro mil guerrilleros penetraron por le valle de Arán, pero la operación concluyó con un rotundo fracaso: los combatientes se retiraron con más de quinientas bajas y solo unos pocos consiguieron incorporarse a los grupos armados del interior.

No solo las ejecuciones, también la cárcel y los campos de trabajo para miles de presos políticos, la propaganda amenazante, la disciplina de instituciones como el Auxilio Social y el Frente de Juventudes y el control policial cumplían importantes funciones en la desmovilización social.

La mayor parte de la población se encontraba de esta manera sometida a una situación de pobreza extrema, racionamiento y desnutrición, que favoreció el surgimiento de una nueva clase social, la de quienes aprovecharon la corrupción, el mercado negro y el estraperlo para enriquecerse.

El nacional-catolicismo

El 7-V-1945 Alemania firmó la capitulación incondicional y el régimen franquista inició una nueva etapa: en las declaraciones oficiales se sustituyó el término "sistema totalitario" por el de "democracia orgánica". El 13 de julio se promulgó el Fuero de los Españoles, el día 17 se concedió una amnistía parcial, el 11 de septiembre quedó abolido el saludo romano, el día 18 se evacuó la ciudad de Tánger y el 22 apareció la Ley de Referéndum Nacional.

Más consecuencias tuvo la formación de un nuevo gobierno, el 20 de julio, con tres ministros de la [Asociación Católica Nacional de Propagandistas], Ibáñez Martín en Educación Nacional, Fernández Ladreda en Obras Públicas y, sobre todo, Martín Artajo en Asuntos Exteriores.

Franco pretendía con esta medida mostrar a la opinión pública internacional que España era un país gobernado por católicos y no por falangistas, para lo cual sustituyó a Arrese en la Secretaría General del Movimiento (vacante hasta 1948).

La Ley del 17-VII-1945 otorgaba a la Iglesia, además, un control absoluto sobre la enseñanza media y primaria —desde 1941 lo ejercía sobre la prensa, propaganda y censura— y, el 18 de noviembre, el papa Pío XII (1939-1958) manifestó públicamente su apoyo al régimen. El 9-II-1946 Franco declaró la existencia de una solución inédita, social, católica y española —el nacional catolicismo— y, el 14 de mayo afirmó: A esa democracia convencional, nosotros oponemos una democracia católica y orgánica.

Condena diplomática

Los cambios operados en el régimen resultaron insuficientes para las potencias vencedoras en la II Guerra Mundial, que emprendieron una intensa campaña diplomática: el 18-VI-1945 la Conferencia de San Francisco rechazó la solicitud española de ingreso en la [Organización de las Naciones Unidas]; el 2 de agosto, en la Conferencia de Postdam, los dirigentes de EE.UU., Reino Unido y la [Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas] condenaron el régimen franquista; el 1-III-1946 Francia cerró su frontera con España y tres días después emitió un comunicado, con EE.UU. y el Reino Unido, en el cual se solicitaba una urgente democratización.

En abril, los países del este europeo que mantenían relaciones con España las suspendieron unilateralmente y el 13-XII-1946, la [Organización de las Naciones Unidas] aprobó una resolución condenatoria, recomendando la retirada de embajadores. En ella se afirmaba que por su origen, naturaleza, estructura y comportamiento general el franquismo constituía un régimen fascista, organizado e implantado en gran parte merced a la ayuda de la Alemania nazi y la Italia fascista de Mussolini.

Todas las naciones retiraron sus embajadores de Madrid, donde solo permanecieron el representante de Portugal, el nuncio de la Santa Sede y los plenipotenciarios de Suiza e Irlanda, además del embajador argentino nombrado por el general Perón.

Franco recurrió entonces a la opinión pública interior y apeló al nacionalismo y al victimismo para tratar de conseguir un amplio consenso social en torno a su persona, que se expresaría mediante multitudinarios actos de adhesión al Caudillo: medio millón de personas le aclamaron en la plaza de Oriente (Madrid) el 9 de diciembre, tres días antes de la condena internacional.

La oposición política en el exilio trató de aprovechar esta oportunidad: el 10-I-1945 se reunieron en Méjico las Cortes de la República Española y el 7 de agosto nombraron presidente interino a Martínez Barrio quien, diez días después, encargó a Giral la formación de un Gobierno con representación de todos los partidos republicanos y socialistas, incluido el PC y los anarquistas.

El 27-I-1947 Rodolfo Llopis sustituyó a Giral y, el 6 de agosto, Álvaro de Albornoz pasó a presidir el nuevo gabinete integrado únicamente por republicanos, con lo cual se pretendía facilitar su reconocimiento internacional.R.B.: VARIOS AUTORES, Gran Enciclopedia de España, Ed. Enciclopedia de España, 2003, tomo IX págs. 4221-4228.

Resolución condenatoria

En abril de 1946, debido a que España estaba reuniendo tropas en los Pirineos y supuestamente tratando de desarrollar armas atómicas, el gobierno polaco previno al gobierno de EE.UU. de que dicho país constituía una amenaza para la paz mundial y que la comunidad internacional debía tomar medidas en su contra.

Los miembros de la [Organización de las Naciones Unidas] finalmente aceptaron la propuesta de Australia de nombrar una subcomisión para analizar la situación de España. Esta subcomisión presentó su informe en junio, señalando que efectivamente el régimen del general Francisco Franco representaba un motivo de discordia internacional y una amenaza para la paz y la seguridad del mundo.

Se solicitaba al Consejo de Seguridad que transmitiera estas conclusiones a la Asamblea General, recomendando asimismo que, si el régimen de

Consecuentemente, la Asamblea General de la [Organización de las Naciones Unidas] acordó un boicot diplomático que se mantendría durante cuatro años y dejaría a España completamente aislada en el campo internacional.R.B.: U.N. Security Council, Official Records, Report of the Sub-Committee on the Spanish Question, Nueva York, 1946; Lleonart y Amselem, España y la ONU, 3 vols., Madrid, 1978-84, vol. 1, págs. 84-98, cit. en Raanan Rein, La salvación de una dictadura. Alianza Franco-Perón, 1946-1955, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1995, págs. 20-21.

Intervención de Don Juan

El 19-III-1945 Juan de Borbón publicó desde su exilio en Suiza el conocido como Manifiesto de Lausanne, en el cual denunciaba las complicidades totalitarias de Franco, solicitaba su dimisión y exhortaba a los monárquicos para que cesara toda colaboración.

El 2-II-1946 trasladó su residencia a Estoril (Portugal) donde, el 7-IV-1947, difundió un nuevo manifiesto rupturista, si bien con anterioridad había firmado con el carlista conde de Rodezno un documento —las bases de Estoril— que incorporaba abundantes elementos integristas y absolutistas.

El 30-VIII-1948 Indalecio Prieto —en representación del (Partido Socialista Obrero Español)— y Gil Robles, como secretario personal de Juan de Borbón y presidente de la [Confederación de Fuerzas Monárquicas], alcanzaron un acuerdo, conocido como el Pacto de San Juan de Luz, para restablecer la democracia en España bajo la forma de gobierno elegida en referéndum.

Cinco días antes, sin embargo, Juan de Borbón había mantenido una entrevista con Franco a bordo del yate Azor, en la cual se decidió que Juan Carlos de Borbón (futuro Juan Carlos I) continuara sus estudios en España, adonde llegó el 8 de noviembre.

Ante la inviabilidad rupturista patrocinada por Gil Robles, optaba por una restauración a largo plazo y entendimiento auspiciada por los monárquicos colaboracionistas —Julio Dánvila, José María Pemán o el conde de Ruiseñada— y el Opus Dei.

Represión y referéndum

En octubre de 1948, el (Partido Comunista de España) dictó el cese de la lucha guerrillera: según datos de la Dirección General de Seguridad, habían sido detenidos 19.444 enlaces y 2374 maquis, y 2173 habían muerto, mientras que las bajas gubernamentales se reducían, incluyendo la incursión en el Valle de Arán (Lleida), a 330 muertos y 485 heridos.

El 27-I-1946 en Manresa (Barcelona) y durante la semana del 1 a 6-V-de 1947 en Bilbao (Vizcaya) se habían producido las primeras huelgas desde 1936, pero la represión se ejercía aún con eficacia: entre 1945 y 1946 se dictaron 1863 condenas de muerte, de las cuales se ejecutaron 89 y, el 21-IV-1948, veintidós mineros asturianos fueron asesinados. El 6-VII-1947 se celebró el referéndum para aprobar la Ley de Sucesión, cuyo Art. 1 afirmaba.

España como unidad política, es un estado católico, social y representativo que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino.

Sin embargo, no se trataba de una restauración sino de una instauración dirigida personalmente por Franco, cuyos poderes quedaban confirmados: a él correspondía la Jefatura del Estado (Art.2) y la designación de la persona que, como monarca o regente, habría de sucederle.

La consulta (de un censo de 16.187.992 electores votaron 15.219.563 y 14.145.153 afirmativamente), constituyó un éxito político utilizado por la propaganda oficial como un refrendo democrático al régimen, que deslegitimaba tanto la alternativa monárquica como la entidad del Gobierno republicano en el exilio. A partir de ese momento rigió en España una monarquía sin realeza, según palabras de Franco.

La guerra fría

El enfrentamiento entre los dos bloque hegemónicos formados en torno a los EE.UU. y la [Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas] propició un cambio en las relaciones con el régimen del general Franco. Los EE.UU., máximo promotor de medidas diplomáticas contra el gobierno español entre 1944 y 1946, rectificó radicalmente su estrategia para adaptarla a la doctrina del presidente Truman, confirmación de lo que Franco había declarado el 17-VII-1943: En el anticomunismo está la clave de nuestra política.

El 17-XI-1947 EE.UU. votó por primera vez a favor de España en la ONU para rechazar una moción condenatoria propuesta por Polonia y, simultáneamente comenzó a mostrar interés por determinados enclaves estratégicos de la Península.

Aunque en opinión del general Marshall constituía la la mejor muralla en Europa contra el comunismo, el país solo pudo beneficiarse muy parcialmente —desde 1950— de los cuantiosos créditos económicos que permitieron a Europa occidental no solo recuperarse de la destrucción bélica, sino también iniciar un periodo de crecimiento sin precedentes.

La exclusión del Plan Marshall (1948) se debía a las presiones de Francia y el Reino Unido que, sin embargo, firmaron sendos acuerdos comerciales con España los días 8, 13-V de ese año, respectivamente. El 10 de febrero se había abierto la frontera pirenaica y, el 4-XI-1950, la ONU revocó oficialmente la resolución condenatoria de 1946, de manera que regresaron a Madrid los embajadores y Estado español pudo reincorporarse a los principales organismos internacionales.

En septiembre de 1949 el rey Abdullah I de Jordania se convirtió en el primer jefe de Estado que visitó España desde 1936, acontecimiento relevante para una diplomacia cuyo ámbito de actividad se reducía al iberismo de las relaciones con Portugal, al americanismo paternalista respecto a las ex colonias y a la tradicional amistad con los pueblos árabes, fundada en el no reconocimiento del Estado de Israel.

Afirmación del régimen

La coyuntura internacional permitió a Franco afirmar la legitimidad del régimen y restablecer con rango ministerial la Secretaría General del Movimiento, que pasó a desempeñar Raimundo Fernández Cuesta, en el nuevo Gobierno formado el 18-VII-1951.

Con participación de falangistas (Girón de Velasco, Muñoz Grandes y Rafael de Cavestany), tradicionalistas (Antonio Iturmendi) y monárquicos (conde de Vallellano), dos funcionarios conocidos sobre todo por su fidelidad a Franco, Carrero Blanco y Arial Salgado, ocuparon sendos ministerios de reciente creación, los de Presidencia e Información y Turismo.

La [Asociación Católica Nacional de Propagandistas] mantuvo su protagonismo en el gabinete, gracias a la gestión liberalizadora emprendida por Joaquín Ruiz Giménez en Educación Nacional y a la continuidad de Martín Artajo en Asuntos Exteriores para proseguir su amplia campaña de apertura del régimen en el exterior que consiguió dos éxitos históricos en 1953.

Si el Congreso Eucarístico celebrado en Barcelona en mayo de 1952 había supuesto un refrendo de la opinión católica internacional a la evolución del régimen, el apoyó resultó explícito tras la firma del Concordato con la Santa Sede el 27-VIII-1953.

Un mes después, el 26 de septiembre, se firmaron dos acuerdos bilaterales entre España y EE.UU., en virtud de los cuales se establecieron bases militares conjuntas en Torrejón (Madrid), Zaragoza, Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz), a cambio de la concesión de ayudas económicas por valor final de 1.183 millones de dólares.

La alianza con EE.UU. tuvo otras compensaciones: el 15-XII-1955 la asamblea General de la [Organización de Naciones Unidas], con 55 votos favorables y las abstenciones de Bélgica y Méjico, aprobó el ingreso de España como miembro de pleno derecho, sancionado con la visita del presidente estadounidense Eisenhower en diciembre de 1959.

El ejercicio del poder prevaleció sobre la legitimidad histórica o moral, así que la ONU rechazó el Gobierno republicano en el exilio, presidido por Gordón Ordax desde el 17-XI-1951, y la oposición monárquica desapareció casi totalmente como alternativa viable. La salida del Movimiento Nacional es el mismo Movimiento Nacional había afirmado Franco dos días después de acordar con Juan de Borbón (29-XII-1954) el ingreso de Juan Carlos en la Academia General Militar de Zaragoza.

Fracaso económico

Los éxitos diplomáticos del franquismo difícilmente podían ocultar el rotundo fracaso de una política económica que, hasta 1950, no había conseguido superar los índices de renta y producción agrícola e industrial de 1935.

Según A. Carreras, no se trataba de un estancamiento, sino de una verdadera depresión, de manera que el periodo 1935-1950 resulta que puede ser el único que puede explicar satisfactoriamente el atraso industrial de España en el s. XX.

La crisis de 1956 evidenció los desajustes de un sistema que no solo se mostraba ineficaz para resolver los problemas económicos planteados, sino que suscitaba un creciente rechazo entre la generaciones nacidas después de la Guerra Civil e, incluso, en personas que habían contribuido de forma destacada a su configuración.

El 9 de febrero grupos de falangistas se enfrentaron con estudiantes, un día después se declaró el estado de excepción en todo el país y, el día 11, Franco ordenó la destitución de Ruiz Giménez y sus colaboradores (Laín Entralgo y Antonio Tovar, rectores de las universidades de Madrid y Salamanca, respectivamente), así como la detención de diversos intelectuales, entre ellos Ridruejo, Tamames, Enríque Múgica, Javier Pradera y Ruiz Gallardón.

Antiguos falangistas pronazis, católicos propagandistas, jóvenes de importantes familias monárquicas o tradicionalistas y criptomarxistas coincidían en su oposición al régimen.

En abril, numerosas empresa de Navarra, Vizcaya y Barcelona se declararon en huelga debido a la inmovilización oficial de los salarios y la grave inflación, en la principal protesta obrera conocida desde la II República y, el 8-VI-1956, fue derogado el decreto del 16-I-1948 que prohibía a los patronos conceder aumentos salariales colectivos.

A la conflictiva coyuntura interior se sumó el definitivo fracaso de la política africanista del régimen: el 7-IV-1956, un mes después de Francia, el Gobierno español reconoció la independencia de Marruecos, según protocolo ratificado por Franco y Muhammad V en el Palacio del Pardo (Madrid) el 12-II-1957.

En dos años el coste de la vida aumentó en casi un 40%, mientras las reservas de divisas bajaban de 220 millones de dólares en 1955 a 57 millones en 1958 y el déficit comercial alcanzaba los 387 millones en 1957.

Reajustes en el gobierno

El 30-IX-1958 se fundó en Madrid el [Frente de Liberación Popular], popularmente Felipe, cuya militancia reunió a un numeroso grupo de intelectuales que, en muchos casos, evolucionaron luego hacia el socialismo: Julio Cerón, Carlos Comín, Vázquez Montalbán, Javier Aguirre, Fernández de Castro, Luciano Rincón, José María Maravall, Carlos Romero, Narcís Serra, Pasqual Maragall, Pérez Llorca, Tomás de salas, Jiménez de Parga, Rubert de Ventós, José María Mohedano o Vicente Verdú.

También sobre la base de un cristianismo comprometido comenzó a resurgir la oposición nacionalista en Cataluña, encabezada por Jordi Puyol y Josep Benet, mientras que Gil Robles —en Madrid desde 1953— aglutinaba en torno suyo a monárquicos como Álvarez Miranda. Mientras, Franco, conforme a su práctica habitual, compensó la destitución de Ruiz Giménez en el Ministerio de Educación con la del falangista Fernández Cuesta en la Secretaría General del Movimiento y, ante una posible quiebra del sistema, optó por ensayar una institucionalización del régimen basada en el falangismo, para lo cual contó de nuevo con Arrese como ministro Secretario General del Movimiento, a quien encargó un proyecto de leyes fundamentales.

Sin embargo, este hecho provocó la reacción de todos los sectores no falangistas y, el 25-II-1957, se anunció la formación de un nuevo Gobierno, el cual aportaba importantes modificaciones y señalaba el inicio de una nueva fase del franquismo. No se trataba de un relevo ministerial, como solían declarar los partes oficiales, sino de una amplia remodelación que determinaba la entrada de doce nuevos ministros.

Destituido Girón y relegado Arrese al Ministerio de la Vivienda, de nueva creación, Solís Ruiz pasó a desempeñar la Secretaría General del Movimiento, mientras que el general Camilo Alonso Vega, del cual había afirmado Franco que era demasiado duro, reemplazaba a Blas Pérez en Gobernación, en un intento de extremar la política represiva contra la creciente oposición.

Los cambios más importantes afectaban al sector católico y, con la substitución de Artajo por Fernando María Castiella en Asuntos Exteriores, la [Asociación Católica Nacional de Propagandistas] perdió su hegemonía en beneficio del Opus Dei, que pasaba a monopolizar la política económica con la presencia de Navarro Rubio en Hacienda y Alberto Ullastres en Comercio, ministerio este último al cual se incorporaron también García Moncó y López Bravo.

A partir de ese momento, los tecnócratas impusieron la racionalización burocrática y el crecimiento masivo como postulados prioritarios de un régimen cuyos valores y principios no se cuestionaban, decisivo cambio de orientación gestado en el Ministerio de Presidencia del Gobierno por Carrero Blanco y su secretario general técnico, el también opusdeísta Laureano López Rodó.

Ambos elaboraron, asimismo, el texto definitivo de la Ley de Principios del Movimiento que Franco presentó ante las Cortes el 15-V-1958 y en la cual se recogieron todavía muchas de las ideas fundamentales contenidas en los 26 puntos de [F.E.T. y de las J.O.N.S.], a los cuales debía substituir.

España se reconocía como unidad de destino en lo universal, basada en el acatamiento de la ley de Dios y la unidad intangible entre los hombres y las tierras de España y regida por una monarquía tradicional, católica, social y representativa, con la familia, municipio y sindicato como estructuras básicas de la comunidad y únicos cauces de participación política.

La innovadora gestión económica se convertía de esta forma, en soporte de la continuidad ideológica y factor de legitimación del régimen de Franco quien, el 1-IV-1959, presidió los actos que conmemoraban el vigésimo aniversario de su victoria en la Guerra Civil con la inauguración del Valle de los Caídos (Madrid) y el traslado de los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera a este lugar desde la cárcel de Alicante.

El 21-VII-ese mismo año se aprobó el Plan de Estabilización destinado a controlar la inflación y racionalizar la economía nacional y en los meses siguientes se devaluó la moneda, se redujo la circulación fiduciaria, se elevaron los tipos de interés, se liberalizaron las exportaciones y se bloquearon los presupuestos del Estado.

Al éxito de estas medidas contribuyó el aumento del flujo crediticio de las instituciones financieras internacionales (400 millones de Ptas. en 1959), de las inversiones extranjeras (pasaron de doce millones de dólares en 1958 a 82,6 en 1960) y del número de turistas (seis millones en 1960), el doble que en 1958.

El crecimiento tuvo importantes costes sociales, en especial desempleo, emigración y descenso de los salarios reales, pero las huelgas de 1958, 1961 y 1962 fueron reprimidas de manera expeditiva, lo que motivó la protesta pública de los intelectuales. En el desarrollo del movimiento huelguístico aparecieron las (Comisiones Obreras), como resultado de una nueva estrategia de confrontación que trataba de utilizar en su beneficio la cobertura legal de los sindicatos verticales.

El contubernio de Munich

El 21-IX-1960 se promulgó el Decreto-Ley sobre Bandidaje y terrorismo, que transfería a la jurisdicción militar la competencia de numerosos delitos de carácter político, pero la oposición inició en esos años su lenta aunque constante progresión.

El 24-VI-1961 se creó la [Unión de Fuerzas Democráticas], UFD, en la cual participaban el [Partido Socialista Obrero Español], la [Unión General de Trabajadores], el [Partido Nacionalista Vasco], la [Acción Nacionalista Vasca], ANV, el Sindicato de Trabajadores Vascos, STV, la [Agrupación Republicana Democrática Española, ARDE y diversos grupos de ideología democristiana.

El 1-I-1962 Luis Jiménez de Asúa accedió tras el fallecimiento de Martínez Barrio, a la presidencia de la República en el exilio y, el 8 de marzo, Claudio Sánchez Albornoz formó nuevo Gobierno, más eficaz que los anteriores en la coordinación de las actividades contra el régimen.

Ese mismo año, entre los días 4 y 8 de junio, el IV Congreso del Movimiento Europeo celebrado en Munich (Alemania) contó con la presencia de 118 personalidades de la oposición, procedentes del exilio (38) y del interior (80), entre quienes había social-demócratas como Dionisio Ridruejo y Prados Arrarte; monárquicos liberales como Joaquín Satrústegui, Antonio de Senillosa o Jaime Miralles, y democristianos como Gil-Robles, Álvarez de Miranda e Íñigo Cavero, además de socialistas, nacionalistas vascos, republicanos e independientes, como Salvador de Madariaga.

El Congreso aprobó una resolución final en la que se denunciaba implícitamente el carácter dictatorial del franquismo al exigir el establecimiento de instituciones representativas, la garantía de los derechos personales, el reconocimiento de las comunidades regionales, el ejercicio de las libertades sindicales y la posibilidad de encauzar las corrientes de opinión en partidos políticos legalmente constituidos.

La reacción gubernamental se produjo de manera inmediata, el 8 de junio se declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional y muchos de los participantes en lo que la campaña propagandística dirigida por Arias Salgado denominaba contubernio de Munich, hubieron de optar entre el exilio o el destierro.

El 20-VI Gil Robles dimitió como consejero privado de don Juan de Borbón, quien, desde 1954, había seguido una táctica de colaboración con Franco e, incluso, había aceptado los principios de la Comunión Tradicionalista en 1957.

Con menor repercusión pública, en ese periodo se definieron las fórmulas de acción nacionalista —en 1959 se fundó la organización Euskadi Ta Askatasuna (ETA) y en 1960 un consejo de guerra condenó a Jordi Puyol a siete años de cárcel— que desempeñaron luego una función clave en la socialización del rechazo político al franquismo.

Sin embargo, el protagonismo en el proceso de deslegitimación del régimen, precisamente por su condición de aparato ideológico de este, correspondió a un sector minoritario de la Iglesia que, en palabras de G. Hermet, pasó a cumplir una misión tribunicia respecto a las injusticias y abusos de la autoridad.

El 14-XI-1963 el abad de Montserrat (Barcelona), Aureli M. Escarré, efectuó unas declaraciones al diario francés Le Monde, en las que denunciaba la doctrina oficial que mantenía la división entre los españoles y el espíritu de victoria, cuyas consecuencias provocaron su exilio quince meses después.

A principios de 1966 los enfrentamientos entre universitarios y falangistas del Sindicato Español Universitario (SEU) en Madrid motivaron la suspensión en sus puestos de cinco catedráticos: Aranguren, García Calvo, Aguilar Navarro, Montero Díaz y Tierno Galván.

En Barcelona, el 9-III, estudiantes e intelectuales como Tàpies, Barral, Goytisolo, Espriú, Trías, Estapé Jiménez de Parga, Obiols, Jutglar, Izard, Solé Turá, Manuel Sacristán o Fernández Buey, se reunieron en el convento de los capuchinos para protestar contra la acción policial ejercida sobre el Sindicato Democrático de Estudiantes que, el 11-V, motivó también una marcha pacífica y silenciosa de 130 sacerdotes, disuelta de manera violenta por las Fuerzas de Orden Público (FOP).

La represión gubernamental centralizada en el Tribunal de Orden Público (TOP) desde 1963, mostraba cada vez menos eficacia y solo conseguía activar el movimiento antirrepresivo en el interior y las campañas internacionales de repulsa contra medidas como la ejecución de un militante comunista —Julián Grimau— y dos anarquistas el 20 de abril y el 17-VIII-1963, respectivamente.

Sin embargo, como señaló la dirigente comunista italiana Rossana Rossanda en 1962, España no era una sociedad política silenciada, sino aparentemente una sociedad no política, no amordazada, sino vacía o dotada de otros lenguajes.

El desarrollismo

En efecto, el activismo político constituyó un fenómeno minoritario, ajeno al consenso logrado por el régimen entre una gran parte de la población que se benefició del crecimiento masivo de la economía nacional durante la década de 1960.

En el periodo 1961-1964 este alcanzó el 8,7% anual, el volumen de las importaciones se multiplicó por diez, y por tres el de las exportaciones, lo que permitió recuperar las reservas hasta 1.500 millones de dólares, además de los 1.105 millones de divisas por turismo (más de catorce millones de personas en 1965).

En 1964 entró en vigor el I Plan de Desarrollo concebido por López Bravo —ministro de Industria en el gobierno formado en 10-VII-1962— al que siguieron otros en 1968 y 1972.

Para el equipo de tecnócratas que encabezaba López Rodó la modernización y la prosperidad suponían una garantía de paz pública, desmovilización social y continuidad del régimen: ese mismo año la propaganda oficial conmemoró los 25 Años de Paz (1964) con exacerbación del culto a la personalidad de Franco.

Entre 1966 y 1971 la economía creció un 5,6% anual, ese último año visitaron España más de 25 millones de turistas y, en el decenio 1960-1970 la producción de energía eléctrica pasó de 18.614 a 56.484 millones de Kw./hora; la del acero de 1,9 a más de 7 millones de toneladas, y la de automóviles de 79.732 a más de 450.000 unidades.

En ese mismo periodo el porcentaje de hogares con televisión, frigorífico y automóvil pasó del 1,4 y 4% al 62,63 y 24% respectivamente, y el de población activa agraria descendió del 42 al 25% del total, lo que permitió la incorporación de más de un millón y medio de personas al sector industrial.

La población residente en ciudades de más de cien mil habitantes, un 27% en 1960, superó quince años después la mitad del total, con una renta per cápita que, inferior a los 300 dólares en 1960, alcanzó los 900 en 1970, 1.239 en 1972 y 2.486 en 1975.

Sin embargo, como afirmó Julián Marías, España se convirtió en un país desarrollado, pero mal desarrollado, con graves desajustes, una inflación que alcanzó algunos años el 14% frente a un aumento de los salarios en torno al 7%, desequilibrios sectoriales y regionales, estancamiento de la agricultura, elevada emigración interior y exterior (aunque esta última constituyó un importante ingreso de divisas), intenso proteccionismo, regresión fiscal, insuficiencias asistenciales, especulación, masificación, chabolismo y desastres ecológicos.

La transformación sin precedentes de una sociedad rural en otra industrial y urbanizada, con elevados niveles de bienestar y consumo, se manifestó también en cambios de índole cualitativa, como la nueva cultura de masas, la generalización del ocio, la disminución de la práctica religiosa, la tolerancia en las costumbres y la apertura a Europa, más y mejor desarrollada, pero frente a la cual se destacaban los valores de lo pretendidamente español.

A la liberalización contribuyó la Ley de Prensa e imprenta promulgada el 18-III-1966 por Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo, a pesar de los frecuentes casos de censura y sanciones gubernativas. Este amplio e intenso proceso de transformación y modernización de la sociedad española se desarrolló bajo la estructura legal e institucional del régimen de autoridad personal que, con provisionalidad y objetivos muy distintos, se había establecido entre 1936 y 1939.

Adecuación legislativa

Casi treinta años después, la Ley Orgánica del Estado (LOE) planteaba finalmente su institucionalización como requisito necesario para asegurar la continuidad en una coyuntura substancialmente distinta.

Sometida a referéndum el 14-XII-1966, tras una intensa campaña dirigida por Fraga Iribarne, votó afirmativamente el 95% del electorado y la participación fue casi del 89% del censo (19 millones de personas), según los datos oficiales.

La LOE, vigente desde el 10-I-1967, se limitaba a regular orgánicamente el conjunto de ls instituciones, sin introducir elementos de democratización como los anunciados el 22-XI-1966 por Franco en su discurso de presentación de la ley ante las Cortes aunque, por primera vez, esta incorporaba una representación directa, la familiar.

Su desarrollo posterior resultó aún más regresivo después de que los sectores más inmovilistas frustraran la Ley de Libertad Religiosa del 28-VI-1967 propuesta por Castiella, y con la promulgación de la Ley de Representación Familiar esa misma fecha, los Estatutos del Movimiento en XII-1968 y la Ley de Asociaciones en VII-1969, estas dos últimas a iniciativa de Solís.

El recurso de apelación o contrafuero suponía, asimismo, una fórmula restrictiva en exceso y la prevista separación de las jefaturas de Gobierno y de Estado no mermaba, en absoluto, el poder de esta última. El Movimiento y su Consejo Nacional conservaban todas sus facultades de control de la actividad política y, si bien se ratificaba la monarquía como forma de gobierno de la nación, no se designaba sucesor.

La candidatura de Juan Carlos, sin embargo, parecía segura gracias al apoyo de Carrero Blanco y López Rodó, a la evolución del pretendiente carlista Carlos Hugo hacia el socialismo y a la campaña de afirmación rupturista iniciada por Juan de Borbón ese mismo año siguiendo los consejos de su nuevo asesor, José María de Areilza.

El 14-V-1962 una amplia representación oficial acudió a la boda de Juan Carlos de Borbón con la princesa Sofía de Grecia, celebrada en Atenas (Grecia) y, desde 1964, este comenzó a aparecer junto a Franco en diversos actos protocolarios.

En XII-1968 se procedió a la expulsión de toda la familia Borbón-Parma, incluidos Javier y Carlos Hugo y, el 7-I-1969, Juan Carlos realizó unas declaraciones en el diario Pueblo en las que manifestaba su acatamiento a las leyes fundamentales y disposición a aceptar su posible nombramiento como sucesor. Finalmente, el 22-VII-1969, Franco anunció ante las Cortes la designación, aunque el relevo en el poder solo se produciría en caso de muerte o de incapacidad.

Nueva política exterior

La política exterior se centró, durante la década de 1960, en la renegociación de los acuerdos con los EE.UU. (1963), la descolonización de Guinea Ecuatorial e Ifni, culminada en 1968, y las reivindicaciones sobre Gibraltar, cuya frontera se cerró ese último año después de que el Reino Unido se negara a cumplir las resoluciones dictadas sobre la cuestión por la Asamblea General de la ONU (1967).

El 29-X-1969 Franco realizó la remodelación del gobierno más amplia y uniforme ideológicamente de su mandato: se renovaron 13 de los 18 ministros, doce de ellos afines a la tendencia conservadora y tecnocrática de López Rodó y Carrero, quien, como vicepresidente, ejercía virtualmente como jefe del Consejo.

El nuevo gabinete consiguió mantener el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en los años siguientes (4,1% en 1970, 4,9 en 1971, 8,1 en 1972 y 7,8 en 1973), aunque a costa de una inflación que alcanzó el 11,4% en 1973 y un déficit comercial de 4.500 millones de dólares para ese último año.

En Asuntos Exteriores el acceso de López Bravo supuso un cambio respecto a la recurrente política internacional legada por Castiella y, en 29-VI-1970, se firmó un acuerdo preferencial con la Comunidad Económica Europea (CEE), de renovó la alianza con EE.UU. —el presidente Richard Nixon visitó España en octubre— y se establecieron relaciones diplomáticas con China y diversos países del E. europeo.

Conflictividad interior

La Ley de Educación de Villar Palasí 3-VIII-1970 aportó, asimismo, una nueva orientación en materia educativa, aunque la Ley Sindical (17-II-1971) mantuvo excesivas restricciones respecto a la creciente movilización obrera (en 1970 se contabilizaron 1.595 huelgas).

A la conflictividad social, política y laboral generalizada, el Gobierno respondió con acciones represivas que, a su vez, provocaban una mayor intensificación de la protesta, en un proceso que alcanzó con frecuencia elevados niveles de violencia.

El 2-VIII-1968 se produjo la primera víctima mortal de ETA —que emprendió una cruenta ofensiva entre 1970 y 1973— y, para la propaganda oficial, el nacionalismo radical vasco sustituyó al comunismo como principal enemigo del régimen.

El juicio celebrado en Burgos, a partir del 3-XII-1970, contra varios militantes de esa organización, se convirtió en centro de numerosas acciones de rechazo, como la asamblea reunida en Montserrat desde el 12 de ese mes con presencia de numerosos intelectuales, entre ellos Joan Miró, Nuria Espert, Ana M. Matute, Antoni Tàpìes, Joan Benet, Oriol Bohigas, Pi de la Serra, Esther Tusquets, Jorge Herralde, Montserrat Roig o Joan M. Serrat.

El día 14 se declaró el estado de excepción en todo el país, mientras se extendía la repulsa internacional, contra la cual el régimen convocó una concentración en la plaza de Oriente, el día 18, que recordaba la celebrada en ese mismo lugar en 1946.

La solución final al juicio de Burgos supuso la claudicación y el desprestigio internacional del régimen, así como un punto sin retorno en la evolución del nacionalismo vasco y el acuerdo entre las distintas fuerzas opositoras. La crisis política se intensificó en los dos años siguientes y motivó un ajuste ministerial, el 11-VI-1973, destinado a reforzar el inmovilismo continuista con el nombramiento de Arias Navarro en Gobernación y la transmisión, por primera vez, de la Jefatura del Gobierno a Carrero Blanco.

Sin embargo, con el asesinato de este último por ETA el 20-XII, el mismo día que se iniciaba el proceso 1.001 contra los dirigentes de (Comisiones Obreras), la descomposición del sistema inició un proceso irreversible. Casi dos semanas después 3-I-1974 Franco nombró presidente de Gobierno a Arias Navarro quien, en su primer discurso ante las Cortes (12-II-1974), anunció su programa liberalizador: Ley de Asociaciones Políticas 16-XII-1974 y legalización del derecho a huelga en IV-1975.

Desaparecido Carrero, el que pronto se conoció como espíritu del 12 de febrero trataba de erigirse en solución intermedia entre el sector inmovilista del franquismo —representado por los ex-combatientes de Girón, los neofascistas de Blas Piñar, los generales falangistas como García Rebull o Iniesta Cano y los integristas católicos— y los aperturistas del régimen como Fraga Iribarne, Garicano Goñi, Fernández Miranda y, en especial, los democristianos del grupo Tácito.

La oposición democrática

Frente la reformismo la oposición se mostró de acuerdo en reclamar una ruptura que permitiera el restablecimiento de las libertades democráticas y garantizara el respeto a los derechos individuales y colectivos.

El 30-VII-1974 se formó la JD, Junta Democrática, integrada por el PCE, Partido Comunista de España de Santiago Carrillo y el PSI, Partido Socialista Independiente, fundado por Tierno Galván el 21-I-1968 y, a partir de del 3-XI-1974, denominado PSP Partido Socialista Popular, además de otros grupos como el PTE, Partido de los Trabajadores de España y, temporalmente el Partido Carlista-Socialista de Carlos Hugo.

De forma paralela, el 11-VI-1975 se constituyó la [Plataforma de Convergencia Democrática] patrocinada por el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, cuya directiva había sido totalmente renovada en el XIII Congreso celebrado en Suresnes (Francia, X-1974), en el que se impusieron los socialistas sevillanos Felipe González y Alfonso Guerra, y se refrendó el éxito obtenido por Nicolás Redondo en el XI congreso de la UGT, Unión General de Trabajadores.

En la [Plataforma de Convergencia Democrática] participaron ID, Izquierda democrática, PNV, Partido Nacionalista Vasco, USDE, Unión Social-Demócrata Española, de Ridruejo, el MC, Movimiento Comunista, los grupos catalanistas de Barrera y Pallach y, durante cierto tiempo, la ORT, Organización Revolucionaria de Trabajadores].

El 13-IX-1975 la Junta y la Plataforma emitieron su primer comunicado conjunto, si bien la unión no se efectuó hasta el 17-III-1976. Al movimiento de oposición política se sumó en ese periodo la protesta de diversos sectores de la Iglesia, en especial de colectivos sacerdotales y organizaciones de apostolado seglar como las HOAC, Hermandades Obreras de Acción Católica y las JOC, Juventudes Obreras Católicas.

Sin embargo, el conflicto alcanzó a la jerarquía eclesiástica con el llamado caso Añoveros (II-1974), motivado por la una homilía de este obispo en la cual defendía la especificidad lingüística y cultural del País Vasco, que provocó una crisis en las relaciones del régimen con la Santa Sede ya deterioradas desde la celebración del Concilio Vaticano II (1962-1965), cuyas directrices trataba de aplicar en España el cardenal Tarancón.

Incluso en el ejército surgieron tendencias renovadoras, representadas entre la oficialidad por la [Unión Militar Democrática], UMD, que contaban con el apoyo del Jefe del Alto Estado Mayor, general Díez Alegría, destituido de su cargo el 13-VI-1974, casi dos meses después de que en Portugal una insurrección militar, conocida como la revolución de los claveles, pusiera fin a la dictadura de Oliveira Salazar.

El 29-X-1974 Arias Navarro, presidente del Gobierno desde el 3-I-1974 (y que lo sería tras la muerte de Franco, hasta el 7-VII-1976), realizó un ajuste ministerial para substituir a Pío Cabanillas, (ministro de Información y Turismo) y a Antonio Barrera de Irimo (vicepresidente segundo y ministro de Hacienda) por León Herrera Esteban y Rafael Cabello de Alba, respectivamente, decisión que provocó un hecho inédito en la historia política del franquismo: la dimisión solidaria de varios colaboradores, entre ellos Marcelino Oreja y F. Fernández Ordóñez.

Último gobierno de Franco

El último gobierno del general Franco, presidido también por Arias Navarro, se formó pocos meses después de esas substituciones, el 11-III-1975, y los cambios afectaron a los departamentos de Trabajo, Comercio, Industria, Justicia y Secretaría General del Movimiento.

De este último gabinete del franquismo se mantendrían en sus puestos en el primer Gobierno de la monarquía (12-XII-1975- 7-VII-1976), hasta el nombramiento de Adolfo Suárez González en la Presidencia, el propio Arias Navarro, Gabriel Pita da Veiga (Marina) y Antonio Valdés y González Roldán (Obras Públicas).

Al agravamiento de la crisis coyuntural contribuyeron la campaña terrorista de ETA, del FRAP, Frente Revolucionario Antifascista y Patriota y del GRAPO, Grupo Revolucionario Antifascista Primero de octubre; las reclamaciones de Marruecos sobre el Sahara Occidental —última colonia española—, y los efectos de la crisis económica internacional, perceptibles en España desde 1974.

Pero esto hechos se superponían a la crisis estructural del sistema, que declaradamente católico era condenado por amplios sectores de la Iglesia, que prohibía las huelgas cuando miles de estas se producían y que, desde el autoritarismo, buscaba alguna forma imposible de legitimidad democrática. En última instancia, sus dirigentes recurrieron a la reafirmación de sus principios, la exclusión de sus adversarios e, incluso, la eliminación física de sus enemigos.

El 1-III-1974 fue ejecutado el anarquista catalán Puig Antich y el 27-IX-1975 cinco miembros de ETA Euskadi ta Askatatuta y el FRAP, Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, a pesar de numerosas solicitudes de clemencia recibidas por el Consejo y de las manifestaciones de protesta convocadas en diversa capitales europeas, a las cuales la ultraderecha respondió de nuevo con una multitudinaria concentración en la Plaza de Oriente. Esta constituyó la última intervención pública de Franco que, gravemente enfermo, falleció en Madrid el 20-XI-1975.

R.B.: VARIOS AUTORES, Gran Enciclopedia de España, Ed. Enciclopedia de España, 2003, tomo IX págs. 4221-4228.