La dictadura de Primo

El Directorio
Primo de Rivera
El gobierno de hombres civiles
La dictadura y el proletariado
Los comités paritarios
La pacificación de Marruecos
Oligarquía y rey contra el dictador
El complot de la noche de San Juan
La República

El Directorio

El general Primo de Rivera había captado el sentimiento nacional en el manifiesto que dirigió al país, primer documento oficial de la rebeldía, y el cual, si no podía tenerse por prontuario de la futura política del régimen militar, testimoniaba en todo caso conocimiento pleno de lo que anhelaba la opinión pública. Eje de la nueva política era el lema del Somatén, que hacía suyo el dictador: Paz, paz, paz; y las murallas de la revuelta Jericó española se derrumbaban al sonido de esta trompetería.

La proclama fulminaba un fallo inapelable contra los oligarcas, cosa que tendría el refrendo popular: ... pero en la realidad se avienen fáciles y contentos al turno y al reparto y entre ellos mismos designan la sucesión. Absolvía a la corona de los pecados notorios de corrupción, cargando la responsabilidad sobre la oligarquía: La tupida red de concupiscencias ha cogido en sus mallas, secuestrándola, hasta la voluntad real.

Y, contra uso en esta clase de llamamientos, se advertían en el manifiesto prolijas alusiones particulares que con su menudo linaje solo podían interpretarse como enderezadas a satisfacer un rencor que pedía urgente desquite. ¿A que venía hablar en momento tan solemne de la sospechosa política arancelaria por la tendencia, y más porque quien la maneja hace alarde de descocada inmoralidad? Quien la manejaba era Alba... depravado y cínico ministro...

El proceso contra don Santiago Alba —se aseguraba— queda desde luego abierto, que a este lo denuncia la unánime voz de país... ¿Se había comprado en parte con esta baladronada la adhesión de la Lliga? El resentimiento que se exteriorizaba contra Alba en la proclama del general insurgente no lo habían inspirado los cuarteles, sino ciertos consejos de administración de Cataluña.

Por sí solo este dato arancelario pudiera bosquejar una política: los militares no pensaban favorecer a las clases mercantiles; y bien se considerarían vencedores los hombres del capitalismo catalán cuando, sobre ese, se apuntaran el tanto de la autonomía, que, de creer a Primo de Rivera en privado, figuraría en plano de preferencia en la política militar.

El general confundió a los capitalistas catalanes en varios extremos, y no porque los políticos de la Lliga fueran excesivamente ingenuos, sino porque habían optado también por la paz del Somatén. El sistema político que concluía —recapitulemos— no había nacido de la improvisación. Vivió en el magin de sus inventores muchos años antes de que se convirtiera en realidad.

Para organizarlo, Cánovas se tomó dos años de plenos poderes, de dictadura embozada, y solo cuando la obra estuvo en marcha permitió que se consultara al país —y por sufragio universal— y se vio la eficacia de las nuevas instituciones en la crecida mayoría que obtuvo el gobierno para las Cortes Constituyentes.

Desapareció en la Constitución de 1876 el sufragio universal, pero Cánovas lo temía por complicado, no por irreductible a sus métodos. Así, pudo jactarse, cuando años después le amenazaban con la franquicia popular, de que nunca hubo en España parlamento más dócil que el primero de la Restauración.

No fue, pues, este régimen, un producto empírico, nacido de la espontaneidad nacional, fruto de la psicología española, sino conscientemente trabajado por un grupo de estadistas sin fe en los destinos de su patria, detractores de la raza y, por lo mismo, convencidos de que solo de ese modo se ponía fin a un caos político secular.

Costó a la nueva oligarquía dos o tres lustros afianzar su personalidad dominante en la política. La resistencia de la Iglesia y el Ejército a admitir la supremacía del poder civil retrasó el triunfo de Cánovas. Pero era cuestión de vida o muerte para esas clases sociales, soberanas en la economía, vencer a los antiestados, afirmar su cuño en la política, poner orden en el país y crear las instituciones fijas que les permitieran poner a buen recaudo su riqueza.

Por su condición de clases conservadoras, temían la usurpación de la función del gobierno por la Iglesia o por el Ejército. Una y otro, metidos a gobernar, actúan como fuerzas disolventes; y no iba a desmentir el Directorio Militar ese truísmo (tópico) histórico.

Los políticos de la Restauración, mandatarios de los grandes propietarios del suelo —aristócratas y simples hacendados— cuando no grandes terratenientes ellos mismos, lograron establecer una norma de convivencia y hacerla respetar. El régimen no podía ser peor, pero era un régimen, y para comprender la aceptación que tuvo es menester no olvidar el desbarajuste que lo precedía.

No nos es dable, pues, juzgarlo por lo que significa intrínsecamente, si aspiramos a esclarecer el secreto del éxito de Cánovas, que también llegó con el lema de Paz, paz, paz. Lo que producía obsesión a los hombres de la Restauración era la legalidad, y la adquirieron a cualquier precio. Sobre aquella desigualdad social no cabía fundar un Estado robusto y el gobierno tendría que ser injusto, pero si era "legal" lograría hacerse respetar, y Cánovas se hizo respetar.

Maquiavelo subraya.

cuán útiles y necesarios son a las repúblicas los medios legales de manifestación de la animosidad de la multitud contra cualquier ciudadano, porque si no existen esos recursos legítimos se acude a los extralegales, los cuales ocasionan, sin duda, peores resultados que aquellos, y si un ciudadano es oprimido, aunque lo sea injustamente, pero dentro de la legalidad, escaso o ningún desorden acontece, pues la opresión no es producto de la violencia privada ni de fuerza extranjera, que son las que acaban con la libertad, sino del cumplimiento de las leyes, realizado por una autoridad legítima que tiene sus límites propios y que no alcanza a cosa que pueda destruir la república.

La legalidad maquiavélica de la Restauración descansaba sobre el andamiaje caciquil, fábrica de parlamentos y sustentación de los dos grandes partidos que garantizaban el usufructo del poder a una misma clase social y excluían del gobierno de la nación al resto de los ciudadanos.

Para la oligarquía bifronte, era esencial que el poder político no se le escapara de las manos. No podía autorizar a nadie a gobernar por ella, porque ella era el régimen. Cualesquiera otras instituciones que no fueran el aparato caciquil, el parlamento manipulado, el turno desenvolviéndose con perfecta precisión y la monarquía avenida a presidir la farsa, colocarían en situación dificilísima a los oligarcas.

Destruidas las instituciones básicas de la Restauración se agotaban las posibilidades de la dictadura legal; y por eso el golpe de Estado del general Primo de Rivera tenía que acompañarse de consecuencias revolucionarias. Parvo tenía que ser el consuelo de los oligarcas al ver que el poder iba a manos de gente conservadora cuando se trataba de instaurar un sistema que desmontaba su complicada e insustituible máquina política.

Los generales fracasarían luego en su intento de crear instituciones supletorias, es decir, no llegarían a construir un sistema conservador, precisamente porque el único viable, dada la estructura de la sociedad española, era o había sido, el de la Restauración

La dictadura militar nacía no solo fuera de la ley, sino que ipso facto, o por ese mismo hecho, colocaba en tan incómoda postura a la última institución oligárquica: la monarquía constitucional. Otra vez quedaba España sin instituciones. La nación retornaba en el orden político, y en otros órdenes, al siglo XIX, lo cual se reflejará catastróficamente en el carácter que representa la oposición al dictador y en la II República.

La oligarquía tendría que luchar de nuevo, como en los días de Isabel II, para recuperar el poder político perdido. Solo que la historia nunca se repite al hilo y el presentimiento de que ya no volvería a gobernar con el carácter absoluto y soberano que lo hizo durante cincuenta años no pudo menos de asaltar a los conservadores —más melancólicos en su despedida que los liberales—, que expresaban sus desvelos en unas líneas con que recibió La Época a la dictadura militar.

Hay que pedir a Dios, poniendo cada uno de su parte cuanto pueda, que no sea lo ocurrido, además de profundamente doloroso, de siniestra transcendencia en la vida de España.

Así hablaba el periódico de la aristocracia terrateniente.

Los militares tomaron posesión plena del Estado e invadieron todos los reductos de la oligarquía. El 30 de septiembre disolvieron los ayuntamientos de toda España semilla y fruto de la política partidista y caciquil. Quedaban sustituidos con juntas de asociados y representantes de la autoridad militar. Se decretó la incompatibilidad de cuantos hubiesen sido ministros de la corona, presidentes de las cámaras o consejeros de Estado, para ocupar cargos públicos.

Se clausuraron las cámaras, se disolvieron otros organismos, se adjudicaron las representaciones oficiales en las grandes empresas subvencionadas por el Estado a los militares, y la mano castrense llegó, en fin, hasta los remotos rincones de la vida pública mediante los delegados gubernativos —capitanes, comandante, tenientes coroneles, etc.— que tomaron el mando político en provincias y pueblos, como en las grandes capitales, y giraron impertinentes visitas de inspección a diputaciones y municipios.

Con los estatutos municipal y provincial se modificó el gobierno interior de aquéllos. El Directorio lo revolvía todo, los cambiaba todo, lo trastornaba todo.

No sobrepujaban los militares en luces ni en virtudes a la oligarquía y eran totalmente inexpertos en el arte del gobierno. La fuerza, como siempre, no organizaba nada. Pero esta última falla tenía un lado positivo: no había que temer la invención de un nuevo sistema de eficacia pareja al que moría.

Por otra parte, la misión de los militares no consistía en gobernar a la nación , sino en acabar de desgobernarla. Mientras más acusada fuera la ausencia de legalidad y más martillearan sobre el viejo sistema, menos fácil sería la resurrección del régimen derribado. No tocaron a la propiedad agraria, y en consecuencia, no descuajaron el caciquismo, pero los grandes ministros, los gobernadores militares y los delegados gubernativos desconcertaron la máquina política hasta dejarla inservible.

Crearon nuevos intereses, dando preferencia a unos caciques sobre otros, o acumulando en sí mismos toda la influencia. Quitaron y pusieron, cambiaron, reformaron, premiaron y persiguieron. Por torpeza unas veces, otras con intención, desorganizaron cosas que la oligarquía tenía en tierna y sentimental estima. Jerarcas de ayer sufrían terribles humillaciones hoy. España padecía un régimen arbitrario, mas no era peor que el caído, ni en eso ni en ninguna otra licencia.

Antes bien, la dictadura militar se hacía responsable política e históricamente, y aun en las personas de sus hombres, de los crímenes y desafueros que cometía, cosa que no ocurría en el sistema de la oligarquía absoluta. La inverecundia (desfachatez) de los oligarcas la pagaban bajo el viejo sistema el pueblo y la clase media. Bajo la dictadura militar había más democracia, porque también eran humillados, perseguidos y encarcelados los ricos y los grandes.

Solo los que padecieran amnesia podían echar de menos la libertad que nunca existió. El país se hallaba en estado de guerra, pero la verdad es que por este procedimiento demostró excesiva afición a la oligarquía cuando ella le sacaba fruto. Por manera que esta caída en el despotismo del sable solo la podían lamentar, y solo la lamentaban, los que eran libres en el antiguo régimen, pero no el pueblo. Desde cualquier punto de vista, la dictadura militar representaba un progreso respecto de lo abolido.R.B.: RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, Historia de España, Compañía general de ediciones, 1950, México, Tomo I págs. 459-464.

Primo de Rivera

El mismo dictador era mejor persona que la mayoría de los políticos extrañados. Primo de Rivera tenía la planta del andaluz cabal: sensible tras una máscara alegre y resuelta, era indiscreto, sensual, efusivo y desprendido. No quiso debérselo todo a su tío don Fernando -capitán general de Madrid en el secreto del negocio cuando se sublevó Martínez Campos en Sagunto-, y se esforzó desde mozo por conquistar su propia personalidad y sus laureles.

Su cultura descubría profundas deficiencias, que tácitamente se creían compensadas en el militar por una tradición, quizás respetable, que daba la primacía a arrojo personal Primo de Rivera puso el suyo a prueba muchas veces, ganándose las cruces con costurones en la piel. Su debilidad por la política era tan antigua como su debilidad por el buen vino y las mujeres.

No hay que ver siempre ni exclusivamente en la inquietud política personal de los militares españoles un aspecto de la flaqueza del poder civil. Dentro de muchos uniformes había españoles preocupados por el trágico destino de su patria. Primo de Rivera no era un atormentado por la suerte de España, pero de antiguo el embrollo nacional había despertado en él ciertas ideas sobre los problemas nacionales.

Su frivolidad estaba entreverada, como es frecuente en las gentes de su tierra, con serias inquietudes. Pero estas preocupaciones políticas, que en el hombre de genio se resuelven en creación original, en el hombre vulgar, como Primo de Rivera, dan pábulo al arbitrismo.

Entendimiento vulgar, quiso hacer de la dictadura militar un régimen patriarcal en el que los ciudadanos se guiaran por sus consejos de hombre que ha vivido mucho. No podía exhibir otro título para gobernar a los españoles que el de su patriotismo confuso y exclusivista y su experiencia de hombre de mundo. Pretendió reformar las costumbres, el expediente infalible de todo arbitrista; y acudía a las verbenas y regocijos populares a mezclarse con la multitud, que nunca le odió, porque la dictadura fue un despotismo templado y Primo de Rivera no se deshonró con la crueldad del tirano.R.B.: RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, Historia de España, Compañía general de ediciones, 1950, México, Tomo I págs. 464-465.

El gobierno de hombres civiles

No podía faltar bajo la dictadura militar la inevitable serie de los negocios escabrosos. La corrupción administrativa tuvo en esta etapa vuelos más espectaculares que bajo la oligarquía. En realidad, no había gran diferencia ética entre uno y otro régimen. Lo que variaba era el estilo, más expeditivo en la dictadura militar.

El atentado contra los intereses públicos se realizó bajo el último sistema por todo lo alto, sin el freno del escándalo que cohibía a veces a los antiguos turnantes y les llevaba a poner en práctica procedimientos de soborno más blandos y laboriosos. Sobresalieron en la censurable gestión dictatorial las comentadísimas irregularidades que acompañaron a la constitución de la Compañía Telefónica y a la concesión del ferrocarril Ontaneda-Calatayud, más las múltiples y desordenadas aportaciones de fondos a empresas particulares y compañías sostenidas por el Estado.

No mejoró la política administrativa con la formación del gobierno de hombres civiles en 1925, equipo de voluntarios deseosos de hacer carrera y de ensayar sus ocultas dotes de estadista al amparo del soliloquio ministerial. Estos gobernantes inéditos se creían genios —y algunos no eran torpes— cuando se comparaban con los generales y hasta con los rábulas oligárquicos que lo habían desconcertado todo, y de ahí les vino, singularmente a los más jóvenes, un exceso de confianza en sus propias fuerzas. Esto le pasó a Calvo Sotelo, gestor de la Hacienda.

La obra del resuelto ministro de Primo de Rivera le costó al Estado cinco mil millones de pesetas, y el déficit presupuestario que legó se cifró en mil millones. Todo por falta de tino, que hubiera corregido la fiscalización pública, más que por ausencia de escrúpulos morales.

El gobierno de hombres civiles representó un cambio inspirado en el deseo de fundar unas instituciones que fijaran la dictadura sobre una base de cierta permanencia. Pero el dictador no pudo crear un partido político, aunque lo intentó con la Unión Patriótica. Pretendió levantar un órgano representativo con la Asamblea Nacional, y el país le hizo el vacío, la función de la dictadura era puramente liquidadora de un sistema agotado. Primo de Rivera venía, en última instancia, a disolver las instituciones de la Restauración, inconsciente de ello. Si de paso introdujo cierto orden en las cosas de África, eso fue ganando, sobre lo meramente destructivo, la nación.

Pero no ha de entenderse por eso que la dictadura militar fue un régimen sin otro interés que el negativo Su actitud en relación con las clases sociales merece especial atención.

Los militares que desplazan a la oligarquía continúan la política de clase de la oligarquía. Estos generales y los hombres civiles que los asesoran son, por la mayor parte, grandes propietarios territoriales. El dictador, segundo marqués de Estella, pertenece a una antigua familia de terratenientes. No iba a haber, pues, revolución agraria. Es más: los militares no aliviarían en un solo punto la trágica vida del campesino.

Para el Directorio, como para los gobiernos oligárquicos, en el campo español no había problema. Exceptuado un insípido real decreto sobre el cultivo y laboreo de tierras, la dictadura no se acordó para nada de la cuestión agraria.

La política económica y social de la dictadura presenta las siguientes características: continuación de la guerra de los agrarios contra el comercio; protección cerrada a los cereales y al olivo y a la industria; favorecimiento de la Banca; abandono total del bracero sin tierra y protección del obrero industrial y mercantil, a expensas, claro es, del comercio y de la industria.

La dictadura era, por consiguiente, un régimen tan hostil a la clase media como la oligarquía. La estructura de la sociedad española siguió siendo la misma. La oligarquía mantuvo sus posiciones económicas, cuando no las reforzó, como en su rama financiera. Lo que cambió fue la forma de gobierno, fenómeno que hizo de la oligarquía opresora una clase oprimida políticamente. Esto último era trascendental, porque ponía en peligro el poder económico de los terratenientes, que solo estaba seguro cuando se complementaba en la política con el monopolio de la función de gobierno.

La política de la dictadura en este aspecto parecía obedecer al lema, parafraseado, del despotismo ilustrado: Todo para la oligarquía, nada con la oligarquía. En el fondo se trataba de una lucha en el seno de la clase dominante y no otra cosa era el conflicto entre la corona y la oligarquía. Por eso no sufrió alteración alguna la política social o de clase en sus rasgos más representativos. El Estado militar era también el Estado territorial de la oligarquía de los cereales y el olivo, Desde este punto de mira, la contrarrevolución comenzada por Cánovas proseguía bajo los militares

Exactamente como en los primeros años de la Restauración, los comerciantes resentían a lo vivo la política económica de la dictadura. Era la misma ofensiva contra la burguesía, propia del Estado territorial, y que únicamente puede cesar con el triunfo político de la clase media.

El Directorio Militar no tuvo tiempo de ocuparse de gobernar, atareado con los quehaceres inaplazables de la instalación del régimen, y no hubo verdadero gobierno hasta que se constituyó el de hombres civiles y Calvo Sotelo entró en el ministerio de Hacienda. Sus primeras disposiciones restrictivas de la economía mercantil aparecieron en enero de 1926. Se iba a la fiscalización de tiendas y fábricas con un celo que estaba a remotísima distancia de las preocupaciones del gobierno por lo que se refería a los terratenientes.

El Estado insistía en atar corto a la economía mercantil e industrial, y todo se volvía pedir a los comerciantes y a los industriales declaraciones de valores en venta y en renta, imponerles registros, y para remate de política se les exigió que llevaran un nuevo libro especial de operaciones.

Estos decretos de enero de 1926 escandalizaron a las clases mercantiles, pero, débiles y oprimidas, no tuvieron medio de burlar su cumplimiento. Sin embargo, al anunciar Calvo Sotelo meses después su reforma tributaria ya no pudieron refrenarse y el Círculo de la Unión Mercantil salió por los fueros de su clase con una protesta comedida: La mala política económica anterior al Directorio se ha acentuado con este y con el gobierno actual, dando lugar al aumento del costo de la vida.

La otra cara de la medalla económica dictatorial se hallaba ya completamente dibujada en el verano del mismo año. La protección al aceite de oliva y a los cereales se convertía ahora en prohibicionismo. En abril se limitó la importación de nueces y semilla de sésamo a 40.000 toneladas. En mayo se introdujo un impuesto de 10 pesetas por 100 kilos sobre el aceite extraído de nueces y semilla de sésamo. En diciembre se prohibió totalmente la importación de ambos productos.

En cuanto a los cereales, en mayo se creó un fondo de 25 millones de pesetas para crédito a los trigueros. Qué sumas, de esta cantidad, llegaron a los pequeños propietarios, difícil es de establecer, porque el crédito agrícola estuvo siempre controlado por los grandes terratenientes. En julio se prohibió definitivamente la importación de trigo.R.B.: RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, Historia de España, Compañía general de ediciones, 1950, México, Tomo I págs. 465-469.

La dictadura y el proletariado

La política social de la dictadura era congruente con su política económica. Un gobierno de burgueses y de abogados de los burgueses se habría inclinado a proteger al proletariado campesino y habría sido menos generoso, tal vez, con su propio proletariado, con el de la industria y el comercio. Y consecuentemente, el gobierno agrario de Primo de Rivera hizo la política contraria, la política tradicional de la oligarquía, acentuándola: todas sus mercedes las reservó para el proletariado industrial y mercantil y al proletariado del campo lo dejó, como antes, abandonado al arbitrio de los grandes terratenientes.

Para los obreros de las minas, fábricas, talleres, comunicaciones y establecimientos mercantiles, la dictadura fue un régimen considerablemente más benévolo que el de la oligarquía absoluta. Elevó el nivel de vida de la clase trabajadora de las ciudades y se prestó en todo al proletariado no campesino una atención que atestiguaba, primero, el interés del dictador en sosegar la lucha de clases en las grandes poblaciones, teatro de huelgas continuas, y segundo, su designio de imponer un orden lo más orgánico posible en el mundo del trabajo y el capital.

Esto lo podía hacer Primo de Rivera porque cuantas concesiones obtuvieran los obreros procederían de las cajas de las empresas industriales y mercantiles y no del bolsillo de los propietarios del suelo, que seguía siendo sagrado. De modo que la defensa de proletariado urbano fue la moneda con que la dictadura compró la paz social en los grandes centros de población, y los gastos de esta política generosa y plausible los pagaron industriales y comerciantes.

No existían en España condiciones para el fascismo, ni Primo de Rivera podía ser un Mussolini, ni lo pensó nunca, a pesar de que Alfonso XIII hubiera querido una dictadura de carácter más permanente que la militar, última carta que se jugaba la monarquía. El movimiento obrero español estaba todavía formándose. Solo había media docena de diputados socialistas en el parlamento y aunque las elecciones se falseaban, ello no modificaba este hecho: el de que la amenaza socialista no constituía alarma para las clases propietarias como lo fue en Italia en cuyo parlamento se sentaban en 1920 ciento cincuenta y seis representantes del socialismo.

Tampoco se dio en España nada parecido a la ocupación de las fábricas por los obreros italianos en ese mismo año. Por ningún concepto se hallaba en peligro en España el régimen de la propiedad.

La propaganda revolucionaria se había concentrado desde 1909 por todos los partidos de la oposición sobre la forma de gobierno. La inmensa mayoría de los españoles descontentos creía que, en tierra el trono, la revolución estaría consumada. Claro es que habría mucho que hacer luego que desapareciese la monarquía: habría que reunir cortes constituyentes, elaborar una Constitución avanzada, elegir presidente de la República, expulsar a los jesuitas y dictar leyes sabias y justas.

Era la visión demagógica de la revolución, informada en la filosofía política del siglo XIX. Pero eso mismo tranquilizaba a los propietarios de toda clase, y la convicción de que el cambio solo afectaría a la forma de gobierno, no solo impediría a la dictadura militar desembocar en el fascismo, sino que sería también un factor trascendental en la lucha de las clases pudientes contra el Estado militar.

Además el sistema de la Restauración había cristalizado en el Estado policíaco. Primo de Rivera se encontraba con un Estado fuerte, difícil de atacar desde la calle. En ningún momento estuvieron en riesgo de caer las instituciones por falta de fuerza pública, que era superabundante.

España tenía policías y guardias y cuerpos armados de todas clases, muchos de ellos desconocidos en el resto del mundo, a saber: policía secreta, Guardia Civil guardias de Seguridad, carabineros, guardias municipales, guardas rurales, y en Cataluña, además mozos de escuadra y en las Vascongadas, los miqueletes. De añadidura era ya costumbre que el Ejército velara, asimismo, por el orden público.

La debilidad civil de las instituciones, como en todo Estado corrompido, se salvaba con un aparato de violencia único en Europa. Llegaría un instante en que la fuerza física, por ampulosa y fantástica que fuera, sería incapaz de prolongar aquel estado de cosas, pero hasta entonces la policía y los institutos armados habían salvado al Estado injusto, era lo único que lo había salvado. Por existir ya el Estado policíaco, el dictador no tuvo, pues, que organizarlo, ni los propietarios que reclamarlo.

Se advirtió en seguida que la dictadura buscaba la paz con el proletariado urbano. No podía declarar la guerra a todo el mundo, tanto más cuanto que venía a perseguir a la oligarquía política y no se proponía favorecer por oponerse a ello el interés histórico del Estado territorial, a la clase media,

Primo de Rivera entró inmediatamente en relación con Manuel Llaneza, el jefe socialista de los mineros del carbón, y le aseguró que el nuevo régimen respetaría todas las ventajas sociales conseguidas por los obreros. Los sindicatos seguirían funcionando, las tímidas leyes sociales dictadas por la oligarquía se mantendrían y la dictadura promulgaría otras más favorables aún para el proletariado industrial. Llaneza salió de la entrevista satisfecho. No hay nada que temer, vino a decir en público.

El partido socialista español había sufrido las conmociones internas producidas en el socialismo internacional por la repercusión de la revolución rusa. El triunfo de la revolución bolchevique fue acogido por el proletariado español con júbilo, acaso con mayor entusiasmo que en otros países, por ser España, socialmente, otra nación de mujiks, y como Rusia, sin clase media.

El partido socialista aceptó complacido que el nuevo régimen ruso adoptara la forma dictatorial. Los trabajadores españoles simpatizaban con la revolución rusa, sin que el tema gobierno democrático o dictadura obrera llegara a preocuparles. En junio de 1920 se reunió el partido socialista en congreso extraordinario, y por 8.269 votos contra 5.016 y 1.615 abstenciones acordó ingresar en la Tercera Internacional.

Pero conocidas las condiciones que establecían en Moscú para acoger a las secciones nacionales en la nueva Internacional, en el congreso extraordinario de abril de 1921, la votación fue muy distinta. Contra el ingreso en la Internacional comunista y en favor de la nueva Internacional socialista se hablaba entonces de la fundación de otra Internacional 8.808 votos; en pro de la Internacional comunista, 6.025. De esta asamblea salió escindido el socialismo.

Consumado el divorcio entre los socialistas que aprobaban las 21 condiciones de Moscú, y los mayoritarios que las recusaban, la comisión ejecutiva del partido, en nombre de los últimos, hizo público un manifiesto que suscribía Pablo Iglesias, en el que se decía. No estamos conformes con las condiciones que impone la Tercera Internacional de Moscú, pero afirmamos hoy, como lo hicimos desde el primer día de la revolución rusa, que estamos, sí, plenamente identificados con aquella revolución.

No era Pablo Iglesias enemigo de la conquista del poder ni de la llamada dictadura del proletariado. Y en esto el socialismo español se apartaba, entonces, del criterio sostenido por los prohombres de la Segunda Internacional, que censuraban los procedimientos de que se valía Lenin para conservar el poder.

Esto es, los socialistas de otros países invocaban los principios democráticos externos contra la revolución rusa, en tanto que el socialismo español se pronunciaba solamente contra las 21 condiciones y por los principios democráticos internos; por la autonomía de las secciones de la Internacional, pero no por la democracia parlamentaria.

Los minoritarios que se apartaron del partido socialista y fundaron el partido comunista fracasaron, al extremo de no existir realmente partido comunista en España hasta 1930.

Al producirse el golpe de Estado militar, las fuerzas numéricas del partido socialista eran muy inferiores a su autoridad moral. La Unión General de Trabajadores agrupaba 200.000 obreros, muchos de ellos, la mayor parte, campesinos. El partido socialista era infinitamente menos numeroso, pues solo contaba con unos 15.000 adheridos.

La dictadura encarceló sin pérdida de momento al estado mayor de los líderes anarcosindicalistas y declaró su hostilidad al movimiento. Este trato era más benévolo que la política de la oligarquía, que los asesinaba cobardemente o los utilizaba por medio de demagogos como Lerroux. En treinta y seis horas, siendo jefe de gobierno Dato, se habían recogido en 1920 en las calle la ciudad condal los cadáveres de veintiún anarcosindicalistas, despachados en las sombras por los pistoleros de los capitalistas catalanes y los oligarcas de Madrid.

El anarcosindicalismo estuvo, pues, desde un principio en abierto conflicto con la dictadura, o la dictadura con él, y repito que esto era preferible para el decoro de España y para los anarcosindicalistas a la política de la oligarquía, que había hecho del terrorismo un arma política, sirviéndose de los anarquistas contra otros sectores del proletariado y comprando a los pistoleros del Sindicato Único, los cuales, incorporados a los Sindicatos Libres -organizaciones amarillas inventadas por la reacción- ponían su experiencia de terroristas, adquirida a las órdenes del Único, al servicio de las organizaciones patronales.

Era obvia conclusión que de seguir las cosas como iban, antes de la dictadura, en Barcelona no sobreviviría un solo jefe anarcosindicalista. El más brillante, Salvador Seguí, había sido asesinado por pistoleros de su propia organización que se habían pasado, por dinero, al bando de los capitalistas.

Ese pasado ignominioso, el presente sembrado de peligros y el futuro preñado de promesas para los que supieran en qué momento de la historia de España se encontraban, aconsejaban indudablemente la táctica fabiana que el socialismo español adoptó frente a la dictadura militar. Como Quinto Fabio ante las temibles fuerzas de Aníbal, los socialistas contemporizaban. Combatían sin buscar una batalla decisiva, abandonando a la acción del tiempo el desgaste del poderoso enemigo.

Bajo la dictadura militar estuvo representada la UGT no el partido socialista en los siguientes organismos: Consejo Interventor de Cuentas del Estado, Comisión Interina de Corporaciones, Consejo del Trabajo (continuación del Instituto de Reformas Sociales) y Consejo de Estado.

Primo de Rivera quería regular las relaciones entre los obreros y los capitalistas sobre una base arbitral. No le importaba malquistarse la voluntad de la burguesía, que estimaba oneroso para ella cualquier sistema arbitral en el que los proletarios estuvieran en un pie de igualdad jurídica con los patronos.

Ciertos capitalistas no se conformaban con menos que con el exterminio de las organizaciones obreras y la Lliga catalana había defendido la política terrorista de Martínez Anido: Cambó protestó cuando se habló de destituir al bárbaro general. Es más, Cambó llegó a decir que aquélla era la única política posible, aplaudida, según él, por la inmensa mayoría de Barcelona. La dictadura militar tuvo, en parte, el apoyo de los capitalistas porque suponían que sería hostil a las reivindicaciones obreras. Y en esto también se equivocó la burguesía.R.B.: RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, Historia de España, Compañía general de ediciones, 1950, México, Tomo I págs. 469-474.

Los comités paritarios

A este respecto la iniciativa más importante de Primo de Rivera fue la creación de los comités paritarios, organismos arbitrales, que habrían de entender en los conflictos entre el capital y el trabajo. El 26-XI-1926 apareció el decreto-ley sobre organización corporativa nacional.

Examinado detenidamente -por la U. G. T- acordó dirigir una circular a todas sus secciones aconsejándoles se acogiesen a dicha disposición, y por tanto, que solicitaran la constitución de comités paritarios de sus respectivos oficios.

Desde un principio comprendieron los líderes de la U.G.T. que los comités paritarios podían tener consecuencias muy favorables para el movimiento obrero. Por ellos se hacía forzosa la organización sindical de la clase trabajadora. El gobierno dictatorial ordenaba, en síntesis, la organización del proletariado por decreto. Se constituyeron nuevas agrupaciones obreras y la U.G.T. vio crecer rápidamente sus masas. La legislación corporativa de la dictadura presuponía la existencia de sociedades obreras que pactaran con las organizaciones patronales, y donde no había proletariado organizado tenía que organizarse, o de lo contrario no podrían funcionar los comités paritarios.

El fascismo italiano había destruido las organizaciones sindicales del proletariado y había creado otras que dirigían los líderes fascistas, es decir, el Estado. En cambio, la dictadura española inducía a los obreros a adherirse a los sindicatos socialistas.

Los capitalistas nunca aceptaron con entusiasmo la organización corporativa de Primo de Rivera. Pronto comenzaron en la prensa una campaña velada contra los comités paritarios, cosa que, como es natural, confirmó a los líderes de la U.G.T. en su punto de vista de que la ley convenía a los obreros. Los grandes terratenientes no combatían esa legislación. Mientras no se implantaran los comités paritarios en la agricultura la cuestión les tenía sin cuidado.

Dirigió la política social de la dictadura Eduardo Aunós en calidad de ministro de Trabajo. Tuvo el propósito de extender los comités paritarios a la lucha de clases en el campo, y hasta llegó a redactar el decreto correspondiente; pero la mano omnipotente de los propietarios territoriales lo detuvo.

En la agricultura lo comités paritarios habrían representado una gran subversión. Porque los campesinos no se hallaban organizados sindicalmente y la nueva organización corporativa les hubiera obligado a crear en todas parte sociedades obreras. El gobierno se alarmó al conocer el decreto del ministro de Trabajo, y Aunós tuvo que retirarlo.

Los comités paritarios sirvieron a los socialistas para multiplicar sus organizaciones. Al caer la dictadura, la U. G. T, habían acrecido sus efectivos en cien mil afiliados.

Si la aceptación de los comités paritarios había originado la crítica de la política contemporizadora de los socialistas, la presencia de Largo Caballero en el Consejo de Estado fue más censurada todavía en los mentideros políticos de la clase media no socialista y socialista.

El 13-IX-1926 apareció un real decreto por el que se modificaba la composición del Consejo de Estado y se daba entrada en él, entre otros, a los siguientes organismos: Consejo de Instrucción Pública, Consejo de Sanidad, Consejo Superior de Fomento, Consejo Permanente de Trabajo, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, y Facultad de Derecho de la Universidad Central.

Los líderes de la U. G. T., pertenecían al Consejo Permanente de Trabajo, invitado ahora a enviar representantes al Consejo de Estado. Aunque la facultad para decidir en este caso, a reserva de responder, como siempre, ante las masas de la U. G. T., era de los vocales obreros del Consejo Permanente de Trabajo (antes Instituto de Reformas Sociales, consultaron con la Comisión Ejecutiva de la Unión General, no porque tuviesen dudas sobre el caso, sino por tratarse de un organismo cuyo nombre y significación llamarían la atención general.

Examinado el asunto, por unanimidad la comisión ejecutiva de la U.G.T. consideró que no existía motivo para oponerse a que en el Consejo de Estado hubiera un representante de la clase trabajadora, siempre que la designación se hiciese en la misma forma en que hasta entonces se habían hecho las demás.

De acuerdo con el decreto era el presidente del Consejo Permanente de Trabajo el encargado de designar al representante obrero en el Consejo de Estado. Pero esto tropezaba con el inconveniente de que, según los estatutos de la Unión General de Trabajadores, sus representantes solo pueden ser nombrados por ella misma.

Los delegados obreros en el Consejo Permanente de Trabajo hicieron saber al presidente de este organismo que únicamente tendría la Unión General de Trabajadores un consejero en el de Estado si la persona, como en los demás casos, que había de ostentar su representación era nombrada por la propia Unión General De Trabajadores. Accedió a ello el presidente del Consejo Permanente de Trabajo, y la Ejecutiva de la U.G.T. eligió a Francisco Largo Caballero.R.B.: RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, Historia de España, Compañía general de ediciones, 1950, México, Tomo I págs. 474-476.

La pacificación de Marruecos

Probablemente la dictadura de Primo de Rivera fue más beneficiosa que perjudicial para la nación. Su principal mérito estriba en haber destruido, políticamente, a la oligarquía, rompiendo el aparato civil de la Restauración; de tal forma que la aristocracia y los grandes propietarios no volverán jamás a gobernar a España sirviéndose del empleo sistemático de un aparato de poder. El segundo hecho de importancia en el haber de la dictadura fue la terminación de la guerra de Marruecos.

Primo de Rivera abogó siempre por el abandono. En esto, como en tantas otras cosas, su pensamiento reproducía la opinión simplista del pueblo y a nadie lo expuso probablemente con mayor franqueza que a Webb Miller, el corresponsal de la United Press, quien tuvo con el general una conversación privada a fines de 1924. en las jornadas sangrientas de la retirada de Xauen. He aquí el juicio de Primo de Rivera:

Abd-el-Krim nos ha derrotado -dice el dictador-. Tiene a su favor la inmensa ventaja del terreno y una masa fanática. Nuestras tropas están cansadas de la guerra y lo han estado desde hace años. No comprenden por qué tienen que luchar y morir por esta faja de territorio sin valor alguno.
Me voy a retirar a esta línea (el general traza una línea en el mapa) y voy a defender solamente la punta de este territorio. Yo, personalmente, soy partidario de que nos retiremos completamente de África y de que se la dejemos a Abd-el-Krim. Hemos gastado incontables millones de pesetas en esta empresa y nunca nos ha dado un céntimo. Hemos perdido decenas de miles de hombres por un territorio que no vale la pena poseer.
Pero —continúa Primo de Rivera— no podemos retirarnos completamente porque Inglaterra no lo quiere. Inglaterra tiene mucha influencia sobre el rey, y, como usted sabe, la reina es una princesa inglesa. Inglaterra teme que si nos retiramos, Francia entrará en posesión de este territorio, con lo cual pudiera anular la dominación británica del Estrecho de Gibraltar con su gran fortaleza del Peñón.
El dominio del Estrecho es vital para los intereses imperiales de Inglaterra; es el paso a su imperio, la India y Australia. Inglaterra desea que el territorio frente a Gibraltar esté en manos de una nación débil como España. No quiere aquí una gran potencia como Francia.R.B.: Webb Miller. I Found no Peace, cap. VIII, pp. 104, 105, Londres, 1940.

Primo de Rivera, en efecto, ordenó en noviembre de 1924 la retirada, que fue costosísima en hombres, a una línea más fácil de defender y cedió al enemigo ciento ochenta posiciones. La agresión de Abd-el-Krim a las posiciones francesas impuso seguidamente la acción militar conjunta a España y a Francia y de acuerdo los ejércitos de mar, tierra y aire de ambos países derrotaron al cabecilla rifeño en 1925.

El ejército español, auxiliado por su propia marina de guerra y por la francesa, pudo desembarcar en la bahía de Alhucemas el 8 de septiembre, y afirmarse luego en una extensa línea fortificada. La guerra de Marruecos, pesadilla de la nación, había terminado virtualmente.

Primo de Rivera, que se dio por entero durante meses a la empresa, cesó oficialmente en el mando del ejército de África el 2 de noviembre. El 27 de mayo de 1926 se entregó Abd-el-Krim a las autoridades francesas. El ll de agosto recuperaron las tropas españolas Xauen, y en la primavera de 1927 se inició la extinción de los últimos focos rebeldes.

El dictador había prometido resolver el problema de Marruecos y lo cumplió. La oligarquía jamás hubiera puesto fin a la guerra africana, y no porque le conviniera la perpetuación de la aventura, sino porque era irresoluta y respetuosa en demasía con los intereses creados, y porque el poder, en sus manos, no organizaba nada.

La pacificación de Marruecos fue realmente la única obra constructiva de la dictadura. En lo demás, el Estado militar produjo los males inseparables del sistema dictatorial sin impulso creador, y, ni que decir tiene, aquellos otros inherentes al Estado militar.R.B.: RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, Historia de España, Compañía general de ediciones, 1950, México, Tomo I págs. 476-478.

La oligarquía y el rey contra el dictador

El talón de Aquiles de la dictadura era su falta de base jurídica. Sin ser en el fondo un régimen más nefando que el de la Restauración, lo parecía. El de la oligarquía absoluta era un sistema arbitrario, pero estaba cohonestado por la existencia de una armazón jurídica. La dictadura, sistema arbitrario también, carecía, no obstante, de legitimidad formal. Se hallaba Primo de Rivera en la situación que tanto había temido Cánovas. Su poder provenía de una rebelión militar victoriosa y con cada atropello recordaba a los mal avenidos ese origen irregular de su gobierno.

El dictador, asediado por todo linaje de enemigos, comprendió al final la tragedia de no haber logrado crear una legalidad. No la pudo exhibir contra los rebeldes y trató de justificarse con el aplauso de los primeros días, al tiempo que acumulaba la responsabilidad sobre la corona.

Como posiblemente los conspiradores emplearán con la juventud, vehemente o excesivamente crédula e ingenua, el argumento de que este gobierno fue una rebelión militar, puede confirmarse con orgullo esta realidad histórica; pero nuestra rebelión, surgida ante un estado de descomposición y ludibrio, fue aclamada por el pueblo y sancionada por el rey, atendiendo dictados de su patriotismo y su sabiduría.

Débil defensa de una causa perdida.

La oligarquía, aunque favorecida en sus intereses materiales, sufrió tan fuerte golpe en su patrimonio político, que a las pocas semanas del nuevo régimen ya levantaba cabeza y comenzaba a luchar con sus poderosos medios contra el Estado militar.

La clase media del comercio y la industria tampoco tardó en agitarse luego que comprobó el menosprecio del régimen por los intereses mercantiles e industriales. La clase media burocrática resintió el ordenancismo de los militares en los ministerios y demás departamentos oficiales.

Al tercer año de la dictadura, las clases neutras declaraban ya abiertamente su enojo contra el régimen. La trascendencia del fenómeno no debió ocultársele a Primo de Rivera, porque para un régimen como el suyo era esencial contar con la asistencia de estas clases sociales sin partido. Ellas prepararon a la dictadura la calurosa acogida que tuvo. Sin embargo, ahora pasaban a nutrir la oposición.

Los intelectuales resentían la falta de libertad y las chanzas del dictador. Primo de Rivera sentía por los intelectuales de opinión independiente especial encono. Contra ellos reaccionaban el escritor frustrado que había en el dictador y el soldado invasor de un territorio más propio de la inteligencia que de la fuerza.

El pueblo en general no estaba todavía en guerra declarada con el gobierno, pero tampoco era un aliado activo.

Podía tenerse por hecho notorio que la dictadura descansaba ya, en 1926, exclusivamente sobre la voluntad del monarca y la de los cuarteles.

La primera, tornadiza e impulsiva, comenzó a faltarle a Primo de Rivera a los pocos meses del golpe de Estado. En palacio sucedió al alivio producido por la fortuna del pronunciamiento la inquietud creada por la anormalidad jurídica de la situación de fuerza. El rey, como siempre, no tuvo idea clara del grave paso que daba hasta después de consumado el histórico suceso. Entonces quiso remediar el daño en lo posible buscando apoyo en la izquierda monárquica y tal vez, también. en el pueblo.

Al cumplirse un año de la dictadura, el general Cavalcanti, jefe de la casa militar de don Alfonso, realizó una serie de visitas sintomáticas a los políticos caídos. Pero Primo de Rivera cortó tan peligroso vagar designando a Cavalcanti para una insignificante misión en Italia y en el Oriente europeo.

En ningún momento estuvo el dictador seguro del monarca. Si don Alfonso había sido el autor principal de la dictadura, fue también el primero en asustarse de sus consecuencias.

De acuerdo con el rey, o por su propia cuenta y riesgo, la oligarquía comenzó a conspirar y a atacar en cuanto salió de su primer asombro. Rompió el fuego el marqués de Cortina con un artículo en La Actualidad Financiera. desliz que pagó con el destierro a la isla de Fuerteventura. La primera sanción contra la prensa cayó, de manera significativa, sobre La Época, el periódico de los grandes. La Época fue suspendida indefinidamente y multada en 25.000 pesetas.

Como dije, a fines de 1926 el frente nacional contra dictador estaba formado y en acción. Unos con mayor agresividad que otros, todos los sectores de la opinión civil trabajaban para cambiar el gobierno. Pero los socialistas no participaban en conjuras.

El juego de Alfonso XIII consistía ahora en evitar que la caída de Primo de Rivera acarrease el fin de la monarquía. El éxito de la maniobra tropezaba con obstáculos insuperables, pero el rey se consideraba experto en este género de combinaciones, que le atraían como un deporte, y no ofrecía duda que las andanzas de los políticos derribados no causaban sorpresa en palacio.

Con todo, el monarca estaba vigilado a mí no me borbonea ese, —dicen que dijo Primo de Rivera—, y sus artes de viejo político contaban con un campo de operaciones acotado por el dictador.

Don Alfonso hubiera deseado la vuelta a la legalidad antes de que fuera demasiado tarde; un borrón y cuenta nueva; una nueva era constitucional que sacara a la monarquía del profundo valle en que se había metido y la pusiera otra vez en camino llano y despejado. Y es posible que de haber podido licenciar al dictador en 1926, la corona se hubiera salvado, no sabemos por cuanto tiempo. Porque, aunque antidictatoriales, todavía no eran republicanas las clases conservadoras. Al banquete republicano del ll de febrero no habían acudido el año anterior en Madrid más de medio centenar de comensales.

El republicanismo se asemejaba y se asemejó siempre, desde la derrota de la clase media al declinar el siglo, que fue cuando nació, a una nave a la espera de que soplara el viento para ponerse en marcha. El viento lo traían las clases neutras, y hasta últimos de 1926 no comenzaron las velas del bergantín antidinástico a bombearse. Señal de que no solo se cernía ya la tempestad sobre la dictadura.R.B.: RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, Historia de España, Compañía general de ediciones, 1950, México, Tomo I págs. 478-481.

El complot de la noche de San Juan

A nadie le urgía, pues, tanto la revolución política como a la oligarquía. Despojada del poder no estaba sin embargo, vencida. La espoleaban a la lucha múltiples motivos: la necesidad de defenderse, el afán de recuperar la preeminencia política y el deseo de salvar al rey. La institución monárquica serviría, si sobreviviera a la dictadura, para recomponer el antiguo régimen.

Con la vértebra monárquica se reconstruiría el megaterio oligárquico. Había que ganar tiempo y situarse en la vanguardia de la revolución. Así pensaban los miembros más astutos de la oligarquía; y a tenor de este cálculo, el conde de Romanones, el político el más representativo del sistema desahuciado, apareció en 1926 a la cabeza del complot de la noche de San Juan, el de mayor consideración hasta entonces,

El conde consiguió reunir en un bloque revolucionario a generales preteridos, demagogos ociosos, intelectuales ofendidos, republicanos ingenuos, anarquistas incautos y otros elementos dispuestos a embarcarse a ciegas en una conjura que, por correr bajo la dirección de la oligarquía, era en su origen una emboscada para la democracia.

Los socialistas, solicitados para esta y otras conspiraciones, negaron su concurso. El conde de Romanones se había acercado cautelosamente en el Consejo de Estado a Largo Caballero en un sondeo previo sobre las posibilidades de obtener la colaboración del movimiento obrero para el negocio revolucionario. El secretario de la U.G.T. preguntó al acaudalado conspirador si se comprometía a derrocar también la monarquía. Eso es ir muy lejos, respondió el conde.

El complot de la noche de San Juan fue un ensayo frustrado de revolución concebido por el rey y por los oligarcas para salvar a la monarquía deshaciéndose del dictador. La intentona no llegó a fraguar porque faltó arrojo a los conjurados. Además, no creía todavía el Ejército que debía retirar la confianza a Primo de Rivera. Los comprometidos, civiles y militares, se circunscribieron a hacer que hacían, y dueño el gobierno de los hilos de la trama, pudo desbaratarla sin derramamiento de sangre y con cierta zumba arbitraria.

Porque el dictador decretó un castigo pecuniario contra sus émulos y los condenó al pago de sendas multas. Al general Weyler le impuso una de 100.000 pesetas; al general Aguilera, otra de 200.000; al conde de Romanones, 500.000; a Marcelino Domingo, republicano, 5.000; a Barriobero, abogado de los anarquistas, 15.000; a Benlliure y Tuero, periodista, 2.500; a Lezama, periodista, 2.500; al doctor Marañón, 100.000, y a Amalio Quilez, anarcosindicalista, 1.000.

El complot era de inconfundible sello monárquico y el plan de los conspiradores —aprobado por todos— estribaba en exigir al rey que entregara el poder al general Aguilera, el cual restablecería la legalidad constitucional. Junto al conde de Romanones, al general Weyler, al general Aguilera —que debió haber sido el dictador en 1923, según la voluntad de don Alfonso— figuraban monárquicos tibios como Melquíades Álvarez y Villanueva, demagogos como Lerroux —estos tres últimos menos evidentes en la conspiración—, intelectuales adinerados como el doctor Marañón, abogados no muy prestigiosos como Barriobero, y oscuros anarquistas como Quilez.

Y lo peor era que a pocos sorprendía tan desconcertante alianza de plutócratas y anarquistas, generales de golpe de Estado y antimilitaristas, demagogos notorios y enviados de palacio. Tampoco extrañaba a la opinión pública aquel amor infinito que la oligarquía expresaba ahora de continuo por la libertad y la democracia.

Se erigió en Savonarola de la virtud política don José Sánchez Guerra, el jefe del partido conservador. Este soberbio personaje pasó la frontera, expatriándose, al ser convocada por la dictadura la Asamblea nacional. No quiso vivir más tiempo bajo un cielo que asistía impasible al sojuzgamiento de la nación. Pero no se ausentó sin dejar un manifiesto en que, haciendo acopio profuso de frases de Cánovas y Ríos Rosas, recordaba que los hombres conservadores fueron siempre en España los defensores más convencidos y más exaltados del régimen constitucional, y del parlamento y de las libertades públicas.

Sánchez Guerra lanzaba una acusación contra el rey. Sin embargo, nadie había animado tanto a la corona a descarriarse como el altivo oligarca que elegía ahora el camino de la emigración.

Ningún político del antiguo régimen había ido tampoco más lejos que Sánchez Guerra en el atropello de la voluntad nacional. Las elecciones que se hicieron siendo él ministro de la Gobernación, en marzo de 1914, soliviantaran a la conciencia pública. Los innumerables desafueros cometidos por caciques y guardias civiles bajo la protección ministerial, incitaron a El Imparcial a evocar la figura de Romero Robledo y a registrar que la presión oficial vuelve a ser extemporánea y violenta. Y El Liberal escribió.

Las actuales elecciones serán las últimas que se verifiquen con arreglo a los antiguos procedimientos. Contra ellos se ha sublevado esta vez media España, y en la primera contienda electoral que venga se sublevará toda España.

Esa era la política ejemplar que pedía títulos legales a la dictadura. A Sánchez Guerra le fueron perdonados sus pecados —de los que nadie se acordaba ya—, aun no siendo un arrepentido, sino un desplazado, porque tuvo el obligado gesto de combatir lo que venía a destruir su régimen.

Pero cualquiera que sea el juicio que nos merezca el proceder de la oligarquía, nada modifica el hecho objetivo de que la dictadura militar era un régimen inaceptable. Históricamente no tenía razón de ser una vez triturado el Estado de la Restauración. Tampoco pudo o supo Primo de Rivera crear intereses de igual vigor que los resentidos. Enfureció a la aristocracia, persiguió a los viejos políticos, disgustó a la clase media y no ganó al pueblo.

Pero no se puede gobernar contra todo el mundo, ni sin el apoyo, por lo menos, de una clase poderosa por sus medios económicos o por su utilidad social. No basta la obediencia inicial del Ejército, porque el Ejército, que vive en contacto con la sociedad civil y es influido por ella, acaba dividiéndose y haciendo causa común con la oposición.

La dictadura no se apoyaba, pues, sobre fuerza efectiva alguna, y pasado el período del anhelado descanso nacional comenzó a rodar la bola de nieve del descontento que habría de aplastarla, arrollando también, inevitablemente, a la monarquía.

La conspiración de epigramas, sonetos, retruécanos, anagramas y chistes de toda broza minaba al régimen desde un principio, y contra esta ofensiva nada podían hacer los cañones. El Estado militar era impotente ante la agresión incoercible del ingenio.

Dificultosa labor era, asimismo, la de dominar las revueltas estudiantiles, que a partir de 1927 preocuparon seriamente al gobierno. Los estudiantes se batían a su manera por la libertad, alentados por el profesorado republicano. La fuerza pública invadía los centros docentes o hacía fuego desde la calle contra ellos en batallas que causaban considerable quebranto a la dictadura. Porque el bullicio político de los escolares podía tenerse por expresión del sentimiento que dominaba a las clases pudientes, y una revolución conservadora, cuando no se cuenta con el pueblo para reprimirla, es sumamente difícil de sujetar.

Los ruidos de la calle repercutían en los cuarteles y la disciplina militar se resquebrajaba.

La posibilidad de salvar a la monarquía licenciando al dictador, si alguna vez existió, había pasado en 1928. Vastas zonas de opinión que hasta entonces se habían pronunciado solo contra la dictadura se decidían a militar en el republicanismo. Las clases neutras se hacían republicanas; y los republicanos, sacudidos por el nuevo bandazo de la clase media, se reagrupaban.

Alejandro Lerroux volvía a ser importante, y sin duda, comprobaba en el alza de su crédito privado, cuán seria era la situación para la monarquía. Manuel Azaña, funcionario del Estado, literato granado y oscuro político ex reformista, contribuía con su Acción Republicana a vertebrar el creciente sentimiento antidinástico. Republicanos de todos los matices se unieron a poco en la Alianza Republicana bajo la sospechosa jefatura de Lerroux.

Los oligarcas tampoco dormían. Habían visto anunciado en el vuelo de los pájaros el portento que se avecinaba y se disponían a ocupar un lugar preeminente en la oposición a la corona. La oligarquía territorial abandonaba al rey.

Hemos visto que la dictadura del general Primo de Rivera moría sofocada por el cerco de los intereses lastimados. Buscando aire allí donde tomó el primer aliento para emprender su peligrosa marcha hacia el poder absoluto, el dictador se dirigió el 26 de enero de 1930 a los capitanes generales y jefes de la Armada en consulta singular.

El Ejército y la Marina, en primer término, me erigieron dictador, unos con su adhesión, otros con su consentimiento tácito; el Ejército y la Marina son los primeros llamados a manifestar, en conciencia, si debo seguir siéndolo o debo resignar mis poderes.

Los militares no le renovaron la confianza, y Primo de Rivera, ostensiblemente humillado, abandonó su alto puesto al día siguiente, con gran satisfacción del rey, que no podía persuadirse de que se lo había jugado todo, y había perdido.

Entró entonces en su agonía la institución monárquica, mástil, aún visible, de la sumergida nave de la Restauración, de cuyos tripulantes buen número iba ya hacia la costa republicana en los botes de salvamento.

Caída la dictadura quedaba aislada y sin protección la monarquía, y contra ella se dirigía ahora el torrente revolucionario. Siguió un año de zozobras palatinas, sustos y carreras, batallas parciales y aquelarres políticos. Ningún gobierno acertaba a pacificar los espíritus, porque el poder público se hallaba ya en esa trágica encrucijada en que la libertad conduce a la anarquía, y la tiranía, a la revolución.R.B.: RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, Historia de España, Compañía general de ediciones, 1950, México, Tomo I págs. 481-486.

La República

Y por otra parte, en estas vísperas de victoria, la democracia española estaba acéfala. Era vivero de partidos y almáciga de pequeños grandes hombres. ¿O tenía ya jefe? No podía serlo Lerroux, de quien nadie se fiaba. No podía serlo ningún socialista, pues interesaba no alarmar a los propietarios. Tácitamente la democracia iba formando detrás de los desertores de la monarquía. El más conspicuo era don Niceto Alcalá Zamora, que en abril de 1930 se había declarado republicano con genial oportunidad.

La oligarquía se colocaba a la cabeza de la revolución. Advirtió que nada salvaría ya al trono y se dispuso a gobernar el cambio de régimen. A la hora en que los capitalistas catalanes, llamados como nadie a reconstruir el frente nacional de 1917 y situarse en la vanguardia republicana, daban ministros a la monarquía agonizante, los viejos políticos de la Restauración, más astutos y enterados, trasbordaban a la República rampante o comenzaban a hacer muecas a los demagogos republicanos con vistas a como fiarles en el momento indicado la defensa de sus intereses.

Alcalá Zamora tornaba a todos la delantera, y el pueblo le aplaudía y los líderes de la clase media y el proletariado le acataban como enviado de la Providencia. Sin embargo, no podían las olas de la revolución haber arrojado a la playa republicana a un náufrago del antiguo régimen menos calificado para orientar al nuevo.

Con todo, se le aceptaba como jefe de la democracia, primero, porque el pueblo español medía todavía el talento político de los personajes por su elocuencia y amaba la retórica política corno espectáculo; ante el orador, el pueblo se transformaba en público, en auditorio de certamen lírico. Segundo, porque Alcalá Zamora preconizaba una República conservadora, y pareció a la mayoría que abriéndole paso se creaba la garantía de un cambio de régimen rápido y pacífico por aniquilamiento de resistencias en las clases acomodadas.

Nadie veía un peligro, sino una ventaja en la incorporación a las filas republicanas de individuos y clases sociales irrecomendables por su pasado y por la calidad de sus intereses.

Alcalá Zamora luchaba por una República sin alma, tan estéril como Raquel.. Una República servida, según su gramática, por gentes que han estado y están mucho más a la derecha mía. Una República viable, gubernamental, conservadora, con el desplazamiento consiguiente hacia ella de las fuerzas gubernamentales de la mesocracia y de la intelectualidad española, la sirvo, la gobierno, la propago y la defiendo, dijo en Valencia al comenzar su carrera bajo el nuevo estandarte. Brindó este discurso a San Vicente Ferrer y anunció que vería con gusto a la cabeza de su República al cardenal de Toledo.

Pero la República, con el cardenal de Toledo o sin el cardenal de Toledo, no podía ser conservadora, o se suicidaría corno se había suicidado, por conservadora, la monarquía.

Estaba visto que más de un siglo de guerra civil no había enseñado nada a nadie. Había, por lo menos, tantos partidos republicanos y proletarios como en las naciones biológicamente formadas. Se seguía dando por cierto que España era otra Francia u otra Inglaterra; y a la oligarquía le interesaba que la República fuera parlamentaria, y la libertad omnímoda, porque solo así podría evitar la verdadera revolución, que habría de hacerse contra ella.

La dictadura había metido a la política española en una vía muerta. La había llevado de nuevo al cauce del siglo XIX; y la oposición a la monarquía de Alfonso XIII sería hasta el final un eco o trasunto casi literal de la oposición a la monarquía de Isabel II. La historia giraba en redondo, y se volvía al punto de partida de sesenta años antes.

Al emplazar la política española dialécticamente en el siglo XIX, Primo de Rivera anulaba también en este sentido toda la obra de Cánovas y provocaba en el pueblo incauto una reacción equivalente a la de los revolucionarios de 1868. La masa y sus tribunos caían en una celada. Se había derribado a la dictadura en nombre de la libertad, y en nombre de la libertad renacía la República constitucional, parlamentaria y anticlerical de 1873.

La resurrección política del siglo XIX volvía a convertir a la nación en campo de Belona. Al caer las instituciones de la Restauración se reanudaba el violento proceso político interrumpido por ellas. Seguida la dictadura por la República parlamentaria, la República parlamentaria desembocaría en otra dictadura absolutista.

Cuantas veces se tratara de hacer la reforma de España en sistema de libertad, otras tantas advendría la tiranía conservadora. Ese fue el ritmo del siglo XIX: el desenvolvimiento dialéctico de una sociedad desequilibrada, compuesta de millonarios y mendigos, partida en dos mundos irreconciliables por la desigualdad social.

Venimos —se decía en el manifiesto del gobierno provisional— a derribar la fortaleza en que se ha encastillado el poder personal, a meter a la monarquía en los archivos de la Historia y a establecer la República sobre la base de la soberanía nacional representada en una Asamblea Constituyente. De ella saldrá la España del porvenir...

Cerraba el arcaico documento con el ¡Viva España con honra! que el poeta López de Ayala había insertado en el manifiesto de 1868.

Caía la monarquía por el resultado adverso de unas elecciones municipales. La votación de las capitales españolas y principales núcleos urbanos has tenido el valor de un plebiscito desfavorable a la monarquía y favorable a la República, decía, radiante, en una nota la coalición republicana.

La República surgía, en efecto, del seno de las ciudades. El campo había votado por la monarquía; y si ello no empañaba la legitimidad del nuevo régimen —admitida por tirios y troyanos—, era, sin embargo un aspecto tan serio de la realidad española, que solo políticos embriagados por el triunfo momentáneo podían reducir a mero incidente el silencio o el voto de los feudos.

En el domicilio del doctor Marañón, el conde de Romanones, último servidor del rey, traspasaba, como si dijéramos, los poderes al ex romanonista Alcalá Zamora, La oligarquía territorial cedía el mando a la oligarquía territorial.

Alfonso XIII era ya un rey fugitivo. Todo el mundo le había abandonado. (Los monárquicos no habían reunido para su fondo electoral más que veinte mil pesetas.) Las clases sociales que sostuvieron el trono de la Restauración buscaban a última hora su salvación en el disimulo, como les aconsejaba su cobardía, o en la República, adonde las llevaba su interés.

Quedó proclamado por sexta vez en poco más de un siglo el evangelio de la soberanía popular.

La guerra civil seguía su curso.

R.B.: RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, Historia de España, Compañía general de ediciones, 1950, México, Tomo I págs. 486-491.