La Unidad Nacional

Significación de los Reyes Católicos

Carlos I y Felipe II

Felipe II, rey de todos los españoles

La castellanización de Cataluña

Olivares y la unidad nacional

Conflictos en Cataluña y en Portugal

La guerra de Sucesión. Felipe V

Isabel I de Castilla, 1451-1504

Fernando II de Aragón, 1452-1516

Significación de los Reyes Católicos

Conformada España moral, política y económicamente por el largo y violento proceso medieval que le impuso la Reconquista, desembocó en el Renacimiento dividida en cinco estados: Aragón, Castilla, Navarra, Portugal y el reino moro de Granada. Cada uno de estos estados se regía por instituciones soberanas particulares; y el de Aragón comprendía tres pueblos, con sus Cortes aragonesas, catalanas y valencianas, respectivamente.

Sin embargo, en todas las regiones latía en el s. XV un sentimiento favorable a la centralización y a la unificación estatal de la Península. Las Cortes y el régimen municipal de la Edad Media estaban en decadencia. La unificación legal de Castilla se realizó en la mayor parte de los casos por presión de los diputados o procuradores de los concejos. Lo mismo, o poco menos, aconteció en otras regiones.

Cuando Fernando el Católico modificó la constitución política de Barcelona, los concelleres no hallaron asistencia en la opinión pública para resistir al príncipe: en 1490 quisieron adoptar medidas para contener la amenaza, pero la mayoría de las personas a quienes pidieron consejo mostraron gran frialdad en la defensa de los fueron municipales: prueba elocuente —comenta con acierto Altamira— de que se había perdido el antiguo amor a la independencia y de que la masa se sentía dominada por el prestigio de la autoridad real y por las ideas absolutistas de la época.R.B.: Altamira, Historia de España y de la Civilización Española, 4ª edición, t. II pág. 453.

La monarquía absoluta se había ido afirmando desde el siglo XIII en virtud de la resurrección del derecho romano, y la unidad de España era una exigencia del tiempo, dictada por la reacción contra el orden particularista medieval y también por la necesidad de sobrevivir en un mundo en que las naciones divididas sucumbían ante el juvenil apetito de las unidas.

Bajo Enrique VII consumó Inglaterra su unificación política, y lo mismo hizo Francia bajo Luis XI. Fernando el Católico era en España perfecta contrafigura de esos dos príncipes.

Príncipes muy renacentistas por sus ideales y por su perfidia fueron asimismo don Juan II de Aragón y su segunda mujer, doña Juana Enríquez, que tanto contribuyeron a la unión de Aragón y Castilla, persiguiendo por todos los medios el casamiento de su hijo Fernando con Isabel.

Con todo la unificación política de España no podía ser como la de Inglaterra o Francia; habría de tener sus limitaciones; no se anulaban ni borraban ya por completo los efectos y consecuencias de la peculiar Edad Media peninsular. La sociedad española se hallaba aún dominada por el espíritu de la Edad que moría, lo que explica que Isabel y Fernando pusieran más de una vez en peligro su propia obra con palabras y actos incomprensibles de otro modo.

Isabel era esencialmente una mujer de la Edad Media, como lo fueron sus directores espirituales; Torquemada y el cardenal Cisneros. En la diarchia o gobierno dúplice en que Fernando personificó la razón de Estado y el escepticismo del Renacimiento, Isabel representó los ideales medievales con un leve tinte humanista a los sumo, como Cisneros.

Antes que Felipe II fue Isabel quien pronunció, ante la cuestión religiosa, la famosa frase: aunque se pierdan los Estados, fórmula impolítica que jamás hubiera usado Fernando. Precaria y todo, la unificación realizada por los Reyes Católicos y continuada por Carlos V y Felipe II ahorró probablemente a España el trágico destino a que la desunión política condenó entonces a otros pueblos. España no era en el s. XV una nación que se hubiera desenvuelto biológicamente, por decirlo así, sin accidente grave alguno, fiel al ciclo de las edades, como un ser normal.

Para juzgar a la monarquía absoluta española y apreciar la obra de los Reyes Católicos hay que tener presente que la Península salía de la Edad Media desahuciada, tan dividida e ingobernable, que tenía difícil enmienda. Quien pase por alto esta circunstancia errará fundamentalmente en la interpretación de la historia moderna de España. España entraba en la nueva Edad sentenciada a devorarse en sí misma en guerras intestinas, a desaparecer en un caos de luchas entre las clases sociales, entre las razas y entre las religiones.

Los contemporáneos no veían salida, y en el discurso coherente y ordinario de los hechos, según los discernimos, no la había. La aparición de Isabel y Fernando en el trono fue una especie de fenómeno o suceso providencial, que bien estudiado nos parece portentoso.

Carlos I y Felipe II

No ofrece duda de que los Reyes Católicos salvaron a España como Julio César salvó a Roma: para que pudiera tirar, y con cierta gloria, otros tres siglos más. La suposición de que en el s. XVI se inserta en la historia española un elemento extraño que corta el normal desenvolvimiento del ser español y le pone con todas sus energías y toda su grandeza al servicio de una dinastía servidora a su vez de una idea imperialista y católica (Azaña) no se sostiene, porque elimina toda la imponente realidad medieval española, que disparaba a la nación en ese rumbo.

Sin duda, la alternativa que se ofrecía al estadista español en el Renacimiento se hubiera cifrado en una política que permitiera organizarse a las regiones y ciudades españolas en régimen análogo al de las repúblicas italianas; pero eso era imposible en la España de los siglos XV y XVI (en primer lugar, este tipo de libertad no interesaba al pueblo entonces, porque le situaba, indefenso, a merced de la poderosa nobleza) y hubiera sido fatal para la Península.

Basta con leer la jeremíadas de Maquiavelo ante el drama de una Italia desunida, desgarrada por las invasiones, campo de batalla de todos los ejércitos de Europa, víctima de las despiadadas intrigas de la diplomacia internacional, para persuadirse de la razón con que el gran patriota florentino veía en la monarquía de Fernando el Católico un régimen ejemplar y envidiable.

Es por tanto absurda la idea de que los Austrias, una dinastía extranjera, importaron en España el régimen absolutista y centralizador. No hay tal cosa; ni hay, si bien se considera, tales Austrias. Carlos I (Carlos V de Alemania), como heredero de la personalidad moral de Juana la Loca, su madre, sin un solo rasgo idiosincrático que recuerde al alegre y vital Felipe el Hermoso, su padre, era un personaje profundamente español. De Felipe II, hijo de esa figura tan española Menéndez Pidal y de una portuguesa, no hay que decir.

Con su política cesarista dentro de España, Carlos V continuó la obra de los Reyes Católicos. Y Felipe II desarrolló la política de su padre y de sus abuelos, incluso en la cuestión protestante. Porque aunque hubo un momento en que Carlos V buscó la conciliación con los luteranos y se carteó con Erasmo, entró luego en favor del catolicismo y contra la Reforma, fomentó la Inquisición, se interesó por el Gran concilio y desde el monasterio de Yuste envió a su hijo instrucciones draconianas contra los heterodoxos de Valladolid y Sevilla.

Bien que se advierta en la política religiosa de Carlos V y Felipe II la continuidad de los afanes de los Reyes Católicos, pues, en fin de cuentas, la política antirreformista de aquellos se inspiraba en el sentir y las tendencias de los españoles tanto como la de Isabel y Fernando, no es menos cierto que Carlos no recogió con mano firme ni prosiguió con el deseable impulso la obra nacional emprendida por sus abuelos maternos.

Los treinta y tantos años de reinado de Carlos V fueron años perdidos para España, dado que estuvo ausente, en conjunto, cerca de veintitrés y en una sola ocasión tardó en aparecer por la Península casi tres lustros. La nación que pareció que iba a levantar la monarquía unitaria quedó por hacer; y la unificación orgánica de España avanzó poco en los ciento cincuenta años de poderío español. Porque en sus últimas aspiraciones la política del Estado español del s. XVI fue netamente medieval.

Se pretendió perpetuar la Edad Media, y perpetuarla, no solo en España, sino en toda Europa. Y ello tuvo dos consecuencias importantes: una, que la nación desvió su interés y su fuerza hacia el exterior, con lo cual se olvidó de sí misma, y otra que el Estado se desentendió de la obra de unidad orgánica, como acabamos de decir, por la que, pensando con conceptos medievales, no sentía la urgencia del Estado francés, por ejemplo; y como las regiones se orientaban también con igual espíritu, defendieron la tradición particularista medieval con tenacidad.

Los ideales de Felipe II eran los de su bisabuela, Isabel la Católica. En su reinado se vuelve a sumergir España en la Edad Media, pero con sus cumbres intelectuales como la representada por Cervantes iluminadas por el Renacimiento. Y aunque Felipe II apenas salió de la Península, siguió absorbido más por la marcha del mundo, que él quería regir, que por la marcha de su país, del que, sin embargo, se ocupó en mayor medida que su padre. Pero no impulsó la obra unificadora, como veremos a continuación: la unión de Portugal con el resto de los Estados de la monarquía fue puramente formal.

Felipe II, rey de todos los españoles

La Independencia política de Portugal estaba ya en el Renacimiento muy consolidada y a ello había contribuido poderosamente Inglaterra en los siglos anteriores. El conflicto histórico anglo francés estuvo exacerbado en los siglos XIV y XV, e Inglaterra necesitaba a Portugal para luchar contra Francia. La necesitaba también para debilitar a Castilla, aliada a veces de Francia. Es decir, Portugal debía la afirmación de su independencia a ese fenómeno internacional, aun subsistente, que se conoce por balance of power.

Otro factor acabó de singularizar a los portugueses, por más que no denote genio distinto al de Castilla, de donde salieron figuras de igual talla: los descubrimientos geográficos. La independencia estranguló económicamente a Portugal (que continua aniquilada por esa razón). Con su extensísima costa, a menudo abrupta o estéril, y su corto hinterland, los portugueses tenían que navegar o condenarse a una vida miserable; y antes del descubrimiento de América ya se afanaban con angustia por acrecer su espacio vital, que solo podía ser marítimo, si Portugal insistía en mantener fronteras con Castilla.

Así, las navegaciones de los portugueses, que fueron hasta cierto punto consecuencia de la separación, dieron a Portugal una personalidad que a su vez acentuó la independencia política. Y, sin embargo, de tal modo favoreció el Renacimiento —en la medida en que penetró en España— la política de la mutua aproximación de los pueblos peninsulares, que Portugalpersiguió la unión peninsular con tanto interés como Aragón y Castilla.

Si su incorporación al nuevo Estado fundado por Isabel y Fernando fracasó, no fue por ninguna razón o causa profunda. Sabido es que la unión se forjaba entonces formalmente mediante los enlaces matrimoniales de la realeza, y solo la muerte, arrebatando pertinazmente a los príncipes castellano portugueses que fueron candidatos sucesivos al reino unido de España, impidió que prosperaran tan altos proyectos. En tiempos de los Reyes Católicos y de Carlos V, Portugal quedó fuera del estado español, pero se sintió aún española.

Se acendró en el s. XVI la entrañable intimidad cultural, que desde mediados de la centuria antecedente hermanaba a Portugal con Castilla por el lazo de la poesía bilingüe. La unión política siempre frustrada, continuó latente, y se lograría. El auge del poder español actuó de fuerza centrípeta, atrajo a Portugal, y fue también el principal agente en la absorción de Cataluña. En 1580 estaba España en la altura meridiana de su poderío e influencia.

Fuera de la Península los dominios de Felipe II comprendían las Islas Baleares, y Canarias, el Rosellón, Nápoles, Sicilia, Milán, Cerdeña, Flandes, los Países Bajos, el Franco Condado, plazas del N. de África; México, el Perú, Nueva Granada, Chile, las provincias del Paraguay y la Plata y todas las Antillas, en América; en el Pacífico, las Filipinas.

En suma, la monarquía española era en ese instante la más poderosa del orbe y su fuerza militar y diplomática, irresistible. Portugal, en cambio, declinaba. Camoens cantaba ya glorias pasadas. Portugal percibió, quizás, el error de la separación y aceptó a Felipe II como rey en las Cortes de Thomar (abril de 1581). Ni el derecho indiscutible de Felipe II a la corona portuguesa, ni la peripecia militar que le abrió la ruta física al trono explican la unión, que solo por causas más hondas pudo lograrse y mantenerse durante sesenta años.

La castellanización de Cataluña

Cataluña, cuyas instituciones dejó incólumes en esencia la corona, se castellanizó por el mismo fenómeno que facilitó el acercamiento de Portugal: la incontenible presión moral de Estado y el idioma nacional español reinante en los dos hemisferios. (Por razones semejantes se hace inglesa Escocia desde principios del s. XVIII).

Ese factor se alió con otros decisivos, que despotenciaron a Cataluña: el descubrimiento de América, que dirigió a Occidente la actividad mercantil; las conquista de los turcos en Asia Menor, que interrumpieron el comercio catalán con las escalas de Levante; la piratería turca y berberisca, que tornó inseguro todo tránsito por el Mediterráneo, y la cuestión religiosa, que privó a Barcelona de grandes capitales de que eran dueños los judíos ortodoxos y conversos.

Estos accidentes asestaron a Cataluña el golpe que impuso su decadencia y casi borró su personalidad. La mengua de la personalidad catalana se gestó, en definitiva, en la ruina económica de Barcelona. Si bien Isabel, llena de prejuicios medievales, excluyó a los catalanes del comercio con las Indias, Carlos V, que abría las Cortes catalanas hablando catalán, sentía debilidad por ellos y los favoreció mucho.

Pero el remedio de la crisis no dependía de la corona; tenía demasiada profundidad. Cuando decimos que Cataluña se castellanizó no empleamos, tal vez, la palabra exacta para señalar el hecho de la sustitución en los grandes centros de población del principado del idioma catalán por el que hablaban la mayoría de los españoles. Deberíamos decir se españolizó. Porque el lenguaje que se extendía por toda la Península, lenguaje suprarregional, no era, en rigor, el castellano, sino otro, aunque elaborado sobre el dialecto castellano, distinto.

El romance que resultó en Castilla por la progresiva descomposición del latín, distaba mucho de ser la lengua de cultura compuesta y edificada sobre la descomposición dialectal castellana por los hombres más cultos de todas las regiones españolas. Cataluña contribuyó, como las otras regiones, a formar la lengua nacional, el español, que al abrirse paso, en detrimento del catalán, por el Nordeste de España acentuó la españolización de Cataluña. El castellano propiamente dicho siguió siendo un dialecto como otro cualquiera de la Península y no rebasó los confines de Castilla la Vieja.

Sin embargo, hemos escrito se castellanizó y no se españolizó teniendo en cuenta que Cataluña es una región española, y lo sería aunque solo hablase catalán. La última expresión es solo valida, pues, para definir con propiedad el acontecimiento lingüístico. Cuando el español se propagó por las ciudades catalanas, Cataluña no recibió, en fin, una lengua extranjera, sino el habla nacional de España, tan suya como de las demás regiones, construida por todos los espíritus cultivados de la Península; por el valenciano Vives, como por el portugués Gil Vicente, por el andaluz Herrera, como por el catalán Boscán.

Olivares y la unidad nacional

Dijimos que Felipe II dejó en pie en las regiones la organización política medieval no afectada por las reformas de sus predecesores. Antes que derogar los privilegios feudales los sostuvo con indiferencia, inclusive cuando el pueblo clamaba por su abolición, como aconteció con el despótico tribunal fuerista de los Veinte en Zaragoza, instituido a principios del siglo XII y que todavía en 1589 aplicó la pena de horca a dos reos sin formación de proceso.

Cierto que en el reinado de Felipe II perdió su independencia la institución del Justicia Mayor de Aragón, pero ello no hubiera acaecido sin los disturbios a que dio lugar la presencia de Antonio Pérez —el secretario del rey, que, huido y en rebeldía, se refugió en Zaragoza—. Nunca estuvo en la intención de Felipe II la intención de abrogar este fuero, por lo demás de indiscutible impronta medieval, pues la función del Justicia consistía en velar por la seguridad de los nobles.

Y es que en la Edad Media, singularmente en Aragón y Cataluña, la libertad tenía significación y alcance muy restringidos; era privilegio de una minoría, compatible con la más desenfrenada opresión de las clases serviles. Por eso la acción igualitaria de la monarquía absoluta hizo popular al príncipe y a la institución. En la constitución política de Cataluña, dicho se está, Felipe II tampoco introdujo ninguna modificación especial.

En Portugal respetó escrupulosamente la autonomía. Los personajes de la dinastía sustituida —salvo don Antonio, el prior de Crato— continuaron residiendo en el país y se movieron con libertad absoluta, liberalmente tratados, al extremo de seguir existiendo la corte portuguesa. En aquello que pudiera ofender los sentimientos nacionales de los portugueses, el cambio de régimen solo se reflejó en la presencia de un virrey, un pequeño destacamento de tropas españolas y algunos impuestos sin importancia.

Los empleos públicos continuaron desempeñados por portugueses. En ninguna ocasión trató Felipe II de usar el ejército o la marina de Portugal en campañas que no fueran en interés directo de aquella nación. Portugal administró sus ingresos sin intervención de la corona. Las colonias continuaron bajo gobierno y administración de los portugueses. En suma, Portugal no tuvo queja de Felipe II, cuya política, si de algo pecó, fue de timidez, a la que este rey, como es sabido, fue excesivamente adicto, excepto cuando se ventilaban asuntos de la fe religiosa.

Se ha dicho que Felipe II no extrajo a la unión con Portugal todo el fruto que prometía para el interés peninsular y que debía haber trasladado la corte a Lisboa. En el primer reproche hay, sin duda, algún fundamento, pero no en el segundo. Educados los portugueses desde tiempo inmemorial por las clases dominantes en aquel país en el odio a Castilla —y los castellanos, estúpidamente, en el desprecio a Portugal—, la unión requería por parte de los españoles tacto muy suave y en este criterio se inspiró Felipe II, no dando ningún paso que pudiera herir la hipersusceptibilidad portuguesa.

La fusión de ambos estados, aun teniendo tan corto alcance, no perjudicó a Portugal, sino todo lo contrario. Felipe II dio nuevo impulso al comercio peninsular suprimiendo las fronteras fiscales entre los dos reinos; trato de hacer el río Tajo navegable desde Toledo a Lisboa; combatió con resultados apreciables la mendicidad; mejoró la administración pública y llevó a cabo la ordenación de las leyes portuguesas, que refundió en un todo conexo.

En el reinado de Felipe II, Portugal siguió tocando los beneficios de la unión, sin ninguna de sus desventajas. Pero España, desde la derrota de la Armada Invencible en 1588, comenzó a resbalar por la pendiente de su derrumbamiento militar y político, y lo que el prestigio y el éxito habían anudado, el fracaso y la penuria lo iban a desanudar. Mientras España sostuvo su relevante posición en la guerra y en la diplomacia, la aguda diversidad política y administrativa de sus regiones, esto es, la escasa penetración de la unidad nacional, pudo no preocupar seriamente a la monarquía.

Mas la rápida crisis del poder español en Europa planteó de súbito el problema de la unidad efectiva de la nación. España estuvo de continua en guerra con Francia, una potencia uniforme, organizada a base de una fuerte centralización. La vastedad de los territorios españoles en el mundo —todos codiciados por Estados jóvenes deseosos de acrecer su riqueza y su poder—, imponía a nuestra nación, aunque nadie lo hubiera querido, una lucha sin tregua.

Ya desde la unión de las coronas de Aragón y Castilla, el pasado de la política aragonesa catalana en el Mediterráneo complicó a Castilla en las guerras por la reconquista o conservación de los territorios de Nápoles, Sicilia, Cerdeña y el Rosellón, y la rivalidad tradicional de Aragón y Cataluña con Francia forzó a los Reyes Católicos a buscar alianzas en el Norte y en el centro de Europa.

De ahí, el matrimonio de Juana, hija de Fernando e Isabel, con el archiduque de Austria, Felipe el Hermoso. Los países aportados por los Habsburgo y borgoñones a la nueva combinación estatal acabaron de asegurar la insoslayable intervención de España en las luchas continentales. No hay, ciertamente, nada caprichoso en la dirección que tomaron los intereses españoles, siquiera sea exacto que al recaer la corona imperial de Alemania en Carlos I de España un nuevo factor vino a multiplicar los compromisos españoles en Europa.

El hecho más transcendental, sin embargo, es que el imperialismo francés arrastraba a España —una vez consumada la unión de Aragón y Castilla— a la alianza con los países del Norte y el centro de Europa, y a estos a la alianza con España. Por tanto, las interminables guerras en que España se ve envuelta en los siglos XV, XVI y XVII, se originan, o en la necesidad de conservar la herencia de la corona de Aragón en el Mediterráneo y en Francia, o en el designio imperialista de Fernando el Católico —compartido por Isabel con un sentido nacional—, o en defensa de los ideales religiosos antirreformistas.

Estas luchas, junto con los azares y trabajos del descubrimiento y colonización de las indias occidentales, consumen rápidamente las energías de España, en particular las de Castilla. Pero no estamos, como se ha supuesto, ante empresas y aventuras que Castilla, persiguiendo una política y unos ideales propios, solo a ella inherentes, imponga a España. Ya hemos visto como los intereses de la corona de Aragón y Cataluña desvían las fuerzas de Castilla a la vorágine mediterránea y continental. En cuanto a las guerras de religión, tan fervorosamente adscritos, con no menos militante ademán estaban los vascos, aragoneses, catalanes y portugueses a la contrarreforma como los castellanos.

La defensa del catolicismo era un ideal peninsular. No obstante eso, la subsistencia de los privilegios y particularismos locales, oriundos de la organización medieval, echaba casi todas las cargas sobre Castilla. Ninguna otra región contribuía en la medida necesaria y justa con dinero y con hombres a las guerras que abrumaban al Estado español, como si Castilla las buscara siempre y solo se debatiera en ellas un interés puramente castellano o dinástico.

Los catalanes rechazaban sistemáticamente todo intento de imponerles tributos, no admitían a las tropas del rey de España en territorio catalán, procuraban desentenderse de la lucha con Francia —en tanto no fuera invadida Cataluña—, y toleraban de pésimo grado a los funcionarios de la corona. Igual actitud observaban los vizcaínos y los aragoneses. Vizcaya, Navarra, Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca se regían por sus organismos de gobierno, por sus Cortes, sus consejos, sus Diputaciones, sus Juntas, sobremodo sensibles a cuanto menguara la tradición medieval de independencia, ya anacrónica e insostenible.

En ausencia de solidaridad entre pueblos cuyos intereses morales, políticos y económicos se hallaban, lo quisieran o no, tan estrechamente enlazados, se puso de manifiesto, en su más cruda revelación, cuando la crítica posición de España en Europa y la bancarrota de la Hacienda indujeron a los gobernantes a buscar soluciones en remedios heroicos. En aquellas condiciones no le era dado al Estado español hacer frente a sus innumerables y poderosos enemigos exteriores, y no faltaron cabezas que al indagar sobre las causas de la debilidad de España la atribuyeran en primer lugar al atávico medievalismo —que en ciertos casos será simplemente feroz primitivismo— en que se desenvolvían algunas regiones.

Se descubrió que en punto a la unidad nacional todo estaba aun por hacer, y se convino en que apremiaba imprimir a la unificación nuevo y decisivo impulso. El principal autor de esta política fue el conde-duque de Olivares, dictador del reinado de Felipe IV (1621-1665). Olivares percibió mejor que nadie los desastrosos resultados del mutuo apartamiento e ignorancia en que vivían las provincias de la monarquía. Y, en efecto, era lamentable que se consideraran extranjeros en cada región al resto de los españoles.

De otra parte, Olivares achacaba en gran parte las victorias diplomáticas y militares de Francia a la enérgica centralización de este país. Advertía, sin duda, que luchaba con Richelieu —a quien admiraba y quería imitar— en condiciones de manifiesta inferioridad. El ideal del privado español hubiera sido poder hacer en España lo que su rival hacía en Francia. Pero la Francia de Richelieu se encontraba en un momento vital de ascensión inverso al de España, que era de veloz descenso desde los últimos diez años del reinado de Felipe II.

La idea del conde-duque consistía en acabar con las autonomías regionales mediante un alarde fuerza combinado con negociaciones diplomáticas. Esto es lo que aconsejó a Felipe IV en la Memoria que le sometió en 1621. En este documento el valido proponía, concretando, que se multiplicaran y acentuaran las relaciones entre los pueblos de la Península para que se conocieran y estimaran y dejaran de mirarse con desconfianza.

Era esencial —aconsejaba— que catalanes, castellanos, aragoneses, portugueses, vizcaínos, etc., participaran, mezclados, en las funciones del Estado. Había que atraer a los catalanes a Castilla y abrir las puertas de Cataluña a los castellanos. La aspiración de Olivares estribaba, en resolución, en fundir en cierto modo a las naciones de la Península en una gran comunidad española, cada uno de cuyos componentes tuviera conciencia de la realidad de un interés transcendental español, común a todas las regiones.

En el mismo escrito especificaba Olivares esta política con referencia a Portugal. El rey debía visitar más a menudo a los portugueses, otorgarles empleos y honores en Castilla, elegir entre las clases superiores cabezas del ejército, oficiales palatinos, virreyes, embajadores. Al propio tiempo debía emplear cierto número de castellanos en Portugal.

El conde-duque se apresuró a poner en práctica sus teorías sobre la unidad nacional y envió a Portugal con esta misión al marqués de Castel-Rodrigo. Llegaron a Madrid representantes de la nobleza, el clero y las ciudades portuguesas y se entablaron negociaciones al efecto. Se habló de fundir la Cortes de Portugal y Castilla. El Consejo de Castilla, que entendía en los problemas de los reinos, sería substituido por otro, cuya presidencia recaería en el arzobispo de Évora, portugués.

Conflictos en Cataluña y Portugal

En el s. XVII español era por demás arriesgado el intento de consumar la centralización política y administrativa de la Península. El momento favorable a esta política había pasado. Felipe IV no inspiraba ni la admiración ni el temor que inspiraron sucesivamente los Reyes Católicos, Carlos V y Felipe II. Olivares, para que nada quede por decir, era un tirano y su gobierno intolerablemente injusto; y su política exterior, que insistía en perseguir objetivos que ya no interesaban al pueblo, tenía el defecto de ser, además de trasnochada e impopular, ruinosa a plazo inmediato.

En ese instante la monarquía carecía de fuerza moral y material para conservar la unidad política de la Península, y dado el derrumbamiento exterior y el formidable descontento interior, la única política recomendable hubiera consistido en descubrir la forma de evitar que quebraran los insuficientes lazos que unían a Portugal y a Cataluña con el Estado Nacional.

Mantener la unidad existente, no el acentuarla, hubiera sido ya un triunfo para el gobierno. Pero plantear la cuestión de las autonomías, aun habiendo en ellas mucho de abusivo, cuando la autoridad moral y física del Estado descendía a su nadir [punto de la esfera celeste diametralmente opuesto al cenit], presuponía, claro es, estimular el impulso centrífugo avivado por las derrotas y el desgobierno.

Era, en fin, el único momento, desde los Reyes Católicos, en que una elemental prudencia aconsejaba renunciar a la centralización. Ahora bien, la misma situación —guerras de resultados adversos, penuria financiera del Estado, desorden interior— que mermaba el ascendiente de la monarquía unitaria sobre las regiones excitaba al gobierno de Felipe IV a violar los privilegios que impedían al rey obtener recursos y hombres para la defensa del país.

La rebelión de Cataluña en 1640 y la cruenta guerra civil de doce años a que condujo —durante el cual los catalanes trataron de constituirse en República independiente y a continuación se sometieron a la soberanía de Luis XIII de Francia, arrepintiéndose pronto de haber dado este paso— esta guerra tuvo por causa inmediata, antes que la defensa de los fueros, la ineptitud y la intemperancia del gobierno central. Los campesinos catalanes se alzaron al grito de ¡Visca ´l rei i muyra lo mal govern!. En principio, Cataluña se sublevó, pues, no como nación, sino como provincia de la monarquía española.

Y cuando se enumeran los agravios —no todos evitables— que sufrieron los catalanes desde que las tropas del rey acamparon en su región para pasar a Francia hasta que se generalizó el levantamiento, no se hallan, ciertamente motivos para alabar la conducta de los catalanes —que costó a España el Rosellón, entre otras cosas—, pero sí para justificarla. Cualquiera otra provincia hubiera reaccionado, si no con igual violencia, al menos con idéntico gesto de rebeldía en parejas circunstancias. Cataluña no podía aguantar más.

En el pleito de los fueros, la razón histórica estaba al lado de la monarquía, pero la evidente extemporaneidad de la iniciativa unitarista de Olivares, agravada por la altanería dictatorial con que se presentó, disminuyeron aquella en modo superlativo. Ni era ya el espíritu fuerista tan intransigente que excluyera, en lo principal, un acuerdo. Los catalanes habían realizado un esfuerzo prodigioso antes del alzamiento en la guerra del Rosellón, en la que lo dieron todo, hombres y dinero, con una generosidad que hizo posibles las primeras victorias sobre los franceses.

Tropas catalanas lucharían enseguida, por cierto, contra los separatistas, sus compatriotas, bajo las banderas reales. Y aun después de comenzada la lucha civil, no olvidaron los catalanes despachar un emisario a la corte para solicitar al rey que confirmara, como de costumbre, la elección de los nuevos concellers, sin duda para que se notara que estaban en guerra contra el gobierno, pero no con el Estado.

Estos y otros incidentes de gran significación nos persuaden de que el separatismo fue un vástago de la invericundia gubernamental. Olivares confiaba en exceso en la fuerza y no solo no había temido la insurrección, sino que se dispuso a aceptarla como ocasión singular de pretexto para aniquilar los fueros. Perversa política policíaca que le llevó a abusar en Portugal y en Cataluña de una fuerza que el Estado español no poseía y que destruía en agraz el fruto que pudieran alumbrar las negociaciones pro unidad.

Los catalanes se mostraban más afectos aún a la monarquía que los portugueses. Pero en el mismo Portugal el poder de la Corona había echado raíces. Gozaba allí de mucha fuerza el partido unitarista, por no llamarle partido español. En el figuraban muchos grandes y personas importantes del reino, entre otros, el arzobispo de Braga, el marqués de Villarreal, el duque de Caminha, su hijo, el conde de Valde Reys, el de Castañeira, el de Armamar, el general Francisco de Mello, jefe de los Tercios españoles de Flandes.

Ya el hecho de que aun habiendo decaído tanto España y su monarquía hubiera nobles, eclesiásticos y ciudadanos portugueses que discutieran con el conde-duque la cuestión de la unidad orgánica de ambos reinos, apunta a un estado de cosas que cuidadosamente administrado en épocas más oportunas, hubiera forjado la fusión, cuando menos dentro de ciertos confines.

Doña Margarita de Saboya, duquesa de Mantua, mujer de extraordinaria inteligencia y muy noble tacto, que tan discretamente había desempeñado el papel de virreina de Lisboa, conocía como pocos la situación de Portugal, y su convicción era, y así se lo dijo a Felipe IV, con copiosas noticias, que solo a aquél (a Olivares) y a sus allegados y amigos debía atribuir la pérdida de la corona portuguesa. El impulso que alejó a portugueses y catalanes del Estado español en fue uno y el mismo, provocado por el odioso gobierno del conde-duque.

Mas en la protesta portuguesa había un aliento separatista desde los comienzos que no sentían los catalanes. Porque Portugal conservaba su dinastía propia, en acecho de la coyuntura de volver al trono, y contó en seguida con lo que siempre la ha salvado —o la ha perdido, según distintos tipos de vista—, con la ayuda de tropas extranjeras (francesas, holandesas, inglesas); al paso que Cataluña, que no podía subsistir como república medieval, se vio pronto ante la inquietante alternativa de hacerse francesa, y Francia era más centralista que Castilla.(Sobre existir una tradición antifrancesa en Cataluña que no tardó en aflorar, abriendo los pueblos las puertas a las tropas de Felipe IV y cerrándoselas a los franceses.).

Resulta, por consiguiente, que la insurrección catalana de 1640 no fue, al surgir, un movimiento separatista, sino una reacción contra el desgobierno, y desgobierno era también, como hemos señalado, el intento de abolir las autonomías en ese instante y por tales procedimientos marciales y seudodiplomáticos. Se revela de nuevo en el s. XVII lo que constituye la tradición catalana dentro del Estado español. Cataluña nunca ha sido separatista, sino como reacción contra el gobierno intolerable o estimulada por la descomposición del Estado.

La mera amenaza a sus fueros jamás ha hecho guerreros a los industriosos catalanes; pero la historia también ha demostrado, desde la sublevación contra don Juan II de Aragón, en el s. XV, que si la centralización o el prurito asimilista coinciden con el mal govern, con la corrupción y la injusticia del poder central, los catalanes son difíciles de sujetar. Esto es lo que nos dirá también el subsiguiente estudio del problema.

La Guerra Sucesión. Felipe V

Felipe IV no abusó de su victoria militar sobre los separatistas, y excepción hecha de algunas medidas precautorias, dejó al principado en el disfrute de sus antiguos privilegios, lo cual fue añadir al error de provocar la guerra civil el de no aprovechar sus consecuencias lógicas. Pero Cataluña no era un ente estático, insensible al paso del tiempo, y en el seno de la sociedad catalana bullía una revolución social que actuaba pertinazmente contra los particularismos legados por la Edad Media.

Este amago imponderable inquietaba a los fueristas, que representaban una reacción, o sea, la actitud sobresaltada común a todas las sociedades amenazadas por el simple transcurrir de los días. La decadencia medular de las instituciones forales, en Cataluña y fuera de Cataluña, presagiaba su acabamiento y acendraba la susceptibilidad del tradicionalismo.

Los más peligrosos enemigos de este tradicionalismo, que parecía liberal, y, como decimos, era una reacción, eran las nuevas clases sociales de la propia región catalana, que emergían soliviantadas contra los privilegios de todo linaje. La situación en que quedó definitivamente Cataluña —provincia de la monarquía española— descartaba la posibilidad de que permaneciera de modo indefinido bajo el Estado nacional con instituciones anteriores a la unidad política. El rey no podía ser soberano si en Cataluña disputaba sus prerrogativas otra soberanía.

O era también rey de los catalanes o no lo era. O Cataluña se separaba, y en ese caso le sería dable existir plenamente como nación, o, si la secesión resultaba imposible, tendría que avenirse a ceder de su nacionalidad cuanto era inconcebible con la unidad del Estado.

Este era el problema por mucho que lo obviase Felipe IV, y el problema se resolvió al cabo, naturalmente, con la desaparición de los fueros, corolario inexorable del hecho de que Cataluña hubiera de seguir siendo española porque así lo ordenaba la Historia.

Como en seguida se comprobará, semejante realidad les entró pronto por los ojos a los regionalistas, y los privilegios murieron, en resumidas cuentas, de muerte natural. Por cuanto no dependía solamente de la voluntad del monarca la cuestión de los fueros, Felipe IV, respetándolos, dejó en pie el conflicto para sus sucesores. La anarquía constitucional se prolongó durante otros cincuenta años, pero así que se presentó una nueva crisis del Estado, el problema de la supervivencia o la desaparición de los antiguos privilegios se planteó de nuevo.

Felipe V llevó a la práctica, a la postre, en 1707-1716 los designios del conde-duque de Olivares. Importa ahora averiguar como se produjo este acontecimiento. Sobrado conocidas son las causas de la guerra por la Sucesión al trono español en los primeros años del s. XVIII. Carlos II de Austria murió sin descendencia directa, y la casa de Austria y la de Borbón se disputaron su cetro, respectivamente, para el archiduque Carlos, hijo del emperador de Alemania, y para el duque de Anjou, nieto de Luis XIV.

La contienda duró nueve años y en su transcurso se puso de relieve que Cataluña, Aragón y Valencia, esto es, las provincias de la antigua corona de Aragón, respaldaban con entusiasmo al candidato austriaco y que Castilla luchaba con no menos ardor por el francés. Curioso fenómeno, lleno de sugestiones, aún, tal vez, por analizar. Tratemos de explicárnoslo. La repulsa de Castilla al archiduque se comprende sin vacilación, porque el mal gobierno de Felipe III y de Felipe IV, las liviandades de la regente, la nulidad de Carlos II y la avaricia de su mujer doña Mariana de Neoburgo, habían hecho odioso el nombre alemán.

En el discurso de la guerra se aquilató la adhesión de Castilla a la nueva monarquía a causa de la alianza del pretendiente austríaco con Holanda e Inglaterra, naciones protestantes y heréticas. Los reaccionarios abrazaron pues, decididamente el partido de Felipe V, y como los Borbones contaban de antemano con la simpatía de los espíritus liberales, ya admiradores de Francia, fuera de Cataluña, Aragón y Valencia apenas latió ya un corazón por el hijo del emperador.

¿Por qué prefirieron las provincias que fueron de la corona aragonesa el austríaco al francés? ¿Temían por sus fueros, atendida la reputación centralizante de los Borbones? No parece haber sido esta última la razón principal de la hostilidad de esas provincias al nuevo monarca, pues Felipe V no dio motivos en su visita a Barcelona de 1702 para pensar que derogaría los privilegios.

Su contacto con las Cortes catalanas no se caracterizó por la cordialidad, pero eso había acontecido con todos los reyes, y acaso para tranquilizar a los catalanes en este punto, el Borbón les otorgó nuevos privilegios, que los barceloneses repudiaron luego haciendo con ellos una fogata en público. Por lo demás, Cataluña había sufrido el desbarajuste del reinado de Carlos II tanto como Castilla. No era para llorar su fin y término. Creo que precisa ver en la actitud de aragoneses, catalanes y valencianos, como mayor motivo, la tradicional antipatía de los súbditos de la corona de Aragón hacia la potencia vecina.

Este inveterado sentimiento —hoy sin duda, extinguido— resultó entonces intensificado por los catalanes. En los últimos veinte años del s. XVII la guerra franco española había tenido por teatro en la Península a Cataluña, donde se había luchado con furor, aguantando Barcelona heroicamente un sitio de cincuenta y dos días. El hierro con que los catalanes habían peleado contra los franceses estaba todavía caliente cuando Luis XIV envió a su nieto al trono de España. A la verdad, Cataluña, que en un rapto de desesperación se había enfeudado a Francia en 1640, reafirmó con sus actos en la guerra de las dinastías su destino peninsular.

La veleidad aquella quedó, pues, como un suceso del que Cataluña no quería acordarse, y en la centralización que decretó el monarca vencedor, Felipe V, no podemos menos de ver la consecuencia irrevocable de esa reafirmación española de Cataluña. Es posible que la galofobia de las provincias que se alzaron por el archiduque austríaco influyese en el ánimo de Felipe V a la hora de decretar la abolición de los fueros. Pero no ofrece duda que el nuevo rey procedió como príncipe de su tiempo y no como francés agraviado.

En 1707 había derogado ya los privilegios de Aragón y Valencia, saliendo por otros fueros, los de la soberanía de la corona, a la que está reservada la imposición y derogación de leyes, las cuales, con la variedad de los tiempos y mudanza de costumbres —decía el decreto real— podría yo alterar, aun sin los graves y fundados motivos y circunstancias que hoy concurren para ello. La modificación de las instituciones catalanas las aplazó el monarca hasta el fin de la guerra. En 1714 disolvió el Consejo de ciento, la Diputación general y el Brazo militar o noble, y los reemplazó por una Real Junta Superior de Justicia y Gobierno formada por seis ciudadanos catalanes.

Las reformas fueron complementadas por el Decreto de Nueva Planta (enero 1716) que suprimía el resto de los privilegios políticos. Desaparecieron los virreyes y los substituyeron los capitanes generales. Con todo, la centralización estuvo muy lejos de tener un carácter general y absoluto. Cataluña conservó en gran parte su derecho penal y procesal, e íntegros su derecho civil y mercantil, su sistema monetario, su régimen de tributación, la exención del servicio militar, y otros fueron no menos privativos.

Solo en la administración de justicia impuso el rey el empleo del castellano. La represión política y criminal tuvo, por otro lado, en Cataluña severidad draconiana. Entre otras medidas impopulares que los catalanes resienten aún, ordenó Felipe V el traslado de la Universidad de Barcelona al bucólico lugar de Cervera, por lo visto para evitar los frecuentes disturbios estudiantiles en la capital. En general, la autonomía, muy disminuida, era ya en la práctica mucho menos vigorosa que en la ley. Por eso no ofreció dificultad el trámite de consignar las Cortes de Valencia y Aragón a los archivos de la Historia.

En 1709 aparecen los diputados de estas antiguas provincias mezclados con los de Castilla en las Cortes de Madrid, y en 1724 envían sus representantes, por privilegio real, y por primera vez también, las ciudades catalanas. En realidad, Felipe V se circunscribió a imponer una unidad política a la que Cataluña no podía hurtarse por más tiempo sin daño para sí misma. De esta suerte Cataluña fue arrastrada finalmente a la responsabilidad plena de su misión española.

Si disminuyeron los privilegios catalanes medievales, tampoco se hizo ya excepción adversa a Cataluña en nada. Por más de una razón —no todas comprensibles para nosotros— los súbditos de la corona de Aragón habían estado excluidos del comercio con América. Felipe V levantó este absurdo veto. En 1720 se establecieron las reglas para la exportación de las manufacturas catalanas a las Indias occidentales.

Las disposiciones del nuevo monarca se tradujeron en mayor libertad de movimientos para la burguesía catalana y en merma del poder de la nobleza. Se dio cima de este modo a la revolución de tendencia democrática iniciada siglos antes. Felipe V fue el rey que derogó el bárbaro derecho de vida y muerte que en Aragón disfrutaban aún los señores sobre los villanos. La monarquía absoluta, cuando la representó Carlos V, autorizó al pueblo a usar espada para defenderse de los nobles.

El nieto de prohibió ahora a la nobleza adornarse con este símbolo de soberanía y poder de clase. Con las nuevas reformas Cataluña perdió su autonomía política, mas conservó su autonomía cultural y jurídica. No hubo por parte de la Corona propósito asimilista, y el hecho diferencial, en su más noble y sustantivo aspecto, fue reconocido. Por lo demás, ni en Cataluña ni en las demás regiones afectadas por el cambio sofocó la centralización ninguna fuente vital del genio peculiar de cada una de ellas. Felipe V puso el cimiento de la nueva Cataluña, de la Cataluña burguesa moderna.

A él y a sus sucesores —Fernando VI y Carlos III— le es deudora la burguesía catalana —en la medida en que estas metamorfosis dependen de los reyes— del poder con que se presenta en el mundo económico español al concluir el s. XVIII, umbral del renacimiento catalán que devolvió a Cataluña, primero, su riqueza mercantil e industrial, y en seguida su lengua y su cultura abandonadas.

R.B.: RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, Historia de España, Compañía general de ediciones, 1950, México, Tomo I págs. 547-564.