La Transición

Introducción
El cambio de Régimen
La Marcha Verde
La solución Monárquica
La operación Lucero
El mensaje póstumo de Franco
Primer discurso del futuro Rey
El entierro del general Franco
La coronación de los Reyes
Las primeras decisiones del Rey
La oposición antifranquista
Mensaje de Juan Carlos a Carrillo
Huelgas y manifestaciones
La Plata-Junta
Cataluña y el País Vasco
Los sucesos de Montejurra
Caída de Carlos Arias Navarro
Nombramiento de Adolfo Suárez
El primer gobierno de Suárez
La reforma política
Suárez y el Ejército
La clase política se organiza
Aprobación de la Ley de Reforma
Referéndum para la Reforma Política
Enero 1978, mes trágico
Legalización del PCE
Elecciones generales de VI-1977
Los Pactos de la Moncloa

La Transición

Periodo de la historia de España comprendido entre la muerte del general Franco y la promulgación de la Constitución de 1978, aunque también se suelen considerar dentro de él los años transcurridos hasta las elecciones (X-1982), durante los cuales se sentaron las bases democráticas del nuevo Estado.

El Cambio de Régimen

Capilla ardiente del Generalísimo Franco en el Palacio de Oriente.Capilla ardiente del Generalísimo Franco en el Palacio de Oriente.

Con la muerte del general Franco la madrugada del (20-XI-1975) terminaba una etapa histórica de casi cuarenta años marcada por la Guerra Civil 1936-1939 y por la profunda división entre vencedores y vencidos. El régimen franquista, que evolucionó desde un modelo propio de dictadura militar hasta un régimen autoritario, no dejó de recordar en ningún momento su victoria sobre los republicanos como fuente de legitimidad política.

Tampoco cejó nunca en su determinación a la hora de reprimir la disidencia política a base de recortar el ejercicio de las libertades públicas de todos los españoles. Franco, que había gobernado con mano de hierro y que, al mismo tiempo, había conducido el país hasta unos niveles de desarrollo económico que situaron a España como la undécima potencia industrial del mundo, fallecía en la Ciudad sanitaria de la Paz después de haber padecido una larga agonía.

La prolongada agonía del Jefe del Estado había colocado el país en las últimas semanas en un estado de parálisis que no hizo sino acrecentar las incertidumbres sobre el futuro.

La Marcha Verde

España estaba viviendo una peligrosa situación de vacío de poder en un momento en que el rey Hasan II de Marruecos estaba a punto de dar la orden a sus huestes —cientos de miles de marroquíes, civiles y desarmados— para que invadieran pacíficamente el Sahara español, en lo que se vino a denominar la Marcha Verde.

Con Franco hospitalizado, Juan Carlos de Borbón asumió la Jefatura del Estado en funciones (30-X-1975). La realidad, no obstante, es que durante los veinte días siguientes el príncipe de España ocupó el más alto puesto de representación del Estado, sin poder asumir ninguno de los poderes que le eran inherentes.

La Solución Monárquica

La solución monárquica decidida por Franco en 1969, cuando designó a Juan Carlos de Borbón como su sucesor en la Jefatura del estado a título de rey, fue mal recibida por casi todos los sectores de la vida política española, tanto dentro como fuera de las estructuras políticas del régimen.

Por una parte, Juan Carlos de Borbón no contaba con el apoyo de los franquistas ortodoxos, que lo que proyectaban para el futuro inmediato era mantener al príncipe completamente al margen de los resortes de poder del Estado, otorgándole el papel de mera representación simbólica de España en el exterior.

Los monárquicos, por su parte, tampoco lo querían, pues entendían que el titular de los derechos de la corona era Juan de Borbón, padre del príncipe. Por otra parte, la oposición antifranquista moderada, básicamente aglutinada en torno a posiciones democristianas y liberales, consideraba al príncipe un mero epígono de Franco y no esperaba de su trayectoria nada que se pareciera, ni siquiera remotamente, a una apuesta por la democratización del país.

La oposición de izquierda, finalmente, además de ser antifranquista, era históricamente republicana. Juan Carlos de Borbón era en opinión de dirigentes tan destacados como el secretario general del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo, una marioneta que Franco manipula como quiere.

La Operación Lucero

Había dos elementos que resultaban políticamente determinantes para calibrar la posible capacidad de acción política del futuro Jefe del Estado, el príncipe Juan Carlos de Borbón. Uno, el hecho de que el presidente de Gobierno, Arias Navarro, hubiera sido nombrado por Franco para un periodo de cinco años —solo llevaba en el cargo dos—, lo cual aseguraba, en principio su mandato hasta enero de 1979.

Y otro, que en ese mes (XI-1975) aún estaba pendiente de renovación un cargo absolutamente clave en la estructura de poder, como era el de presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, ocupado entonces por Alejandro Rodríguez de Valcárcel, y cuyo periodo de mandato era de seis años.

Si el 26 de noviembre, día en que expiraba el mandato de Valcárcel, Franco todavía vivía, lo más probable era que los popes del régimen hubieran aprobado la renovación del actual presidente del Consejo del Reino como un gesto de continuidad política que, de paso, también hubiera asegurado su propia continuidad.

Franco murió el 20 de noviembre a las 02.40 h de la madrugada, y no a las 05.20 h, que es la que ha quedado establecida para la Historia como hora oficial de su fallecimiento. La razón de haber mantenido en secreto durante dos horas y media el hecho irreversible de que la larga agonía del Jefe del Estado español había llegado a su fin era de índole política.

Los altos mandos del régimen se habían preparado largamente para ese momento y tenían a punto un plan de acción para cuando Franco dejara de existir, que se dio en llamar Operación Lucero: un minucioso dispositivo de seguridad que afectaba a todos y cada uno de los cargos con responsabilidad, en todos los niveles de la vida pública nacional, fueran civiles, militares o de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Se trataba de ganar unas horas para que todos pudieran llegar a sus puestos, y se mantuvieran en ellos y comunicados entre sí en el momento en que se diera a conocer a los españoles la noticia de la muerte de Franco. El régimen desconocía por completo que podía suceder en el país en ese instante; lo que había, en una palabra, era el temor de que, muerto Franco, se desatara en España una especie de asalto al Palacio de Invierno o toma de la Bastilla.

Mensaje póstumo de Franco

La noticia de la muerte de Franco la hizo pública a las 06.00 h el ministro de información, León Herrera Esteban, a través de los micrófonos de Radio Nacional de España. Sin embargo, fue el Presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, quien se dirigió a los españoles a través de Televisión Española para leer el testamento de Franco.

El texto, leído a las 10.00 h del mismo día 20 de noviembre, contenía, además de las consideraciones personales propias de quien hace un repaso de su vida antes de morir, una recomendación política de gran importancia, por los efectos directos que tuvo años más tarde en la vida pública española: que se prestara al rey el máximo apoyo.

Os pido —decía Franco— que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado, y le prestéis en todo momento el mismo apoyo y colaboración que de vosotros he tenido.

Esta petición, lanzada en términos genéricos, era para los militares una orden y, como tal, la iban a cumplir. Franco, como jefe supremo de los tres ejércitos, trasladaba con esa recomendación su autoridad y su mando al nuevo Jefe del Estado.

Así lo confirmaba apenas veinticuatro horas después de la muerte del general y antes, por tanto, de que el príncipe hubiera jurado ante las Cortes, como rey de España, el Boletín Oficial del Estado. El mensaje póstumo de Franco insistía también en la necesidad de mantener la unidad de España.

Mantened la unidad de las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de sus regiones, como fuente de fortaleza de unidad de la patria. No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Velad también vosotros y deponed, frente a los intereses supremos de la Patria y del pueblo español, toda mira personal.

Significativamente, el primer acto como rey de Juan Carlos de Borbón fue el envío de un mensaje dirigido a los militares, ya como su nuevo jefe supremo, en el que afirmaba sentirse orgulloso de saber que contaba con su adhesión y lealtad.

Esa vinculación en la cadena de mando entre el ejército y el rey surtió su mayor efecto en febrero de 1981, cuando Juan Carlos I hizo saber a los capitanes generales que se oponía al intento de golpe de Estado protagonizado por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero y los teniente generales Armada y Milans de Bosch.

En la madrugada del día 21 los restos de Franco, que había sido embalsamado en la Ciudad sanitaria la Paz, fueron trasladados al Palacio de Oriente, donde quedó instalada la capilla ardiente abierta al público. Las puertas de palacio se abrieron a la ocho de la mañana del día 21 y durante dos días cientos de miles de ciudadanos pasaron en dos filas, una a cada lado del ataúd, delante del cadáver de Franco.

Las cámaras de TVE, que dieron testimonio de esta ceremonia ciudadana, permiten afirmar que por allí pasaron españoles de toda clase y de muy distinta ideología política.

1º discurso del futuro rey

A las 12,15 h. del 22-XI-1975 dio comienzo el acto de la jura. En primer lugar, el Presidente del Consejo de Regencia, que a la muerte de Franco se había hecho cargo de la responsabilidad del Estado, pidió a Juan Carlos el juramento de rigor, esto es, el de cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los principios del Movimiento Nacional.

Evidentemente, el objetivo de conducir al país a un sistema democrático no se podía alcanzar cumpliendo las Leyes Fundamentales y los principios del Movimiento, el único partido tolerado por el régimen.

Sin embargo, Fernández Miranda, le había explicado, hacía muchos años también, que ese juramento le obligaba, efectivamente, pero no le ataba, pues las Leyes Fundamentales no eran inamovibles y en su propio articulado se indicaban las vías para su reforma.

Así pues, si se respetaban los preceptos legales establecidos, la reforma política a la que el rey aspiraba para España no solamente era posible, sino que también podía ser legal, aunque sin duda difícil. En su discurso el rey anunciaba que:

nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional, afirmaba la necesidad de integrar en objetivos comunes las distintas y deseables opiniones y la participación de todos en los foros de decisión, en los medios de información, en los niveles educativos y en el control de la riqueza nacional y, por último declaraba que el rey quiere serlo de todos a un tiempo y de cada uno en su historia, en su cultura y en su tradición.

A partir de ese instante comenzaba una nueva etapa en la historia de España, aunque pocos conocían los derroteros por los que el país iba finalmente a discurrir.

El entierro de Franco

El entierro del general Franco tuvo lugar el domingo 23 de noviembre. A las diez daba comienzo el solemne funeral corpore insepulto al aire libre en la Plaza de Oriente. Oficiaba el cardenal primado de España, monseñor González Martín.

La realidad es que el presidente del Gobierno, Carlos Arias, había estado presionando al presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Madrid, cardenal Tarancón, para conseguir que el funeral fuera concelebrado por todos los obispos de España y fuera él quien oficiara el funeral y pronunciara la correspondiente homilía.

Sin embargo, el cardenal Tarancón rehuyó tal responsabilidad porque quería celebrar la ceremonia de la coronación del rey, que iba a tener lugar unos días más tarde. Fue, en definitiva, una apuesta política en la que la Iglesia española eligió dejar radicalmente atrás el pasado y mirar hacia el futuro.

La coronación de los Reyes

Cuatro días después del entierro de Franco, tuvo lugar en la iglesia de San Jerónimo el Real la ceremonia religiosa que en el protocolo español hace las veces de coronación de los reyes. En contraste con los funerales del anterior Jefe del Estado, que habían contado con una escasísima presencia de dignatarios extranjeros, numerosas personalidades políticas de los países democráticos occidentales acudieron a la coronación del rey de España.

No se trataba tanto de un respaldo firme a la persona de Juan Carlos y a un proyecto político de futuro que a esas alturas nadie conocía, sino más bien de una suerte de apuesta condicionada, y con fecha de vencimiento, que las democracias europeas y americana concedían al nuevo jefe del Estado y al propio país, que en esos momentos se disponía a tejer un futuro que aún resultaba una incógnita.

Aunque se había previsto que el acto religioso fuera un tedeum, el cardenal Tarancón y el propio rey optaron por realizar una misa del Espíritu Santo. El cambio no solo era formal, había algo más: en un tedeum no hay homilía, mientras que en una misa la homilía es obligada. El cardenal Tarancón tenía gran interés en fijar ante todos los españoles, y también ante el nuevo jefe del Estado, la posición que deseaba tener la iglesia de ahora en adelante ante los asuntos del Estado.

Protagonizó así una larga y contundente intervención, que resulta histórica, en defensa de los principios que inspiran una democracia, pero también en defensa de la separación efectiva entre la Iglesia y el Estado. La homilía causó un tremendo impacto en todos los sectores. Entre los franquistas, que en ese momento se hallaban en el pleno ejercicio del poder y esperaban continuar en él durante mucho tiempo, la irritación por las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal era inmensa.

Entre los demócratas, la homilía fue recibida con satisfacción. A la misma hora que tenía lugar la coronación del rey se producían las primeras movilizaciones políticas que llevó a cabo la oposición desde el comienzo de la enfermedad de Franco: las concentraciones delante de la mayor parte de las cárceles españolas en demanda de amnistía para los presos políticos eran duramente reprimidas por la policía.

Primeras decisiones del rey

El primer Consejo de Ministros presidido por Juan Carlos I (25-XI-1975) había aprobado un indulto que beneficiaba a los presos comunes mucho más que a los políticos y que conmutaba automáticamente todas las penas de muerte. Sin embargo, lo que la oposición democrática reclamaba no era un indulto ni una amnistía parcial: exigía una amnistía total.

La primera decisión que Juan Carlos I tuvo que tomar al comienzo de su reinado fue de una extraordinaria dificultad, no por la decisión en sí, sino por los obstáculos que se le oponían.

Aunque el rey acababa de heredar los omnímodos poderes que Franco había ejercido en vida, que le convertían formalmente en el titular de la única monarquía absoluta existente en Europa, la realidad era muy diferente. Franco pudo ejercer, y ejerció, todo su poder con la complacencia, e incluso, la sumisión reverencial de los suyos.

Sin embargo, en las altas esferas políticas e institucionales del franquismo se hubiera producido un auténtico sabotaje, que hubiera dado al traste con la frágil existencia de la recién nacida solución monárquica, si se hubiera tenido la sospecha de que el joven jefe de Estado designado por Franco tenía el propósito de prescindir de quienes se consideraban piedras sillares de España y de su futuro político.

Por eso para el rey, la sola opción de sustituir al presidente del Gobierno y, además, no renovar en su cargo al presidente de las Cortes y del Consejo del Reino -Alejandro Rodríguez Valcárcel-, cuyo mandato había expirado la víspera de su coronación, se convirtió en una operación imposible.

Sin embargo, aunque mantuvo en su puesto a Carlos Arias, intentó situar a Torcuato Fernández Miranda, su más valioso asesor, en la presidencia de las Cortes y del Consejo del Reino, organismo este último que era el encargado de, entre otras cosas, de presentar al jefe del Estado una terna con los nombres de los posibles presidentes de Gobierno, para que, de entre los tres, saliera el elegido.

Fernández Miranda era hombre del régimen -había sido ministro secretario general del movimiento y vicepresidente del gobierno con Carrero Blanco-, pero no pertenecía a ninguna de las familias políticas y, por tanto, no era querido por ninguna de ellas.

De hecho, las informaciones que llegaban al palacio de la Zarzuela decían que los consejeros del reino no se mostraban predispuestos a votar la candidatura de Torcuato. Juan Carlos I tomó la opción de solicitar ayuda al presidente del gobierno, Carlos Arias, e incluso a José Antonio Girón de Velasco, consejero del reino, uno de los grandes iconos del franquismo. El apoyo para sacar a Torcuato como presidente del Consejo del Reino era en cambio asegurar a Arias Navarro en la Presidencia del Gobierno.

El 1-XII-1795 se celebró la reunión más larga de la historia del Consejo. Tras siete horas de intensos debates, Fernández Miranda se incluyó en la terna que había de ser presentada al rey. Juan Carlos I había ganado esta primera batalla política. El (13-XII-1975) juraban sus cargos los ministros del nuevo gobierno, el primero de la monarquía.

Se trataba de un gabinete heterogéneo en el que coincidían franquistas puros, como el vicepresidente de Asuntos para la Defensa, teniente general De Santiago, o el ministro de Trabajo, José Solis, con personalidades liberales, como el ministro de Justicia, Antonio Garrigues, y un puñado de políticos jóvenes entre los que figuraban miembros del franquismo reformista, como el demócrata-cristiano Alfonso Osorio, o los procedentes del Movimiento Nacional, como Rodolfo Martín Villa o Adolfo Suárez.

Pero los verdaderos protagonistas de ese gobierno fueron el ministro de Asuntos Exteriores, José María de Areilza, y el vicepresidente para Asuntos del Interior y ministro de la Gobernación, Manuel Fraga.

Oposición antifranquista

Tras la muerte de Franco, la oposición antifranquista había agrupado sus fuerzas, aunque no completamente, con el propósito de estar presente y activar el proceso de cambio que se sabía inexorable.

El PCE, (Partido Comunista de España), dirigido por Santiago Carrillo, encabezaba desde junio de 1974 la llamada Junta Democrática de España, a la que se habían sumado otros partidos, como el PSP, (Partido Socialista Popular) del profesor Tierno Galván, el Partido Carlista, el sindicato CCOO, (Comisiones Obreras) y diversos grupos regionalistas, además de un puñado de personalidades independientes.

Por su parte, el PSOE, (Partido Socialista Obrero Español), liderado por Felipe González, había puesto en marcha desde junio de 1975 otra plataforma unitaria de oposición, la Plataforma de Convergencia Democrática, a la que se habían sumado otros pequeños partidos, como ID, (Izquierda Democrática), de Joaquín Ruiz Jiménez; la USDE, (Unión Social Demócrata Española), partido reformista liberal fundado por Dionisio Ridruejo y liderado por Antonio García López; el PNV, (Partido Nacionalista Vasco); los sindicatos UGT, (Unión General de Trabajadores) y CNT, (Confederación Nacional del Trabajo); el Partido Carlista, que había abandonado la Junta porque esta no condenaba expresamente la monarquía establecida por las leyes franquistas; el MCE, (Movimiento Comunista de España); la ORT, (Organización Revolucionaria del Trabajo); ERC, Esquerra Republicana de Cataluña y el PSC-R, (Partit Socialista de Catalunya-Reagrupament) de Josep Pallach.

Al margen de estas dos grandes plataformas de oposición democrática, que tardarían aún algunos meses en sellar un acuerdo de unidad de acción, quedaban algunos grupos liberales, el importante grupo de la democracia cristiana que lideraba Gil Robles y la mayor parte de los partidos catalanes, que optaron por mantener plataformas únicamente catalanas y no sumarse a los organismos políticos de ámbito estatal.

La razón de que durante los últimos tiempos del franquismo coexistieran dos organismos unitarios de oposición y de que ni siquiera a la muerte de Franco se hubiera logrado alcanzar un acuerdo final de unidad efectiva hay que buscarla en la resistencia y desconfianza que mostraban los jóvenes dirigentes socialistas —y también sus patrocinadores— hacia las pretensiones del (Partido Comunista de España), al que atribuían una vocación hegemónica en el ámbito de la izquierda.

En cualquier caso, en aquellos momentos, era el (Partido Comunista de España) y su reacción ante la monarquía y el nuevo gobierno lo que preocupaba al poder.

El (Partido Socialista Obrero Español) era una organización pequeña, inactiva en los años anteriores, y los aperturistas del Gobierno, especialmente Manuel Fraga, aspiraban a contar con él en el nuevo panorama político que apenas empezaba a esbozarse.

Mensaje del rey a Carrillo

En octubre de 1975, el líder del (Partido Comunista de España) había declarado a una periodista italiana que la llegada de la democracia a España sería el resultado de una huelga general. El rey se mostraba preocupado de que los comunistas decidieran lanzar ese órdago y tomó una decisión extraordinariamente arriesgada: en el más absoluto de los secretos, envió mediante un emisario personal un mensaje para Santiago Carrillo.

La razón del secreto era evidente: si en las esferas del régimen hubiera llegado a trascender que el sucesor de Franco estaba intentando ponerse en contacto con el asesino de Paracuellos, la bestia negra del franquismo desde la Guerra Civil hasta entonces, la continuidad del rey como jefe del Estado y de la propia monarquía se hubieran visto amenazadas.

El emisario era un amigo del monarca, Manuel de Prado, y la vía para hacer llegar el mensaje a Carrillo era el presidente de Rumanía, Nicolae Ceaucescu, un líder comunista al que los gobiernos occidentales consideraban por entonces relativamente independiente del poder soviético y que mantenía buenas relaciones con el (Partido Comunista de España). El mensaje verbal que de Prado trasmitió al líder rumano era, en esencia, el siguiente:

El rey tiene como objetivo esencial devolver las libertades al pueblo, y sabe que eso se logra únicamente a través de un sistema democrático, con la intervención de los correspondientes partidos políticos. El Rey desea construir una democracia buscando la reconciliación de los españoles, no con un rompimiento del pasado, sino a través de la posibilidad que dan las leyes franquistas de evolución política.
El Rey quiere que Santiago Carrillo sepa que él se compromete a pedir la legalización del (Partido Comunista de España) en uno o dos años. A cambio, el Rey pide al señor Carrillo que cese en sus ataques a la institución monárquica y en las descalificaciones al proceso político que el Rey se propone poner en marcha. Su Majestad pide moderación y templanza a Santiago Carrillo. Y le pide paciencia.

Huelgas y manifestaciones

En enero y febrero de 1976, aprovechando que se estaban negociando más de dos mil convenios colectivos, se produjo un movimiento huelguístico sin precedentes en la reciente historia de España, que afectó a la práctica totalidad del movimiento obrero y de la economía nacional.

Las huelgas, en las que participaron más de medio millón de trabajadores, tenían un marcado signo político y habían sido preparadas por el (Partido Comunista de España) a través del sindicato (Comisiones Obreras), con el propósito de provocar la caída del nuevo gobierno y del régimen que lo sustentaba. Las movilizaciones fueron muy importantes, impresionantes, y el objetivo era político, era la ruptura, explica el líder obrero catalán, José Luis López Bulla.

A finales de febrero, la ola de huelgas había remitido en toda España, salvo en Vitoria (Álava), donde el conflicto laboral en la empresa Forjas Alavesas se había ido extendiendo y enconando hasta culminar en una matanza: el 3 de marzo las fuerzas antidisturbios cargaron contra miles de trabajadores reunidos en asamblea en la iglesia San Francisco de Asís; cinco trabajadores murieron por disparos de la policía y 45 resultaron heridos de bala.

En respuesta, cientos de manifestantes se echaron a la calle y recorrieron la ciudad apedreando edificios oficiales. También en otras ciudades españolas hubo manifestaciones de protesta, y de nuevo fueron reprimidas con la máxima dureza por la policía, dando como resultado dos nuevas víctimas mortales, una en Tarragona y otra en Basauri (Vizcaya).

La Plata-junta

Los ministros aperturistas del Gobierno, principalmente Areilza y Fraga, se esforzaban por vender el proyecto de reforma política que el Gobierno estaba tejiendo, que incluía el reconocimiento del ejercicio pleno de todos los derechos y libertades políticas y que debía culminar con el establecimiento de un sistema parlamentario basado en elecciones libres por sufragio universal y en una Constitución democrática.

Sin embargo, la actitud inmovilista que mantenía una parte importante del Gobierno, empezando por el propio presidente Arias, lo sucedido en Vitoria y la tensión generada por la actuación gubernamental aceleró el acuerdo entre las dos plataformas de oposición política.

Así, el (23-III-1976), nació un nuevo organismo de oposición, al que se incorporaron todas las formaciones integradas en la Plataforma de Convergencia Democrática y la Junta Democrática de España, que recibió el nombre de Coordinación Democrática, popularmente conocida como Plata-junta.

Los esfuerzos de los partidos políticos antifranquistas por llegar finalmente a este acuerdo unitario nacieron del convencimiento de que la realidad de la oposición democrática era su manifiesta debilidad ante el poder. Las circunstancias nos obligaron a todos a intentar un acercamiento y un diálogo que superara las discrepancias, reconocía Felipe González, una opinión con la que siempre estuvo de acuerdo Santiago Carrillo.

Cataluña y el País Vasco

Desde 1973 venía funcionando en Cataluña la llamada Assemblea de Catalunya, en la que se hallaban integrados no solo las organizaciones políticas, sino también sindicatos, asociaciones y grupos ciudadanos de distintas posiciones ideológicas, a los que unía su oposición al franquismo y sus reivindicaciones autonomistas.

En diciembre de 1975 se constituyó el Consell de Forces Polítiques de Catalunya, que abarcaba desde la democracia cristiana de UD, (Unió Democrática), pasando por la CD, (Convergència Democrática), de Jordi Puyol, hasta formaciones declaradamente independentistas, como ERC, Esquerra Republicana de Cataluña, el PSAN, (Partit Socialista d´Alliberament Nacional) y el PSUC, (Partit Socialista Unificat de Catalunya), partido comunista muy ligado al (Partido Comunista de España).

Las reivindicaciones de este organismo unitario incluían, además de la amnistía, las libertades democráticas, la legalización de todos los partidos políticos y sindicatos, el restablecimiento de un gobierno provisional de la Generalitat de Catalunya y la recuperación de los niveles de autonomía reconocidos en el Estatuto de 1932. El 1-II-1976 el Consell y la Assemblea convocaron una manifestación e hicieron una demostración de fuerza ante el poder como nunca se había visto.

Por lo que respecta al País Vasco, nunca había existido nada parecido a la unidad de las fuerzas de oposición al régimen. Allí la única reivindicación que aglutinaba a la sociedad era la exigencia de una amnistía plena para los presos políticos vascos, que en su gran mayoría se encontraban en la cárcel por delitos de sangre.

El grito de Presoak Kaleralos presos a la calle se convirtió en la bandera de los partidos radicales y favoreció el crecimiento de ETA, (Euskadi Ta Askatasuna). En el País Vasco los partidos de izquierda de ámbito estatal, como el (Partido Socialista Obrero Español), eran considerados por los abertzalesenemigos españolistas. Así, en el País Vasco, la unidad de acción y de objetivos de la oposición democrática, a diferencia de lo que sucedía ya en el resto de España era imposible

Los sucesos de Montejurra

El 9 de mayo, durante la concentración que los carlistas celebraban anualmente en el Montejurra, cerca de la localidad navarra de Estella, se produjeron violentos choques entre dos facciones del carlismo español: la que respaldaba a Carlos Hugo de Borbón, pretendiente al trono de España, y la que apoyaba a su hermano Sixto, representante del más duro integrismo carlista y pretendiente del liderazgo dinástico. Los sangrientos enfrentamientos se saldaron con dos muertos Ricardo García y Aniano Jiménez, cuatro heridos graves de bala y numerosos contusionados.

Caída de Arias Navarro

El rey estaba seriamente preocupado por la marcha de las cosas: el Gobierno no arrancaba, Arias no estaba dispuesto a dar pasos en la dirección requerida y se había convertido en un serio obstáculo para los planes del monarca. El (26-VI-1976) la revista norteamericana Newsweek publicó un artículo en el que se ponían en boca del rey duras críticas contra el presidente del Gobierno español.

Este artículo, cuyo durísimo contenido la Casa Real se abstuvo de desmentir, era el primer intento de forzar la dimisión de su presidente, que el monarca consideraba ya muy urgente —la iniciativa de renunciar tenía que partir de Arias, pues, de acuerdo con la ley, su mandato no terminaba hasta 1979—. Pero Arias Navarro no se daba por enterado ni del contenido del artículo ni de la intención que se vislumbraba tras él.

El (3-VI-1976), el rey ante el Congreso estadounidense hizo una declaración pública de sus convicciones democráticas y de conducir a España hacia un sistema de democracia representativa. El eco de su intervención fue grande en el ámbito internacional y en España causó gran irritación en las filas franquistas, donde se critico su inoportunidad y su inconveniencia. A la vuelta del viaje del rey de los Estados Unidos, el rey tomó una decisión que le rondaba desde hacía meses: iba a intentar cesar a Arias.

Habló con Torcuato Fernández Miranda y entre ambos eligieron la fecha: el 1 de julio. Sin embargo, entre el regreso de Washington de los reyes y ese día se produjeron dos hechos políticos de signo opuesto. Ambos tuvieron lugar el 9 de junio en la Cortes. El primero de ellos afectaba a uno de los ministros más grises del gobierno: tenía 43 años, se llamaba Adolfo Suárez, era uno de los azules —lo que significaba que procedía de las filas franquistas—, era ministro secretario general del Movimiento y le había tocado defender la nueva Ley de Asociaciones Políticas, una de las leyes incluidas en el proyecto de reforma que había elaborado Manuel Fraga.

Para sorpresa de todos, Suárez hizo un discurso memorable y la ley fue aprobada por una amplísima mayoría. La sesión de la tarde de ese mismo día iba a certificar políticamente la defunción del Gobierno presidido por Arias Navarro. Lo que sometía a la aprobación del pleno de la Cámara era la consecuencia inevitable de la Ley de Asociaciones aprobada por la mañana, por la que se permitía a los partidos políticos constituirse como tales.

El problema era que todos los partidos políticos estaban declarados ilegales, y su pertenencia a ellos tipificada como delito y castigada en el Código Penal. De lo que se trataba, pues, era de levantar la barrera de la ilegalidad y despenalizarlos.

La desconfianza en la Cámara era ese día enorme y los recelos de muchos procuradores aumentaron con la noticia de que ETA, (Euskadi Ta Askatasuna) acababa de asesinar a tiros al jefe local del Movimiento en Basauri.

La tensión crecía de manera imparable, hasta el punto de que varios ministros propusieron que el gobierno retirara el proyecto antes de que los procuradores lo derrotaran en la votación, situación insólita en unas Cortes que llevaban épocas de sometimiento a las decisiones de Franco.

Manuel Fraga, autor del proyecto, insistió en seguir adelante, pero el Gobierno, finalmente, no asumió el reto y se retiró. El Gobierno sufría así una derrota parlamentaria en toda regla y un fracaso político clamoroso, porque, con el bloqueo de la reforma del Código Penal, todos los derechos reconocidos en la Ley de Asociaciones Políticas aprobada por la mañana pasaban a ser papel mojado.

A partir de ese momento ese Gobierno dejó de existir. El (1-VII-1976) era jueves. A las once de la mañana el rey presidía en el Palacio de Oriente el acto oficial de presentación de credenciales de cuatro embajadores. El presidente de Gobierno estaba convocado en palacio a la una. Al monarca le resultaba sumamente difícil abordar la cuestión, pero Carlos Arias comprendió enseguida de que se trataba y de inmediato presentó su dimisión.

Nombramiento de Suárez

La noticia de la dimisión de Arias fue muy bien recibida por la prensa más progresista y con sorpresa y algo de parálisis, pero no con alarma por el franquismo. La bolsa española subió, y las quinielas de candidatos que los medios y la clase política manejaban giraban en torno a dos nombres: Manuel Fraga y José María de Areilza.

Adolfo Suárez el 29 de agosto de 1977, rodeado por Max van der Stoel y Joop den Uyl.Adolfo Suárez el 29 de agosto de 1977, rodeado por Max van der Stoel y Joop den Uyl.

En el Consejo del Reino poco a poco se fueron descartando nombres. Areilza y Fraga caían en las primeras vueltas y, sin que nadie cayera en cuenta, iba pasando los tamices un hombre procedente del Movimiento que no molestaba a nadie, pero con el que tampoco contaba nadie.

Al final, el Consejo del Reino votó una terna en la que había un representante de los democristianos, Federico Silva Muñoz; un representante de los tecnócratas del Opus Dei, Gregorio López Bravo, y, en representación del Movimiento, ese hombre, ciertamente gris, pero que tenía la ventaja de ser joven y de presentar la cara moderna del partido único del régimen: Adolfo Suárez. Torcuato había conducido con precisión de relojero y extraordinaria inteligencia el desarrollo de los debates y de las votaciones.

Al finalizar la reunión del Consejo, dentro del hermetismo que mantuvieron los consejeros, se permitió una enigmática debilidad: Estoy en condiciones de ofrecer al rey lo que me ha pedido, dijo a los periodistas a la salida de la reunión. La noticia de la designación de Adolfo Suárez fue mal recibida por la clase política, especialmente de la derecha o del centro, como por los medios de comunicación, nacionales y extranjeros, que eran unánimes en responsabilizar al rey de lo que se consideraba un error de grueso calibre.

Sorprendentemente o no, eran los los órganos de prensa de los dos grandes partidos de izquierda, el Mundo Obrero, del (Partido Comunista de España), y El Socialista, del (Partido Socialista Obrero Español), los que otorgaban a Suárez y, por elevación, al rey, el beneficio de la duda. Consideraban la posibilidad de que fuera precisamente un hombre procedente del Movimiento el que estuviera en mejores condiciones de derribar una estructura política cuyos puntos débiles necesariamente tenía que conocer bien.

Pese a la oleada de opiniones adversas, el lunes 5 de julio el nuevo presidente juró su cargo ante el monarca y, al día siguiente se dirigió a los españoles por televisión; no en vano en 1969 había sido designado director general de Televisión Española, cargo en el que permaneció hasta 1973 y por lo tanto conocía bien la potencialidad de ese medio.

El 1º gobierno de Suárez

Cuando el 7 de julio se tuvo conocimiento de la composición del nuevo gobierno, los estiletes volvieron a afilarse. El recibimiento que los medios de comunicación, jaleados por los políticos, dedicaron al nuevo gabinete es lo más hostil y humillante que ha pasado por las páginas de la prensa nacional en la historia reciente. Lo que se subraya del equipo que Suárez había elegido para gobernar era su inexperiencia, su falta de pedigrí, su nula trayectoria, su nulidad política y su poca autoridad profesional.

Sin embargo, aquel gobierno de penenes —como se les descalificó despectivamente— iba a conseguir llevar a cabo la titánica tarea de conducir al país hasta la democracia en paz. El rey, que estaba seriamente comprometido en esta operación, respaldaba plenamente a ese grupo de hombres jóvenes dispuestos a ponerse manos a la obra en medio de la incredulidad colectiva. Prueba de ello fue que el día 9 el primer Consejo de Ministros se celebró en el Palacio de la Zarzuela y lo presidió Juan Carlos I.

Obrad sin miedo, les dijo ese día el rey. El 16 de julio, el Gobierno presenta su declaración programática, en la que anuncia su propósito de otorgar muy pronto una amnistía, también afirmaba su:

convicción de que la soberanía reside en el pueblo y proclama su propósito de trabajar colegiadamente en la instauración de un régimen democrático basado en la garantía de los derechos y libertades cívicas, en la igualdad de oportunidades políticas para todos los grupos democráticos y en la aceptación de un pluralismo real.

También declaraba su intención de abrir cuanto antes el diálogo con la oposición.

la aceptación de la crítica y el reconocimiento que al servicio a la comunidad presta la discrepancia civilizada constituyen para el actual Gobierno normas elementales de conducta.

Finalmente daba unos plazos: elecciones generales antes del (30-VI-1977) y referéndum previo para someter a los españoles la aprobación de la reforma constitucional, que resultaba obligada para que esas elecciones pudieran celebrarse y fueran democráticas y libres. En este contexto, la oposición empezó a encontrarse ante un dilema: ni podía controlar el contenido de la declaración de intenciones presentada por el gobierno, ni podía oponerse a que este la cumpliera, ni tampoco podía caer en un aplauso abierto que hipotecaría su propia estrategia.

Tres días después de que se publicara esta declaración, el (Partido Comunista de España) hizo su propia apuesta, esta vez en solitario: el 22 de julio, en Roma, todos los miembros del Comité Central, que hasta entonces habían vivido en la más estricta clandestinidad en España, se presentaron en público y a cara descubierta. Y allí, junto a Santiago Carrillo y Dolores Ibárruri la Pasionaria, aparecieron personas tan conocidas en el país como Marcelino Camacho, Pilar Bravo o Ramón Tamámes.

La razón de esta estrategia efectista se debía a que Santiago Carrillo sabía bien que el suyo era el único partido que corría el riesgo de no ser legalizado antes de las elecciones generales prometidas, cosa que no le sucedía por ejemplo al (Partido Socialista Obrero Español). Si esta hipótesis se cumplía, el (Partido Comunista de España) iba a quedar fuera y al margen del proceso de transición que se vivía ya como inexorable, y ello iba a suponer su muerte política a medio plazo.

Con la presentación de la cúpula del partido a cara descubierta también estaba diciendo que el (Partido Comunista de España) había abandonado definitivamente su viejo proyecto de intentar el vuelco político por la vía del derribo del sistema y que optaba por colaborar en el proyecto de transición, no por sabotearlo. El (30-VII-1976) el Gobierno aprobó una amnistía que afectaba a los delitos de intencionalidad política y de opinión y a los de sedición y rebelión militar.

La amnistía, por una parte, permitía a los once condenados de la UME, (Unión Militar Democrática), —formada en 1974 por un pequeño grupo de oficiales partidarios de traer la democracia a España— abandonar los castillos militares en los que se hallaban confinados, pero no permitía su integración en las filas del ejército. Por lo que respecta a los presos políticos, la amnistía fue recibida por la prensa y la oposición democrática de manera positiva.

Sin embargo, el Código Penal, que ya había sido reformado en la Cortes, aparentemente seguía manteniendo fuera de la legalidad al (Partido Comunista de España). Finalmente, por lo que respecta a los presos vascos, la medida de gracia excluía expresamente las imputaciones por delitos de sangre relacionados con el terrorismo. se puede afirmar, por tanto, que la amnistía no llegaba al País Vasco, donde el clima político imperante era de progresiva tensión y creciente violencia.

La reforma política

El 23-VIII-1976 el proyecto de reforma política anunciado por el gobierno y alentado por el rey se convirtió en una realidad. Ese día, Suárez recibió de manos de Torcuato Fernández Miranda la traducción jurídica, negro sobre blanco, de la estrategia política formulada por el propio Torcuato muchos años atrás par explicarle al entonces príncipe Juan Carlos como era posible cambiar el sistema político sin traicionar el juramento de fidelidad a las leyes del régimen.

Todo hace suponer que Franco también lo conocía. Cuando le hizo entrega del borrador, Fernández Miranda le dijo al presidente: Aquí te doy esto, que no tiene padre. Eso significaba que Adolfo Suárez tenía las manos libres para asumir personalmente la autoría del proyecto. Y eso es exactamente lo que hizo al día siguiente, el martes 24, cuando en la reunión del Consejo de Ministros, sacó del bolsillo interior de su chaqueta el anteproyecto de Ley para la Reforma Polític y lo puso sobre la mesa.

Recuerda Martín Villa, la Ley era corta: solo contenía cinco artículos, tres disposiciones transitorias y una disposición final.

    1. En su artículo primero, el proyecto de ley proclamaba la democracia, basada en la supremacía de la ley, considerada la ley como expresión de la voluntad soberana del pueblo, y afirmaba el carácter inviolable de los derechos fundamentales de la persona.
    2. El artículo segundo establecía que las Cortes estarán compuestas por dos cámaras: Congreso y Senado.
    3. El artículo tercero decía que la iniciativa de reforma constitucional correspondía al Gobierno y al Congreso de los Diputados, y regulaba el procedimiento que había de seguir la reforma: aprobación por mayoría absoluta de las Cortes, Congreso y Senado, y posterior sometimiento a la nación, por parte del rey, de la Ley para la Reforma Política, para su aprobación en referéndum. Con ello se cumplía estrictamente el procedimiento legal establecido en las leyes del franquismo.
    4. El artículo cuarto establecía las líneas básicas del procedimiento legislativo de ambas cámaras.
    5. El artículo quinto facultaba al rey para someter directamente al pueblo en referéndum, al margen de las Cortes, una opción política de interés nacional, sea o no de carácter constitucional, cuyos resultados se impondrán a todos los órganos del Estado.

La disposición transitoria primera establecía que corresponde al gobierno regular las primeras elecciones por sufragio universal, directo y secreto, y que estas se inspirarían en criterios de representación proporcional. Las transitorias segunda y tercera regulaban cuestiones de funcionamiento interno de las dos cámaras. la disposición final, por último, decía textualmente: La presente ley tendrá rango de Ley Fundamental.

Eso significaba que si llegaba a ser aprobada por la Cortes, quedarían automáticamente derogadas todas las leyes que se opusieran a ella, lo que, obviamente, afectaba también al resto de las Leyes Fundamentales del régimen.

Para evitar que surgieran de inmediato reacciones en contra, el Gobierno optó por no incluir en el anteproyecto lo que habría sido obligado: una cláusula derogatoria; es decir, prefirió refugiarse, de momento, en una cierta ambigüedad. De hecho, hasta que no se promulgó la Constitución, en diciembre de 1978, las Leyes Fundamentales de régimen no quedaron formalmente derogadas en España

Suárez y el Ejército

El 8-IX-1976 el presidente de gobierno celebró una reunión con altos mandos de los tres ejércitos para explicarles las bondades del proyecto de Reforma que el Gobierno iba a aprobar para su envío a las Cortes. Fue el propio Suárez quien abordó en esa reunión el delicado asunto de la posible legalización del (Partido Comunista de España), asegurando que la ley no permitía en ningún caso legalizarlo, entre otras cosas porque sus estatutos lo situaban fuera de la legalidad.

Otra cosa sería que el (Partido Comunista de España) decidiera cambiar sus estatutos por otros, lo que hizo finalmente pocos meses más tarde. En ese momento, la cúpula militar abandonó la reunión convencida de que el (Partido Comunista de España) nunca sería legalizado en España. En cualquier caso los militares ultra franquistas consideraban que Suárez estaba traicionando el legado político de Franco.

La primera crisis de gobierno se produjo el 21 de septiembre. El vicepresidente primero y ministro sin cartera, teniente general Fernando de Santiago presentó su dimisión en protesta por el propósito del gobierno de legalizar en el futuro los sindicatos ilegales, incluido Comisiones Obreras. Suárez mantuvo entonces una tensa conversación con el general dimisionario en el que este le dijo.

Te recuerdo, presidente, que en este país ya ha habido más de un golpe de Estado.

A lo que Suárez respondió.

Y yo a ti te recuerdo, general, que en España sigue existiendo la pena de muerte.

El presidente de gobierno resolvió la crisis nombrando al teniente general Gutiérrez Mellado nuevo vicepresidente. Entonces, pasa a la reserva a los generales De Santiago e Iniesta Cano por la publicación de sendas cartas, la del primero explicaba las razones de su dimisión y la del segundo por en la que se solidarizaba con su compañero de armas. La medida era ilegal, por lo que el gobierno se vio en la necesidad de rectificar y anular el castigo. Este incidente, le valió en adelante, la hostilidad manifiesta y muy activa del sector más ultra del Ejército

Organización política

El 23-IX-1976 nace AP, (Alianza Popular), encabezada por Manuel Fraga. Inicialmente parecía que Fraga iba a constituir un partido de centro, junto con políticos como José María de Areilza o Pío Cabanillas, pero, finalmente, se decantó por formar una coalición de pequeños partidos de derecha, capitaneados por ex ministros de Franco, como Silva Muñoz, López Rodó, Martínez Esteruelas, Fernández de la Mora, Licinio de la Fuente o Thomas de Carranza, a quienes la prensa bautizó enseguida como los Siete Magníficos.

Se trataba de la representación política del franquismo. pero lo importante del nacimiento de AP, (Alianza Popular) era que en términos de presencia en las Cortes, representaba una fuerza extraordinaria, con más de 180 procuradores, por lo que iba a resultar determinante cuando el proyecto de Reforma Política se votara en la Cámara. Mientras tanto, en la zona política de centro, el ex ministro de exteriores, José María de Areilza, fundaba el Partido Popular, una coalición de derecha liberal que aspiraba a aglutinar a los grupos democristianos, socialdemócratas y liberales.

Por su parte, los representantes de la Plata-junta y los de las principales plataformas regionales—menos el Consell catalán, que se preservaba en su estrategia de evitar que la reivindicación catalanista se mezclara con planteamientos de ámbito estatal— llegaron a un acuerdo y constituyeron la Plataforma de Organismos Demócráticos, esa suma heterogénea de formaciones políticas había de salir el grupo de dirigentes que, en nombre de una parte muy importante de la oposición, negociara con el gobierno las condiciones mínimas que la reforma debía cumplir para ser aceptada.

Se reclamaba que antes del referéndum sobre su proyecto de Reforma Política, el Gobierno legalizara todos los partidos; decretara una amnistía total; disolviera el TOP, (Tribunal de Orden Público): derogara la ley antiterrorista y asegurara la igualdad de oportunidades a todos los partidos.

El (4-X-1976) ETA, (Euskadi Ta Askatasuna) asesinaba en San Sebastián al Presidente de la Diputación Foral de Guipúzcoa, el consejero del reino José María de Araluze. En el atentado murieron también sus cuatro escoltas. Se trataba del primer atentado de envergadura política que se producía bajo el gobierno Suárez y su impacto fue enorme. Era el comienzo de una escalada de sangre que se iba a incrementar al compás del aumento de la solidez de la democracia española.

Para ETA, (Euskadi Ta Askatasuna), los cambios políticos que se estaban produciendo en España no existían ni significaban nada. La fecha fijada para que el proyecto de Ley para la Reforma Política que había presentado el gobierno fuera discutido y votado en las Cortes era el 16 de noviembre.

Antes de que llegara ese día, el Gobierno se vio obligado a enfrentarse a una dura prueba: un nuevo intento de huelga general, convocada para el 12 de noviembre por la Coordinadora de Organizaciones Sindicales, plataforma unitaria sindical cuyo liderazgo correspondía a (Comisiones Obreras), el sindicato del (Partido Comunista de España). Se trataba del último desafío del antifranquismo de izquierdas al Gobierno, en un intento de dar un vuelco a la relación de fuerzas.

Para el Gobierno, ganar ese desafío era cuestión de vida o muerte: si la oposición comunista conseguía paralizar el país, las posibilidades que iba a tener de ser escuchado con respeto y apoyado por los procuradores franquistas y respaldado luego por la población se reducirían casi a cero. Sin embargo, la huelga general convocada por la coordinadora sindical había fracasado en su objetivo político.

Aprobación Ley de Reforma

El 16-XI-1976 fue un día histórico. Durante once meses, Fernández Miranda había ejecutado paso a paso un plan destinado a hacer posible que la Cámara donde se sentaban los procuradores de Franco estuviera en condiciones de aprobar una reforma política que iba a desmantelar el sistema franquista utilizando los instrumentos que las propias leyes proporcionaban.

En primer lugar, había aprobado la constitución de grupos parlamentarios por tendencias o corrientes de opinión, que es todo lo que permitía el régimen político. De este modo se facilitaba la tarea del convencimiento y se evitaba que los procuradores más ultras acabaran por dominar el debate.

Por otra parte, había hecho aprobar un procedimiento de urgencia para la tramitación de cualquier proyecto que implicara la reforma de alguna de las Leyes Fundamentales del régimen. De acuerdo con este nuevo procedimiento, los proyectos de Reforma Política iban a discutirse en el pleno de las Cortes, saltando así su paso por la comisiones, donde no había plazo límite para la discusión y los proyectos podían eternizarse hasta morir en la inacción política.

Pero el Gobierno no ignoraba que la batalla iba a ser dura y que el resultado final no estaba ni mucho menos garantizado. En efecto, las intervenciones de los procuradores ultra franquistas denunciaron sin tapujos que el proyecto de ley que se sometía a votación estaba en abierta contradicción con los principios doctrinales básicos del régimen nacido el 18 de julio. El procurador Blas Piñar hacía el diagnóstico más certero.

Esta reforma, tal y como la quiere el Gobierno y tal y como la defiende la ponencia ¡no es de verdad una reforma! ¡Es una ruptura, aunque la ruptura quiera perfilarse sin violencia y desde la legalidad! Y, en este caso, lo importante es el fin que se pretende: la sustitución del Estado nacional por el Estado liberal. La liquidación de la obra de Franco.

Sin embargo, lo que de verdad importaba al Gobierno era lo que dijera el grupo parlamentario más importante en la Cámara, (Alianza Popular]) con más de 180 procuradores. AP exigía que se modificara el sistema electoral previsto en el proyecto, que era el proporcional, y se implantara en su lugar un sistema mayoritario, pues pensaba que eso favorecería a los grandes partidos de derechas, es decir a su grupo.

El Gobierno necesitaba esos votos, pues sin ellos fracasaría el proyecto de reforma; sin embargo, también sabía que no podía pactar un sistema electoral que no fuera aceptado por los grupos de la oposición, porque, si lo hacía y la oposición decidía no acudir a las elecciones, esos comicios no serían más que papel mojado carente de toda legitimidad democrática.

Sabedor de la gravedad, Suárez mandó a su vicepresidente, Alfonso Osorio, que se pusiera en contacto con los dirigentes de la oposición para tratar de saber si aceptarían que se aprobase un sistema proporcional con dispositivos correctores.

Y la respuesta que recibió fue políticamente significativa del espíritu que imperaba en la época:

Lo pactado es aceptable. Lo importante es que el proyecto no encalle en las Cortes. Después ya se hablará en el momento en que se redacte la Ley Electoral.

El (18-XI-1976), a media tarde se celebró la votación. Uno por uno los procuradores fueron levantándose de su escaño y dando el sentido de su voto. El resultado final fue de 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones. La ley para la Reforma Política acababa de ser aprobada.

Referéndum para la Reforma Política

A partir de la aprobación del proyecto de Reforma Política, lejos de despejarse el panorama, el país entró en una espiral de tensiones políticas, provocaciones y violencia que amenazaba con derribar no solo el proceso de reforma política, sino la propia estabilidad del país.

Así, entre el 18 de noviembre y el 15 de diciembre, fecha prevista para el referéndum sobre el proyecto de Reforma Política que las Cortes acababan de aprobar, se produjeron varios acontecimientos que no fueron más que la antesala de lo que fue, inmediatamente después, la etapa más difícil y peligrosa de la Transición.

El (20-XI-1976), fecha del primer aniversario de la muerte de Franco, la ultraderecha se manifestó en la Plaza de Oriente para acusar al rey y al presidente Suárez de perjuros y traidores, y reclamar a gritos que el ejército tomara cartas en el asunto y se hiciera cargo del poder.

Al día siguiente, el (Partido Comunista de España), en una nueva operación de publicidad y al mismo tiempo de desafío al gobierno, procedió al reparto público de carnés entre sus militantes, siempre con el objetivo puesto en la legalización del partido antes de las elecciones generales.

Por otra parte, el 5 de diciembre el (Partido Socialista Obrero Español) todavía ilegal, celebraba en Madrid por todo lo alto su XXVII Congreso, el primero que tenía lugar en España desde 1932 y que contó con la asistencia de los máximos dirigentes del socialismo mundial; paradójicamente, la policía acordonó el edificio para proteger el desarrollo del Congreso y prestó un servicio de vigilancia y seguridad.

Esta situación no hizo sino incrementar la inquietud de Carrillo, que consideraba que, en la medida que el futuro particular de cada partido se fuera despejando, la soledad política del (Partido Comunista de España) iría creciendo. Carrillo da una rueda de prensa en territorio nacional y la noticia se extiende por toda España.

La derecha montó en cólera y el Gobierno se vio sometido a una presión formidable de localizar cuanto antes y detener al secretario general del (Partido Comunista de España) aunque solo fuera para salvar el prestigio de la Policía y de la Guardia Civil.

En cualquier caso, el escándalo era monumental y la tensión política, a solo cinco días del referéndum, crecía imparable. En una nueva vuelta de tuerca, apenas veinticuatro horas después el GRAPO, (Grupo Revolucionario Antifascista Primero de Octubre) secuestraba a Antonio María de Oriol, representante del franquismo ultraconservador y perteneciente a una familia de fuertes conexiones en la banca y en las compañías eléctricas.

La víspera del referéndum, Suárez apareció en televisión para pedir a los españoles que al día siguiente acudieran a votar y respaldaran la reforma política que el Gobierno les proponía:

Este gobierno compromete su autoridad en impedir que la violencia consiga imponerse en un Estado de Derecho. Mañana, señoras y señores, gobiernan 22 millones de españoles.

El resultado del referéndum supuso un éxito rotundo del Gobierno, pero especialmente de su presidente y, en mayor medida aún, del rey, cuya implicación en el proceso nadie discutía. La participación alcanzó el 77,4% del censo y, del total de votantes, nada menos que el 94,2% voto Sí; los votos del No, la opción defendida por la ultraderecha cosecharon un escuálido 2,6%.

Los resultados de la votación pusieron de manifiesto que los españoles apostaban por la vía de la reforma que defendía el gobierno y no por la ruptura, que cada vez con menor intensidad, era la bandera de la oposición democrática.

Cinco días antes de que se celebrara el referéndum dos representantes de la Comisión de los Nueve, el profesor Tierno Galván y el líder de (Convergència Democràtica de Catalunya), Jordi Puyol habían pedido audiencia a Suárez para entregarle en mano una carta con los siete puntos que la oposición deseaba negociar con el Gobierno para que el proceso político en curso tuviera la legitimidad democrática exigible.

Esos puntos incluían el reconocimento de todos los partidos políticos y sindicatos; el reconocimiento y garantía de las libertades políticas; la urgente disolución del Movimiento; una amnistía política total; la utilización equitativa de los medios de comunicación públicos; la negociación de las normas de procedimiento a que habían de ajustarse el referéndum y las futuras elecciones y, también, el reconocimiento de la necesidad de institucionalizar políticamente todos los países y regiones del Estado español.

Suárez recibió a los comisionados una semana después del referéndum y Puyol y Tierno salieron de la entrevista plenamente satisfechos. No obstante, se les advirtió de que no se negociaría directamente con los comunistas, aunque estos formasen parte de la Comisión, condición que Santiago Carrillo aceptó.

El (22-XII-1976) el líder del PCE, (Partido Comunista de España) fue detenido en Madrid durante una reunión clandestina de la cúpula del partido.

Con su detención culminaba una intensísima búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, que se habían visto muy presionadas por el Gobierno. Aunque parezca mentira, Carrillo se sentía aliviado de que hubiesen sido policías quienes le hubiesen descubierto —iba disfrazado con lentillas y una peluca de media melena gris—. Su temor, y el de los demás dirigentes del (Partido Comunista de España), había sido hasta entonces que el líder comunista pudiera ser localizado por grupos ultraderechistas incontrolados.

El día 23 de diciembre fue internado en la cárcel de Carabanchel en cuyo hospital quedó alojado. No llegó a ser recluido en una celda, pues fue puesto en libertad apenas una semana después, el 30 de diciembre; ese mismo día el Gobierno aprobaba la disolución del TOP, (Tribunal de Orden Público), el organismo creado por el franquismo para perseguir judicialmente, entre otros, los delitos de expresión, reunión y opinión.

En fin, el secretario general del (Partido Comunista de España), la bestia negra del franquismo, se convirtió desde ese momento en un ciudadano más, aunque con un proceso pendiente por liderar un partido ilegal. La clandestinidad de su partido entró también ese día en la cuenta atrás.

Enero 1978, mes trágico

A finales del año 1977, nadie es España albergaba ya la menor duda de que el Gobierno y la oposición estaban embarcados en un proceso de acercamiento recíproco, fue entonces cuando empezó a ponerse de moda la palabra consenso.

Con todo, el clima de acercamiento y pacto no escrito que hacía avanzar al país hacia un futuro que podía preverse libre y pacífico se veía constantemente golpeado por sucesos que amenazaban por hacer saltar por los aires el camino trabajosamente recorrido.

El domingo 23 de enero, en el transcurso de una manifestación convocada en Madrid en demanda de una mayor amnistía, un estudiante cayó muerto por los disparos efectuados por un miembro del grupo ultraderechista Guerrilleros de Cristo Rey.

Al día siguiente, cuando el país todavía estaba sobrecogido por esta muerte, se conocía una noticia de máxima gravedad: el GRAPO, (Grupo Revolucionario Antifascista Primero de Octubre) había secuestrado al teniente general Emilio Villaescusa, Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar.

Si con el secuestro de Oriol había sido golpeado el sector del inmovilismo franquista, esta vez lo había sido el ejército. Se trataba sin ningún género de dudas, de una provocación para que los militares abandonasen la posición de neutralidad que habían mantenido hasta ese momento.

El mismo día 24 murió otra estudiante, María Luz Nájera, a causa del golpe recibido en la cabeza por un bote de humo lanzado por la policía contra los manifestantes que protestaban en Madrid por la muerte, el día anterior del joven Arturo Ruiz.

Pero la noticia que sumió a toda España en una mezcla de horror y miedo fue el asesinato múltiple que tuvo lugar aquella noche: nueve personas que trabajaban en un despacho de abogados laboralistas vinculados al (Partido Comunista de España) y (Comisiones Obreras), cayeron acribilladas a balazos por dos pistoleros ultraderechistas; de ellas, cinco murieron en el acto y las otras cuatro resultaron gravemente heridas.

Era evidente para todos que el país entero estaba siendo víctima de un intento de sabotaje que, desde los dos extremos de la locura política, intentaba acabar con el proceso de transición. Pese a todo la serenidad se mantuvo en todos los sectores golpeados. A las pocas horas de los últimos asesinatos, la oposición democrática hizo público un comunicado.

Ante la gravedad de los últimos sucesos y el riesgo creciente de que la violencia incontrolada se apodere del país, los representantes de las fuerzas políticas abajo firmantes se dirigen a la opinión pública española en un llamamiento a la responsabilidad y la serenidad de todos y manifiestan su coincidencia en la ineludible necesidad en llegar en el más breve plazo a una democracia pluralista plena a través de elecciones libres.

El miércoles 26 tuvo lugar el entierro de tres de los abogados asesinados en la calle Atocha. Las negociaciones entre el Colegio de Abogados y el Gobierno se habían prolongado durante todo el martes en medio de una enorme tensión. El órgano de gobierno de los abogados quería abrir en su sede la capilla ardiente y el (Partido Comunista de España) quería que el cortejo fúnebre saliera del Colegio.

El presidente y sus ministros por su parte, temían que el entierro se convirtiera en escenario de una tragedia sangrienta. Sin embargo, Suárez decidió dar confianza al (Partido Comunista de España) y acceder a sus peticiones. Lo que sucedió a continuación fue una escena impresionante: la salida de los féretros desde la sede del Colegio de Abogados se hizo en medio de un silencio absoluto y de un mar de puños cerrados que se alzaban sin un grito al paso de los cuerpos.

Era. además, de una formidable manifestación de duelo, una demostración de poder, de contención y de serenidad. En opinión del ministro Martín Villa, fue un acto ejemplar [que] hizo que el (Partido Comunista de España) se ganara la respetabilidad por parte de muchos, y en gran medida también, la legalización algunos meses después.

Cuarenta y ocho horas después, el GRAPO, (Grupo Revolucionario Antifascista Primero de Octubre) —que mantenía aún secuestrados a Oriol y Villaescusa— asesinaba a dos miembros de la Policía Armada y a un guardia civil y dejó gravemente heridos a otros tres guardias civiles en dos atentados cometidos a primeras horas de la mañana del viernes 28 de enero en sendas sucursales de la caja Postal de Ahorros en Madrid.

El Gobierno, reunido en sesión extraordinaria por la tarde de ese mismo día, decidió no implantar el estado de excepción, pero sí suspendió durante un mes dos artículos del Fuero de los Españoles para permitir que las detenciones se pudieran prolongar durante un plazo mayor que el legalmente establecido y para que, tanto las detenciones como los registros de domicilios, no precisaran durante ese periodo de autorización judicial.

El sábado 29, por primera vez en la historia de España, los periódicos de todo el país publicaron un editorial conjunto bajo el título Por la unidad de todos, en el que se hacía un llamamiento a la unidad de las fuerzas políticas y sociales. Pero esa misma día, en la explanada del hospital militar Gómez Ulla, durante la celebración de las honras fúnebres por los policías y el guardia civil asesinados, la tensión alcanzó unos niveles que rayaban la categoría de rebelión militar contra el Gobierno.

El balance de aquella semana trágica fue el de diez personas asesinadas, quince heridos muy graves, dos secuestros de Estado y una tensión política y una angustia social indescriptibles. Sin embargo, a pesar de esa espiral de sangre y locura, la clase política y la sociedad entera hicieron un enorme esfuerzo de serenidad. El 11 de febrero la policía logró liberar a Antonio Oriol y al general Villaescusa, secuestrados por el GRAPO, (Grupo Revolucionario Antifascista Primero de Octubre).

Con esa buena noticia, el país dejaba atrás el momento de mayor amenaza para el proyecto democratizador por el que los españoles habían apostado. De hecho, lejos de contribuir a los propósitos que perseguían los que buscaban paralizar el proceso reformista, los trágicos días vividos durante los meses de diciembre y enero no hicieron sino acelerar el proceso de negociación y acentuar la voluntad de consenso entre el Gobierno y los representantes de la oposición democrática.

Legalización del PCE

El 8 de febrero, con la modificación por decreto-ley de la Ley de Asociaciones Políticas, el Gobierno dejaba de intervenir en el proceso de legalización de los partidos y su posible declaración de legalidad o ilegalidad quedaba residenciada en el Tribunal Supremo.

A finales del mes de febrero, todos los grandes partidos políticos del país estaban inscritos y legalizados; todos salvo el PCE, que de momento permanecía fuera del sistema. Adolfo Suárez se negaba a recibir en la sede de presidencia a un miembro de ese partido, por mucho que este formara parte de la Comisión de los Nueve.

Por entonces ya estaba meridianamente claro que, aunque todos los partidos apoyasen la legalización del PCE, cada formación política iba a centrar sus esfuerzos en la defensa de sus propios intereses.

Consciente de la realidad, la formación comunista presentó el 11 de febrero en el Registro de Asociaciones sus Estatutos, tan asépticos como los de una sociedad anónima —en palabras del entonces vicepresidente Alfonso Osorio—, perfectamente blanqueados y adecuados a las exigencias políticas del momento.

Llegados a este punto, a Carrillo no le quedaba ya más baza que intentar verse a solas con el presidente del Gobierno. Finalmente, el 27-II-1976, gracias a la intermediación de José Mario Armero, Suárez y Carrillo celebraron en el más absoluto secreto un encuentro trascendental; solo tres personas conocían la reunión: el rey, que ofrecía su pleno apoyo al presidente; Torcuato Fernández-Miranda, que la consideraba una auténtica temeridad, y Alfonso Osorio, que la creía arriesgada.

La entrevista, que tuvo lugar en la casa que Armero tenía en las afueras de Madrid y a la que asistieron exclusivamente los dos protagonistas y el propio Armero, se prolongó durante siete horas. El presidente del Gobierno reconoció a Carrillo que una auténtica democratización requería legalizar al PCE, pero subrayaba que eso no estaba totalmente en sus manos.

Suárez sugería al líder comunista que concurriesen a las elecciones como independientes. Carrillo se negó a ello, pero, a cambio, tranquilizó a Suárez en el sentido de que su partido nunca sería un obstáculo para la consolidación de la monarquía, si esta amparaba una democracia auténtica.

No hubo acuerdos, no hubo pactos; sin embargo, este encuentro fue importante.

Yo estaba convencido —recordaba Suárez años más tarde— de que no podía permitirme no legalizar el Partido Comunista. Pero hacía falta que el PCE garantizara, a su vez, la tranquilidad, mantuviera la calma y no reaccionara con agresividad.

Por su parte, Carrillo explicaba:

Yo salí convencido de que Suárez quería de verdad un sistema democrático y que estaba dispuesto a jugárselo todo por lograrlo.

A partir de aquel día todo sucedió de forma muy rápida en España: el 4 de marzo quedaba regulado por decreto-ley el derecho de huelga, el cierre patronal y el despido; el 11 de marzo el Gobierno aprobaba un nuevo indulto que afectaba por primera vez a los presos acusados de actividades terroristas; el 18 de marzo, también por decreto-ley, se aprobaban las normas por las que habían de regirse las próximas elecciones y el sistema electoral: para el Congreso, un sistema proporcional corregido por la ley de D'Hondt y con listas cerradas y bloqueadas, y para el Senado, un sistema mayoritario, también corregido, para permitir la presencia de las minorías en la Cámara Alta; el 30 de marzo las Cortes aprobaban la nueva Ley Sindical, con lo que quedaban legalizadas, entre otras Organizaciones, UGT, CCOO y CNT, y el 1 de abril el Gobierno disolvía el Movimiento Nacional y daba la orden de que, en el plazo de una semana, desaparecieran de los edificios públicos el yugo y las flechas, los emblemas del Movimiento.

Ese mismo día el Tribunal Supremo comunicaba al Gobierno que se inhibía en el caso de la legalización del Partido Comunista, de manera que la responsabilidad acerca del destino del PCE volvía a estar en el terreno del Gobierno y, más concretamente, en manos de Adolfo Suárez. Y el presidente tomó la decisión:

Todos los que estábamos trabajando en la línea de llegar a la convocatoria de unas elecciones generales libres que permitieran el renacimiento de la democracia en nuestro país, todos sabíamos que se iba a legalizar al PCE. Lo queríamos hacer en el momento en que fuera menos traumático para el país (...). Por lo tanto, la decisión la toma el presidente del Gobierno, pero la toma con el conocimiento de sus ministros y con su apoyo, naturalmente. Y se lo comunicó al rey.

El sábado 9 de abril, en plena Semana Santa, después de que la Junta de fiscales hubiera dictaminado ese mismo día que no se desprende ningún dato que determine de modo directo la incriminación del expresado partido (el PCE) en cualquiera de las formas de asociación ilícita que define y castiga el artículo 172 del Código Penal en su reciente redacción, el Gobierno hizo público un comunicado en el que anunciaba que el PCE había sido legalizado e inscrito en el Registro de Asociaciones Políticas..

Nadie en España, ni siquiera la mayor parte de los ministros del Gobierno, mucho menos en Sábado Santo. El impacto que produjo en el país fue enorme, y la conmoción, general. Santiago Carrillo se hallaba en Cannes (Francia), en casa de Teodulfo Lagunero, adonde se había marchado siguiendo la indicación del propio Suárez: es más, una vez conocida la noticia de la legalización del PCE, este pidió a Carrillo que emitiera un comunicado en el que le atacara: en ese momento necesitaba imperiosamente dejar constancia de la enorme distancia política que separaba al presidente del secretario general del PCE. Y Carrillo así lo hizo. También le pidió moderación entre la militancia, y así sucedió.

Sin embargo, la legalización del PCE provocó una crisis de dimensiones dramáticas en el seno de las Fuerzas Armadas. El ministro de Marina, Pita Da Veiga, presentó su dimisión irrevocable y el gobierno no consiguió que ningún marino de alta a graduación en activo se mostrara dispuesto a asumir la cartera. Los mandos militares se sentían traicionados por el presidente del Gobierno, que en septiembre les había asegurado que el PCE no tendría sitio en la legalidad española.

En los cuarteles las reuniones se sucedieron a todos los niveles, pero la más grave fue la que tuvo lugar en Madrid el martes 12 de abril en el Consejo Superior del Ejército y a la que asistieron los más altos responsables del Ejército y de la Guardia Civil. La posibilidad de que el ejército tomara las calles no fue durante esos días una exageración, sino una hipótesis muy real.

El día 14 de abril, mientras el rey se aplicaba a aplacar los ánimos indignados de los mandos castrenses —el citado día 12 habían redactado un comunicado en el que advertían que el Ejército se compromete a, con todos los medios a su alcance, cumplir ardorosamente con sus deberes para con la Patria y la Corona—, el presidente del Gobierno enviaba a Carrillo, de nuevo a través de Armero, otra petición, esta absolutamente perentoria.

Ese mismo día, aniversario de la proclamación de la II República, el líder comunista

Son peticiones necesarias —recordaba Armero— para poder mantener la paz en aquellos momentos ... en los que hay una sociedad y sobre todo, un ejército, que está en una posición enormemente negativa. Hay que intentar tranquilizar, pacificar aquello. Por eso yo, de acuerdo con Suárez, hago la petición de que se tomen unos acuerdos que sirvan para seguir viviendo en paz. Pido la aceptación de la bandera, de la monarquía y de la unidad de España.

Poco después, ante el asombro de los 180 miembros del Comité Central del PCE, el secretario general partido se puso en pie y explicó que todo lo conseguido hasta el momento podía venirse abajo en apenas unas horas si no daban de inmediato el paso a lo que se les proponía. Fue así como, en apenas unos minutos después —ya 15 de abril—, el PCE aprobaba el reconocimiento del bandera borbónica, roja y gualda, de la monarquía y de la unidad de España.

Ese día quedó claro que no solo el Gobierno y las fuerzas moderadas, sino también la izquierda comunista, pagaban un alto precio a cambio de que la reconciliación nacional dejara de ser una suma de palabras para convertirse en una realidad.

Los periódicos españoles, por segunda vez en cuatro meses volvieron a publicar un editorial conjunto: No frustrar una esperanza; sólo ABC y El Alcázar se negaron a suscribirlo. Pero ese día 15, cargado de acontecimientos, aún sucedieron dos cosas más, ambas de gran importancia, aunque de distinto calado.

Por una parte, el Gobierno encontró por fin a un almirante dispuesto a ocupar la cartera de Marina; Pascual Pery Junquera. Por otra parte, el Consejo de Ministros hizo pública la convocatoria de elecciones generales para el 15 de junio.

Elecciones generales de VI-1977

Los dos meses que transcurrieron entre la convocatoria de elecciones y su celebración fueron de una actividad frenética por parte de los partidos políticos. Los socialistas apuraban los pactos con los pequeños grupos que aún no se habían sumado al PSOE.

A la altura del mes de mayo, aunque la unidad completa que Felipe González había planteado como una de sus tareas prioritarias en 1974 —cuando resultó elegido primer secretario de la formación— no se había consumado por completo, era un hecho que el PSOE era por entonces una formación asentada, sólida y en constante crecimiento, lo cual le permitía presentar candidaturas toda España.

El PCE, por su parte, se afanaba exclusivamente en intentar mejorar su imagen pública y se presentaba como un partido moderado y patriota, lo que hizo surgir algunas protestas en su seno.

UCD, Unión de Centro Democrático, el tercer gran partido que se presentaba a las elecciones, no existía como tal hasta el 3 de mayo, un mes y medio antes de la celebración de los comicios. Lo que hizo Adolfo Suárez, que no tenía partido en el que apoyarse y que no obstante, se iba a presentar a las elecciones, fue elegir uno ya existente para aterrizar en él y ejercer su liderazgo.

Ese partido fue el Partido Popular de Areilza, que a esas alturas había formado ya una coalición llamada Centro Democrático (CD). Suárez ofrecía a los dirigentes de CD el respaldo del Gobierno y la total garantía de conducirles a la victoria y al poder, a cambio de una condición: que los propios líderes de CD prescindieran de su líder y fundador, José María de Areilza, quien se plegó a ser sacrificado en el altar del futuro político.

De este modo, el presidente del Gobierno pasó a ocupar el liderazgo de la formación, que el 3 de mayo cambió su nombre por el de UCD, Unión de Centro Democrático. Mientras tanto, AP, Alianza Popular, constituida hacía más de un año, mantenía su estructura y su mensaje: los bautizados por la prensa como Los Siete Magníficos se aprestaban rescatar el voto de lo que denominaban el franquismo sociológico, ciudadanos fieles a la memoria y al legado de Franco.

Por fin, antes de que las elecciones generales tuvieran lugar, se produjeron todavía en España varios acontecimientos de valor simbólico que pusieron cierre al breve e intenso periodo político que constituyó el primer ciclo del proceso de transición a la democracia: el regreso de los últimos exiliados, entre ellos La Pasionaria, Rafael Alberti, María Teresa León y Federica Montseny; la renuncia pública de Juan de Borbón a sus derechos dinásticos, que tuvo lugar el 14 de mayo en el palacio de La Zarzuela, y la dimisión de Torcuato Fernández-Miranda de su cargo de presidente del Congreso y del Consejo del Reino, que se hizo pública el 30 de mayo, aunque no se hizo efectiva hasta después de las elecciones de junio de 1977.

Santiago Carrillo y Rafael Alberti en la 1ª fiesta del PCE en la Casa de Campo. 1978.Santiago Carrillo y Rafael Alberti en la fiesta del PCE en la Casa de Campo. 1978.

Los comicios, que contaron con una alta participación (78,3% del censo), se celebraron en un clima de absoluta tranquilidad. La victoria fue para la coalición gubernamental, UCD, que obtuvo el 34,8% de los votos y 165 escaños. Inmediatamente después se situó el PSOE, con un 29,3% de los votos y 118 escaños, y ya muy lejos de ambos partidos, el Partido Comunista de España, con sólo el 9,3% de los votos y 19 diputados, lo que vino a confirmar que no tenían la hegemonía de la izquierda en España.

También Alianza Popular comprobó ese día que se había equivocado en sus cálculos; la coalición de Manuel Fraga quedó como cuarto partido, con tan sólo el 8,2% de los votos y 6 escaños. Por lo que respecta al PSP, Partido Socialista Popular, que se había negado hasta ese momento a integrarse en las filas del PSOE y se presentó a las elecciones en alianza con la (Federación de Partidos Socialistas, recibió también un modestísimo 4,4 % de apoyo y 6 escaños.

Mientras tanto, la democracia cristiana de Gil Robles y Ruiz Jiménez quedó barrida del mapa político español. Las fuerzas nacionalistas sí que lograron, en cambio, un amplio apoyo en sus respectivas demarcaciones. El Pacte Democràtic per Catalunya de Jordi Pujol y Trías Fargas obtuvo el 2.8% de los votos y 11 escaños, y el PNV, el 1.7% y 8 diputados. Finalmente, con dos o un único diputado en el Congreso, aparecían pequeñas formaciones políticas, como Unió del Centre, Esquerra de Catalunya y Euskadiko Ezkerra. En definitiva, solo 16 partidos —nueve de ellos de ámbito regional— lograron representación parlamentaria.

El país había decidido apostar por la pluralidad razonable tanto como por la moderación, pues ni la extrema izquierda ni la extrema derecha obtuvieron representación parlamentaria.

El (4-VII-1977), tras su victoria en las elecciones, Adolfo Suárez nombró segundo Gobierno, el tercero de la monarquía. A este equipo de hombres le iba a corresponder la tarea de emprender, junto con el resto de las fuerzas políticas, la elaboración de la Constitución.

Así mismo, debía poner solución a la catastrófica situación económica del país, que se había ido dejando a un lado por la perentoriedad de abordar los problemas políticos planteados durante el primer tramo de la Transición.

Finalmente, debía dar respuesta a las reclamaciones nacionalistas de vascos y catalanes, cuestión imprescindible para asentar un proyecto de modelo territorial para la España democrática que por entonces empezaba a dar sus primeros pasos.

El pacto sobre la situación económica y el pacto con los defensores del autogobierno en Cataluña y en el País Vasco fueron movimientos previos del Gobierno que tuvieron la virtud de propiciar el clima social y político necesario para abordar la elaboración de la Constitución.

No obstante, el primer movimiento político que hizo Suárez en cuanto conoció los resultados electorales fue de orden interno. Notablemente fortalecido después del éxito en los comicios, planteó a los líderes de las distintas familias que componían UCD la necesidad de que la coalición dejara de ser una suma de pequeñas formaciones para convertirse en un partido unificado, a lo que aquéllos inicialmente se opusieron —aunque acabó siendo una realidad el 6 de agosto—.

Para desactivar la resistencia sostenida de los barones ucedeos a ceder sus pequeñas parcelas de poder, Suárez incluyó en su segundo gabinete, que tomó posesión el 4 de julio, a los jefes de filas de los sectores ideológicos que habían convergido en la coalición UCD: los procedentes del Movimiento, o azules, los democratacristianos, los liberales y los socialdemócratas.

Los Pactos de la Moncloa

Junto a ellos se incorporaron un grupo de hombres independientes o que no podían considerarse líderes de ninguna de esas familias políticas; entre los que figuraba Enrique Fuentes Quintana, catedrático de Hacienda Pública y de Derecho Fiscal, que fue nombrado vicepresidente segundo Asuntos Económicos y ministro de Economía y de quien partió la iniciativa de buscar un pacto político: Lo fundamental era llegar a la Constitución y esto necesitaba el pacto, explicaría más tarde Fuentes Quintana.

Ese era el mapa que resultaba de la aplicación del sistema electoral y era, sobre todo, el dibujo político que los españoles querían para los próximos cuatro años, los cuales iban a marcar el rumbo del futuro político del país por mucho tiempo.

Constituido ya el Gobierno, el 22-VII-1977 se celebró la primera sesión conjunta de las nuevas Cortes democráticas, presidida por el rey. En su discurso de apertura, Juan Carlos de Borbón, además de subrayar el esfuerzo realizado por el país entero y la templanza y la voluntad de concordia del pueblo español, desgranó en su discurso tres mensajes esenciales:

Este solemne acto de hoy tiene una significación histórica muy concreta: el reconocimiento de la soberanía del pueblo español (...). La democracia ha comenzado, pero saben perfectamente que falta mucho por hacer, aunque se hayan conseguido en corto plazo metas que muchos se resistían a imaginar. Ahora hemos de tratar de consolidarla (...). La Corona desea, y cree interpretar las aspiraciones de las Cortes, una Constitución que dé cabida a todas las peculiaridades de nuestro pueblo y que garantice sus derechos históricos y actuales.

Así terminaba el primer y decisivo tramo de la transición política española a la democracia.

Lo primero que hizo el Gobierno recién constituido fue devaluar el 11 de julio la peseta un 25% para intentar reequilibrar la balanza de pagos. Abundando en los aspectos económicos, en el mes de septiembre, Fuentes Quintana presentó en Presidencia del Gobierno un documento base que fue sometido a la consideración de Adolfo Suárez.

Finalmente, y después de muchas reuniones con empresarios —que acababan de agruparse en el seno de la CEOE, Confederación Española de Organizaciones Empresariales— y dirigentes de las organizaciones sindicales, para intentar convencerles de la necesidad de la moderación salarial, se convocó a los líderes políticos en la Moncloa para exponerles el proyecto de pacto.

El 8 de octubre el presidente del Gobierno presentó los datos de la crítica situación económica que en esos momentos padecía el país. Seguidamente, Fuentes Quintana expuso sus argumentos:

    1. La gravedad de la crisis era de tal envergadura que no podía ser resuelta por el Gobierno en solitario.
    2. La realidad exigía que se adoptaran medidas urgentes, pero también medidas estructurales a medio y largo plazo, que sólo se podían empezar a preparar si el Gobierno contaba con la aquiescencia del resto de las fuerzas políticas.
    3. Solo en el caso de que existiera un acuerdo básico se podía intentar garantizar que en España el clima social existente se mantuviera dentro de unos ciertos parámetros de tranquilidad que permitieran a las fuerzas políticas dedicarse de lleno a la trascendental tarea de elaborar la Constitución de la democracia.
    4. Además de los necesarios pactos sociales, los acuerdos que se adoptasen debían incluir otros de contenido político que permitieran llenar el vacío jurídico que se había producido ante la nueva realidad del país, hasta que la Constitución fuera aprobada.

Después de cerca de dos semanas de intensas reuniones, el 27-X-1977, fecha en que el Congreso ratificó los acuerdos firmados dos días antes por los líderes de las distintas fuerzas políticas presentes en el Parlamento, los llamados Pactos de la Moncloa, considerados la versión socioeconómica del proceso político de la Transición y un referente fundamental para la creación de la Constitución de 1978, eran una realidad.

Artículo pendiente de finalizar

R.B.: VARIOS AUTORES, Gran Enciclopedia de España, Ed. Enciclopedia de España, 2003, tomo XXI págs. 10331-10346.