Las Cortes Medievales

Monarquía y pueblo

Cortes en León y Castilla

Las Cortes y la Corona

España, Inglaterra, Francia

La monarquía y el pueblo

En torno a los albores de la representación popular se ha suscitado siempre, en todas las naciones, porfiada controversia. Por lo común, los tratadistas sostienen el punto de vista que mejor se compadece con sus inclinaciones políticas o con su idea del poder; y esta invencible propensión ha sojuzgado en ocasiones a plumas muy ilustres.

Los monárquicos se han propuesto probar que las prerrogativas de la corona no tuvieron límite desde los tiempos más remotos. Los republicanos no se han quedado atrás en su afán de demostrar que el poder emanó siempre del pueblo. Tesituras ambas, si bien se examina, contrarias al interés político que se quiere en uno y otro caso favorecer.

Con todo eso, el error implícito en esta suerte de prejuicio tiene su raíz en una certera y sólida presunción: la de que es, sin duda, más razonable reclamar privilegios antes disfrutados, o afirmar prerrogativas consagradas, que exhibir un derecho no avalado por la tradición. Pero la cuestión es y será siempre qué forma de gobierno favorece más en nuestro momento y país, aquí y ahora, se entiende, al interés nacional, no cómo se gobernaban nuestros antepasados hace mil años; sus aciertos o sus errores no pueden obligarnos a nosotros; podemos seguir o no seguir su ejemplo, pero no podemos dejarnos vencer por su autoridad.

Además, escribir la Historia con criterio partidista es perder el tiempo en el mejor de los casos, o vaciarla de su principal valor, a saber: las enseñanzas que nos ofrecen los sucesos pretéritos, la experiencia. Falsificados, retorcidos o perversamente interpretados los acontecimientos pasados, la Historia nos lleva a conclusiones arbitrarias, y los pueblos pagan al cabo las graves consecuencias del partidismo o la ingenuidad de los historiadores. Pero hay más.

El aristócrata que hoy exalta a la monarquía forma parte de una clase social que en la Edad Media pugnó a menudo por destruirla. El republicano actual es, si pertenece a la clase media, la prolongación en el tiempo de un estamento sinceramente monárquico en la Edad Media: y si ese republicano figura hoy en el sector más humilde de la sociedad, si es un proletario, no debe olvidar que sus equivalentes de aquella edad hubieran dado al rey, si hubieran podido, las prerrogativas más extremadas del absolutismo. Así se explica la popularidad del absolutismo, en España y fuera de España, en el siglo XVI.

O lo que vale tanto: la tradición aristocrática es en alto grado limitativa de la monarquía, y la tradición popular y democrática, por el contrario, es monárquica, Por consiguiente, la obra de los apologistas de la antigua representación popular, como la de los que en nuestra época entonan alabanzas al absolutismo monárquico de otros tiempos, no descansa sobre firme base si lo que pretenden unos y otros es llamar a la tradición o a la costumbre antigua en apoyo de sus ideales.

El pueblo medieval era monárquico de la monarquía feudal, sofocada por los nobles; que el pueblo no fuera, acaso, en Europa, monárquico de la monarquía absoluta del siglo XVIII se comprende, porque en el siglo XVIII, superada la crisis histórica del Renacimiento, el temor a la burguesía, pujante en Europa, republicana y deísta, había impuesto a la corona, a la aristocracia y al clero un compromiso mutuo. La monarquía se tornó reaccionaria en toda Europa en el siglo XVII.

La misma necesidad convirtió en cortesana y en pedestal del trono a la nobleza. En Inglaterra —caso típico— la nobleza de los siglos medios era liberal (ella fue la que arrancó al rey John, en 1215, la Magna Carta famosa). Mas luego que surgió la Cámara de los Comunes, la de los Lores comenzó a respaldar sistemáticamente a la corona y autorizó en el siglo XVI el despotismo más desenfrenado que ha habido en Europa, el del glotón Enrique VIII. En el siglo XVII, la oposición de la monarquía inglesa al progreso político del estado llano provocó una guerra civil que duró cincuenta años (1640-1688).

En sus orígenes, la representación popular en los parlamentos presenta, pues, una fisonomía peculiar a la época; y si los municipios españoles eran distintos de los municipios de otros países (cuando estos reaparecieron) en virtud del carácter de las poblaciones, distintos habían de ser asimismo la condición de la representación popular y los efectos de este fenómeno en la sociedad.R.B.: RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, Historia de España, Compañía general de ediciones, 1950, México, Tomo II págs. 45-47.

Cortes en León y Castilla

Que las Cortes son hijas de los concilios visigodos, prolongación, a su vez, de los concilios del clero hispanorromano, no ofrece materia de disputa. Ya en el siglo IX, en las primeras ciudades reconquistadas de los moros, reaparecen las asambleas visigodas. El rey congrega al clero y a la nobleza en juntas nacionales, a las que asiste el pueblo a manera de comparsa muda. De esta presencia del pueblo se han derivado dudas acerca del momento en que dejó de ser espectador para convertirse en actor.

Pero todos los historiadores solventes vienen a coincidir en que la clase media española estuvo representada en Cortes, en Castilla y León, por primera vez, a fines del siglo XII. Unos autores consideran que este hecho acaeció en un concilio de Burgos, en 1169, otros lo sitúan en las Cortes de León, en 1188, año en que ponen también a la asamblea de Burgos, (En esto parece haberse adelantado Aragón a León y a Castilla: en 1163 comenzó a figurar en las Cortes de este reino el estado llano; pero esta fecha no es aceptada por todos los historiadores, y dan otros, para este acontecimiento, la de 1274.)

Y aún es anterior la entrada del pueblo en las Cortes de Navarra, pero incidentalmente, en casos extraordinarios, como al ser elegido García Ramírez en 1134. Las Cortes de Cataluña admitieron por primera vez a la burguesía (los síndicos de los municipios) en 1218, ocasión en que se reunieron en Villafranca, presididas por Jaime I; pero de derecho las Cortes catalanas no existieron, según vimos, hasta 1283; Valencia, en fin, tuvo Cortes propias desde ese mismo año, parecidas por su régimen representativo a las de Cataluña.

Lo que ante todo importa para nuestro discurso es que está comprobada la representación popular española en el siglo XII, cuando aún no figuraba el estado llano en ningún otro parlamento del mundo. En Inglaterra tardaría todavía la burguesía noventa y seis años en sentarse junto a los otros brazos del Estado en la Cámara legislativa, y aun entonces sería fugitiva su presencia, porque el conde de Leicester convocó a los burgos para que confirmaran su usurpación del poder, y hasta 1297, en el reinado de Eduardo I, esto es, ciento veintiocho años después que en España, no comienza la era de la representación popular en Inglaterra.

Pero también en esta cuestión precisa aceptar con reservas, a mi parecer, la superioridad intrínseca de la constitución política de España. El hecho mondo y escueto de la presencia de la clase media española en las asambleas nacionales con anterioridad a la de otros países es innegable. Pero este acontecimiento no certifica, en mi opinión, madurez de la constitución política de España, ni responde a un orden constitucional más firme, lógico y perfecto que el de Inglaterra, por ejemplo.

Porque el poder de las Cortes españolas, como vamos a ver enseguida, no se nutre tanto del progreso paulatino de la constitución política general como de anarquía civil imperante, que también había de grabar aquí su huella, como en todas las demás instituciones la Edad Media peninsular. Las Cortes no podían ser una excepción

En consecuencia, la representación popular española no llegó a definirse claramente ni en las atribuciones de los diputados, ni en el régimen de convocatoria, ni en el derecho de asistencia. En el período más brillante de las Cortes, que es, por manera significativa, el de mayor desorden, en el siglo XIV, aparecen excluidas más de la mitad de las grandes ciudades y están representados pueblos sin título suficiente que se nos alcance para disfrutar semejante privilegio. O dicho de otro modo: ni estaban todos los que eran ni eran todos los que estaban.

Rara vez pasaron de cincuenta los lugares con mandatarios en Cortes. Ciudades representadas en una ocasión se nos aparecen privadas de este derecho en años posteriores.

En las trascendentales Cortes de Alcalá, de 1348, en las que se promulgaron las Partidas, no figuraron diputados de León. Por otro lado, aunque cada ciudad había de enviar dos mandatarios, en algunos parlamentos se observa desconcertante desproporción en el volumen de las delegaciones. Exempli gratia, en las Cortes de Madrid, en 1390, Burgos y Salamanca estuvieron representadas por ocho delegados, mientras que Córdoba y Sevilla, más ilustres y no menos pobladas, solo obtuvieron tres puestos; Cádiz, dos; Oviedo y Badajoz, uno.

El número total de diputados presentes en estas Cortes, (cuarenta y ocho) tampoco correspondía a la relativa pujanza de la vida urbana española.

Si la irregularidad estuviese solamente en el número de ciudades representadas en Cortes nos sería dado colegir, también en este dominio, la debilidad de la corona, por cuanto solo enviaban diputados los municipios de jurisdicción real, ya que los de abadengo y solariego o señorío se consideraban representados en las delegaciones del clero y la nobleza. Pero la inconsecuencia se extiende a todos los aspectos de la representación popular, y no es el más insignificante el que se relaciona con sus facultades.

¿Legislaban las Cortes? Sí y no. En esto, como en todo lo demás, la fuerza de las Cortes dependía de la necesidad o no necesidad que de ellas tuvieran los reyes en un momento determinado. No había norma. De ahí que sea inútil la polémica entre los que mantienen que las Cortes se asemejaban a los parlamentos modernos y los que recusan esta aseveración. Todo era entonces incalculable en la práctica constitucional española.

La diferencia, harto ostensible, entre lo que las Cortes eran de derecho y lo que en realidad resultaban ser a veces, delata la existencia de una anarquía o falta de auténtico poder soberano, de lo cual tomaba la clase media, ni más ni menos que los demás estados de la sociedad, gran parte de su fuerza política.

Volviendo ahora a fijarnos en Inglaterra terminaremos de aclarar la situación española.R.B.: RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, Historia de España, Compañía general de ediciones, 1950, México, Tomo II págs. 47-50.

Las Cortes y la Corona

La entrada del estado llano inglés en el Parlamento se produce, según dije antes, a mediados del siglo XIII, merced a la usurpación del conde de Leicester Simón de Monfort. Es la flaqueza del gobierno y no la fortaleza de los burgos, lo que causa esta revolución en Inglaterra. Lo mismo hay que consignar por lo que atañe al formidable poder que adquieren las Cortes españolas en el siglo XIV. Pero ni en Inglaterra ni en España quedaba limitada la generosidad del usurpador a la clase media; cuando iban bien favorecidos los ciudadanos, marchaban mejor los nobles.

Por ejemplo, Sancho IV, el hijo pródigo de Alfonso el Sabio, accedió a cuanto le pedían las ciudades. Ya en 1281, en vida de su padre, las Cortes de Valladolid le reconocieron por gobernador del reino a trueque, naturalmente, de fueros y mercedes. Sancho autorizó en 1295 las Hermandades, pero fue este mismo príncipe, como se recordará, quien convirtió en hereditarios gran número de feudos y enajenó buena porción de los dominios reales a favor de los señores y las órdenes religiosas.

A igual tenor, en los años subsiguientes, la menor edad de Fernando IV (1295-1312) y la flojedad de la Regencia, asaltada por las pretensiones al trono de los infantes de la Cerda, dio a las Cortes desusado influjo. Este estado de cosas se agravó durante la minoridad de Alfonso XI (1312-1350), ocasión en que los candidatos a la Regencia rivalizaban en halagar a las ciudades.

Nuevas discordias dinásticas y civiles en el reinado de don Pedro el Cruel (o el Justiciero) (1350-1369), culminantes en la ascensión al trono del bastardo Enrique de Trastámara (Enrique II, 1369-1379) acrecieron el poder político de las ciudades. Mas por la misma causa fueron también mayores que nunca las mercedes que obtuvieron los nobles a expensas de la corona.

El poder espectacular de las Cortes en el siglo XIV no se traduce, por tanto, en medidas eficaces de gobierno El celo, el buen sentido y el patriotismo de los diputados resalta en la mayoría de las quejas y proposiciones Pero la omnipotencia de los nobles impedía que prosperasen las saludables iniciativas del estado llano. No se remediaba ningún mal raíz. El clero y la aristocracia eran tan poderosos, que el rey, cuyo interés coincidía, por lo común, con el de los municipios, no podía someterlos, o era un pobre muñeco en manos de las clases superiores.

Juan I (1379-1390) accedió a que entrasen a formar parte del Consejo Real representantes de los municipios, y poco antes de morir les señaló un puesto en el consejo de Regencia; pero Enrique III (1390-1407) los eliminó, sin duda a persuasión de los grandes. Y cuando en las Cortes de Madrid, en 1419, los procuradores insistieron en tener participación en el gobierno, Juan II (1407-1454) acogió la demanda con simpatía, pero la rechazó en seguida por presión del arzobispo de Toledo y otros consejeros.

Ya vimos con pruebas sobradas que la corona estaba en España despotenciada por los fueros y privilegios que gozaban todos los estados del reino. De aquí provenía la anarquía constitucional, hija, en última instancia, de la anarquía guerrera. El desorden público, el bandolerismo nobiliario, la inseguridad de los caminos y centros de población, eran entonces comunes a todos los países europeos, y no reside en este punto la singularidad de España.

Distinta experiencia se da, no obstante, en el área constitucional de cada nación. La relación de los burgos con la corona inglesa difiere esencialmente al menos al principio, de lo que son los municipios españoles respecto de la monarquía. Los concejos castellanos son, según expusimos, casi estados independientes. Se inspiran en una tradición ininterrumpida, aunque modificada, que se remonta a la época romana. El monarca los fue encontrando al avanzar la Reconquista y confirmó sus privilegios, cuando no añadió otros nuevos. La urgencia de repoblar le forzó a ser no menos liberal con los lugares de nueva planta.R.B.: RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, Historia de España, Compañía general de ediciones, 1950, México, Tomo II págs. 50-52.

España-Inglaterra-Francia

En Inglaterra y en Francia no fueron las necesidades demográfica y militar las que incitaron a la corona a fundar y fomentar los burgos, sino, exclusivamente, el deseo de contrapesar el poder de la nobleza y el apremio de allegarse recursos pecuniarios. De la resistencia de las ciudades, cuando alcanzaron alguna importancia, a conceder al rey cuantos servicios económicos solicitaba, se derivó la representación del estado llano en los parlamentos de Francia e Inglaterra.

Porque careciendo el monarca de fuerza militar propia con que imponer sus arbitrarias exacciones a los burgueses, tuvo que negociar con ellos la ayuda financiera. Por eso en su primera época, los Comunes ingleses no tenían más misión que la de votar los créditos; hecho esto se dispersaban.

La autonomía de las poblaciones inglesas, aparte la City de Londres, no llegó nunca a ser tan amplia como la de los municipios españoles, que eran como otras tantas repúblicas y actuaban como estados. Al extremo de que los municipios españoles solían dar a sus representantes instrucciones verbales o escritas que los reducían, para muchas cosas, a diputados de una ciudad determinada y no de la nación en general. Los fueros articulares fomentaban esta tendencia; y la mengua y eclipse del poder de las Cortes tendrá su origen, en grado sumo, en la falta de solidaridad entre las ciudades, en ese angosto localismo provinciano que caracteriza a las sociedades primitivas.

Cuando en las Cortes de Ocaña (1422) se acordó que en lo sucesivo los gastos de la representación popular (cada día peor vistos por los municipios) corrieran a cargo de la corona, las ciudades atestiguaron que ya no tenían en gran aprecio el derecho de concurrir a las asambleas nacionales. Y es que se habían cansado de denunciar daños y presentar reivindicaciones que quedaban casi siempre sin enmienda y satisfacción. No tenía sentido afanarse en debates y apuntar soluciones que rara vez conducían a medidas prácticas de gobierno. De esta justificada desilusión del estado llano se aprovecharon las clases superiores, más que la corona para asestar un golpe mortal a las Cortes.

Fuera o no prerrogativa regia la de nombrar las ciudades que habían de estar representadas en Cortes, lo cierto es que al sufragar el erario real los gastos de los procuradores, aquella facultad no tuvo ya, si los hubo antes, impugnadores. En las Cortes siguientes solo se hallan representadas doce ciudades: Burgos, Toledo, León, Sevilla, Córdoba, Murcia, Jaén, Zamora, Segovia, Ávila, Salamanca y Cuenca.

Más tarde, a las doce privilegiadas se agregaron otras seis: Toro, Valladolid, Soria, Guadalajara, Granada y Madrid (Granada, cuando pasaba tributo a la corona solía enviar representantes a las Cortes). Quedó rebajada, al fin, la representación popular a dieciocho concejos. Y cuando las ciudades excluidas tornaron a invocar su derecho a enviar diputados, las dieciocho privilegiadas se opusieron, alegando que mientras menos fuesen, con más celeridad y orden despacharían los asuntos (¡!).

Reducida la representación popular a tan escasas dimensiones, fácil fue prescindir de ella o corromper a los procuradores.

Por último, interesa sobremanera consignar que el ocaso de las Cortes en el siglo XV, antes de los Reyes Católicos, no significa necesariamente crecimiento del poder real, sino privanza absoluta de la opulenta oligarquía nobiliaria.

Por lo demás, las Cortes españolas estaban amagadas por la revolución del Renacimiento, como los parlamentos de otras naciones. Mas observamos en la vida de las Cortes oscuras irregularidades y defectos orgánicos que contrastan con la claridad constitucional que acompaña a la representación nacional en Inglaterra y en Francia.

En estos países se ve nacer a los burgos, con su clase media genuinamente burguesa, sin caballeros ni fuerza militar. El número de ciudades representadas en los Comunes ingleses y en los Estados Generales franceses es cada día mayor, en armonía con la paulatina evolución de la sociedad hacia el capitalismo.

La primera vez que asisten en regla los diputados del estado llano inglés al parlamento (en el reinado de Eduardo I), lo hacen en nombre de ciento veinte burgos, cifra, probablemente, no alcanzada nunca por las ciudades españolas con el derecho de figurar en Cortes. (Además, Inglaterra debía de tener entonces un millón de habitantes, o poco más, por unos seis millones Castilla y León).

Al lado de los burgueses aparece a poco en Inglaterra la clase media agraria, la nobleza menor o caballeros representantes de los condados. Así, la Cámara de los Comunes se forma sobre la base ciudadana de los burgueses propiamente dichos y la clase media territorial, la gentry, estamento acomodado importantísimo, del que, con el tiempo, saldrán los puritanos y su líder, Oliverio Cromwell, la figura más considerable de la Historia inglesa. La representación nacional inglesa se escinde en dos brazos: el popular o burgués (los Comunes) y el aristocrático, o Cámara de los Lores.

En los albores del siglo XV, en el reinado de Enrique V, cuando apenas cuentan ya las Cortes españolas, la Cámara de los Comunes se arroga la facultad legislativa. Burgueses y caballeros, comerciantes plebeyos y nobles menores territoriales, se confunden en un solo cuerpo político poderoso e influyente.

Los caballeros no tienen inconveniente en representar a los burgos. (Una de las razones de la fuerza social de Inglaterra es, sin duda, la alta estima en que desde un principio tuvo la nobleza de linaje a los comerciantes.) Notamos en páginas anteriores la aristocratización de los municipios españoles; vemos ahora el aburguesamiento de la nobleza inferior inglesa.

En Francia también comprobamos el normal y progresivo desenvolvimiento de la constitución civil, bien que con rasgos peculiares a una nación donde el poder de la corona era inferior al que gozaba en Inglaterra. En los Estados Generales de 1355 están representadas las ciudades francesas por cuatrocientos diputados. Aun considerando la superioridad numérica de la población de Francia sobre la española, tan crecida proporción a favor de los burgos denota la excepcional importancia del estado llano francés ya en el siglo XIV.

En resolución, el carácter burocrático, militar y agrario de la clase media cristiana española que poblaba las ciudades; su espíritu caballeresco, la desmesurada preponderancia de los eclesiásticos, la enorme masa hebrea, los mudéjares (de quienes diremos a continuación lo pertinente a este estudio), hacían de nuestros centros urbanos, pronto invadidos y perturbados por la indigente nobleza inferior, una confusa, invertebrada y débil sociedad.

Una genuina burguesía española, como la que en la Baja Edad Media se desarrollaba en los burgos europeos, solo existía en Barcelona (que no solo era una ciudad, sino un territorio), constituida en neta república medieval, a la italiana.

R.B.: RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, Historia de España, Compañía general de ediciones, 1950, México, Tomo II págs. 52-55.