La Transición democrática

Introducción

El cambio de Régimen

La Marcha Verde

La solución Monárquica

La operación Lucero

El mensaje póstumo de Franco

Primer discurso del futuro Rey

El entierro del general Franco

La coronación de los Reyes

Las primeras decisiones del Rey

La oposición antifranquista

Mensaje de Juan Carlos a Carrillo

Huelgas y manifestaciones

La Plata-Junta

Cataluña y el País Vasco

Los sucesos de Montejurra

Caída de Carlos Arias Navarro

Nombramiento de Adolfo Suárez

El primer gobierno de Suárez

La reforma política

Suárez y el Ejército

La clase política se organiza

Aprobación de la Ley de Reforma

Referéndum Reforma Política

Enero 1978, mes trágico

Legalización del PCE

Elecciones generales de VI-1977

Los Pactos de la Moncloa

Introducción

Periodo de la historia de España comprendido entre la muerte del general Franco y la promulgación de la Constitución de 1978, aunque también se suelen considerar dentro de él los años transcurridos hasta las elecciones (X-1982), durante los cuales se sentaron las bases democráticas del nuevo Estado.

El Cambio de Régimen

Con la muerte del general Franco la madrugada del (20-XI-1975) terminaba una etapa histórica de casi cuarenta años marcada por la Guerra Civil 1936-1939 y por la profunda división entre vencedores y vencidos. El régimen franquista, que evolucionó desde un modelo propio de dictadura militar hasta un régimen autoritario, no dejó de recordar en ningún momento su victoria sobre los republicanos como fuente de legitimidad política. Tampoco cejó nunca en su determinación a la hora de reprimir la disidencia política a base de recortar el ejercicio de las libertades públicas de todos los españoles. Franco, que había gobernado con mano de hierro y que, al mismo tiempo, había conducido el país hasta unos niveles de desarrollo económico que situaron a España como la undécima potencia industrial del mundo, fallecía en la Ciudad sanitaria de la Paz después de haber padecido una larga agonía. La prolongada agonía del Jefe del Estado había colocado el país en las últimas semanas en un estado de parálisis que no hizo sino acrecentar las incertidumbres sobre el futuro.

La Marcha Verde

España estaba viviendo una peligrosa situación de vacío de poder en un momento en que el rey Hasan II de Marruecos estaba a punto de dar la orden a sus huestes —cientos de miles de marroquíes, civiles y desarmados— para que invadieran pacíficamente el Sahara español, en lo que se vino a denominar la Marcha Verde. Con Franco hospitalizado, Juan Carlos de Borbón asumió la Jefatura del Estado en funciones (30-X-1975). La realidad, no obstante, es que durante los veinte días siguientes el príncipe de España ocupó el más alto puesto de representación del Estado, sin poder asumir ninguno de los poderes que le eran inherentes.

La Solución Monárquica

La solución monárquica decidida por Franco en 1969, cuando designó a Juan Carlos de Borbón como su sucesor en la Jefatura del estado a título de rey, fue mal recibida por casi todos los sectores de la vida política española, tanto dentro como fuera de las estructuras políticas del régimen. Por una parte, Juan Carlos de Borbón no contaba con el apoyo de los franquistas ortodoxos, que lo que proyectaban para el futuro inmediato era mantener al príncipe completamente al margen de los resortes de poder del Estado, otorgándole el papel de mera representación simbólica de España en el exterior. Los monárquicos, por su parte, tampoco lo querían, pues entendían que el titular de los derechos de la corona era Juan de Borbón, padre del príncipe.

Por otra parte, la oposición antifranquista moderada, básicamente aglutinada en torno a posiciones democristianas y liberales, consideraba al príncipe un mero epígono de Franco y no esperaba de su trayectoria nada que se pareciera, ni siquiera remotamente, a una apuesta por la democratización del país. La oposición de izquierda, finalmente, además de ser antifranquista, era históricamente republicana. Juan Carlos de Borbón era en opinión de dirigentes tan destacados como el secretario general del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo, una marioneta que Franco manipula como quiere.

La Operación Lucero

Había dos elementos que resultaban políticamente determinantes para calibrar la posible capacidad de acción política del futuro Jefe del Estado, el príncipe Juan Carlos de Borbón. Uno, el hecho de que el presidente de Gobierno, Arias Navarro, hubiera sido nombrado por Franco para un periodo de cinco años —solo llevaba en el cargo dos—, lo cual aseguraba, en principio su mandato hasta enero de 1979. Y otro, que en ese mes (XI-1975) aún estaba pendiente de renovación un cargo absolutamente clave en la estructura de poder, como era el de presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, ocupado entonces por Alejandro Rodríguez de Valcárcel, y cuyo periodo de mandato era de seis años.

Si el 26 de noviembre, día en que expiraba el mandato de Valcárcel, Franco todavía vivía, lo más probable era que los popes del régimen hubieran aprobado la renovación del actual presidente del Consejo del Reino como un gesto de continuidad política que, de paso, también hubiera asegurado su propia continuidad. Franco murió el 20 de noviembre a las 02.40 h de la madrugada, y no a las 05.20 h, que es la que ha quedado establecida para la Historia como hora oficial de su fallecimiento.

La razón de haber mantenido en secreto durante dos horas y media el hecho irreversible de que la larga agonía del Jefe del Estado español había llegado a su fin era de índole política. Los altos mandos del régimen se habían preparado largamente para ese momento y tenían a punto un plan de acción para cuando Franco dejara de existir, que se dio en llamar Operación Lucero: un minucioso dispositivo de seguridad que afectaba a todos y cada uno de los cargos con responsabilidad, en todos los niveles de la vida pública nacional, fueran civiles, militares o de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Se trataba de ganar unas horas para que todos pudieran llegar a sus puestos, y se mantuvieran en ellos y comunicados entre sí en el momento en que se diera a conocer a los españoles la noticia de la muerte de Franco. El régimen desconocía por completo que podía suceder en el país en ese instante; lo que había, en una palabra, era el temor de que, muerto Franco, se desatara en España una especie de asalto al Palacio de Invierno o toma de la Bastilla.

Mensaje póstumo de Franco

La noticia de la muerte de Franco la hizo pública a las 06.00 h el ministro de información, León Herrera Esteban, a través de los micrófonos de Radio Nacional de España. Sin embargo, fue el Presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, quien se dirigió a los españoles a través de Televisión Española para leer el testamento de Franco. El texto, leído a las 10.00 h del mismo día 20 de noviembre, contenía, además de las consideraciones personales propias de quien hace un repaso de su vida antes de morir, una recomendación política de gran importancia, por los efectos directos que tuvo años más tarde en la vida pública española: que se prestara al rey el máximo apoyo.

Os pido —decía Franco — que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado, y le prestéis en todo momento el mismo apoyo y colaboración que de vosotros he tenido.

Esta petición, lanzada en términos genéricos, era para los militares una orden y, como tal, la iban a cumplir. Franco, como jefe supremo de los tres ejércitos, trasladaba con esa recomendación su autoridad y su mando al nuevo Jefe del Estado. Así lo confirmaba apenas veinticuatro horas después de la muerte del general y antes, por tanto, de que el príncipe hubiera jurado ante las Cortes, como rey de España, el Boletín Oficial del Estado. El mensaje póstumo de Franco insistía también en la necesidad de mantener la unidad de España.

Mantened la unidad de las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de sus regiones, como fuente de fortaleza de unidad de la patria. No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Velad también vosotros y deponed, frente a los intereses supremos de la Patria y del pueblo español, toda mira personal.

Significativamente, el primer acto como rey de Juan Carlos de Borbón fue el envío de un mensaje dirigido a los militares, ya como su nuevo jefe supremo, en el que afirmaba sentirse orgulloso de saber que contaba con su adhesión y lealtad. Esa vinculación en la cadena de mando entre el ejército y el rey surtió su mayor efecto en febrero de 1981, cuando Juan Carlos I hizo saber a los capitanes generales que se oponía al intento de golpe de Estado protagonizado por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero y los teniente generales Armada y Milans de Bosch.

En la madrugada del día 21 los restos de Franco, que había sido embalsamado en la Ciudad sanitaria la Paz, fueron trasladados al Palacio de Oriente, donde quedó instalada la capilla ardiente abierta al público. Las puertas de palacio se abrieron a la ocho de la mañana del día 21 y durante dos días cientos de miles de ciudadanos pasaron en dos filas, una a cada lado del ataúd, delante del cadáver de Franco. Las cámaras de TVE, que dieron testimonio de esta ceremonia ciudadana, permiten afirmar que por allí pasaron españoles de toda clase y de muy distinta ideología política.

1º discurso del futuro rey

A las 12,15 h. del 22-XI-1975 dio comienzo el acto de la jura. En primer lugar, el Presidente del Consejo de Regencia, que a la muerte de Franco se había hecho cargo de la responsabilidad del Estado, pidió a Juan Carlos el juramento de rigor, esto es, el de cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los principios del Movimiento Nacional. Evidentemente, el objetivo de conducir al país a un sistema democrático no se podía alcanzar cumpliendo las Leyes Fundamentales y los principios del Movimiento, el único partido tolerado por el régimen.

Sin embargo, Fernández Miranda, le había explicado, hacía muchos años también, que ese juramento le obligaba, efectivamente, pero no le ataba, pues las Leyes Fundamentales no eran inamovibles y en su propio articulado se indicaban las vías para su reforma. Así pues, si se respetaban los preceptos legales establecidos, la reforma política a la que el rey aspiraba para España no solamente era posible, sino que también podía ser legal, aunque sin duda difícil. En su discurso el rey anunciaba que:

nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional, afirmaba la necesidad de integrar en objetivos comunes las distintas y deseables opiniones y la participación de todos en los foros de decisión, en los medios de información, en los niveles educativos y en el control de la riqueza nacional y, por último declaraba que el rey quiere serlo de todos a un tiempo y de cada uno en su historia, en su cultura y en su tradición.

A partir de ese instante comenzaba una nueva etapa en la historia de España, aunque pocos conocían los derroteros por los que el país iba finalmente a discurrir.

El entierro de Franco

El entierro del general Franco tuvo lugar el domingo 23 de noviembre. A las diez daba comienzo el solemne funeral corpore insepulto al aire libre en la Plaza de Oriente. Oficiaba el cardenal primado de España, monseñor González Martín. La realidad es que el presidente del Gobierno, Carlos Arias, había estado presionando al presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Madrid, cardenal Tarancón, para conseguir que el funeral fuera concelebrado por todos los obispos de España y fuera él quien oficiara el funeral y pronunciara la correspondiente homilía.Sin embargo, el cardenal Tarancón rehuyó tal responsabilidad porque quería celebrar la ceremonia de la coronación del rey, que iba a tener lugar unos días más tarde. Fue, en definitiva, una apuesta política en la que la Iglesia española eligió dejar radicalmente atrás el pasado y mirar hacia el futuro.

La coronación de los Reyes

Cuatro días después del entierro de Franco, tuvo lugar en la iglesia de San Jerónimo el Real la ceremonia religiosa que en el protocolo español hace las veces de coronación de los reyes. En contraste con los funerales del anterior Jefe del Estado, que habían contado con una escasísima presencia de dignatarios extranjeros, numerosas personalidades políticas de los países democráticos occidentales acudieron a la coronación del rey de España. No se trataba tanto de un respaldo firme a la persona de Juan Carlos y a un proyecto político de futuro que a esas alturas nadie conocía, sino más bien de una suerte de apuesta condicionada, y con fecha de vencimiento, que las democracias europeas y americana concedían al nuevo jefe del Estado y al propio país, que en esos momentos se disponía a tejer un futuro que aún resultaba una incógnita.

Aunque se había previsto que el acto religioso fuera un tedeum, el cardenal Tarancón y el propio rey optaron por realizar una misa del Espíritu Santo. El cambio no solo era formal, había algo más: en un tedeum no hay homilía, mientras que en una misa la homilía es obligada. El cardenal Tarancón tenía gran interés en fijar ante todos los españoles, y también ante el nuevo jefe del Estado, la posición que deseaba tener la iglesia de ahora en adelante ante los asuntos del Estado. Protagonizó así una larga y contundente intervención, que resulta histórica, en defensa de los principios que inspiran una democracia, pero también en defensa de la separación efectiva entre la Iglesia y el Estado.

La homilía causó un tremendo impacto en todos los sectores. Entre los franquistas, que en ese momento se hallaban en el pleno ejercicio del poder y esperaban continuar en él durante mucho tiempo, la irritación por las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal era inmensa. Entre los demócratas, la homilía fue recibida con satisfacción. A la misma hora que tenía lugar la coronación del rey se producían las primeras movilizaciones políticas que llevó a cabo la oposición desde el comienzo de la enfermedad de Franco : las concentraciones delante de la mayor parte de las cárceles españolas en demanda de amnistía para los presos políticos eran duramente reprimidas por la policía.

Primeras decisiones del rey

El primer Consejo de Ministros presidido por Juan Carlos I (25-XI-1975) había aprobado un indulto que beneficiaba a los presos comunes mucho más que a los políticos y que conmutaba automáticamente todas las penas de muerte. Sin embargo, lo que la oposición democrática reclamaba no era un indulto ni una amnistía parcial: exigía una amnistía total. La primera decisión que Juan Carlos I tuvo que tomar al comienzo de su reinado fue de una extraordinaria dificultad, no por la decisión en sí, sino por los obstáculos que se le oponían.

Aunque el rey acababa de heredar los omnímodos poderes que Franco había ejercido en vida, que le convertían formalmente en el titular de la única monarquía absoluta existente en Europa, la realidad era muy diferente. Franco pudo ejercer, y ejerció, todo su poder con la complacencia, e incluso, la sumisión reverencial de los suyos. Sin embargo, en las altas esferas políticas e institucionales del franquismo se hubiera producido un auténtico sabotaje, que hubiera dado al traste con la frágil existencia de la recién nacida solución monárquica, si se hubiera tenido la sospecha de que el joven jefe de Estado designado por Franco tenía el propósito de prescindir de quienes se consideraban piedras sillares de España y de su futuro político.

Por eso para el rey, la sola opción de sustituir al presidente del Gobierno y, además, no renovar en su cargo al presidente de las Cortes y del Consejo del Reino —Alejandro Rodríguez Valcárcel—, cuyo mandato había expirado la víspera de su coronación, se convirtió en una operación imposible. Sin embargo, aunque mantuvo en su puesto a Carlos Arias, intentó situar a Torcuato Fernández Miranda, su más valioso asesor, en la presidencia de las Cortes y del Consejo del Reino, organismo este último que era el encargado de, entre otras cosas, de presentar al jefe del Estado una terna con los nombres de los posibles presidentes de Gobierno, para que, de entre los tres, saliera el elegido.

Fernández Miranda era hombre del régimen —había sido ministro secretario general del movimiento y vicepresidente del gobierno con Carrero Blanco—, pero no pertenecía a ninguna de las familias políticas y, por tanto, no era querido por ninguna de ellas. De hecho, las informaciones que llegaban al palacio de la Zarzuela decían que los consejeros del reino no se mostraban predispuestos a votar la candidatura de Torcuato. Juan Carlos I tomó la opción de solicitar ayuda al presidente del gobierno, Carlos Arias, e incluso a José Antonio Girón de Velasco, consejero del reino, uno de los grandes iconos del franquismo.

El apoyo para sacar a Torcuato como presidente del Consejo del Reino era en cambio asegurar a Arias Navarro en la Presidencia del Gobierno. El 1-XII-1795 se celebró la reunión más larga de la historia del Consejo. Tras siete horas de intensos debates, Fernández Miranda se incluyó en la terna que había de ser presentada al rey. Juan Carlos I había ganado esta primera batalla política.

El (13-XII-1975) juraban sus cargos los ministros del nuevo gobierno, el primero de la monarquía. Se trataba de un gabinete heterogéneo en el que coincidían franquistas puros, como el vicepresidente de Asuntos para la Defensa, teniente general De Santiago, o el ministro de Trabajo, José Solis, con personalidades liberales, como el ministro de Justicia, Antonio Garrigues, y un puñado de políticos jóvenes entre los que figuraban miembros del franquismo reformista, como el demócrata-cristiano Alfonso Osorio, o los procedentes del Movimiento Nacional, como Rodolfo Martín Villa o Adolfo Suárez. Pero los verdaderos protagonistas de ese gobierno fueron el ministro de Asuntos Exteriores, José María de Areilza, y el vicepresidente para Asuntos del Interior y ministro de la Gobernación, Manuel Fraga.

Oposición antifranquista

Tras la muerte de Franco, la oposición antifranquista había agrupado sus fuerzas, aunque no completamente, con el propósito de estar presente y activar el proceso de cambio que se sabía inexorable. El PCE, (Partido Comunista de España), dirigido por Santiago Carrillo, encabezaba desde junio de 1974 la llamada Junta Democrática de España, a la que se habían sumado otros partidos, como el PSP, (Partido Socialista Popular) del profesor Tierno Galván, el Partido Carlista, el sindicato CCOO, (Comisiones Obreras) y diversos grupos regionalistas, además de un puñado de personalidades independientes.

Por su parte, el PSOE, (Partido Socialista Obrero Español), liderado por Felipe González, había puesto en marcha desde junio de 1975 otra plataforma unitaria de oposición, la Plataforma de Convergencia Democrática, a la que se habían sumado otros pequeños partidos, como ID, (Izquierda Democrática), de Joaquín Ruiz Jiménez; la USDE, (Unión Social Demócrata Española), partido reformista liberal fundado por Dionisio Ridruejo y liderado por Antonio García López; el PNV, (Partido Nacionalista Vasco); los sindicatos UGT, (Unión General de Trabajadores) y CNT, (Confederación Nacional del Trabajo); el Partido Carlista, que había abandonado la Junta porque esta no condenaba expresamente la monarquía establecida por las leyes franquistas; el MCE, (Movimiento Comunista de España); la ORT, (Organización Revolucionaria del Trabajo); ERC, Esquerra Republicana de Cataluña y el PSC-R, (Partit Socialista de Catalunya-Reagrupament) de Josep Pallach.

Al margen de estas dos grandes plataformas de oposición democrática, que tardarían aún algunos meses en sellar un acuerdo de unidad de acción, quedaban algunos grupos liberales, el importante grupo de la democracia cristiana que lideraba Gil Robles y la mayor parte de los partidos catalanes, que optaron por mantener plataformas únicamente catalanas y no sumarse a los organismos políticos de ámbito estatal. La razón de que durante los últimos tiempos del franquismo coexistieran dos organismos unitarios de oposición y de que ni siquiera a la muerte de Franco se hubiera logrado alcanzar un acuerdo final de unidad efectiva hay que buscarla en la resistencia y desconfianza que mostraban los jóvenes dirigentes socialistas —y también sus patrocinadores— hacia las pretensiones del (Partido Comunista de España), al que atribuían una vocación hegemónica en el ámbito de la izquierda. En cualquier caso, en aquellos momentos, era el (Partido Comunista de España) y su reacción ante la monarquía y el nuevo gobierno lo que preocupaba al poder. El (Partido Socialista Obrero Español) era una organización pequeña, inactiva en los años anteriores, y los aperturistas del Gobierno, especialmente Manuel Fraga, aspiraban a contar con él en el nuevo panorama político que apenas empezaba a esbozarse.

Mensaje de Juan Carlos a Carrillo

En octubre de 1975, el líder del (Partido Comunista de España) había declarado a una periodista italiana que la llegada de la democracia a España sería el resultado de una huelga general. El rey se mostraba preocupado de que los comunistas decidieran lanzar ese órdago y tomó una decisión extraordinariamente arriesgada: en el más absoluto de los secretos, envió mediante un emisario personal un mensaje para Santiago Carrillo. La razón del secreto era evidente: si en las esferas del régimen hubiera llegado a trascender que el sucesor de Franco estaba intentando ponerse en contacto con el asesino de Paracuellos, la bestia negra del franquismo desde la Guerra Civil hasta entonces, la continuidad del rey como jefe del Estado y de la propia monarquía se hubieran visto amenazadas.

El emisario era un amigo del monarca, Manuel de Prado, y la vía para hacer llegar el mensaje a Carrillo era el presidente de Rumanía, Nicolae Ceaucescu, un líder comunista al que los gobiernos occidentales consideraban por entonces relativamente independiente del poder soviético y que mantenía buenas relaciones con el (Partido Comunista de España). El mensaje verbal que de Prado trasmitió al líder rumano era, en esencia, el siguiente:

El rey tiene como objetivo esencial devolver las libertades al pueblo, y sabe que eso se logra únicamente a través de un sistema democrático, con la intervención de los correspondientes partidos políticos. El Rey desea construir una democracia buscando la reconciliación de los españoles, no con un rompimiento del pasado, sino a través de la posibilidad que dan las leyes franquistas de evolución política. El Rey quiere que Santiago Carrillo sepa que él se compromete a pedir la legalización del (Partido Comunista de España) en uno o dos años. A cambio, el Rey pide al señor Carrillo que cese en sus ataques a la institución monárquica y en las descalificaciones al proceso político que el Rey se propone poner en marcha. Su Majestad pide moderación y templanza a Santiago Carrillo. Y le pide paciencia.
VARIOS AUTORES, Gran Enciclopedia de España, Ed. Enciclopedia de España, 2003, T. XXI págs. 10331-10346.