Monografías

El Nacionalismo Catalán
Renacimiento de Cataluña s. XVIII
Romanticismo y máquina de vapor
El choque de dos nacionalismos
Burguesía y oligarquía agraria
Prat de la Riba y la Lliga
La idea federalista
El proteccionismo
Solidaridad Catalana
El marxismo y las nacionalidades
La Mancomunidad
Estat Catalá y Acció Catalana
La Esquerra de Catalunya
El Estatuto
La Revolución y las autonomías

Renacimiento de Cataluña en el XVIII

Los españoles que, agonizante el desdichado Carlos II, creyeron que solo un cambio de dinastía podía salvar a la nación, y que, en consecuencia, apoyaron al duque de Anjou porque ansiaban radicales reformas, no se equivocaron. Aunque la política dinástica e imperialista de Luis XIV causó en España inolvidables quebraderos en el exterior, los tres primeros Borbones que desfilaron por el trono español fueron reyes tolerables, y la mayor parte de sus ministros —casi todos nacidos en cuna humilde— han dejado un nombre ilustre en la Historia de España.

Hacía mucho tiempo que España no había tenido gobiernos tan benignos. Las reformas se reflejaron pronto en el volumen de la población, que desde el s. XVI venía declinando progresivamente, hasta descender a 5.700.000 al cerrar el s. XVII. Bajo Felipe V se inició ya el proceso contrario, y a fines del s. XVIII, en 1789, España casi había duplicado sus habitantes, que entonces sumaban 10.541.221. Ello presupuso aumento de las actividades económicas, y, en efecto, en este dominio la monarquía del despotismo ilustrado realizó su más fecundo esfuerzo.

Las Sociedades Económicas de Amigos del País, fundadas mediado el siglo, contribuyeron eficazmente a interesar a la nación en las cuestiones que hasta entonces menos habían atraido la curiosidad de los españoles. Se crearon compañías de comercio con vistas a la exportación de las riquezas y los mercados de la América española.

Las industrias, sobre todo las textiles, recibieron eficaísimo apoyo. Fue aquí, en los hilados y tejidos, donde más perenne rastro dejó el fomento y protección del trabajo nacional; tanto, que solo por referencia a esta rama de la producción cabe hablar de cierto renacimiento industrial en España.

Lo hicieron posible la premeditada baja de los impuestos, la entrada sin pago de derechos de toda la maquinaria, la derogación de las leyes prohibitivas y restrictivas de los siglos XVI y XVII que maniataban a las industrias, y por consiguiente, la libertad concedida a los tejedores para que instalaran cuantos talleres pudieran y para variar a su antojo los tejidos; asimismo, la supresión de los antiguos reglamentos gremiales; en una palabra, la plena libertad de las industrias textiles. La mayoría de estas disposiciones se promulgaron enel reinado de Carlos III (1759-1788).

Paralelamente, destacó el interés de los gobiernos del s. XVIII por el fomento del cultivo del algodón en las Indias españolas, para lo cual apremiaban a los gobernadores y les exhortaban a destinar a esta clase de producción las tierras más apropiadas, incluso mediante el reparto de parcelas, como en Puerto Rico en 1778. No subsistían ya ninguno de los frenos y accidentes históricos que desde el s. XV privaron a Cataluña de su personalidad económica, y con ello de uno de los perfiles más salientes de su genio: la espontánea actitud para la industria y el comercio.

Por el contrario, la vena creadora de esta rica y laboriosa región recibió en el s. XVIII estímulos, halago y protección. Ninguna comarca se lucró más ni con mejor provecho que Cataluña de la política industrial de los primeros Borbones. A los se les reservaron privilegios económicos transcendentales y en la importación del algodón cultivado en los dominios españoles de América obtuvieron un régimen de excepción que se asemejaba mucho al monopolio. En el Cedulario Indico del Archivo Histórico Nacional constan pruebas copiosas del favor dispensado a los catalanes por los ministros de Fernando VI y Carlos III.

En 1752 se concedió, verbigracia, a las fábricas del princiapdo de Cataluña en general libertad entera en todas las aduanas de estos reinos para que todo el algodón que introduzcan de América. Al amparo de estas condiciones naturales y la protección oficial, fue resucitando la gran tradición industrial de Cataluña, y los catalanes conquistaron rápidamente la aplastante hegemonía en la manufactura algodonera de España. Cataluña es la única región que realiza su revolución industrial, convirtiéndose en el s. XIX en un pequeño Lancashire.

En 1792 trabajaban en los telares de Barcelona 80.000 obreros. Reus, con sus setenta y dos fábricas y talleres, era la segunda ciudad textil del Principado, y Areyns de Mar, Mataró, Vich, Martorell, Gerona, la Riba, Sabadell preludiaban igualmente el futuro poderío industrial de Cataluña y la incalculable gravitación de su burguesía en la política española. Naturalmente, la revolución industrial catalana, que comenzó en el s. XVIII y se fue consumando al correr del s. XIX y los primeros cuatro lustros del XX, se acompañó de consecuencias políticas y espirituales considerables.

Vástago primogénito de la mutación fue el nacionalismo, una inquietud que ninguna clase social en ninguna época ha sentido tan profundamente como la burguesía del s. XIX. El naciente nacionalismo catalán impelió pronto a los ingenios de esta región a afanarse en el descubrimiento de la Edad Media catalana, buscando en la pasada grandeza y en las antiguas glorias el alma de la soterrada nacionalidad. De las crónicas y pergaminos medievales comenzaron a extraer los eruditos los ingredientes para la reconstrucción de la personalidad literaria e histórica de Cataluña, y el más importante fue, sin duda, la lengua.

Esos fueron los orígenes del catalanismo cultural. Sus más tempranas manifestaciones se encuentran, quizás, en una precoz asociación barcelonesa cuyo programa consistía en que sus miembros conversaran en catalán; en el Círculo de la Sociedad Económica de Amigos del país, de Barcelona, y en la obra histórica de Capmany, todo ello al terminar el s. XVIII y en las primeras luces del XIX.

Romanticismo y la máquina de vapor

Con sus Memorias de Barcelona, con su Práctica y estilo de celebrar Cortes en Aragón, Cataluña y Valencia, con su Historia de la Marina catalana en la Edad Media, Capmany reveló a sus compatriotas, sin premeditación política, el esplendor pretérito. El nacionalismo subyacente en estos trabajos históricos denunciaba ya, sin embargo, el confuso anhelo de regeneración que embargaba a los burgueses catalanes.

En 1833 apareció una oda a la patria, del poeta catalán Buenaventura Carlos Aribau, composición que generalmente se tiene como la primera composición lírica del catalanismo. Aribau escribió en Madrid estos versos románticos en el catalán inseguro y manco que se había salvado de la castellanización; los publicó, sintomáticamente, un periódico barcelonés que ostentaba el progresivo y burgués nombre de El vapor. El romanticismo, con su nostalgia de la patria pequeña, se nos ofrece aquí en íntima alianza con la máquina y nos descubre las raíces del fenómeno catalanista, a la par económicas e ideales, hijo de una época revolucionaria y positivista.

No es otra la significación del pinito poético-patriótico de Aribau. Con el intelectual Rubió y Ors alborea, hacia 1840, el renacimiento literario catalán. la lengua empezaba a revivir como instrumento de cultura. La vacilante aspiración lingüística de los primeros románticos catalanes de fines del s. XVIII es el Gayter de Llobregat, de Rubió y Ors, firme y consciente propósito de devolver al idioma catalán su timbre y su riqueza antiguos. En 1858, Antonio Bofarull ofreció al público catalán una antología de poetas jóvenes: Els trovadors nous.

En el año siguiente, Milá y Fontanals sacudió el polvo del olvido a los joch florals, o certámenes poéticos catalanes de la Edad Media, y el municipio barcelonés restauró otra de las tradiciones intelectuales catalanas, con notorio éxito. En 1860 se imprimió el primer periódico en catalán, Un troç de paper y la primera revista literaria Lo Gay Saber. Al mismo tiempo un catalán cada vez más depurado y ennoblecido se abría el camino de la escena, y una pléyade de nuevos autores, precedidos por Federico Soler, llevaban a las tablas, en la comedia o en el drama, los temas de la vida y la tierra catalanas con un fuerte acento realista.

Verdaguer, Guimerá, Rusiñol y otros de menos renombre mantuvieron al nuevo teatro catalán durante varios decenios en verdadera exaltación. El fruto de la revolución burguesa fue a todas luces notable en la reconstrucción de la lengua, en la filología, en la poesía y en el teatro, esto es, en la literatura . Pero no estaba a veces exenta la afirmación catalanista en las letras de cierto rasgo emulativo, pueril e injusto. El nuevo movimiento cultural catalán se desentendió cada día más de la cultura española a la que los catalanistas más radicales trataban en el mejor de los casos con indiferencia de nuevos ricos.

Los centros catalanes de investigación literaria e histórica trabajaban sin contacto alguno con las sociedades equivalentes del resto de España. Cataluña tendía, en fin, a hacer de los archivos de la Corona de Aragón su refugio espiritual y una interesada erudición sacaba de ellos, particularmente en las cosas de historia, más de una momia espantable. Es palmario que para que el catalanismo cultural supusiera un verdadero enriquecimiento de la cultura española, el español no debía caer en desestima en Cataluña.

Si el catalán renaciente venía contra el idioma de Cervantes, contra la lengua de todos los españoles, no podía ofrecer duda que su resurrección a expensas del español en una región donde tan finamente se había escrito este, acarrearía un empobrecimiento de la cultura nacional. La cultura catalana debía implicar una suma, no una resta. Existía, de toda certeza, el riesgo de que en el catalanismo no se manifestase únicamente en el área cultural, sino que se extendiera a la lucha política, es decir, de que también en la esfera estatal pretendiera la burguesía catalana exhumar las instituciones medievales de Cataluña.

Las lucubraciones de un periodismo nacionalista precoz anunciaron pronto este peligro. La historia peninsular —comenzaba a decirse— es la comprobación de una superioridad catalana asfixiada por el imperialismo castellano. Se presentaba a Castilla como pueblo secularmente opresor y a Cataluña como nación secularmente oprimida por Castilla.

Según aquella teoría, san Vicente Ferrer, valenciano, que de hecho puso en el trono de Aragón a don Fernando de Antequera, y don Juan II de Aragón y Fernando el Católico —los primeros reformadores de la constitución política medieval de Cataluña— eran castellanos imperialistas. Se pasaba por alto la revolución universal del Renacimiento, que alumbró, no solo en España, sino en toda Europa, una monarquía centralista.

Creación medieval, la constitución política de Cataluña tenía que perder mucho de su carácter en el Renacimiento. Tan ingrávida concepción de la historia española no fue, sin embargo, tomada en serio por los primeros talentos del catalanismo. Pero con esas desgraciadas ideas quedó abonado el terreno para la tremenda complicación política del siglo XIX. El drama político no alumbró hasta los últimos años del s. XIX y en su gestación intervino un tropel de factores que es menester analizar por lo menudo, si se quiere comprender el problema catalán en su fase actual.

El choque de dos nacionalismos

Las ideas políticas del s. XIX no favorecían el empeño de hallar para Cataluña un régimen especial dentro de la nueva constitución política de España. Los liberales que dirigían la revolución en Madrid aceleraron la centralización con un alcance que acabó con los restos de autonomía catalana. Las libertades que Felipe V dejó a los catalanes desaparecieron, y Cataluña se transformó en cuatro provincias del Estado español bajo otros tantos gobernadores.

El liberalismo impuso a Cataluña la constitución de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Pero en ese momento Cataluña, alentada por idénticos principios, se disponía a resucitar como nación, y no se conformaba con el papel de provincia, uniforme en organización política y en cultura con las demás de España. Los catalanes eran españoles, pero Cataluña poseía todos los atributos que distinguen a las naciones. Que los catalanes eran españoles lo proclamaban los fundadores del catalanismo político.

Decía Valentín Almirall: Cataluña forma parte de la Península, pues se halla separada de Francia por la barrera de los Pirineos, y por esta razón, geográficamente hablando, Cataluña debe ser española. Por otro lado, las relaciones mantenidas durante siglos con las demás regiones españolas han creado lazos de intereses y afectos recíprocos tales, que sería casi imposible romperlos.

La industria manufacturera catalana es casi la única que existe en la nación, y encuentra su mercado natural en los distritos agrícolas españoles, que proveen a su vez a Cataluña de lo que ella no produce y utilizan su comercio para dar salida a los productos que el sobran.

El afecto que une a las diversas regiones españolas es tan sólido, tan fuerte la reciprocidad de intereses, que estos sentimientos jamás han podido ser disminuidos o destruidos ni por las medidas emanadas por el poder central de que han sido víctimas los catalanes, al igual que otros españoles, ni por las rivalidades pasajeras que la manía de unificar a beneficio del centro ha llegado algunas veces a suscitar en estas regiones.

Los catalanes son, por tanto, en general, tan españoles como los habitantes de las demás regiones de España, y lo son no solamente por sentimiento, sino también por reflexión. Dada nuestra situación geográfica y nuestros antecedentes históricos no podemos ser más que españoles [1] L´Espagne telle qu´elle est, 1887, pp 19 ss.. Pero no era menos cierto que todo intento de asimilación extrema estaría llamado a fracasar, y aunque no fracasara sería pernicioso para todos en cuanto sofocaría altos y nobles valores originales.

Original era también —y lo sigue siendo—, el conflicto constitucional denunciado por aquel choque de dos nacionalismos difíciles de conciliar. El drama era por demás vital y complicado, y lo constituían dos elementos o hechos inconmovibles: la existencia de una nación catalana y la inevitabilidad de su destino histórico español. El problema carecía de equivalente fuera de España, y los catalanes que se tenían por minoría oprimida rebajaban la personalidad de Cataluña.

El caso de Cataluña tampoco era el de Irlanda bajo los ingleses. Almirall venía a afirmar que la unidad geográfica, étnica, moral y económica de la Península Hispánica es tan perfecta y precisa, que no puede quebrarse en el plano político sin portentosas, gravísimas, consecuencias para todos los pueblos peninsulares.

El único caso de separación, el de Portugal, constituye la más genuina manifestación de suicidio nacional (con algo de fratricidio) que registra la historia de las Independencias. El catalanismo estaba, al nacer, al cabo de la calle respecto de esos axiomas, y sus prohombres más ilustres nunca lo han ignorado. Y en una España gobernada con el sentido común con que fue gobernada en el s. XVIII sería hacedera la empresa de situar a Cataluña en el marco nacional español sin mengua para su cultura ni daño para su economía, antes con medro espléndido para ambas.

Pero las condiciones en que se desarrolló la revolución española en el s. XIX (siglo que continúa aún en ese orden de cosas) no favorecían la inteligente reorganización del país, como tendremos ocasión de apreciar con algún detalle, y el asunto se desorbitó en Madrid y Barcelona.

Burguesía industrial y oligarquía agraria

El catalanismo político tuvo por protagonistas a dos movimientos sociales perfectamente diferenciados. La revolución industrial catalana engendró el nacionalismo liberal burgués, que en Cataluña fue respaldado por una clase media dotada de un vigor de que carecía el liberalismo moral de Madrid, tema al que hemos de volver. El catalanismo político rompió marcha en el momento en que la burguesía catalana alcanzó su mayoría de edad como clase.

Y coincidió la formación definitiva de esta clase social capitalista catalana con el acceso al poder de la oligarquía territorial castellano andaluza, que, como también veremos, acababa de fundar en Madrid el estado agrario de la Restauración. El catalanismo político, que tenía por clase directora a la burguesía industrial venía a ser, en su más grave manifestación, la expresión de la rivalidad entre los intereses industriales dominantes en Cataluña y los intereses agrarios dominantes en el resto de España. El fundador del catalanismo político burgués es Valentín Almirall.

Casi toda la obra política de Almirall la escrita y la práctica, está comprendida en la ochentena del s. XIX. En 1879 lanzó el primer periódico en lengua catalana, el Diari Catalá; en 1881 publicó España tal cual es; en 1882 fundó la primera asociación política catalanista, Centre Catalá; en 1885 sometió Almirall a la corona un documento reivindicativo de los intereses morales y materiales de Cataluña; en 1886 dio a la luz pública su obra doctrinal Lo Catalanisme.

España tal cual es debe tenerse por obra esencial del catalanismo político, porque en este libro la burguesía catalana proclama razonadamente por primera vez su incompatibilidad con la oligarquía castellano andaluza, Almirall traza una de las más exactas e implacables descripciones que jamás se hayan escrito de la oligarquía de la Restauración, de sus métodos de gobierno, de sus personajes representativos, del ambiente político de España.

Ya al nacer movían al catalanismo burgués dos ambiciones: una afirmativa dentro de Cataluña, y otra negativa respecto a Madrid.La primera le aconsejaba monopolizar el poder político en la región; la segunda distanciar a Cataluña de una nación enferma sojuzgada por los agrarios. La burguesía catalana en suma, comenzaba la lucha por su total emancipación. Su catalanismo era el nacionalismo revolucionario, romántico y positivista de la época, sobreexcitado por el mal govern de la oligarquía central. Otro movimiento social catalanista contaba: el campesino, catalanista por tradicionalista y ultramontano.

Si la burguesía catalana buscaba en el pasado las raíces de la libertad que necesitaba para emanciparse en cuanto clase, el ultramontanismo rural también acudía a las fuentes medievales en busca de la justificación de su existencia, amenazada por la revolución liberal. Cabeza eminente del catalanismo tradicionalista fue el ilustre obispo de Vich, Torras y Bages, autor de la Tradició Catalana, cuerpo doctrinal de este movimiento. casi es ocioso aclarar que estos catalanistas ultra católicos eran una reminiscencia del carlismo.

Vencido el carlismo por la oligarquía central, los tradicionalistas catalanes, como les pasó a los vascos, abdicaron el absolutismo universalista, o idea de imponer a todos los españoles un rey absoluto asesorado por el clero, y se refugiaron en la tradición regional. Este repliegue era lógico.

Una vez que se desvaneció la esperanza carlista, nada más natural que, habiendo en Madrid un gobierno liberal, anticarlista, los eclesiásticos catalanes, o muchos de ellos, que con no menos fanatismo que los clérigos vascos habían luchado por don Carlos, se asiesen políticamente al regionalismo. Y el campo pensaba, en política, como pensaba la Iglesia. En la guerra carlista las ciudades catalanas habían apoyado a Isabel II, y el campo, al Pretendiente, exactamente como en toda España donde el carlismo pudo sostenerse militarmente al abrigo de la abrupta geografía.

Tradicionalismo clerical y liberalismo burgués continuaron el conflicto en Cataluña, conflicto un tanto mitigado por la necesidad de hacer frente al enemigo común, el régimen de Madrid, inaceptable para algunos carlistas catalanes y no menos inadmisible para los nuevos capitalistas.

Ello hizo posible dentro de ciertos límites la convivencia en Cataluña del tradicionalismo y del liberalismo burgués, lo que no sucedió tan abiertamente en el país vasco, porque la burguesía vasca, en general, no era nacionalista, ni regionalista, sin duda debido a la circunstancia de haber menos industria en estas provincias que en las catalanas, comenzar más tarde que en Cataluña la industrialización de Vizcaya y ser el capitalismo vascongado principalmente financiero, con la mayor parte del capital repartido por toda España.

Pero aunque el catalanismo tradicionalista tuvo al principio alguna importancia, fue la burguesía industrial de las ciudades quien formó y dirigió el movimiento político catalanista. Por eso el nacionalismo catalán, ideal esencialmente burgués y sentimentalón como únicamente podía serlo la clase media catalana, no alistó en sus filas al proletariado, oprimido en las factorías por esa clase social que cuando pedía una Cataluña libre, lo que en rigor reclamaba era su libertad de clase frente a las demás clases sociales, catalanas y no catalanas, según corroborarían sucesos ulteriores.

La oriflama nacionalista de la burguesía le era sospechosa al proletariado, que siguió a Pi y Margall, con su federalismo anarquista, primero, y a Lerroux, radical, anticlerical y españolista al servicio de la oligarquía central más tarde. La alta burguesía catalana cometió enseguida una equivocación fatal para su causa desde el punto de vista histórico. Esta clase social sin ímpetu ni ambición nacional española, carecía de espíritu universalista.

El catalanismo, para no ser un ideal inasequible, tenía que haber sido el principio de un gran movimiento catalán enderezado a procurar la regeneración peninsular, para lo cual no le habrían faltado apoyos a la burguesía catalana conexiones y apoyos fuera de Cataluña. En toda España existía un esbozo de clase media industrial y mercantil sin poder bastante para derrocar a la oligarquía dominante, pero aliada natural e instrumento en potencia del capitalismo catalán.

Tan solo de Cataluña podían irradiar las energías renovadoras capaces de hacer de España una nación mejor. Así lo entendieron muchos españoles —no precisamente liberales—, entre ellos Menéndez y Pelayo, que veía en Barcelona, la gran metrópoli mediterránea, señora en otro tiempo del mar latino, dives opum studiisque asperrima belli, y destinada acaso en los designios de Dios a ser la cabeza y el corazón de la España regenerada. Estudios de Crítica Literaria, 5ª serie, p 19.

Más el catalanismo se circunscribió a realizar en Cataluña una obra por muchos concepto admirable en la esfera de la cultura y en la de la administración regional; pero sus buenos efectos apenas transcendieron de las provincias catalanas. Para la política española, el catalanismo tuvo, como veremos, consecuencias trágicas.

No tuvo el nacionalismo catalán ojos para las infinitas posibilidades que se le abrían en la Península y se anquilosó en una actitud defensiva, aterrado de España, de la que trataba de desentenderse o huir, cuando estaba llamado a dirigirla. Rotas las hostilidades con la oligarquía centralista, la burguesía catalana se atrincheró en su vulnerable ciudadela provinciana, donde pronto estuvo sitiada por las dos fuerzas sociales que le eran históricamente hostiles: el latifundismo del Sur y el proletariado de Barcelona y su provincia.

La revolución catalana no podía detenerse en la línea del Ebro sin fracasar y dejar inconclusa la revolución española. Replegándose en un nacionalismo de corto aliento, la burguesía de Barcelona privó a la transformación española de su más valioso instrumento constructivo, introdujo inextricable confusión en la vida pública nacional y consumió en una estéril batalla de cincuenta años espléndidas energías del pueblo catalán y no pocas ajenas. Vamos a asistir ahora al comienzo y desarrollo de esa lucha infecunda.

Prat de la Riba y la Lliga

Bajo la inspiración del infatigable Enrique Prat de la Riba, el catalanismo, en su doble aspecto cultural y político, se desenvolvió pronto con sorprendente pujanza. Prat tuvo en Francisco Cambó (en su primera juventud entonces) un colaborador dinámico y elocuente. Ambos representaban a la gran burguesía, que organizada primitivamente en la Lliga de Catalunya (1887), por separado de la pequeña burguesía, recogió a principios del s. XX a todo el catalanismo político en un partido poderoso: la Lliga Regionalista (1900).

En Admirall, el catalanismo político no había hallado aún la forma de su realización definitiva. El pensamiento de Almirall en este extremo es difuso, vacilante y sobre todo, conciliador. Almirall busca una integración, la armonía entre el espíritu generalizador castellano y el carácter analítico de las regiones que constituyen la antigua confederación aragonesa para producir la síntesis de una nueva organización del Estado.

Prat de la Riba elabora, por su parte, una teoría del catalanismo en la que se deja a la compenetración política con el resto de España margen más delgado. Prat era el empresario del nacionalismo catalán, un temperamento creador, en el que se daban con cierto equilibrio el intelectual y el hombre de acción, pero merece crédito más amplio como organizador que como filósofo. Cuando el ideal de la burguesía catalana llegó a articularse en conceptos tangibles, se obsequió a la historia del pensamiento político español con un verdadero parto de los montes.

El catalanismo manifestaba la ingenua aspiración de reunir a los antiguos territorios de lengua catalana en una federación levemente ligada a un Estado ibérico, que incluiría, claro está, a Portugal. Era aquél, más o menos, el mismo federalismo de Pi y Margall —del que hablaremos en otra parte de esta historia—, pero vaciado de sus elementos socialistas, que asustaban, como es natural, a la burguesía catalana.

Pi era para los burgueses un doctrinario, un hombre —decía Almirall—, que ha desplegado toda su firmeza de carácter en el sostenimiento de una cosa tan frágil como las lucubraciones de un pequeño folleto de Proudhon. Proudhon (la propiedad es un robo) no tenía nada que hacer en el catalanismo. Y, sin embargo, no por desprovisto de transcendencia socialista se alejaba menos que el de Pi el federalismo de Prat de la Riba de los dominios de la utopía.

La idea de anexarse las provincias francesas que un día hablaron catalán, o un idioma —el lemosin o provenzal— del cual el catalán es un dialecto, no tenía porvenir alguno. La reincorporación de Portugal al tronco peninsular tampoco resultaba mal pasatiempo. Ni, en suma, se presentaba practicable la federación de los pueblos que convivieron bajo la corona aragonesa dentro de España.

El federalismo ibérico fue siempre, o trampolín de demagogos, que con tan egregia proposición se fugaban de la desagradable realidad presente, o especulación de mentes desorientadas, de filósofos sin noción del momento que vivía España, en el marco de sus fronteras y en el mundo, o, también, maquinación de separatistas madrugadores que ingeniosamente proponían el descoyuntamiento de lo que quedaba de la nación española como preámbulo obligado de la futura unión espontánea de todos los pueblos peninsulares.

Apremia esclarecer esta cuestión, aunque volvamos a tocarla al referirnos a la figura de Pi y Margall en otro lugar.

La idea federalista

El federalismo es, por regla general, un régimen aplicable solo a las naciones sanas, esto es, igualitarias y ricas y por tanto, equilibradas: lo que España no era ni es. Magistralmente planteó este caso Guizot.

De todos los sistemas de gobierno y de garantía política, el más difícil de establecer y de que prevalezca, es, a buen seguro, el federal; ese sistema que consiste en dejar a cada localidad, a cada sociedad particular, toda la porción de gobierno que puede sostenerse en ella, y en no restarle más que la parte indispensable para el mantenimiento de la sociedad general, para desplazarla al centro de la misma sociedad, y organizarla en ella bajo la forma de gobierno central.
El sistema federal, lógicamente el más simple, es en realidad el más complejo: para conciliar el grado de independencia, de libertad local, que deja subsistente, con el grado de orden general, de sumisión general, que ese sistema exige y presupone en ciertos casos, se requiere de toda evidencia una civilización muy avanzada; es preciso que la voluntad del hombre, la libertad individual contribuyan al establecimiento y mantenimiento del sistema en mucha mayor medida que los demás.
El sistema federal es, por tanto, evidentemente, el que exige mayor desarrollo de la razón, de la moralidad, de la civilización en la sociedad en que se implante.R.B.: Guizot, Histoire de la Civilisatión en Europe, 1855, p 104.

Además la idea federalista es sinónima de aproximación y de unión, y para que sea fecunda y auténtica ha de fluir de la prosperidad y de la simpatía. Pero en España nacía de la desesperación y la antipatía. No podía, pues, haber conciencia federal en la Península Hispánica y no la había, ni la hay, y menos que en ninguna parte en las regiones descontentas.

Varios pueblos, provincias o naciones se atraen mutuamente por el ideal de una misión conjunta latente, por intereses poderosos de otro orden, o sintiendo, acaso, que en el apartamiento anida una manera de frustración de cada uno de ellos. O la grandeza de uno de ellos invita a otros a acogerse bajo el pabellón de su fuerza y su prestigio.

Es decir, el federalismo es un movimiento centrípeto, de integración, que tiene por resorte o motor la simpatía. Es lo opuesto al separatismo, que se origina en una incompatibilidad o dificultad de convivencia generadora de antipatía. Ambos sentimientos, el federalismo y el separatista, se excluyen recíprocamente. No cabe sentir repugnancia por la unión actual, y al mismo tiempo, amor por la federación futura.

En el s. XIX y en lo que va de XX la situación de España era por entero desemejante de la que facilitó la unión de los reinos de Castilla y Aragón a fines del s. XV e hizo posible la incorporación de Portugal en los últimos años del s. XVI. Descubrimos por el contrario, en el s. XIX español un haz de factores conjurados a favor de la dispersión de los pueblos españoles aun unidos y del mantenimiento de la separación de Portugal. Porque con la revolución liberal se inició en España el proceso contemporáneo de la desintegración nacional.

El liberalismo filosófico, que destruyó en la Península el Estado del s. XVIII —según veremos—, tenía fuerza para malherir a la vieja España y derribar sus instituciones, pero, fuera de Cataluña, no había burguesía en España, y por esa razón, las instituciones que cayeron no fueron sustituidas por otras capaces de ejercer alguna autoridad integradora. La pugna entre la tendencia centrífuga, inevitable en todo derrumbamiento estatal, y el nacionalismo burgués se resolvió en Francia a beneficio de la unidad porque la burguesía francesa era una clase poderosa y edificó sin demora un nuevo Estado.

Puede decirse, en cambio (cosa que luego percibirá el lector con mayor claridad), que entre 1808 y 1874 España careció de Estado. Cuanto se construyó en ese lapso en la política española fue fugitivo y caedizo. El germen de la descomposición constitucional minó en todo ese tiempo, día a día, los cimientos a flor de tierra de la unidad nacional inconclusa; y la progresiva dislocación culminó en el cantonalismo de la I República.

Las nuevas instituciones que fundó en 1874 la oligarquía agraria se distinguieron particularmente por su antivitalismo. La oligarquía no aportó ninguna de las dos virtudes con poder para interrumpir el proceso de fragmentación nacional, a saber: el dinamismo creador de la burguesía triunfante en Europa y en Cataluña, y la ascendencia moral necesaria para que un régimen ejerza efecto aglutinante sobre los pueblos que preside.

El gobierno de los grandes propietarios territoriales de Andalucía era de tan desvinculadora naturaleza, que no solo desintegraba a España con sus actos, sino que estimulaba la desmembración con sy derrotismo verbal. Son españoles —decía el andaluz Cánovas del Castillo— los que no pueden ser otra cosa.

El proteccionismo

El catalanismo político tiene una significación intrínseca, absoluta, que proviene de la circunstancia de ser Cataluña una nación, y otra significación extrínseca. relativa, debida al hecho de que Cataluña realiza su revolución industrial en una España que permanece adscrita a la antigua economía y está gobernada por una oligarquía agraria. La alta burguesía catalana, sin dejar por eso de sentir a Cataluña como nación, mostraba gran escrúpulo en llamarse nacionalista y se apellidaba regionalista.

Lo reclamaba sí el interés económico del capitalismo catalán, dado que el 95% de la producción manufacturera catalana lo absorbía el mercado español, y, además, sin una fuerte protección arancelaria la industria catalana no podría subsistir. Su cautelosa posición regionalista en la política le venía impuesta en primer lugar, a la burguesía catalana, por el factor económico.

Pero la predisposición al compromiso de los capitalistas catalanes con el poder central no nacía de ahí solamente. La lucha de clases, la agitación revolucionaria del proletariado barcelonés, advirtió muy pronto a la burguesía catalana que su condición de clase conservadora le prohibía complacerse en el extremismo separatista. Sin la asistencia del poder central, los capitalistas de Cataluña no podrían defenderse de la clase trabajadora.

Pero la pequeña burguesía catalana, los intelectuales, los funcionarios, los comerciantes, no se sentían sujetos por una responsabilidad económica pareja, y fue en este sector donde se polarizó el alarde separatista. El factor económico tiene, pues, gran importancia, no solo en la gestación sino en el total desarrollo del catalanismo, y así lo proclamaría Cambó en Bilbao en cierta ocasión.

La primera en reconocerlo fue la alta burguesía catalana, sobrado dispuesta a explotar el catalanismo en beneficio propio, como medio de obtener concesiones económicas de los gobierno oligárquicos. Cánovas había iniciado la política del desaforado proteccionismo a la industria pensando que por ese procedimiento desarmaría al separatismo. La industria española concentrada en Cataluña y en Vizcaya, medró considerablemente con la reforma arancelaria de 1892.

Cánovas y sus sucesores jugaron esta carta, y la jugaron bien desde su punto de vista, por cuanto la burguesía catalana, temerosa, además, de su proletariado, nunca quiso arrostrar las consecuencias sociales y económicas de una ruptura revolucionaria con la oligarquía agraria. Por su parte, la burguesía catalana amenazaba a los gobiernos con su poder político en Cataluña, y para obtener el apoyo económico que buscaba no vaciló desde principios de s. XX de presentarse como separatista cuando los creyó oportuno.

Pero el desmesurado proteccionismo no significaba que la oligarquía dominante deseara fomentar la industria, sino que trataba de apaciguar a los industriales catalanes y vizcaínos. Fuera de Cataluña y Vizcaya, apenas surgieron industrias. Castilla, Andalucía, Extremadura, Galicia, Aragón no se industrializaron. Con la protección creció la industria catalana, y a medida que Cataluña acentuaba su industrialización crecía la diferenciación entre esta región y las demás.

Las nuevas tarifas de 1892 se tradujeron pronto en un aumento del consumo de materias primas, productos químicos y carbón extranjeros por la industria catalana. Entonces arreció el impulso regionalista, confundiéndose a veces con el separatismo virulento. Ese año de 1892 es jalón o hito importantísimo en la historia del movimiento catalanista.

Además de la revolución arancelaria se registraron en su transcurso estos dos sucesos: La burguesía catalana presentó las —Bases de Manresa—, un documento en que reclamaba la independencia de Cataluña, o poco menos; y estalló la primera bomba en Barcelona, comienzo de una era de terrorismo y corrupción. A la burguesía catalana no parecen haberle preocupado sinceramente durante mucho tiempo los desórdenes, las huelgas interminables y los atentados, pues se imaginaba que cuanto más patente fuese la incompetencia del gobierno, más cerca estaría Cataluña de realizar sus aspiraciones.

Los catalanes propendían a utilizar el caos como arma contra el poder central. Así en septiembre de 1905 discutía el Ayuntamiento de Barcelona la conveniencia de hacer ver a los cónsules extranjeros que solo el gobierno era el responsable del caos barcelonés. Cada catástrofe nacional llevaba al catalanismo nuevas levas de burgueses y le tornaba más turbulento y nacionalista.

El desastre de 1898 —la pérdida de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas—, condujo al movimiento catalanista a considerable número de elementos, particularmente de la industria y del comercio.. Pero no se crea que aquella burguesía autonomista apoyó a los autonomista cubanos. Antes bien, se adhirió a la política de fuerza cuyo campeón fue el general Weyler, venerado por los catalanes. Y todo porque en Cuba tenían un mercado las fábricas de Sabadell y Manresa.

Solidaridad Catalana

El s. XX despuntó con la burguesía catalana en turbulenta rebeldía contra el Estado. Barcelona no tomó parte en las fiestas de coronación de Alfonso XIII, por decisión de la Lliga Regionalista. En las elecciones municipales de 1905 los catalanistas obtuvieron la mayoría de puestos en la capital de Cataluña. El nacionalismo catalán parecía destinado en cortísimo plazo a imponer sus reivindicaciones cualesquiera que ellas fuesen.

La burguesía catalana era la más opulenta de España y la Lliga contaba con jefes jóvenes, combativos, bien preparados para la lucha. En ese instante, además, el catalanismo se sentía reforzado por una alianza sintomática. En Barcelona se condensó el único foco de oposición al régimen oligárquico del gobierno imperante en Madrid, y los republicanos acudían a Barcelona, buscando la República.

Allí se presentó el andaluz Salmerón y se constituyó el movimiento de Solidaridad Catalana (febrero de 1906), en el que entraron todos los partidos políticos de Cataluña, excepto el Radical, que dirigía Lerroux. Pero el republicanismo no arrastraba masas, y la Lliga estaba demasiado pendiente de su programa regionalista. Fuera de Cataluña, la Solidaridad no disfrutaba grandes simpatías ni asistencias.

En la propia Cataluña había un sector de público, no despreciable, que veía en la Solidaridad un movimiento antiespañol. Infundían tales recelos los exaltados y locuaces políticos de la Lliga —el más representativo Puig y Cadafalch—, altavoces de un estridente nacionalismo que a muchos españoles, sinceramente dispuestos a comprender el descontento de los burgueses catalanes, les hacía temblar por la unidad de España. Cataluña se escindió en dos bloques de opinión: los solidarios y los antisolidarios.

La oligarquía central explotó la reacción provocada por los catalanistas entre un importante núcleo de la clase media de Cataluña (clase media catalana y no catalana), y el proletariado de Barcelona (bien dispuesto a pelear contra su burguesía), y envió a la ciudad condal a Lerroux con la misión oficiosa de ofrecer batalla en la calle al separatismo. La lucha entre solidarios y los antisolidarios tomó desde el primer día violentísimo sesgo. Salmerón y Cambó sufrieron un atentado que a poco trunca la existencia del último.

Ese execrable hecho favoreció a la Solidaridad, y en las elecciones subsecuentes la Lliga y sus aliados republicanos se alzaron con cuarenta y un puestos de los cuarenta y cuatro que integraban las provincias catalanas. Durante varios años ambas banderías se disputaron con diversa fortuna y en un ambiente de guerra civil la adhesión del público de Cataluña.

El Marxismo y las nacionalidades

Desaparecido, prematuramente Prat de la Riba, la Lliga tuvo en Cambó su más inteligente cabeza. Cambó, hombre de negocios, perfecto paladín de su clase social, era el guía y al propio tiempo el instrumento de los despóticos intereses del capitalismo catalán. A principios de siglo la Lliga pasaba por movimiento republicano. Mas la revolución de 1909 en Barcelona atemorizó a la burguesía catalana, y la Lliga se reconcilió con la monarquía.

El 20-XII-1911 declaraba Cambó en Zaragoza: Aceptaré la monarquía de Alfonso XIII. Perjudicó al catalanismo la inconsistencia de su política, obediente a las contradictorias reacciones de los poderosos interese capitalistas. La Lliga no tenía una línea política clara que permitiera deducir sus verdaderas aspiraciones. Cabe pensar que si el catalanismo se hubiera detenido en la moderada y eficaz frontera autonomista, que en cualquier caso no podía rebasar, no hubiera conjurado los recelos que le hicieron impopular en ocasiones, en toda España.

Pero había mucho de irresponsabilidad en el movimiento catalanista. Un catalanismo responsable hubiera concentrado su esfuerzo en el logro de un régimen especial para Cataluña, pero de cara a España y con un Impulso integrador. Debía de haber recabado autonomía cultural, compatible con el cultivo de los demás valores culturales españoles, tan catalanes como los demás, pero en el área política debía haberse satisfecho con aquella soltura autonómica que, cumpliendo el fin de despertar y encauzar las energías regionales y nacionales catalanas, no diese lugar a ignorar que la responsabilidad última de Cataluña tenía que ser una responsabilidad española.

Al menos esa es la lección de la experiencia. Pero los filósofos catalanistas ejercieron influjo muy distinto sobre la conciencia catalana, pues educaron a la clase media en la idea de dar por hecho que Cataluña podía y debía constituirse de nuevo como nación, tal como fue en la Edad Media. Desde el ángulo de mira histórico, esta solución aparejaría un retroceso indudable, porque equivaldría a remontar un largo proceso que nadie puede deplorar sin condenar implícitamente lo que estaba en la naturaleza de las cosas.

Por otra parte, pronosticaban azarosa existencia para la autonomía las convulsiones de la lucha de clases y la innata disposición de las clases proletarias a buscar en el exterior, en trances de apuro para sus intereses, socorros que comprometen la independencia nacional. Aquel liviano criterio federalista de ocasión con que se alentaban desde Barcelona en otras regiones movimientos y sectas separatistas, que pedían ser contenidos antes que estimulados, era otra actividad mal aconsejada y perniciosa de los catalanistas.

Ya de suyo servía de acicate la corriente nacionalista catalana al nacionalismo vizcaíno de nueva formación; y sobre esa acción refleja, el catalanismo burgués irradiaba otra, directa, preconcebida, convocando en Barcelona y agasajándolos ruidosamente a destacados elementos de partidos regionalistas y separatistas de aquella comarca y de Galicia.

Confundían los catalanistas su caso con el de un galleguismo sin otro aliciente propulsor que la inspiración romántica de sus fundadores y la descomposición del Estado español. Bien que distinguido por su rico folklore, no se sentía excitado el pueblo gallego por la urgencia de organizarse con norma política diversa de la mayor parte de los españoles.

En vano habían tratado de despertar los románticos galleguistas entre sus coterráneos el sentimiento de la nacionalidad, esforzándose en producir el renacimiento de la lengua. Brañas había publicado en 1889 El Regionalismo. Pondal, Murguía y otros se dieron también a la tarea de crear un movimiento político regionalista en esa región, pero por todo fruto hubo en Galicia una reducida y simpática agitación cultural, bullente en periódicos de modesta tirada, en unos cuantos círculos de recreo y en las Irmandades da Fala. Las izquierdas españolas, esto es, los descendientes de los centralistas liberales de principios del s. XIX, apoyaban ahora los movimientos autonomistas.

La uniformidad política de la nación, dogma de los constitucionalistas del s. XIX, era un principio cada día más antipático para el sentir de las organizaciones democráticas, tanto más cuanto que la oligarquía dominante en Madrid se mostraba centralista a ultranza. Pero en esa política entraba en buena proporción el oportunismo. Los republicanos pedían la autonomía para Cataluña con miras a ganar a esta región para la causa republicana.

Los partidos obreros también se adherían con mayor o menos entusiasmo al principio autonomista, por esas y otras razones. Doctrinalmente, los anarcos sindicalistas defendían el federalismo, consecuentes con su recelo hacia el Estado y su afán de dividir y subdividir el poder político. El partido socialista se declaraba explícitamente autonomista en su programa. En esto, como en otras cosas, el movimiento obrero estaba resabiado de liberalismo burgués. Y el autonomismo de los socialistas era una concesión a la clase media o burguesía nacionalista de las regiones.

Sin embargo, el nacionalismo no seduce al proletariado en cuanto clase, quizás porque es contrario a su interés. Se comprende la indiferencia con que Marx y Engels oían los lamentos de los nacionalistas que aspiraban a emanciparse. Y la teoría que ellos elaboraron, el marxismo, desaprueba el nacimiento de nuevos estados y se opone doctrinalmente al desarrollo institucional de las regiones y nacionalidades comprendidas en los grandes estados. Si los autores del Manifiesto Comunista propugnaron la separación de Polonia, lo hicieron con el exclusivo designio de debilitar al zarismo.

Porque daban por cierto que el aumento de poder político de las burguesías nacionales o regionales es contrario al interés internacionalista del proletariado, salvo en aquellos casos en que convenga alentarlo por táctica política. A mediados del s. XIX —escribía en 1913 Stalin— Marx se pronunciaba a favor de la separación de Polonia, y tenía razón, porque la cuestión era entonces emancipar una cultura superior de una cultura inferior que la estaba destruyendo.

A fines del s. XIX —continúa—, los marxistas polacos se declaraban ya contra la separación de Polonia, y tenían razón, porque en los cincuenta años transcurridos se habían producido profundos cambios, acercándose considerablemente Rusia a Polonia en el orden económico y cultural. Stalin, Marxim and the National and Colonial Question, Moscú, 1940.

Efectivamente, nadie combatió con más ardor el principio de autodeterminación que Rosa de Luxemburgo, la socialista polaca, y ello todavía en vida del zarismo. En resolución, el marxismo afirma que el deber de la clase obrera consiste en luchar contra la ofuscación nacionalista, proceda de donde proceda. Al traer a cuento estos ejemplos no nos proponemos cotejar el problema de las nacionalidades en España y en Rusia, pues en ambos países tienen volumen y transcendencia distintos.

En cada nación concurren circunstancias históricas y políticas —de política interior y exterior— que imprimen al problema características propias. La actitud más liberal respecto de los particularismo regionales o nacionales tendrá que admitir que la autonomía o la separación no es siempre y en todas partes, necesariamente ventajosa para la nación. (Stalin).

La Mancomunidad

En España, la incontenible descomposición de las instituciones, el creciente estímulo que recibían los catalanes de la opinión liberal no catalana, las ayudas que les prestaban en el Parlamento los grupos de la oposición, el estado de endémica anarquía que agitaba Barcelona, forzaron a los políticos del turno gobernante a atender de algún modo las pretensiones de la Lliga; y el 25-III-1912 se leyó en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley de Mancomunidad, obra de Cambó y Corominas.

Durante dos largos años, el Parlamento se apasionó por la cuestión catalana, y el 18-XII-1914 apareció el real decreto que otorgaba a las provincias catalanas el derecho de mancomunarse para fines político administrativos que fueran de su competencia. Poco se había adelantado. La Mancomunidad no colmaba las ambiciones políticas del catalanismo, y en 1915 tornaba Cambó a plantear con frase ambigua característica, el pleito de la soberanía integral de Cataluña.

La crisis que llenó de dramatismo los años siguientes será descrita en otra sección de esta obra. Entonces se hará historia de la Asamblea de Parlamentarios —julio de 1917—, convocada por la burguesía catalana; de la formación del primer gobierno de concentración, en el que entraron Juan Ventosa, de la Lliga, y Felipe Rodés, del partido nacionalista catalán; de la constitución del gobierno nacional de Maura —marzo de 1918—, en el que aceptaron sendas carteras ministeriales Cambó y Ventosa; de la excursión de los políticos de la Lliga por Levante, Andalucía y Galicia, con el propósito de fundar partidos afines; el conflicto personal y político —originado en la lucha de los intereses económicos— entre Cambó y Alba, discrepancia que puso término al gobierno nacional de Maura; de la presidencia de Alba en el ministerio subsiguiente, donde intentó realizar, desempeñando la cartera de Hacienda, una política tributaria y aduanera que sembró pavor entre los industriales catalanes.

Veremos también como, ausentes del gobierno los políticos de la Lliga, ganó en virulencia el catalanismo; como las convulsiones sociales de la ciudad condal —las huelgas, el terrorismo—, impusieron a los capitalistas catalanes la reconciliación con Madrid. Por concordia, fue el título del libro que poco después escribió Cambó).

Alarmó a los burgueses catalanes la velocísima desintegración del Estado; y la política de la Lliga no tuvo ya otra meta que apuntalar a la monarquía y salvar los restos del régimen de la Restauración. Abocados a la necesidad de pronunciarse respecto a la institución monárquica, Cambó y Ventosa respondían: ¡Cataluña! Esto es, la Lliga no era monárquica ni republicana.

El catalanismo ocupaba ya, sin embargo, un lugar subsidiario en las preocupaciones de la Lliga; y esta organización no podía declararse monárquica sin disgustar a sus aliados republicanos de toda España; pero pronunciarse por la República la hubiera enemistado con el rey y con los políticos conservadores de Madrid, de quienes los capitalistas catalanes esperaban en aquel momento difícil grandes favores.

En 1918 había condenado ya Cambó el separatismo. La unidad del movimiento catalanista estaba rota. En conflicto con la Lliga, la pequeña burguesía catalana se explayaba en términos de gran radicalismo por labios de Maciá. Al tiempo que la Lliga se convertía al moderantismo, la pequeña burguesía catalana se acercaba a Clemenceau pidiéndole ayuda para la secesión, pero el Tigre cortó la demarche con gesto desabrido: Pas d´histoires, Messieurs.

Estat catalá y Acció Catalana

Como acabamos de apuntar, el catalanismo carecía ya de unidad, y los sucesos ulteriores separarían definitivamente a las dos clases sociales que integraban la Lliga: al sacrificar los grandes industriales el ideal catalanista a sus intereses de clase inmediatos y apremiantes, tomó la dirección del catalanismo la pequeña burguesía.

En 1922 surgió Acció Catalana fundada por Rovira y Virgili y Nicolau d´Olwer, dos intelectuales. Acció Catalana se compuso sobre todo de profesores e intelectuales, hombres de cátedra y archivos, sin pie firme en la realidad, y su inquietud era separatista, por más que algunos no se atrevieran a proclamarlo y aun lo negaran. Casi a igual hora nacía Estat Catalá, al frente del cual se destacaba la figura de un militar: el coronel Francisco Maciá. Estat Catalá congregó, en general, a otra clase de gentes, proletarios de cuello almidonado; el típico elemento de esta organización era dependiente de comercio. Acció Catalana y Estat Catalá fueron dos grupos tan escasos de público, que el nombre de partido les venía holgado.

La dictadura del general Primo de Rivera proscribió toda manifestación catalanista, pero no persiguió a los líderes del catalanismo, aunque algunos, como Maciá, se expatriaron y residieron en Francia y en Bélgica. La Lliga contemporizó con el nuevo régimen, que los industriales catalanes favorecieron antes de establecerse, si bien se sintió defraudada porque el dictador había prometido antes del golpe de Estado dar satisfacción a los autonomistas y no cumplió su palabra.

Durante la dictadura, el catalanismo realizó visibles progresos en el área cultural. Mermada la libertad política, los nacionalistas catalanes se ocuparon más sistemática y asiduamente de las cosas de su cultura nacional. Pero Acció Catalana cuidó de sostener la llama política catalanista y Maciá no se resignó allende los Pirineos al pasivo papel de desterrado; la primera organización mantenía actividad política clandestina, y el coronel quiso liberar a Cataluña con una improvisada e inerme milicia que formó en Francia.

Era inevitable, como ocurre en las represiones, que el fervor de los catalanes por su lengua y bandera se acendrara. Mas al desaparecer la dictadura y al caer a continuación la monarquía, el nacionalismo catalán no salió a pública escena como el movimiento separatista irreductible que podían haber engendrado ocho años de despotismo. Una revolución silenciosa y honda había transformado a la política catalana.

Los nuevos partidos políticos, presididos por la pequeña burguesía radical, tenían de común entre sí el interés por las cuestiones sociales. Había una numerosa Unión de Rabasaires, partido campesino; un partido de izquierda catalana (Esquerra); un partido socialista catalán, dirigido por Campalans; y otros grupos que no merecen que nos acordemos de ellos. Subsistían además Acció Catalana y Estat Catalá

La Esquerra de Catalunya

Los nuevos partidos catalanistas de izquierda subrayaron a expensas del nacionalismo su carácter de fuerzas políticas encaminadas a transformar socialmente a Cataluña. Hacían más hincapié que la pequeña burguesía de Acció Catalana en la cuestión social; su ideal catalanista era más templado. La pequeña burguesía buscaba su masa entre el proletariado urbano y los campesinos, que era donde únicamente podía encontrarla. De otra forma la baja clase media no hubiera podido aspirar a dirigir la política catalana.

Por sus propias fuerzas la pequeña burguesía no estaba en condiciones de competir con la Lliga ni con el proletariado no catalanista. Con su programa social, la Esquerra —que enseguida definiremos— se creó un futuro político que la clase media catalana no tenía, pero debió su triunfo a la clase trabajadora y a los campesinos, y por tanto, fue tributaria desde el primer instante, en la política y en el gobierno, de los obreros.

Esquerra de Catalunya se llamó la coalición de partidos que precipitadamente se unieron en vísperas de las elecciones municipales de abril de 1931 como consecuencia de las cuales cayó la monarquía. No entró en este conglomerado Acció Catalana, pero sí Estat Catalá. Los líderes de la Esquerra no solo tenían una política de tendencia obrerista, sino que algunos de ellos, principalmente Companys, mantenían de antiguo estrecha relación con las organizaciones obreras y campesinas de Catalunya.

La coalición de izquierdas era francamente republicana. Por todo eso, la pequeña burguesía y el proletariado depositaron su confianza en la Esquerra, pero tan unánime y resueltamente, que este movimiento obtuvo una victoria que a nadie causó mayor sorpresa que a sus líderes, inclinados, a pesar de la impopularidad de la Lliga, a atribuir de antemano el triunfo electoral a la poderosa organización de la alta burguesía. Acció Catalana, según dijimos, acudió a las urnas por separado, y la opinión le negó su apoyo.

Prueba palmaria de que el extremo nacionalismo no tenía simpatías entre los catalanes, y también de que un catalanismo sin lo que se llamaba contenido social carecía ya de adeptos. La lucha de clases gobernaba el movimiento político. Se comprenderá mejor, quizás, la nueva situación en la política interior catalana si añadimos que los partidarios de Acció Catalana, nacionalistas ante todo, miraban a la Lliga con resentimiento, como a renegados, pero a su vez los elementos de l Esquerra distinguían a los catalanistas de la Acció con el peyorativo sobrenombre de senyorets (señoritos), epíteto de notoria significación social.

El Estatuto

El advenimiento de la República y el predominio de las fuerzas políticas de izquierda presagiaban la solución del problema catalán. Las clases sociales —pequeña burguesía y proletariado— que pasaban a gobernar en Madrid eran gemelas de las clases sociales que se disponían a gobernar en Barcelona. La República garantizaba a todos los españoles la libertad política, un uso más decoroso del poder, la justicia, etc. Por consiguiente, en la medida en que el catalanismo había sido una propuesta contra el desgobierno oligárquico perdía ahora justificación.

No obstante eso, la Esquerra reclamaba de la República con urgencia la autonomía, por entender, según un ingenuo modo de pensar, que Cataluña no sería completamente libre mientras no estuviera en posesión de un verdadero Estado autonómico. Las Cortes Constituyentes comprendían la impaciencia catalana, y deseosas de afianzar la adhesión entusiástica de Cataluña al nuevo régimen, se dieron con ardor a la tarea de fundar —sobre el papel— un Estado nacional integrado (art. 8 de la Constitución) por municipios mancomunados en provincias y por las regiones que se constituyan en régimen de autonomía.

Promulgada la Constitución de Diciembre de 1931, las provincias catalanas, autorizadas por el art. 11, acordaron organizarse en región autónoma para formar un núcleo político administrativo dentro del Estado español, y, con arreglo a lo establecido en el art. 12, sometieron al examen y aprobación de las Cortes un proyecto de Estatuto. Durante buen número de meses los diputados analizaron, discutieron y enmendaron ( a veces en sesiones tumultuosas) el documento catalán, y gracias, probablemente, al talento dialéctico de Azaña el Estatuto Autonómico de Catalunya quedó convertido en Ley en septiembre de 1932.

Cataluña tendría en lo sucesivo un gobierno denominado de la Generalidad (como en la Edad Media) y un Parlamento propios. En el orden político la autonomía catalana venía a ser más cumplida que la de Escocia y Gales. Los catalanes (puntualicemos: los catalanes de izquierda) se declararon satisfechos y vitorearon, emocionados, a la II República, a Azaña y a Alcalá Zamora, jefe del Estado.

El Estatuto no satisfizo a la Lliga, principalmente porque lo iba a implantar la Esquerra, y en manos de estos partidos prometía ser un instrumento subversivo. También defraudó el Estatuto a la pequeña burguesía separatista, porque la autonomía carecía de la amplitud anhelada por ella. Había ya, pues, dentro de Cataluña dos fuerzas considerables, la de los capitalistas y la de la intelligentsia, en actitud recelosa u hostil respecto al Estatuto.

Fuera de Cataluña, elementos de no menos cuenta repudiaban la autonomía catalana: la omnipotente oligarquía agraria castellano-andaluza, el Ejército, que era el mismo de la monarquía, y una gran parte de la clase media, difícil de convencer de que la autonomía no representaba una paso hacia la separación. El Estatuto despachado por la República había tenido interesantes antecedentes en los trabajos que en 1919 realizó una comisión extraparlamentaria constituida por los señores Maura, Sánchez Toca, Rodrigáñez, Ruiz Jiménez y Alcalá Zamora.

Estos políticos de la monarquía aconsejaron entonces una autonomía que partiera del municipio, constase de una Diputación regional, un poder ejecutivo responsable ante esta y un gobernador general con amplias facultades. No pasó del papel aquel proyecto, pero atestigua que antes de que surgiera la República la idea del Estatuto se había abierto mucho camino. Pero es muy de dudar que la autonomía catalana tuviera que plasmar necesariamente en la aparición de un gobierno y un parlamento catalanes.

Conocida la circunstancia del carácter contencioso del home rule [autogobierno] en una Cataluña dramáticamente escindida por la colisión de los intereses de clase, la autonomía debería haber tenido, repetimos, para que pudiera consolidarse, una dimensión cultural mucho más acentuada que su significación política.

Porque en toda nación, hay, de un lado, factores que tienden a desintegrarla, verbigracia, los intereses políticos y económicos; y de otro factores que tienden a unirla, y entre estos se encuentra en lugar preferente la cultura. Después se vio lo que debió preverse: que la firmeza de la autonomía catalana estaría en relación inversa de su extensión político-administrativa. Mientras mayores atribuciones gozaran en este dominio el gobierno y el parlamento de Cataluña, más probabilidades existían de que no arraigara el Estatuto.

El amago más grave para el nuevo régimen autonómico se perfilaba en la posible confabulación de las fuerzas no catalanas y catalanas adversarias de la nueva organización estatal. Los dos primeros años la autonomía funcionó sin dificultades invencibles, pero cuando la Lliga se retiró del parlamento catalán para exteriorizar su protesta contra la Ley de Contratos de Cultivo, asestó un golpe mortal al ensayo autonómico.

En la gestión de la Lliga cerca del gobierno de la nación para que propusiera al Tribunal de Garantías constitucionales la anulación por anticonstitucional de la ley predicha no había formalmente nada ilícito: La Lliga hacia uso de un derecho, y los conservadores tenían razón: la legislación social le estaba reservada al poder central (art. 15 de la Constitución), y la ley de Contratos de Cultivo aparejaba una importante reforma social. Ajustada o no a la ley, la iniciativa agraria de la Esquerra acabó de persuadir a la Lliga de que no convenía a Cataluña tanta libertad. Increíble repliegue de una fuerza política que pocos años antes exigía para Cataluña la soberanía integral.

Los intereses, no los ideales, mandaban. Y cuando en 1934 el gobierno de Lerroux y la [Confederación Española de Derechas Autónomas], suspendió la aplicación del Estatuto y encarceló al gobierno de la Generalidad, los hombres de la Lliga se apresuraron a sustituir al frente de Cataluña a los políticos de la Esquerra. La Lliga, vencida en las elecciones, recibía del gobierno central el poder que le había rehusado el pueblo catalán.

La Revolución y las autonomías

Es indudable que los catalanistas creyeron que las nuevas instituciones catalanas protegerían a Cataluña contra la intromisión del poder central. Pronto se vio cuán infundado era semejante punto de vista. La libertad de Cataluña no dependía de sus instituciones, sino del régimen liberal imperante en España. Una revolución que comienza dispersando sus poderes o dividiendo sus energías está condenada al fracaso. La historia nos enseña que todas las revoluciones victoriosas han tenido en común un enérgico ademán unificador y centralizador.

Rememoremos la que la Convención francesa petrificó en dogma el centralismo y no dio cuartel al federalismo. La política de los liberales españoles del s. XIX fue también unificadora. La revolución bolchevique en Rusia, a despecho de su carácter antiburgués, tampoco violó esta ley histórica general; si cabe, la obedeció en las cuestiones políticas y económicas con mayor rigor que la filosofía burguesa. Diferencia que se explica, acaso, por la incomparable profundidad de la revolución rusa, que cala más hondo en el subsuelo económico que la revolución de la burguesía.

Mientras mayor es el alcance de las reformas, más fuerte tiene que ser la concentración del poder revolucionario. Por debajo de una formal etiqueta federal privó en Rusia desde el primer día del Estado soviético una intensa centralización. El sistema comunista concede de hecho la autonomía cultura, pero no la autonomía política. Aunque la Constitución soviética registra el derecho de secesión para toda región o república inclusa en la URSS, es claro que la región o república no puede ejercer ese derecho. La centralización se manifiesta en todo lo que tiene, en la esfera política y económica, carácter fundamental.

Por ejemplo, la policía del Estado, centrada en Moscú, disfruta amplísimos poderes para intervenir en todas las repúblicas; los límites de la división de la URSS en regiones económicas no coinciden con los límites de la división en naciones o regiones políticas; la dirección de la economía corresponde a organismos supremos centrales en posesión de formidables atribuciones, sin las cuales hubiera sido imposible la planificación; en fin, ninguna república tiene en Rusia presupuesto independiente, y para todo lo relacionado con las finanzas y el crédito está a merced del gobierno central.

En el régimen soviético, el factor decisivo es este: que el partido gobernante en todas las repúblicas, el partido comunista, se halla férreamente centralizado en Moscú. Por tanto, el poder concedido por las sucesivas constituciones a los órganos locales de la administración carece de efectividad contra el gobierno real de la URSS, que si se apura la definición, sería más exacto decir que no es el partido comunista, sino el buró político del partido comunista.

Concluimos con sir Jonh MaynardThe Russian Peasant; and Other Studies, Londres, 1942, pág. 400, que la autonomía efectiva en la unión soviética no tiene gran profundidad ni extensión, excepto en los asuntos culturales y lingüísticos. Yo llegó —escribe este excelente guía para las cuestiones soviéticas— a estas conclusiones paradójicas: que la constitución concede escaso o ningún poder real a los miembros de la federación; que el sistema político es de intensa centralización, particularmente en la vital esfera de las finanzas; que las concesiones al lenguaje y a la cultura local satisfacen en gran parte el sentimiento de la nacionalidad.

Entre otras cosas, una revolución es un acto por virtud del cual una nación afirma el derecho de seguir existiendo como tal, y, claro está, este derecho se conjuga difícilmente con el derecho de los pueblos a disponer libremente de sus destinos Además, una región puede desear la autonomía o la separación por causas que la revolución viene precisamente a destruir.

El pasado la impulsa en ese rumbo. Dése a la nación en general un ideal colectivo, nacional, comiéncese a regenerarla, imprímasele un dinamismo capaz de absorber la atención, y las energías y el entusiasmo de todos los pueblos que la constituyen, ¿pensarán y sentirán entonces las regiones descontentas como bajo el viejo régimen?. La experiencia demuestra que cuando se inicia una revolución concediendo autonomías se decreta el fracaso de la revolución y el de las autonomías.

En España, la discreción aconsejaba que la política autonomista de los republicanos (en sentido genérico burgueses y proletarios) se circunscribiera al caso catalán. Pero la República, al organizarse, en realidad, sobre el módulo federal, ofreció la autonomía a cuantas regiones la solicitaran.

La Constitución de 1931 establecía (art. 12) que las Cortes podían aprobar todo Estatuto que no contuviera precepto contrario al código político nacional y que hubiera sido propuesto por un número de municipios que comprendiese a los dos tercios de los electores de la región y que hubiera sido después aceptado por las dos terceras partes de los electores inscritos en el censo regional.

En la situación en que la República encontró a España —atacada del mal centrífugo engendrado por una revolución fallida en el s. XIX y por medio siglo de opresión y desgobierno— era de suponer que las regiones donde existiese algún sentimiento político particularista fácilmente arrojarían los dos tercios de sus sufragios a favor de Estado autonómico.

La República invitaba a las regiones a poner en los Estatutos la fe ingenua que la nación republicana había puesto en la Constitución. Un país políticamente enfermo no dejará de probar las virtudes terapéuticas de cuantos remedios se el ofrezcan, y con el tiempo —si antes no sucumbía la República— el regionalismo haría adeptos en algunas comarcas y acrecería los que tuviera en otras, simplemente porque el Estatuto sería la única solución que aún no se había ensayado allí.

Inserto en la Constitución con carácter general el derecho a la autonomía, no ofrece duda a ningún movimiento regionalista, cualquiera que fuese su condición, que obtuviera las dos terceras partes de los sufragios regionales para el Estatuto, podría negárselo la República, sin contradecir su propia ley. Con flagrante inconsecuencia, pues, quisieron los republicanos hacer excepción con los vascos, por tratarse de un partido católico y conservador y ser bien conocido su separatismo.

Donde el problema no existía iba la República a crearlo. la República creaba un nuevo interés, y en torno a este nuevo interés se congregaban ya ilusiones y apetitos que cada día pedirían satisfacción con mayor impaciencia y más poder. Así, el nacionalismo vasco llegaría a contagiar, después de lograda la autonomía, a gentes filiadas toda su vida al internacionalismo, ahora corrompidas políticamente por el poder que la autonomía les puso en la mano; y en labios de viejos socialistas se oiría la extraña frase de que antes de que socialistas eran vascos. Cosa nunca escuchada hasta entonces.

Los regionalistas gallegos se trocaron, a favor de la liberalidad republicana, en organización política que pretendía equipararse en el área estatal con la antigua y vigorosa nacionalidad de Cataluña. Con todo el esfuerzo que el asunto requería, el regionalismo valenciano, por su parte, izó, asimismo, su bandera, advirtiendo a la República que también en esta comarca había cuestiones particulares.

En Andalucía también pusieron a ondear una enseña regional, y el grupo de cordobeses y sevillanos que la levantó expresó su pretensiones de que presidiera otro estadito. Por su lado, una tertulia de aragoneses estimó patriótico deber conseguir que Aragón no quedara preterido en el reparto de libertades y proclamó su aspiración a la igualdad con Cataluña, Galicia, el País Vaco, Andalucía y Valencia. Un pintoresco incidente reveló a las Cortes, recién otorgado el Estatuto de Cataluña, lo absurdo de la política autonomista registrada en la Constitución.

En noviembre de 1932, el aragonés señor Marraco rogaba al ministro de obras públicas que aplazara ciertas medidas hasta que se constituyera el gobierno de Aragón. Esta intervención del señor Marraco denunciaba una fluida situación constituyente de todo punto fatal para la República. Estaba claro que el periodo constituyente no se cerraría jamás, pues siempre habría alguna región absorbida internamente en la lucha por la autonomía, esto es, por la constitución regional. Nadie se atreverá a negar la diversidad geográfica y folklórica de España.

Pero ninguna gran nación se compone de un solo pueblo, raza o unidad folklórica; y es incuestionable que ni las características geográficas y étnicas, ni la existencia de un dialecto o una lengua primitiva, ni la perpetuación anacrónica de varios fueros medievales, ni una manera peculiar de danzar o arrancar sonidos a curiosos instrumentos musicales, pueden aceptarse como base del derecho a constituir un estado o fundar instituciones políticas particulares.

Todo considerado, el único caso digno de ser atendido por la República era el de Cataluña, y la Constitución republicana debió proponerse la organización de España con un régimen especial para esta región, y solo para ella. Mas tampoco antes de que la República se hubiera visto libre de enemigos y consolidada y fuera un régimen indestructible. Porque incluso la autonomía catalana se hubiera opuesto a la consolidación de la República.

Y esta realidad, que acaso pudo entonces quedar sofocada a los ojos de las gentes por el entusiasmo y la inexperiencia, llevaría hoy, quizás, a todo republicano inteligente a parafrasear con aplauso un discurso de Stalin, en la siguiente forma: No debe olvidarse que junto al derecho de las naciones o regiones a la autodeterminación existe el derecho de la República popular a consolidar su poder.
Y a este último está subordinado el derecho de autodeterminación. Hay ocasiones que el derecho de autodeterminación se halla en conflicto con el otro, con el derecho más alto, el derecho de la República triunfante a consolidar su poder. En tales casos —precisa decirlo sin vacilar— el derecho de autodeterminación no debe ni puede ser un obstáculo para el ejercicio de la República de su derecho a existir. El primero tiene que ceder ante el último.
R.B.: RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, Historia de España, Compañía general de ediciones, 1950, México, Tomo I págs. 569-603.