Las Cortes Constituyentes

Antecedentes
Elecciones Generales 28-VI-1931
La Iglesia y el art. 26
El Bienio Social-Azañista
El Anarcosindicalismo
La crisis en el campo
Último gobierno constituyente

Antecedentes

El cuadro que presentaba España en el momento de la proclamación de la República no era muy simple que digamos. El país estaba dividido horizontal y verticalmente en un número de secciones mutuamente antagónicas.

Para empezar, existía toda una serie de movimientos por la autonomía local en Cataluña y entre los vascos, a los cuales se oponía un bloque centralista, igualmente intransigente, en Castilla.

Estos movimientos autonomistas, aunque tenían hondas raíces en la historia de España, habían tomado recientemente un carácter de rebelión por parte de los intereses industriales en España contra el gobierno de los terratenientes.

Portada del 13-IV-1931.
Portada del 13-IV-1931.

Así, el movimiento revolucionario de 1917 tenía fines paralelos a la revolución liberal inglesa de 1832. Por otra parte, la espina dorsal del centralismo castellano era el ejército, quien sacaba su fuerza de la clase media propietaria de tierras que, a su vez, había sido la principal ganadora en la abortada revolución liberal del siglo XIX.

El ejército, naturalmente, apoyaba a las otras fuerzas conservadoras que lo rodeaban, el rey y la Iglesia, aunque en el caso de esta última había un límite a la ayuda que se le podía prestar, dado el hecho de que las pretensiones de la Iglesia eran tan elevadas que ningún cuerpo de opinión del país podía sostenerlas.

La trayectoria propia del ejército era anticlerical. Un rasgo ulterior fue la unión que mantuvo con ciertos partidos políticos que representaban exactamente los mismos intereses materiales e incluso las mismas familias que el ejército.

Las clases trabajadoras estaban igualmente divididas en dos secciones: socialistas y anarcosindicalistas. La diferencia era también, hasta cierto punto, de carácter regional. Pero, aunque podemos afirmar con bastante seguridad que el socialismo, en su conjunto, representaba al centralismo castellano y el anarcosindicalismo al movimiento federal y autónomo del este y del sur, también podemos sostener que el socialismo defendía al proletariado urbano y a los empleados de comercio y el anarcosindicalismo a los labradores sin tierra de los grandes latifundios, con la sola excepción (grande, ciertamente) de Cataluña.

Como ya hemos señalado más arriba, una solución agraria en España, si semejante cosa fuese posible, reduciría al anarcosindicalismo a las dimensiones de un movimiento puramente catalán. En una España socialista el anarcosindicalismo catalán tendría las mismas relaciones con Madrid que la Lliga y la Esquerra han tenido con los partidos monárquicos: aparecería como un movimiento separatista catalán.

Bajo la inquieta acción revolucionaria de los últimos cien años yace la cuestión agraria. Labradores reaccionarios de Navarra carlistas, campesinos ofendidos en Cataluña (rabassaires), jornaleros insurrectos en Andalucía anarquistas, campesinos hacendados y labradores de la meseta central y de Extremadura socialistas todos han contribuido a la extrema confusión. Las condiciones bajo las cuales vivían eran tales que nadie podrá negar que tenían perfecta razón para actuar como lo hacían.

Cuando recordamos que las masas urbanas estaban, por aquel tiempo, casi todas bajo la influencia de los jefes socialistas o anarcosindicalistas no podemos por menos que maravillarnos de que España fuese aún gobernable. Era evidente que, como no se introdujesen reformas agrarias muy radicales pronto dejaría de serlo. Pero, sucedió desgraciadamente, que estas reformas eran muy complejas y difíciles.

La cuestión agraria no puede ser resuelta, como en otros países de Europa, distribuyendo individualmente parcelas o lotes de tierra a los campesinos y proporcionándoles algunos créditos. Las soluciones colectivas son, a menudo, necesarias. Ello presupone un amplio cuadro de consejeros técnicos, una gran cantidad de tiempo y de paciencia y una capacidad de organización; cosas estas que la administración española no ha poseído nunca.

Había también por parte de los partidos no socialistas, fuertes objeciones a la organización de los campesinos sobre una base colectiva. Y hasta que la cuestión agraria no se resolviera o, al menos, se mejorara considerablemente, no podía haber esperanza de una pacífica vida de desarrollo para España.

R.B.: BRENAN, Gerald, El Laberinto Español, Editions Ruedo Ibérico, 1962, págs. 175-176.

Elecciones Generales 28-VI-1931

Entre las viejas clases gobernantes —ejército, Iglesia y terratenientes— y los campesinos y obreros de fábricas se alzaba una entidad frágil pero muy activa políticamente: la clase media baja de las ciudades. Esta clase era quien había tomado la dirección de todas las revoluciones que hablan pasado por España desde 1856 y que, salvo por pequeños periodos revolucionarios, no había disfrutado nunca del poder.

Recientemente había perdido un número considerable de sus componentes, especialmente entre la clase artesana, que se hablan aliado con los socialistas y con los anarcosindicalistas, pero habla sido compensada en parte, por el aumento en número de pequeños comerciantes que formaban el grueso de sus miembros. Ahora, aunque dividida en varios grupos, que se combinaban y fusionaban fácilmente, era el meollo de los partidos republicanos.

El ochenta por ciento de los intelectuales, maestros de escuela y periodistas junto con un buen número de clases profesionales, simpatizaban con ella. Su centro político de gravedad correspondía a lo que se suele llamar en Inglaterra opinión radical y, a semejanza de los partidos liberales de la primera mitad del siglo XIX, era fuertemente anticlerical.

La tarea que esperaba en delante a este partido y a sus aliados era singularmente difícil. De un lado estaban las viejas clases gobernantes conducidas por el ejército, que aprovecharían la primera oportunidad para alzarse en contra suya. Habiendo conseguido derribar a todos los gobiernos de izquierdas que habían existido durante los últimos cien años no había razón para dudar de su habilidad para derribar también a este.

De otro lado, estaban las clases trabajadoras y lo campesinos, conscientes de su fuerza, impacientes por la larga espera e inspirados por ideologías revolucionarias. Los partidos republicanos, que eran comparativamente débiles y sujetos a grandes fluctuaciones en el número de sus componentes, habían de mantener el equilibrio entre estas dos fuerzas amenazadoras mientras se realizaban las reformas esenciales.

Y por esencial no me refiero meramente a aquellas reformas políticas por las cuales los republicanos tomaban un interés especial, sino a satisfacciones mucho más sólidas y que les habrían proporcionado un apoyo seguro en el país. Estaban llamados a realizar, no un revolución socialista, sino una revolución de tipo jacobino, largo tiempo esperada y debida y que arrebataría el poder a los terratenientes y lo darla a las clase medias respaldadas por unos campesinos satisfechos.

El principal problema, que hubieran tenido que resolver era, como ya he dicho, la compleja cuestión agraria Pero, había otra dificultad que era igualmente considerable aunque ha sido generalmente pasada por alto. Esta dificultad derivaba del hecho de que habían llegado al poder en el momento en que todos los partidos en España, tanto los de la derecha como los de la izquierda, habían estado aumentando constantemente sus fuerzas y se habían encontrado en pugna durante los últimos treinta años.

El ejército, aunque temporalmente mantenido a raya por la caída de la Dictadura, era más agresivo aún que en 1900. La Iglesia, exactamente lo mismo. De las fuerzas de derechas, solamente la Monarquía había perdido. En cuanto a las izquierdas, socialistas y anarquistas se encontraban desmesuradamente más fuertes y seguros que nunca.

Es cierto que la República llegó en medio de una ola irresistible de popularidad y que entre las opiniones más o menos neutrales había un deseo de reformas. Tanto como duró este sentir, no hubo que temer ataques de ningún lado.

Pero, no se puede confiar mucho tiempo en los neutrales y no había razón para creer que su entusiasmo vencería los primeros desengaños. Era de esperar, por esta causa, que tan pronto la ola de entusiasmo pasara, las fuerzas revolucionarias de derecha y de izquierda se enfrentarían una a otra sin más separación que el débil partido republicano.

Debemos recordar que fue la victoria de los partidos republicanos de las grandes ciudades en las elecciones municipales de abril de 1931 la que envió al rey al exilio. Las elecciones para unas Cortes Constituyentes tuvieron lugar dos meses después. Estas dieron, tanto en las ciudades como en los distritos rurales, una enorme mayoría a los republicanos y a sus aliados socialistas.

Los grupos republicanos de izquierda obtuvieron unos 150 diputados; los republicanos de derechas, pocos más de 100 (el partido más numeroso entre ellos, el Radical, obtuvo 90); los socialistas obtuvieron 115. Los partidos que no habían deseado la proclamación de la República obtuvieron poco más de 50 diputados y de estos solo 19 eran monárquicos decididos.

Pero, estas cifras no pueden mostrar cuán grande y estrepitoso fue el derrumbamiento. Las mayorías por las cuales los partidos republicanos vencieron en las ciudades fueron colosales; en Madrid llegaron a 120 000 y en ciudades más pequeñas, a 30.000. El país entero, con notoria unanimidad, se volvió contra la Dictadura y contra el rey.

Las Cortes elegidas en julio prometieron ser, en toda ocasión, dignas de la tarea que habían sido llamadas a realizar. La distinción personal de muchos de sus miembros era evidente. Durante los últimos años la vida española había llegado a un pináculo de cultura e inteligencia como no había conocido desde mediados del siglo XVII.

Los nuevos hombres elegidos —pocos de ellos se habían sentado anteriormente en otras Cortes—, estaban llenos de la prestancia y capacidad que su cargo requería. Aquello era una asamblea de notables, tanto como una delegación de los intereses de la nación.

Hemos visto que los partidos, que habían traído la República se dividieron naturalmente en tres secciones: los socialistas, los republicanos de izquierda y los republicanos de derecha. El Partido Socialista estaba, en aquel momento perfectamente unido.

Sus dos figuras principales, Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto estaban de acuerdo en entrar en el gobierno en colaboración con los republicanos. Sólo Besteiro, adoptando lo que podríamos casi llamar o actitud sindicalista, disintió de este punto de vista, pero aceptó el puesto de presidente de las Cortes.

La derecha republicana

El ala derecha republicana estaba compuesta principalmente por el llamado Partido Radical cuyo jefe era Alejandro Lerroux. Los radicales tenían una reputación un tanto oscura.

Aparecieron súbitamente en Barcelona en 1904 como un partido demagógico, violento y anticlerical; fueron apoyados por los gobiernos liberales de la época para mantener a raya a los nacionalistas catalanes y, durante el tiempo en que dominaron el ayuntamiento de Barcelona realizaron especulaciones con las que hicieron grandes sumas de dinero.

Después de 1909 muchos de los que los sostenían los abandonaron para irse, bien con los sindicalistas, bien con los partidos catalanes de izquierda, y ellos entonces se inclinaron más hacia las derechas. La caída de la Monarquía hizo de ellos el partido del republicanismo conservador.

Por todo el país, la clase media y la clase media inferior, que estaban cansadas del rey y que sentían poco amor por el ejército y por la Iglesia, votaron por ellos. Preparados al principio para realizar algunas reformas, cogieron miedo al ver extenderse la agitación por todo el país.

Los radicales eran, además, el único partido en las Cortes dirigido por políticos de la antigua escuela quienes no siempre se preocupaban de los medios por los cuales obtenían dinero. Su caudillo, Lerroux, era un hombre de origen humilde, que se había elevado, nadie podía decir cómo, y que era propietario de una casa espléndida y de propiedades considerables.

Sus deudas eran famosas. Prototipo del vulgar político latino de la primera década del presente siglo, tanto él como su partido estaban fuera de lugar en aquellas Cortes de entusiastas que estaban allí para construir, cada uno según sus propias ideas, una nueva España.

Lerroux era hijo de un brigada, y fue educado por un tío suyo que era cura y con el cual actuó primeramente de monaguillo y luego de sacristán. La educación recibida durante su infancia dejó en él una gran aversión contra todo lo relacionado con la religión. Después de una carrera aventurera como periodista y orador, fundó el Partido Radical, el cual, gracias en parte a las misteriosas sumas de dinero que le llegaban, gracias también a su violenta oratoria, obtuvo un éxito inmenso, rápido y popular en Barcelona.

La izquierda republicana

Los republicanos de izquierda, que formaban el grupo más numeroso de las Cortes, se componían de la Esquerra (el partido nacionalista catalán de izquierda) y de tres partidos españoles más, cuyos antecedentes y puntos de vista eran similares: Acción Republicana, dirigido por Manuel Azaña; Radical Socialista, que incluía a Marcelino Domingo y a Álvaro de Albornoz, y los republicanos de Galicia que seguían a Casares Quiroga. Sus puntos de vista eran lo que en Inglaterra se podría llamar radical.

Representaban a los más activos y progresistas miembros de la clase media y clase media inferior. Tenían un programa de reformas que esperaban les daría el apoyo suficiente de la clase trabajadora para detener al movimiento revolucionario que venía creciendo sin cesar desde 1917.

Aspiraban, en otros términos, a la conclusión de la revolución liberal que había empezado en 1812, pero que los pronunciamientos militares, las Cortes reaccionarias y la Iglesia, que aún vivía con las ideas del siglo XVII, habían paralizado.

Como era de suponer, estos partidos republicanos de izquierda contaban en sus filas con gran cantidad de intelectuales. La famosa generación del 98, cuyas convicciones políticas habían sido formadas por la pérdida de los últimos restos del imperio colonial; como también lo mejor de las clases profesionales doctores, abogados, y profesores de universidad que debían su posición a la magnífica educación que habían recibido en la Institución Libre de Enseñanza, simpatizaban con ellos.

Contaban con la gran mayoría de los maestros de escuela Su cuartel general era el Ateneo de Madrid, famoso centro político y literario que había contado entre sus miembros a las figuras más distinguidas de la vida española, durante los últimos cien años.

El Ateneo había sido cerrado por Primo de Rivera —cosa que el gobierno más reaccionario de Isabel II no se hubiera atrevido a hacer— y desde ese momento vino a ser el foco del movimiento republicano. Pocos meses antes de la caída de la Monarquía, Azaña había sido ya elegido como su presidente.

Mucho se ha hablado acerca de la masonería de los partidos republicanos. En realidad, casi todos los políticos monárquicos y la mayoría de los generales del ejército, antes de 1931, eran masones. Hasta del mismo rey, se decía que era masón, y católicos practicantes ocuparon, a menudo altos cargos en las logias.
Es decir, que la masonería había cesado de ser política o anticlerical y se había convertido en una sociedad de ayuda, como lo es en lnglaterra. Pero, hacia 1930, los republicanos empezaron a invadir las logias restaurandolas en sus antiguas funciones. Durante los primeros años de la República, las logias de Madrid constituían un lugar muy adecuado para reuniones de los políticos republicanos y un enlace entre los radicales y los grupos que seguían a Azaña.
En términos generales, podemos decir que ser masón significa, aunque en un aspecto tenue, pertenecer a la tradición liberal del siglo XIX. Así, entre los socialistas Prieto era masón, pero largo Caballero no lo era; entre los católicos conservadores, Alcalá Zamora y Miguel Maura, pero no Gil Robles; entre los generales, Sanjurjo, Mola, Queipo de Llano, Batet y Goded, pero no Franco. Unos pocos intelectuales anarquistas eran masones, perosegún parece, no lo eran los marxistas auténticos.

El primer gobierno

El primer gobierno de la República se formó en julio e incluía miembros de todos los partidos republicanos. Procedió al instante a la discusión de una nueva Constitución. A esto siguieron ciertas leyes complementarias de las que las más importantes eran el Estatuto Catalán y la ley de reforma agraria.

Durante cierto tiempo el trabajo en las Cortes marchó rápida y normalmente. El Comité revolucionario que había traído la República, se esforzó en fijar las líneas generales de la Constitución de manera que cualquier desacuerdo imprevisto no la hiciese naufragar.

No se había olvidado el fracaso de la primera República en 1873. Así, uno de los primeros actos del gobierno provisional fue el de crear una comisión que debería trazar las líneas generales dentro de una forma legal que pudiera ser debatida en las Cortes.

El resultado de esta cuidadosa preparación fue que los primeros veinticinco artículos fueron aceptados, después de su debida discusión, en un lapso de tiempo de tres meses. El artículo veintiséis que trataba de la situación de la Iglesia en el nuevo Estado fue el que provocó la primera oposición seria y, finalmente, una crisis que derribó al gobierno.

R.B.: BRENAN, Gerald, El Laberinto Español, Editions Ruedo Ibérico, 1962, págs. 176-179.

La Iglesia y el art. 26.

El motivo de esta crisis fue el siguiente: la Comisión Jurídica, creada por el gobierno provisional, había redactado un artículo en el cual se declaraba a la Iglesia separada del Estado, pero se le daba la posición de una corporación especial de derecho público. Por los términos de la misma, dicha corporación podría tener sus escuelas propias y, con ciertas condiciones, practicar la enseñanza de la religión en las escuelas del Estado.

El matrimonio canónico sería considerado legal, y las funciones eclesiásticas públicas podrían ser ejercidas, siempre y cuando aquéllos que tomaran parte en ellas hubiesen prestado juramento de fidelidad a la República.

Un acuerdo semejante hubiera sido aceptado por la mayoría de los católicos. Se atenía a la sentencia de Ortega y Gasset de que.

tratando con un cuerpo histórico e internacional como el de la Iglesia, debemos ser generosos en razón de las fuerzas del pasado que representa, pero debemos también actuar con cautela.

No obstante, la mayoría de las Cortes halló las concesiones que se hacían en este bosquejo demasiado amplias.

Argumentaban que garantizar un estatuto especial a la Iglesia era tanto como reconocerle derechos soberanos y confeccionaron un artículo por el cual era considerada como una asociación ordinaria y sujeta a las leyes del país. Además, la donación anual que el Estado hacía al clero (unos 67 millones de pesetas) debía cesar, los órdenes debían ser disueltas y sus bienes nacionalizados y todas las escuelas religiosas, con excepción de los Seminarios, habían de ser cerradas.

Para comprender las razones de esta agresiva actitud anticlerical debemos tener en cuenta no solo la historia de la Iglesia española durante los pasados cien años, sino también su actitud reciente. La República había llegado como una reacción contra la Dictadura y contra la Monarquía: la Iglesia había sido el más fuerte sostén de ambas.

Durante las últimas elecciones identificó deliberadamente los intereses de la Monarquía con los de la religión católica. En la prensa católica y en el púlpito los candidatos republicanos fueron a menudo denunciados como vendidos al oro de Moscú.

Además, dos semanas apenas después de la proclamación de la República el cardenal Segura, primado de España, publicó una violenta pastoral contra el gobierno. Es verdad que la mayoría de las jerarquías mostraron una actitud más correcta, pero ello se interpretó más por prudencia que por buenas Intenciones La clase trabajadora, de todo modos, no tenía dudas acerca de quién podía ser su peor enemigo.

Como réplica a una demostración en un centro monárquico y a un artículo del ABC, las muchedumbres atacaron una nueva iglesia jesuita en Madrid prendiéndole fuego y al día siguiente la conflagración se esparció como por obra de magia, por toda España. Docenas de iglesias y de conventos fueron destruidos especialmente en Andalucía.

Sólo en seis grandes ciudades (Madrid, Sevilla, Málaga, Granada, Murcia y Valencia) 102 iglesias y conventos fueron completamente destruidos. En los muros de la nueva iglesia jesuita había escrito con tiza lo siguiente: La justicia del pueblo, por ladrones.
Estos ataques y la aparente facilidad con que fueron realizados (debido a la sorpresa o al pánico, no a la indiferencia: el ministro de gobernación, Miguel Maura, era conservador y católico), produjeron síntomas de fuerte emoción religiosa entre los católicos. Las damas catequistas recorrían las calles cantando himnos. Se organizaron peregrinaciones para adorar el Santo Sudario en Oviedo.
Hubo también una sorprendente serie de milagros. Reliquias arrojadas a las llamas quedaban intactas; un comunista que disparó su revólver contra un crucifijo, cayó de espaldas muerto. Los milagros nunca estuvieron pasados de moda en España y durante los años siguientes se iban a dar en abundancia.

El voto de la mayoría de las Cortes demostró que los diputados estaban aún bajo el efecto de aquellas emociones. Podían haber argumentado que puesto que no más del 20 por ciento de los habitantes de España eran católicos practicantes, la única cosa que hacían era reducir la Iglesia a sus justas dimensiones e importancia. Podían haber añadido que no era justo que los españoles no católicos contribuyeran a los gastos del culto.

Pero, de hecho en sus acciones y discursos demostraron que veían en la Iglesia el principal sostén y mantenimiento de la reacción y querían, destruyendo sus reservas económicas y sus derechos a la educación de la juventud, destruir su poder de una vez y para siempre en el país. No parece que se les ocurriera que con una conducta más prudente podían haber conseguido apoyo incluso dentro de la Iglesia.

Muchos de los curas párrocos habían votado por la República. Eran, en su mayor parte, extremadamente pobres, mientras que las órdenes monásticas nadaban en dinero y los obispos percibían grandes ingresos. Solamente el arzobispado de Toledo suponía 600.000 pesetas anuales.

Pero, naturalmente, cuando vieron que las Cortes, de las cuales esperaban que harían algo por ellos, votaron también por el cese de sus ingresos cambiaron de actitud y se hicieron rabiosamente antirrepublicanos. La República había creado también esperanzas entre los elementos más sinceros de la lglesia: los intelectuales católicos y todos aquéllos que pensaban que la religión debe de ser algo más que un medio de sostener al rico contra el pobre.

Estos incluían algunas órdenes dedicadas a la enseñanza y cuyos miembros habían estudiado en el extranjero. Favoreciéndolos, los republicanos hubieran ayudado a la Iglesia española en su elevación hacia el nivel moral del catolicismo de otros países y, además, hubieran conseguido un apoyo que necesitaban vitalmente. Pero prefirieron, en el momento del triunfo, arrojar el guante.

Y su acción dividió al gobierno. Después de prolongada discusión el ministro le la Guerra, Azaña, consiguió una modificación del proyecto por la cual las órdenes religiosas, con excepción de los jesuitas, quedaban autorizadas (aunque no podrían dedicarse a la enseñanza) y la subvención del Estado a la lglesia continuaría durante dos años más.

Esto fue acordado, después de acalorada discusion pero el presidente del Consejo de Ministros, Alcalá Zamora y Miguel Maura, ministro de Gobernación (ambos conservadores), dimitieron y los diputados vascos abandonaron las Cortes rehusando volver a ellas (54).

La imprudencia de esta medida resulta hoy evidente. No hay que olvidar que ha sido siempre un asunto serio el legislar contra la religión en España. La mera abolición de la Inquisición por las Cortes en 1812 condujo a terribles persecuciones por la Iglesia y a una larga guerra religiosa.

En las Cortes revolucionarias de 1869, una cláusula que permitía el matrimonio civil y la libertad de cultos para los no católicos fue aceptada solo después de varias semanas de discusión, aunque ninguna de las otras medidas de esta Constitución radical hallaron una oposición seria.

Los republicanos, por lo tanto, buscaban pelea al atacar tan temerariamente a la Iglesia. No solamente estaban perdiendo cierto número de sus sostenedores y enajenándose a muchos indecisos, sino que daban con ello a la reacción un motivo de protesta que estaba deseando encontrar.

La consecuencia lógica de su acto fue que, en adelante habrían de confiar menos en el apoyo de la clase media y más en el de la clase trabajadora si no querían hundirse. Pero, absorbidos como estaban por las pasiones políticas del momento, no pudieron ver todo esto 55.

Otra consecuencia, menos importante, fue el efecto que la inhibición de las órdenes religiosas de la enseñanza causó en la educación. La mitad de las escuelas secundarias de España se vieron amenazadas con el cierre. El efecto causado sobre las escuelas primarias fue igualmente serio. En Madrid, por ejemplo, 37.000 niños recibían educación en las escuelas del Estado; 44.000 en escuelas privadas, la mayoría regidas por órdenes religiosas, y 45.000 no recibían educación ninguna. Para llenar el hueco de las escuelas religiosas hacían falta 2.700 nuevas escuelas estatales 56.

Sin embargo, en 1933 poco había sido hecho para proveer a la nación de esas escuelas. Debemos admitir que, a pesar de la propaganda llevada a cabo por los partidos republicanos, sus realizaciones en el terreno de la educación no pasaron muchas veces del papel. No era porque les faltase buena voluntad.

Por el contrario, ellos fueron el primer grupo de hombres que trató la materia seriamente, pero el problema requería algunos años de preparación y gran cantidad de dinero si se querían obtener buenos resultados.

Igualmente, la disolución de los jesuitas no consiguió los resultados apetecidos. Se halló que sus propiedades estaban todas bajo otros nombres, mientras que el hecho de que sus miembros habían cesado nominalmente de pertenecer a una orden les dejaba libres para continuar su labor de educación.

R.B.: BRENAN, Gerald, El Laberinto Español, Editions Ruedo Ibérico, 1962, págs. 179-181.

El Bienio Social-Azañista

El debate sobre la cuestión religiosa puso en primer plano a Manuel Azaña. Este era un hombre completamente nuevo. Hasta la caída de la Dictadura había sido desconocido, salvo por un pequeño grupo de amigos. No poseía un aspecto atractivo. Pequeño, rechoncho, de una complexión biliosa, de mirada fija e inexpresiva, hacía pensar a la gente que lo veía por primera vez, en un sapo o una rana. Su historia carecía de incidentes notables.

Nacido, como Cervantes, en Alcalá de Henares, en una casa situada entre dos conventos, había perdido a sus padres siendo niño y tuvo una infancia dura y sombría, los dos años que estuvo estudiando leyes en el colegio de los Agustinos en El Escorial dejaron en él una profunda antipatía hacia la Iglesia.

Desde entonces había vivido solo en su casa de Alcalá o en Madrid, viendo a poca gente y abismado en sus libros. Había escrito, pero sin gran éxito. Sus principales producciones fueron una novela autobiográfica de la que vendió pocos ejemplares y traducciones de Bertrand Russell y de la Biblia en España de Borrow.

Después se inclinó hacia la política durante algún tiempo actuó como secretario de uno de los pequeños partidos republicanos creados durante los años que precedieron a la Dictadura.

Su principal centro, donde en adelante siempre se le hallaría, fue el Ateneo. Fue elegido presidente de este famoso centro político y literario en 1930 y fue su actividad, organizando allí un movimiento republicano durante los últimos meses de la Monarquía y lanzando un partido que obtuvo veintiséis puestos en las Cortes Constituyentes, la que le proporcionó un puesto en el gabinete.

Como ministro de la Guerra demostró firmeza y tacto al depurar el ejército, y su fuerte personalidad se hizo sentir entre los otros miembros del gobierno llegando a ocupar la presidencia del Consejo de Ministros.

Durante el tiempo de estas Cortes fue, indiscutiblemente, la primera figura, El hombre que tiene delante un brillante porvenir, como lo llamaba el trotskista Maurín, hasta el surgimiento del movimiento socialista revolucionario, dominó la escena política. Había varias razones para ello.

En primer lugar, era un hombre de acción y se hacía temer por los enemigos de la República, viniesen estos de la izquierda, como los anarquistas, o viniesen de la derecha, como los generales. Demostró entonces, más que cualquier otro político republicano, tener las cualidades de un parlamentario y hombre de Estado, sin comprometer nunca su honradez. Gracias a su dirección y persistencia se pudo conducir la enorme masa de la nueva legislación a través de unas Cortes más y más recalcitrantes.

Pero, la causa de la grandeza de Azaña es mucho más honda que todo eso. Así como Abraham Lincoln vivió para la democracia americana y vino a ser el símbolo de la misma, Azaña vivió y encarnó la idea de la República española. La République, cest moi, este era el estribillo de la mayoría de sus discursos, siendo su sinceridad y convicción tales que, a pesar de sus a menudo desmesurados proyectos, nunca fue acusado de ambición ni aun por sus enemigos. Es menos importante en España ser amado que ser respetado.

La Constitución quedó terminada al final del año y se eligió el primer presidente de la República. El hombre escogido fue Niceto Alcalá Zamora, que había si

Don Niceto era un andaluz, abogado y propietario de tierras, el hombre más apropiado para ser presidente de una república latina sólidamente establecida, altamente respetable, extremadamente concienzudo, un banal aunque florido orador y, a todas luces, un poco ridículo a los ojos de los españoles, que lo llamaban el Botas.

Había sido protegido de Romanones y, había tenido una cartera en uno de los últimos gobiernos de Alfonso XIII. Habiendo sido vilmente tratado por el rey, se dejó llevar por el rencor y se hizo republicano.

En las elecciones que habían traído al nuevo régimen había obtenido mayorías enormes en algunas de las grandes ciudades porque la clase media conservadora y católica había votado por él, ya que representaba la garantía de que la República no se inclinaría hacia la izquierda. Como católico sincero aceptó la presidencia con la esperanza de poder enmendar, algún día, las cláusulas anticlericales de la Constitución.

Al mismo tiempo, Lerroux y el partido radical salieron del gobierno y adoptaron una actitud neutral. Azaña formó un nuevo gabinete con republicanos de izquierda y socialistas.

Un conato de alzamiento anarquista tuvo lugar en el valle del Llobregat en enero de 1932 y las huelgas, que habían seguido su curso durante todo el mes de octubre, empezaron otra vez. Azaña mostró tener mano dura con los anarquistas y deportó a muchos de ellos a África, conducta que le enajenó a los trabajadores, pero que le concilió a la burguesía la cual empezaba a pensar que la república no era tan mala como habían creído, la nueva ley sobre el divorcio fue aceptada a pesar de la oposición de la Iglesia y empezó la discusión simultánea del estatuto catalán y de la ley agraria.

Con anterioridad a la implantación de la Dictadura, el único partido político de alguna importancia en Cataluña había sido la Lliga. Como hemos visto, era este partido de la burguesía católica y conservadora, pero de un conservadurismo basado, como el inglés, en la industria y no en los latifundios. En 1917 se sumó, por un momento, a los socialistas y a los pequeños partidos republicanos en una actitud revolucionaria. Después del fracaso de esta aventura, se hizo más conservador y clerical.

Las luchas sindicalistas en los años 1919-1923 lo llevaron más aún hacia las derechas, mostrando que su nacionalismo local contaba mucho menos que su sentimiento de clase, Terminó aliándose con el ejército, esto es, con la fuerza más anticatalana de toda España, y se congratuló por el golpe de Estado que trajo a la Dictadura.

Cuando Primo de Rivera demostró su ingratitud destruyendo la Mancomunidad, como se llamaba la moderada forma de autogobierno entonces en boga y arrasando todos los elementos de la cultura catalana, la Lliga perdió gran parte de su anterior influencia.

La Dictadura, no obstante estimuló fuertemente los sentimientos nacionalistas catalanes que llegaron a extenderse entre la clase media inferior. Ante el descrédito de la Lliga, esta clase media pensó ingresar en alguno de los pequeños grupos nacionalistas, con tendencias izquierdistas que entonces existían. El resultado fue la coalición de grupos de izquierda en un solo partido, la Esquerra o izquierda catalana.

Esto fue de fácil realización con el descubrimiento de un jefe ideal en la persona del coronel Maciá, alto y hermoso gentilhombre de cabellos y bigote, blancos, quien se convirtió en un héroe nacional organizando ineficaces complots desde el otro lado de la frontera francesa. Cuando cayó Primo de Rivera, Cambó, el jefe de la Lliga, arruinó finalmente su partido con sus tentativas de sostener al rey. En las elecciones de abril de 1931, la Esquerra venció en toda la línea y Maciá volvió en triunfo.

En las elecciones para las Cortes, en junio, la Esquerra tuvo un triunfo aún más rotundo. Sus votos fueron cinco veces más numerosos que los de la Lliga en toda Cataluña. En Barcelona, sus catorce candidatos fueron elegidos, frente a uno solo de la Lliga. Solamente Macia obtuvo 109.300 votos, Cambó, su rival se habla hecho tan impopular con su apoyo al rey, que hubo de alejarse del país.

Un amplio estatuto de autonomía para Cataluña se había convertido en una necesidad. Ciertamente, el impetuoso coronel había proclamado una República Catalana independiente, desde el balcón de la Generalidad, al día siguiente de saberse el resultado de las elecciones. Esto fue rectificado pronto, pero pocos meses después, cuando un bosquejo de estatuto presentado por un comité de las Cortes fue sometido a votación, un 99 por ciento de los votos se manifestó a su favor.

El estatuto fue presentado a las Cortes en mayo del mismo año. Durante meses fue apasionadamente discutido, pero al fin, despojado de unos pocos de sus privilegios, fue aceptado (septiembre 1932). Los prejuicios castellanos contra el estatuto catalán fueron vencidos solamente por la persistencia de Azaña, que se sintió recompensado al comprobar que la República había ganado su más decidido sostenedor en el pueblo catalán.

Tan intensa fue la oposición del ala derecha castellana a la autonomía catalana que Antonio Royo Villanova, un diputado que había dirigido la oposición en las Cortes, se convirtió en un héroe y fue elegido por diferentes localidades a la vez en las elecciones de 1933.

La Sanjurjada

Pocas semanas antes de ser aprobado el estatuto catalán, estalló en Sevilla una insurrección militar. Su jefe era Sanjurjo, un militar que había cobrado cierta fama en Marruecos y que era muy popular entre las tropas. Un año antes, como director general de la guardia civil, hizo posible la venida de la República sin derramamiento de sangre, al rehusar poner sus fuerzas a la disposición del rey, Su pronunciamiento fue derrotado por una huelga general de la CNT antes de que pudiera obtener alguna ayuda.

Un alzamiento simultáneo de los monárquicos, que intentaron apoderarse del Ministerio de la Guerra, fue sofocado sin dificultad en Madrid. El movimiento de Sanjurjo fue una protesta contra el Estatuto catalán y la ley de la reforma agraria que estaban siendo debatidos por entonces, e incluso se dijo que el general había recibido el apoyo secreto de varios políticos republicanos. Sus fines no eran, probablemente, la restauración de la Monarquía, sino una República conservadora en la cual el ejército hubiera tenido la parte del león.

La facilidad con que el gobierno sofocó estos alzamientos le dio una fuerza inmensa, la consecuencia inmediata fue la rápida aceptación del Estatuto catalán y de la ley de la reforma agraria, cosas ambas que habían ocupado todo el verano. La represión, no obstante, fue considerada por algunos como innecesariamente severa.

De los 157 inculpados, la mayoría fueron hallados culpables y deportados a Villa Cisneros, una saludable aunque excesivamente desagradable colonia en la costa africana. Dos príncipes borbónicos estaban entre ellos. Sanjurjo fue condenado a largos años de prisión. Por decreto especial aceptado en las Cortes antes de que empezaran los juicios, las propiedades de los rebeldes fueron confiscadas y entregadas al Instituto de Reforma Agraria.

Reforma agraria

El éxito o el fracaso de la República dependía claramente de su habilidad para conciliarse la clase trabajadora. Esto quiere decir que debía asegurar un aumento en los ingresos sin aumentar el desempleo. Pero, también debía contar con su destreza para llevar a efecto serias medidas de reforma agraria. Esto hubiera sido visto por la clase trabajadora como la prueba de su sinceridad y hubiera dado al régimen a la larga, la estabilidad que necesitaba. Veamos el éxito que tuvo en ello.

No fue muy afortunado para la República el que la crisis mundial empezara justo poco antes de su advenimiento. El régimen de Primo de Rivera se benefició grandemente de la prosperidad efímera que suele preceder a las crisis económicas ya que sin ello no hubiera podido mantenerse por largo tiempo.

Ello produjo un alza en los precios de los productos de la agricultura, que condujo al cultivo de grandes áreas de tierra de mala calidad y, en consecuencia, a una disminución del desempleo y a un ligero mejoramiento en los sueldos, la crisis produjo efectos contrarios: los precios de los productos agrícolas bajaron, una gran cantidad de tierra dejó de ser cultivada y el desempleo alcanzó cifras jamás conocida hasta entonces.

El gobierno provisional publicó algunos decretos con el fin de remediar la desastrosa situación de las zonas rurales; los salarios fueron casi duplicados (debe recordarse que, siendo temporeros la mayor parte de los trabajadores agrícolas en España, los salarios han de ser lo suficiente elevados para poder cubrir el desempleo consiguiente); los terratenientes estaban obligados a cultivar toda su tierra; los que trabajaban haciendas en arriendo recibieron el derecho de protestar ante los tribunales contra el aumento de la renta siendo protegidos contra cualquier desposesión caprichosa; por último, se estableció la jornada de ocho horas.

Más tarde, bajo la presión de los socialistas, se acordaron otras medida tales como una ley de términos municipales que impedía a los dueños de las tierras emplear, a bajo precio, mano de obra de fuera de pueblo y una ley de jurados mixtos que establecía un tribunal al que acudían trabajadores y patronos para decidir horarios de trabajo, salarios, y para entablar discusiones de carácter industrial.

Esto era una modificación de los comités paritarios creados por Primo de Rivera, pero arreglados de modo para que fuesen más favorables a los trabajadores.

La justificación de la ley de términos municipales fue la costumbre que tenían los terratenientes de ocupar labradores, llegados de Galicia, de Portugal y de los pueblos de montaña próximos, para que hiciesen competencia a los de la localidad. Pero, sus previsiones fueron excesivamente extremadas.
En efecto, perjudicaban los miserablemente pobres y desorganizados campesinos de los pueblos pequeños, quienes dependían de dinero que ganaban durante la cosecha para vivir todo el año, en provecho de los labradores de las grandes propiedades que estaban, por lo regular, sindicados en la UGT o en la CNT.

La inquietud empezó a cundir, no obstante, por las zonas rurales mientras la discusión sobre la Constitución continuaba, cosa que no interesaba a la clase trabajadora, y nada se hacía sobre la reforma agraria. Había habido una esperanza general de que las grandes propiedades serían expropiadas y la desilusión fue grande cuando se vio que nada se haría en ese aspecto.

Aquellos dos años (1931-1932) fueron además, un período de expansión anarcosindicalista: sus recios ataques a la participación de los socialistas en el gobierno y su actitud de no tener nada que ver con la legislación social votada por las Cortes produjeron una atmósfera revolucionaria en el campo, que venía a favorecer bien poco cualquier proyecto agrario.

Pero la razón principal de aquella peligrosa tardanza en acometer, la cuestión fue el desacuerdo entre socialistas y republicanos sobre la forma que se le había de dar. Los proyectos sobre la reforma agraria habían sido enfocados hacia la desaparición de las grandes propiedades. Pero, los republicanos querían que la tierra así obtenida fuese dividida en individuales, los socialistas pedían que fuese trabajada en forma colectiva.

La diferencia era algo más que un principio abstracto: ello envolvía el futuro del socialismo y del republicanismo burgués español. Los republicanos sabían que el éxito de su régimen dependía, a la larga, de su capacidad para conseguir unos campesinos agradecidos a sus protectores y lo suficientemente conservadores como para formar un valuarte contra la revolución.

Los socialistas se daban cuenta de que tenían que evitar esto a toda costa y en su lugar proponer una organización colectiva de la tierra, que en Castilla y en Extremadura quedaría a pesar de todo bajo su influencia. Excepto en los lugares anarquistas, esas colectividades vendrían inevitablemente a sindicarse a la UGT.

Con ese fin, organizaron en 1931 la Federación Española de Trabajadores de la Tierra de la UGT, que en Cataluña incluía a los rabassaires catalanes, cuya afinidad política no estaba con los socialistas, sino con el partido radical de la Esquerra. Esta Federación empezó, al instante, un fuerte movimiento de propaganda en favor de las colectividades agrícolas.

La geografía apoyaba el plan de los socialistas. Por razones ya expuestas en otro capítulo, el lote individual de un pequeño campesino, en una región seca, es extremadamente difícil de sostener. El campesino está condenado a una lucha perpetua contra un ambiente desfavorable y, si no sucumbe a la primera sequía o no se hunde en deudas implacables, nunca logrará salir de una trituradora pobreza.

Si, a pesar de ello, se establecieran lotes individuales en tierras sin riego, haría falta la más cuidadosa preparación para llevarlo a cabo. Máquinas modernas deberían ser adquiridas con una base comunal, un sistema de crédito debería ser organizado y los lotes cuidadosamente deslindados y divididos.

Más aún, solamente campesinos seleccionados podrían ocupar estos lotes y no ciertamente inexpertos labradores sin tierras. Pero, desgraciadamente, nada había de este material para una organización de alta escala de esa índole. Había gran falta de ingenieros y de consejeros técnicos y también pereza y falta de dirección entre los jefes republicanos, que contrastaba vivamente con su interés por las cuestiones políticas las cuales, por serles más familiares, podían ser debatidas ante las mesas del café o cómodamente arrellanados en los sillones del casino.

Había aún otro aspecto. La crisis mundial, como ya hemos dicho, había arruinado el mercado agrícola, los hacendados hubieron de suspender sus trabajos con el fin de conservar alguna solvencia.

Los propósitos de confiscación sobre algunos, tan pronto como estuviese en vigor la ley agraria, aumentaba la consternación general. Los bancos cesaron en sus créditos y, a pesar de las leyes y decretos para impedirlo, se cultivaba menos tierra. Los partidos republicanos tenían muchos prosélitos entre los pequeños terratenientes y estos hacían ahora sentir su influencia.

El resultado fue una ley agraria de muy modestas proporciones y que en la práctica resultó ser insignificante.

En conjunto, diremos que la ley agraria (aprobada en dos partes, en julio y en septiembre de 1932) creó un Instituto de Reforma Agraria compuesto de veintiún miembros y al que dotó con créditos anuales del Estado. Dicho instituto, actuando por medio de comités regionales, tenía que señalar las propiedades que debían ser expropiadas y la manera como debían ser explotadas las tierras así obtenidas.

En principio, toda propiedad de más de 22 hectáreas que no fuera trabajada por sus propietarios era susceptible de expropiación por parte del Estado. Una clase especial, los nobles, perdían sus propiedades sin derecho a reclamación alguna.

Se pagaba una compensación basada en la declaración de ingresos hecha por los propietarios pero, como casi todos ellos hablan falseado, en su beneficio, tales declaraciones, tenían que resignarse ahora a perder la mitad o la tercera parte del valor de sus propiedades.

El Estado recuperaba, así, parte del dinero perdido durante varias generaciones de falta de honradez. Este trato inferido a los nobles fue una medida política. Así como un siglo antes, las tierras de la Iglesia fueron expropiadas porque los curas y los monjes apoyaban a la causa carlista, ahora los nobles se veían privados de sus tierras, con el fin de debilitar la influencia del rey desde el extranjero.

El alzamiento de Sanjurjo condujo a posteriores expropiaciones contra aquellos que estaban complicados en el mismo y para los cuales no hubo compensación alguna.

La propuesta hecha por Díaz del Moral en un discurso pronunciado en las Cortes el 10 de mayo de 1932 sugería que la expropiación fuera hecha convirtiendo la propiedad en un derecho real de censo. Esto se podía llevar a cabo sin ninguna perturbación de la estructura agraria: los arrendatarios pagarán el cuatro por ciento de interés sobre el valor de la tierra y tendrían absoluta garantía de permanencia en la misma.
También propuso que algunas de las grandes propiedades se convirtieran en una experimental asociación de trabajadores de la tierra, provista de consejeros técnicos y de la maquinaria adecuada. Aparte de esto, se deberían dar lotes de buen tierra a los labradores sin tierras, cerca de sus casas, para que las trabajasen durante el desempleo temporal. Estas proposiciones parecían ser perfectamente recomendables.
El proyecto de reforma agraria que finalmente se adoptó estaba basado en parte sobre las teorías de Henry George y, en parte, sobre la experiencia de reparto de tierras en Checoslovaquia. Las colectividades que los socialistas querían introducir estaban basadas en los koljoses rusos (código Agrario ruso de 1922).
No hay duda de que los socialistas ignoraban los detalles de las despiadadas colectivizaciones de abrumados campesinos que estaban siendo implantadas por la fuerza en Rusia en aquellos momentos, y sin duda debido a ello la palabra colectivización se había convertido en sagrada.

Debemos observar que la ley agraria se aplicó solamente en el centro y en el sur, aquella parte del país en que las grandes propiedades abundaban. Si bien, en teoría, las pequeñas propiedades podían ser confiscadas, existía la intención de hacerlo muy rara vez y en especial en la creación de lotes de tierra fuera de los pueblos.

La ley se redujo a un ataque contra el viejo problema de los latifundios, y no se hizo nada para remediar a las innumerables familias del norte que tenían pocas tierras ni para convertir la variable y usualmente excesiva renta de Castilla en un censo fijo o bail héréditaire.

Según Mateo Azpeitia, un crítico conservador del proyecto de reforma agraria, el 84% de los pequeños propietarios de tierras en España estaban obligados a trabajar a jornal, fuera de sus propiedades, para poder vivir. La reforma agraria en España, 1932.

Podemos decir aquí que los partidos republicanos perdieron una gran oportunidad, no solamente de remediar los abusos escandalosos que se producían en el campo, sino también de ganar aliados que hubieran fortalecido considerablemente el régimen.

La cuestión que debiera haber sido planteada en primer lugar, fue considerada tarde y debatida de mala gana, principalmente porque tenía poco interés emocional para los abogados y profesionales que habían creado el partido republicano y aunque se llegó a una solución, quedó pendiente la cuestión de como serían divididas las tierras expropiadas, continuó la pugna fatal entre socialistas y republicanos y no se hizo nada.

Contra la oposición local de la UGT o de la CNT, quienes se oponían a un aumento de propietarios individuales, no fue posible un simple reparto.

Un marxista y un anarquista están de acuerdo en considerar esto como el primer error cometido por la República:
Los republicanos, escribe Maurín, nunca comprendieron la importancia del campo: esa fue la causa de su derrota.
Solidaridad Obrera, escribió: Si los republicanos hubiesen expropiado rápidamente y sin indemnización alguna todas las grandes propiedades, como sucedió en la revolucion francesa, nuestra república burguesa hubiera vivido largos años. Todos los trabajadores, incluso los anarquistas, la hubieran aceptado.
Naturalmente, a esto se puede responder que hoy día ya no se pueden llevar a cabo revoluciones jacobinas, y aun en el caso en que se pudiera, los respetables y cultos burgueses que componían el partido republicano no eran los hombres indicados para realizarlo. Y tampoco hay motivo para creer que el ejército lo hubiera tolerado.

El otoño de 1932 vio a Azaña en el zenit de su carrera. Ante los ojos de Europa, la nueva república española había echado raíces y se había consolidado. España parecía haber cesado de ser el país de la leyenda negra —una nación semibalkánica con una historia gloriosa— y se había convertido en uno de los más modernos y dignos Estados de Europa. Era el momento más apropiado para introducir un presupuesto.

La Dictadura, como se recordará, había dejado las finanzas del país en las peores condiciones. En lugar de seguir los consejos de Cambó, que había cometido el error de nacer en Cataluña, Primo de Rivera eligió como ministro de Hacienda a un abogado gallego, Calvo Sotelo, cuyo talento y capacidad eran más adecuados para organizar rebeliones que para organizar las finanzas. El resultado fue un aumento de la deuda nacional de 417 a 924 millones de pesetas en cuatro años. La República había, a duras penas, cubierto ese déficit cuando la crisis económica echó nuevas cargas sobre el Estado.

Los ferrocarriles, que estaban fuertemente supercapitalizados, sufrieron un colapso. Los mercados disminuyeron grandemente. El ambicioso programa de educación, el aumento de la policía, la ley de reforma agraria, todo pedía gastos adicionales. En estas circunstancias el ministro de Hacienda, Jaime Carner (que por cierto era catalán), realizó un milagro.

En un año redujo el déficit a 576 millones de pesetas y en el segundo año a 470 aproximadamente. Además, debemos señalar que esto fue hecho sin alterar ni modificar el sistema de contribuciones. Estas continuaron siendo casi enteramente indirectas mientras los impuestos sobre la renta continuaban siendo muy bajos.

Los sucesos de Casas Viejas

El gobierno procedía sosegadamente en sus funciones, discutiendo las varias leyes complementarias de la Constitución y denunciando, a la manera española, a los responsables de la Dictadura, cuando ocurrió un hecho que si bien fue considerado al principio de pocas consecuencias, condujo al fin a una situación que derribó al gobierno. Casas Viejas es una mísera aldea, de una región afectada por la malaria, no lejos de Jerez de la Frontera.

La tierra que la circunda pertenecía al duque de Medina Sidonia, que es uno de los mayores propietarios de tierras en España, y estaba señalada para la expropiación Sus habitantes, pertenecientes a la CNT, eran miserablemente pobres e ignorantes como lo son todos los labradores de esos grandes latifundios.

El 8 de enero se produjo en Barcelona un pequeño alzamiento dirigido por militantes de la FAI. Una huelga general había sido planteada en Andalucía, con el fin de secundar ese alzamiento pero no llegó a realizarse.

No obstante, un viejo anarquista de Casas Viejas llamado Seisdedos había oído hablar de los proyectos de huelga general, y en uno de esos arranques de fervor milenario tan típicos en Andalucía, decidió que había llegado el gran momento, en que el comunismo libertario llega a infaliblemente.

Habiendo comunicado su ardor a sus amigos y familiares, marcharon todos armados de garrotes y de fusiles hacia el cuartel de la guardia civil que se hallaba cerca, para comunicarles la buena nueva de que, podían deponer sus armas y que, en adelante, todos los hombres serían hermanos y disfrutarían en común de las tierras de los ricos, la guardia civil no respondió a este llamamiento. Algunos tiros partieron de ambos lados y, después de un solemne desfile a través del pueblo, los hombres de Casas Viejas pusieron sitio al cuartel de la Guardia Civil.

El gobierno estaba a la expectativa de un alzamiento anarquista concertado de Cataluña y Andalucía y estaba decidido a suprimir los primeros síntomas Por esta razón, todo estaba preparado y fueron enviadas, rápidamente, tropas y guardia civil a toda la provincia.

La aviación voló sobre Casas Viejas y Seisdedos y los que le seguían se retiraron a sus casas, Allí empezó el sitio y como los infortunados hombres se negaron a rendirse, se prendió fuego a sus casas y perecieron veinticinco personas, entre ellas Seisdedos.

Una ola de indignación se alzó por todo el país. Anteriormente habían sucedido acontecimientos trágicos en Andalucía, pero aquel era la culminación de una larga serie de actos brutales por parte de la policía. No se habla proclamado la República precisamente para poner fin a cosas de tal índole o las derechas, sobre todo, con su peculiar hipocresía, fueron duras en sus protestas por el crimen cometido contra pobres hombres inocentes.

El gobierno, que al principio intentó tratar ligeramente el caso, se vio al fin obligado a designar un comité de investigación. Este comité puso en claro tres cosas: primeramente que la orden dada por el ministro de Gobernación, Casares Quiroga, y por el mismo Azaña, había sido innecesariamente severa; después, que el director general de Seguridad, Menéndez, había interpretado dicha orden aplicando la ley de fugas y, finalmente, que el capitán de la Guardia de Asalto, Rojas, había actuado con criminal barbarie fusilando una docena de prisioneros a sangre fría sin ninguna razón para ello.

Ello era el preludio, en pequeña escala, de lo que ocurrió dos años más tarde en Oviedo.

Dimisión del gobierno

Casas Viejas produjo un efecto terrible entre la clase trabajadora de esa España, haciendo a los socialistas impopulares por la parte de responsabilidad que les cabía en ello. El prestigio del gobierno nunca se rehizo de este golpe. Todo lo que se podía hacer era esperar el momento más favorable para celebrar elecciones y entonces dimitir, Azaña había anunciado que convocaría elecciones municipales según el nuevo censo (incluyendo a las mujeres) en abril.

Cuando llegó el momento, se echó atrás y convocó en su lugar elecciones parciales. Unos dos mil distritos rurales que en abril de 1931 se habían manifestado monárquicos y cuya representación había sido, en consecuencia, cancelada iban a ser autorizados para nombrar sus cargos municipales. Si esto fue intentado con el fin de pulsar la opinión pública, fue una mala táctica. El resultado, por el cual el gobierno obtuvo justo el tercio de los nombramientos y las derechas poco menos del tercio, no probó nada.

Azaña, con toda naturalidad, rehusó tomar la opinión de los burgos podridos, como él les llamaba, como una señal de que debía abdicar pero había provocado un malestar contra él, que seguía aumentando. Hubo huelgas anarquistas en casi todas las ciudades de España por la liberación de sus presos. Los estudiantes de la Universidad se declararon también en huelga como habían hecho al final de la Dictadura mientras que Lerroux y su Partido Radical comenzaban una deliberada obstrucción en las Cortes.

De los tres partidos republicanos de las Cortes Constituyentes dos, los radicales y los socialistas, estaban ferozmente opuestos el uno al otro. Los republicanos de izquierda mantenían el equilibrio entre ambos. Cuando, después de completada la Constitución, llegó a ser imposible para los tres partidos el sentarse juntos en el mismo gobierno, Azaña se vio obligado a elegir con quién se aliaría. Eligió a los socialistas, no dudando que sería imposible gobernar el país si las dos grandes divisiones de la clase trabajadora se alineaban contra él.

Los radicales mantuvieron una actitud pasiva, sin oponerse a la aceptación de leyes complementarias, pero rechazando todo elemento socialista que se insinuaba en ellas. Como ya hemos señalado anteriormente, la palabra radical era completamente falsa para dicho partido.

Los radicales eran republicanos conservadores, representantes de lo que se llamaba las clases pasivas y los únicos elementos positivos de su programa eran el anticlericalismo y la importancia que daban a la educación. Ahora que las cosas empezaban a cambiar, pensaban que había llegado el momento de poner fin a las reformas y de ir inmediatamente a elecciones cuyo resultado esperaban que les sería lo suficientemente favorable como para darles la fuerza y la voz de mando en el gobierno del país.

Dos medidas importantes quedaban, no obstante, por ser adoptadas: la ley de orden público, que vendría a reemplazar la tan impopular y severa ley de defensa de la República y otra que autorizara la creación de un Tribunal de Garantías constitucionales que ocuparía el lugar de una segunda cámara como garantía del cumplimiento de la Constitución.

Los radicales consintieron en cesar en su obstrucción hasta tanto estas medidas fueran adoptadas. Lo cumplieron y, después de las últimas vacilaciones y retrasos, el gobierno dimitió en septiembre de 1933.

El Anarcosindicalismo

Hemos fijado muy especialmente nuestra atención sobre los actos puramente políticos del gobierno republicano, pero ello no nos permite abarcar toda la complejidad de la escena española de aquel tiempo.

Mientras los hombres prudentes y sabios de las Cortes deliberaban, una sucesión de huelgas, boicots, actos de sabotaje y revueltas armadas se producían sin cesar por toda España. Comprenderemos mucho mejor todo esto si empezamos por examinar el papel desempeñado por los anarcosindicalistas en los acontecimientos.

Hemos visto en otro capítulo como los anarquistas aprovecharon la calma relativa de la Dictadura, para reorganizarse. Temiendo que la influencia comunista pudiera hallar eco en la CNT y desplazara a la de los anarquistas, crearon una asociación secreta, la Federación Anarquista Ibérica, o FAI, cuyos miembros debían serlo también de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).

La FAI era considerada, no solamente como un núcleo de pensadores cuya misión había de consistir en mantener el movimiento ideológicamente puro, sino como un consejo de acción para organizar movimientos revolucionarios. Había de proporcionar la unidad que tanto se necesitaba. El hecho de que sus miembros fuesen al mismo tiempo los jefes de las diferentes federaciones de la CNT les dio la influencia que necesitaban.

Uno de los principios de la FAI era el de que no debía intervenir en los asuntos puramente sindicales No obstante, podernos decir que la CNT no tomó nunca ninguna decisión importante sin su influencia. A pesar de eso, no había ninguna conexión oficial entre ambas organizaciones. Los únicos comités en los cuales colaboraban juntas la CNT y la FAI fueron los comités de defensa, que organizaban alzamientos armados, y los comités propresos que liquidaban los resultados.
La verdadera conexión consistía en que casi todos los dirigentes de la CNT eran también miembros militantes de la FAI. Este hecho producía algunas veces extraños resultados como cuando un compañero votaba por un alzamiento, como miembro libre de la FAI, y en contra del mismo alzamiento, como representante de una federación de la CNT.

Su energía revolucionaria se hizo sentir desde los primeros momentos de la proclamación de la República. Durante los cuatro años siguientes fue lanzada contra la República una interminable sucesión de huelgas, asaltos armados a edificios públicos y actos de sabotaje. Ningún gobierno español anterior había tenido que contener semejantes y continuos asaltos.

Si las teorías y métodos sindicalistas de 1919-1923 hubiesen estado aún en vigor, la República hubiera podido llegar a un acuerdo con ellos, Pero, la influencia de Seguí era una cosa del pasado y contra la FAI no podía hacer otra cosa que oponer la violencia a la violencia.

La diferencia puede ser apreciada mucho mejor comparando a los viejos militantes del movimiento con los nuevos. Seguí y Pestaña, fueron esencialmente jefes de sindicatos, aunque los sindicatos que ellos dirigían eran extremadamente militantes y con fines revolucionarios. Su influencia fue ejercida principalmente en las asambleas de las federaciones locales y regionales.

Su habilidad particular consistía en la propaganda y en la organización sindical, siendo sus fines crear poderosas federaciones de la clase trabajadora, desde las cuales, por medio de huelgas cuidadosamente preparadas, hacer frente y derrotar a las asociaciones patronales. En ese aspecto esperaban llegar a tratar de igual a igual con los patronos de la industria, preparándose para el día en que se harían cargo de ella solos completamente.

Los militantes de la FAI por el contrario, pertenecían al tipo del revolucionario que llega a la batalla después de un periodo de lucha en las calles seguida de la represión policíaca. Eran hombres que habían mostrado su mérito y calidad en encuentros armados por las esquinas de las calles y en aventurados golpes de diversa índole. Durruti y Ascaso, por ejemplo, eran fanáticos de la causa que, por sus hechos de increíble audacia, se habían convertido en los héroes del proletariado catalán.

Durruti era un hombre robusto, de ojos negros y expresión ingenua y Ascaso, un hombre pequeño, moreno y de apariencia insignificante. Amigos inseparables, asaltaron juntos Bancos, exterminaron a enemigos de la causa y estuvieron al frente de innumerables huelgas y actos de violencia.

La mayor parte de su vida la habían pasado en la cárcel y tan pronto como salían en libertad volvían a sus modestos trabajos de fábrica pues, naturalmente, nada del dinero adquirido en sus arriesgadas expropiaciones se lo guardaban para ellos. (En una ocasión abrieron y vaciaron una caja del Banco de España.) Eran dos santos de la causa anarquista que mostraban el camino con sus méritos y con su ejemplo.

García Oliver, por otro lado, pertenecía al tipo del revolucionario irlandés de 1919. Aunque trabajador de origen y medianamente educado, su instinto político estaba bien desarrollado. Era conocido por su especial perspicacia del sentir revolucionario y del justo momento de la acción.

Así, se convirtió en la figura táctica de aquel período y en el organizador de varias huelgas revolucionarias e insurrecciones. Únicamente que, como era anarquista, no quedó nunca en la retaguardia, como un general, sino que condujo a sus hombres yendo él a la cabeza, bomba y pistola en mano.

Una particularidad del anarquismo español, que se hace notar cada vez más a partir de ahora, fue la admisión en sus filas de malhechores, profesionales —ladrones y pistoleros que ciertamente no hubieran sido aceptados, por ningún otro partido u organización de la clase trabajadora—, junto con idealistas de la más pura y desinteresada calidad.

Alguna vez, como ya hemos señalado, los dos elementos se combinaban en la misma persona pero, por lo general, estaban separados. Podemos explicarnos esto históricamente. El bandido ha sido siempre una figura popular en España porque robaba al rico para socorrer al pobre.

Durante la guerra contra Napoleón, el jefe guerrillero y el bandido se fundían en una misma persona. Esta tradición fue continuada por los carlistas. Sus famoso jefes de guerrilla, Cabrera, el padre Merino, el cura Santa Cruz y Cúcala, pertenecían al mismo tipo de hombre que Durruti y Ascaso

Pero, los anarquistas, se precipitaron un tanto al admitir a vulgares ladrones y asesinos en su organización. El primer síntoma de esto tuvo lugar durante el alzamiento cantonalista de 1873, cuando el penal de Cartagena, en el que se encontraban 1.500 de los más peligrosos delincuentes de toda España, abrió sus puertas ante la insistencia de los internacionalistas y los penados fueron invitados a unirse a la defensa de la ciudad.

Así, durante los acontecimientos de 1919-1923, docenas de auténticos pistoleros entraron en las filas anarquistas. Sin duda, muchos de ellos tenían cuidado de dar algún color ideológico a sus actos, pero esto solo no hubiera bastado si los anarquistas no hubiesen tenido un sentimiento de simpatía hacia todos los que emprendían el camino de la delincuencia por haber sido maltratados o injuriados por la sociedad.

En todo esto yace una falta de habilidad, típicamente española, para distinguir entre aquellos que se han enriquecido dentro de la ley y aquellos otros que intentan lograrlo por medio del robo y de la violencia. Esta mentalidad que va acompañada de ciertas condiciones políticas y sociales podemos hallarla, por ejemplo, en el Nuevo Testamento.

No obstante, la admisión de tantos individuos de instintos criminales pudo muy buen producir un efecto desmoralizador en las organizaciones anarquistas, lo que se incrementó por el hecho de ser la FAI una sociedad secreta. Semejantes sociedades terminan al fin por conformarse a uno de los dos tipos: o bien, como los antiguos asesinos, muestran una obediencia ciega a una autoridad central Bakunin acarició esta idea), o se dividen en grupos. Esta última era la verdadera Organización de la FAI.

Detrás de los comités oficiales había pequeños grupos con ideas afines que manejaban los hilos y algunas veces, detrás de éstos, había grupos terroristas que, en ciertos momentos, controlaban los grandes grupos. Esto, al menos, es lo que sucedió cuando estalló la guerra civil. Si lo tenemos en cuenta, muchas de las inconsistencias y contradicciones entre la teoría y la práctica anarquista podrán ser comprendidas. Esta compleja y cambiante organización de grupos demuestra, también por qué una simple historia del anarquismo español es imposible.

En junio de 1931 tuvo lugar en Madrid un congreso de la CNT con el fin de debatir varias materias relacionadas con la reorganización de la Confederación. Apenas terminado el congreso y cuando las nuevas Cortes habían ocupado sus puestos, estalló una huelga de telefonistas en Madrid combinada con un asalto armado a la Central Telefónica.

El asalto fracasó y los empleados que pertenecían a la CNT, ante la amenaza de ser despedidos, ingresaron en la UGT. Una semana más tarde, una huelga en Sevilla, condujo a un choque con las tropas del que resultaron treinta muertos y trescientos heridos. El gobierno demostró que no vacilaba en emplear los mismos métodos que tanto había condenado cuando eran empleados por gobiernos reaccionarios del pasado.

Pero fue en Cataluña en donde la acción anarcosindicalista durante esos años, fue más característica. La Esquerra o partido catalán de izquierdas había reemplazado a Madrid como centro de gobierno efectivo de la provincia. Luis Companys, un abogado que durante muchos años había estado en estrecha relación con lo anarquistas, fue elegido alcalde de Barcelona en las elecciones de abril, siendo después nombrado gobernador civil. Desde este cargo procedió con el más fino tacto posible al tratar con sus viejos amigos.

Puesto que vosotros, les decía, no estáis preparados para hacer vuestra revolución, ¿por qué no nos dejáis hacer la nuestra y aprovecháis la libertad que el nuevo régimen os da para hacer vuestro propaganda?.

Cuando la CNT anunciaba una huelga general de veinticuatro horas, él declaraba el día como fiesta nacional.

La FAI no obstante, no tenía la intención de dejarse desviar de sus proyectos revolucionarios de esa manera. Todo aquel verano vio el aumento de su influencia dentro de la CNT y en octubre fue lo suficientemente fuerte para obligar a cesar en sus funciones al jefe de redacción y a todo el personal del famoso periódico Solidaridad obrera por haberse negado a sostener la política de la FAI de acción revolucionaria por pequeños grupos.

Aquel verano vio, por consiguiente, una interminable serie de huelgas con sabotajes, violencias y choques con la policía. Se hicieron extrañas peticiones al gobernador civil tales como que debía desarmar a la policía y armar en su lugar al pueblo. Pretensiones imposibles fueron presentadas a los patronos. En una palabra, se hizo todo lo posible y lo imposible para alarmar a las autoridades, desacreditar el régimen y crear un ambiente revolucionario.

Por ejemplo, la petición hecha a la Federación de Patronos Molineros de contratar sus trabajadores por medio de las bolsas de trabajo de la CNT; abandonar el trabajo a destajo; dar el retiro a los cincuenta años a todos los trabajadores; ayuda en caso de desempleo; seguro social por enfermedad; fiestas pagadas y jornada de seis horas solamente.R.B.: Su manifiesto, que contenía una exposición de sus ideas políticas, es copiado íntegro por F. Madrid, ob. cit. p. 191-195.

Una nueva técnica fue la de la guerrilla empleada contra la policía. Se le atacaba desde las ventanas y esquinas, había de estar en constante movimiento y en perenne estado de alarma y excitación, y no tenía tiempo ni para dormir lo suficiente. Esto alteraba sus nervios y les creaba un carácter malo e irritable.

Así, cuando se capturaba y encarcelaba a los militantes se les hacía pagar por ello. Los anarquistas se lamentaban amargamente de que el gobierno republicano era más tiránico que el de Primo de Rivera. Olvidaban, a sabiendas, que durante la Dictadura la CNT había sido disuelta, la prensa anarquista suspendida y que durante aquellos cinco años ningún anarquista se hubiera atrevido a hacerse ver ni oír.

Pero debemos recordar que durante todo ese tiempo la clase trabajadora pasaba por una situación durísima. La mala situación económica del país ocasionado un paro forzoso terrible. En Barcelona, solamente un 30 por ciento de los obreros de la construcción podían trabajar. De 45.000 que trabajaban en 1930, solamente 11.000 tenían ocupación en 1933 (véase Service de Presse de AIT, nº 162, 15-IX-1935).

Cierto que la depresión no era la única responsable de ello. Por toda España los Bancos se combinaron para restringir los créditos y los patronos para esconder sus capitales, con el fin de hacer a la República impopular. Según el Anuario de estadística, el capital en circulación bajó de 2.000 millones de pesetas en 1928 a 50 millones en 1933, Al mismo tiempo el coste de la vida subió enormemente.

En España, no se debe olvidar, desempleo significa miseria completa ya que no hay ninguna ayuda en caso de paro forzoso. Con todo, el profesor Allison Peers ha hallado justo el reproche hecho al gobierno republicano de tolerar el aumento de la mendicidad debido, explica él, al aumento de la indisciplina.

Los primeros días de 1932 vieron un alzamiento en Cataluña organizado por la FAI y en el cual tomó parte también el recién creado partido de izquierda comunista. Este era un grupo de trotskistas conducidos por Maurín, Nin y Andrade, que se habían separado del Partido Comunista oficial arrastrando consigo a casi todos los comunistas, catalanes.

La FAI proclamó el comunismo libertario en el Alto Llobregat, siendo tomados los edificios públicos en Manresa y Berga y, en algunos lugares, las propiedades agrícolas divididas y repartidas. La tropa sofocó fácilmente el alzamiento no sin causar abundante derramamiento de sangre.

El gobierno detuvo, además, a ciento veinte de los más destacados militantes de la CNT y de la FAI, entre ellos Durruti y Ascaso, y los deportó, sin previo juicio, a la Guinea española. Pero, la violenta agitación acompañada de amenazas que siguió a ello obligó a liberarlos poco tiempo después.

Un año más tarde (enero 1933) tuvo lugar otro alzamiento armado en Barcelona, Lérida y Valencia dirigido por García Oliver. Sus fines eran obtener la libertad de los deportados a África que aún seguían allí. Semejante al anterior, este movimiento tomó la forma de una tentativa a mano armada de apoderarse de los edificios públicos, pero fue un fracaso más grande aún que el anterior produciéndose nuevas detenciones y la confiscación de todas las armas que habían sido reunidas.

Los anarquistas detenidos en este alzamiento fueron brutalmente golpeados en la Jefatura superior de Policía. Véase Federico Urales, La barbarie gubernamental en Barcelona, 1933, donde García Oliver y otros detenidos anarquistas describen su experiencia personal. A mayor abundancia, esta policía pertenecía a la guardia de asalto, un cuerpo formado por el gobierno republicano y compuesto de republicanos y socialistas convencidos.
Un miembro de este cuerpo de policía, que era ciertamente un hombre humano y decente, me dijo que el ataque de guerrillas que los anarquistas emprendían contra ellos durante las huelgas y la falta de sueño que sufrían en aquellas situaciones, les daba un deseo violento de ejercer represalias sobre los presos.

El gobierno declaró ilegal a la CNT y clausuró sus locales pero no era lo bastante fuerte para mantener esta actitud. En efecto, tres meses más tarde la CNT declaraba en Barcelona una huelga formidable del ramo de la Construcción que duró dieciocho semanas, mientras que huelgas generales de simpatía hacia ella se declaraban en Zaragoza, Coruña, Oviedo y Sevilla.

Estos alzamientos fracasados fueron, sin embargo lo suficientemente impopulares para conducir a una división en la CNT. La táctica de la FAI había tenido siempre sus contrarios. En el Congreso de Zaragoza, en 1922, se manifestaron ya dos tendencias opuestas: la de los anarquistas puros que creían que una revolución puede ser llevada a cabo mucho mejor por pequeños grupos entusiastas, y aquella otra de la mayoría, que ponía su fe en la creación de poderosos sindicatos en un ambiente libertario.

La brutal represión de Martínez Anido, seguida por la Dictadura, aseguró el triunfo de la parte violenta. Pero, la desaprobación de la tiránica dirección de la FAI persistía. Ya hemos visto como, unos meses después del advenimiento de la República, Juan Peiró y todo el Cuerpo de redacción de Solidaridad obrera, que representaban los puntos de vista del grupo sindicalista, se hablan visto obligados a dimitir.

Esto fue seguido, poco después, por la expulsión de Ángel Pestaña, secretario de la CNT, del sindicato de metalúrgicos de Barcelona, por el hecho de haber manifestado su desacuerdo sobre el alzamiento del Alto Llobregat.

Un número de anarquistas bien conocidos, entre ellos Peiró y Juan López, sostuvieron a Pestaña y manifestaron su desacuerdo con la FAI en un documento que, por haber treinta firmas estampadas en el, fue conocido como el manifiesto de los treintistas. La consecuencia de esto fue la expulsión de la CNT de todos los firmantes del manifiesto y como los sindicatos a los cuales ellos pertenecían se solidarizaron con ellos, se produjo entonces una división en el seno de la Confederación.

Los sindicatos disidentes, que comprendían los de Tortosa y Sabadell en Cataluña, la mitad de los de Valencia y uno de Asturias, fueron conocidos como los sindicatos de oposición Pestaña, poco después se hizo completamente reformista fundando un partido sindicalista que envió un diputado a las Cortes de 1936.

Ninguno de los otros treintistas le siguieron, pero la división continuó, principalmente en el terreno personal y con amargo rencor de ambos lados, hasta que vino la reconciliación en el Congreso de Zaragoza, justo poco antes de estallar la guerra civil.

R.B.: BRENAN, Gerald, El Laberinto Español, Editions Ruedo Ibérico, 1962, págs. 189-194.

La crisis en el campo

Sin embargo, obtenemos una idea incompleta del poder de resistencia de las clases trabajadoras hacia la República, insistiendo solamente sobre la actitud del proletariado de las ciudades. Durante los años 1931 y 1932, los distritos rurales del sur y del centro-sur de España estaban en estado de efervescencia. Como en 1919-1923, los anarquistas marcaban el ritmo aunque, gracias a la participación de los socialistas en el gobierno, la UGT se había extendido por muchos lugares en donde era antes desconocida.

En 1934 había pocos pueblos de alguna importancia en esa mitad de España que no tuviesen su sindicato o casa del pueblo. El aumento del paro y la sospecha de que serían abolidas las reformas agrarias aumentaban la tensión y, aunque las huelgas eran menos frecuentes que en 1921, la clase oprimida era más fuerte y daba cabida a cierto grado de intimidación.

Todavía los actos de violencia eran raros. Si, de vez en cuando, se producía algún choque con la policía esto ocurría porque se había querido impedir a los campesinos celebrar alguna reunión o por haberse atrevido estos a penetrar en las grandes propiedades y arar las tierras en barbecho.

Uno de los lugares en que la tensión era más fuerte fue Granada. Aquí, los propietarios de tierras de que la bien regada y rica vega eran numerosos y fuertes porque la renta de unas veinticinco hectáreas daba lo suficiente para mantener una familia de clase media con desahogo y relativa abundancia.
Los campesinos también gozaban de gran prosperidad y estaban fuertemente organizados en la UGT, pero, con todo eso, había un paro considerable. La tensión se manifestaba de vez en cuando por tumultos y por petardos que explotaban cada noche ruidosamente, pero sin consecuencias. Se detenía algunas veces a los coches y a sus propietarios se les obligaba a contribuir con algo al fondo pro-parados, mientras los antipáticos terratenientes eran acosados en las principales calles después de anochecido.
En Sevilla, donde la CNT predominaba a tensión era más intermitente. Yendo en moto a través de un pueblo cerca de Osuna, en la primavera de 1933 pregunte a una mujer en una estación de gasolina, cómo se habían pasado las fiestas de Semana Santa y de Pascua de Resurrección. Muy bien, en verdad, me contestó Mientras se celebraba la procesión los anarquistas entraron en la iglesia y le prendieron fuego. Había mucha animación.
Pero, aparte de estos incidentes la vida de la clase media, aun en los pueblos pequeños, se deslizaba plácidamente. Los españoles han tenido que enfrentarse durante siglos con tantos desórdenes y escenas de violencia, que han crecido resignados a ello. Solamente, los grupos de labradores sin trabajo estacionados silenciosamente en las plazas y esquinas y las manifestaciones de campesinos enarbolando la bandera roja de los socialistas o la roja y negra de los anarcosindicalistas mostraban que algo extraordinario estaba ocurriendo.

El más trágico de estos episodios, el de Casas Viejas, lo hemos descrito anteriormente. Otro, fue el de Castilblanco, pueblo aislado de Extremadura en el que cuatro guardias civiles fueron muertos y sus cuerpos hechos pedazos. Como ello arroja alguna luz sobre las condiciones de vida del campo en aquel tiempo, quiero describirlo.

Castilblanco

Los habitantes de Castilblanco, un pueblo pequeño y miserable de la Sierra de Guadalupe, en la cuenca del Guadiana no estaban afiliados a ninguna organización sindical. Estaban demasiado aislados para que les alcanzasen las nuevas de solidaridad de la clase trabajadora. Pero, una huelga de campesinos de la UGT seguía su curso en Badajoz y en los pueblos cerealistas de su alrededor. La provincia entera estaba en agitación porque el tiempo de la siembra se aproximaba y la discusión sobre el proyecto de reforma agraria aún no habla empezado.

Castilblanco, entre sus rocas y sus bosques de acebos, vivía al margen de esta lucha. Los pueblos montañosos son siempre los últimos en ser arrastrados hacia ella y los agentes de los terratenientes —este es un distrito de grandes propiedades feudales— habían tenido buen éxito manteniendo lejos las casas del pueblo.

Pero los habitantes del lugar tenían sus injusticias que reivindicar y, a imitación de los pueblos de la llanura, decidieron tener su huelga ellos también. Después de terminado el trabajo y ordenadas las herramientas, anunciaron una reunión General en la plaza del pueblo.

Los cuatro guardias civiles del lugar recibieron orden de impedir la reunión, pero al intentar hacerlo por la fuerza, sucedió algo inesperado. En uno de esos paroxismos de rabia, frecuentes entre los pueblos primitivos, la multitud se lanzó sobre ellos golpeándolos y matándolos seguido esto de otra escena más feroz de locura y vértigo en la que las mujeres bailaron una danza alrededor de los cuerpos mutilados. Esto sucedió el 1-I-1932 y algunos días más tarde se abrió una encuesta para averiguar quiénes eran los culpables, pero no pudo obtenerse una evidencia criminal contra ninguno.

Se trataba de una muerte realizada por una mano colectiva. Esto recordaba el caso de Fuenteovejuna, un pueblo de Sierra Morena, sobre el cual Lope de Vega escribió su famosa obra de teatro: los habitantes habían matado al señor y tirano del lugar y cuando se les quería obligar, bajo tortura, a decir quién lo había hecho, ellos se negaban a responder, No obstante, los jueces los interrogaban insistentemente y la única respuesta que pudieron obtener a su pregunta: ¿Quién mató al comendador?, fue es Fuenteovejuna, señor.

La finalidad del Partido Socialista al organizar huelgas y mítines en las regiones campesinas era evidente: Querían ejercer la más fuerte presión sobre los partidos republicanos con el fin de obtener una amplia medida de reforma agraria.

Por primera vez, en todo el curso de su historia, se daban cuenta de la importancia del campo, la finalidad de los anarcosindicalistas, por el contrario, era netamente revolucionaria, la FAI vio en el aumento de libertad dado por la República un debilitamiento del poder gubernamental, que le era muy conveniente y que aprovecharía, en no muy lejana fecha, para derribarlo

Su táctica de conflictos armados, actos de sabotaje y lucha de guerrillas contra la policía perseguía dos fines: primero, dificultar todo lo posible la labor del gobierno; y, segundo, despertar en las masas trabajadoras el sentimiento de la necesidad de la revolución Eran ayudados en sus fines, por el penoso desempleo (cuyo remedio buscaban con sus huelgas por una jornada de seis horas de trabajo) y también por ciertas reivindicaciones justas y comprensibles.

Los gobiernos de las primeras Cortes de la República abandonaron su actitud pasiva, para mostrar su severidad y aspereza. Azaña, principal espíritu de varias combinaciones de gobierno, estaba dispuesto a que esta República no fracasara por las mismas causas que habían derribado la anterior. Él la defendería vigorosamente contra sus enemigos, viniesen de la derecha o de la izquierda. Nunca se diría que él no había sabido mantener el orden.

La quema de iglesias y conventos, por toda España el 11 y 12 de mayo era una advertencia y el gobierno actuó en consecuencia creando un nuevo cuerpo de policía, la guardia de asalto, en el cual solo podían ingresar hombres de conocidas simpatías republicanas. Esto fue seguido en octubre, cuando Azaña llegó a ser jefe del gobierno, por la ley de defensa de la República que daba al Ministro de Gobernación amplios y drásticos poderes, Por medio de esta ley, la mano dura de la República se hizo sentir sobre monárquicos y sobre anarquistas.

El discurso en el cual Azaña presentó el proyecto de dicha ley es típico del orgullo personal que ponía en la buena reputación de la República:

¡Nunca —declaró— mientras esté en mis manos, será debilitada la autoridad. Nunca, mientras esté en mis manos, será el gobierno de mi país objeto de desdén, ultraje o menosprecio. Nunca en este Ministerio habrá vacilación en el servicio del bienestar común. La República nos pertenece a todos. Ay de aquel que se atreva a levantar su mano contra ella!.R.B.: El Sol, 15-X-1931.

Esta ley entendida solamente como una medida temporal, fue retirada en julio de 1931 y reemplazada por otra más liberal, la ley de orden público.

De todas las restricciones de libertad, la que imponía una censura a la prensa fue la más criticada, los monárquicos, que habían practicado una censura mucho más severa en el pasado, se sintieron especialmente ultrajados cuando, después del alzamiento de Sanjurjo, su periódico, el ABC, fue suspendido durante cuatro meses.

Los anarcosindicalistas sufrieron más de lo que debían porque se negaron a conformarse a la norma que requería someter sus artículos a la censura antes de su publicación. Esa negativa condujo a la confiscación de tiradas enteras de la prensa anarquista. Pero, indudablemente, la objeción más fuerte que hacían a la República fue la nueva legislación sobre el trabajo.

El ministro del Trabajo, Largo Caballero, había introducido una serie de leyes que regularizaban los derechos de la clase trabajadora en su relación con el capital, la más importante, la ley del 24-XII-1931, fijaba las condiciones en que debían hacerse los contratos entre obreros y patronos para que tuviesen validez. Un tribunal especial fue creado para el caso de posibles infracciones.

Otra ley, la ley de jurados mixtos, estableció tribunales ante los cuales las disputas y cuestiones sobre el trabajo serían equitativamente resueltas. Este era un principio que había sido ya adoptado por la primera República, por recomendación de Pi y Margall, y más tarde por Primo de Rivera. Pero, los poderes de estos tribunales no se extendían hasta darles derecho a inspeccionar la marcha o resultado de esos contratos de trabajo.

Otra ley ordenaba que toda huelga debía ser anunciada con ocho días de anticipación. A parte del hecho de que estas leyes marchaban en sentido opuesto a los principios de los anarquistas de negociación directa con los patronos, y de estorbar la práctica de las huelgas relámpago, era evidente que representaban un aumento inmenso de poder por parte del Estado en los asuntos industriales.

Un verdadero ejército de empleados del gobierno, la mayor parte de ellos socialistas, hizo su aparición para afianzar las nuevas leyes y procurar servirse de ellas, en lo posible, para extender la influencia de la UGT a expensas de la CNT. Esta fue, naturalmente, la intención de todos los que las promulgaron.

De hecho, la UGT se convirtió en un órgano del Estado y usaba sus nuevos poderes para aniquilar a su rival, los anarcosindicalistas no podían hacerse ilusiones sobre lo que les sucedería si un gobierno puramente socialista subía al poder. A esto, ellos casi preferían una dictadura militar que podría obligar a sus organizaciones a desbandarse, pero que no llegaría nunca a destruirlas.

R.B.: BRENAN, Gerald, El Laberinto Español, Editions Ruedo Ibérico, 1962, págs. 194-196.

Último gobierno constituyente

El último gobierno de las Cortes Constituyentes dimitió en septiembre de 1933 en la más honda impopularidad. Las cárceles estaban llenas, mucho más que en tiempos de Primo de Rivera. Se decía que solamente de la CNT había unos 9.000 presos. El país estaba repleto de policía armada. El paro era tan grande como siempre. Los capitales estaban quietos en los Bancos y las huelgas y las disputas sobre cuestiones de trabajo eran incesantes.

No eran solamente la extrema derecha ni la izquierda quienes protestaban: un hombre del centro, Martínez Barrio, poco dado a las ampulosidades de la retórica, declaró que aquella era una República de fango, sangre y lágrimas. Cuán diferente de la primera República la cual, con todo lo caótica y ridícula que fuera había sido descrita por uno de sus hombres como la República del ingenio y de la poesía.

¿Cuáles habían sido las causas de su fracaso? En pocas palabras, el haberse enajenado la República grandes sectores de la clase media sin haber dado por ello satisfacción a los campesinos y obreros.

Si se hubiese contentado como quería Lerroux, con ser una continuación de la Monarquía, aunque de una forma algo más brillante, se habría ganado a toda la clase media. Pero, en ese caso habría provocado la unión de toda la clase trabajadora contra ella y visto que sus reivindicaciones no pueden ser negadas durante mucho tiempo, se habría desarrollado una situación revolucionaria.

Si, por el contrario, hubiese ido lejos entregando las grandes propiedades rurales a los campesinos y a las organizaciones controladas por ellos, hubiera corrido el riesgo de iniciar una revolución social y ser barrida por la misma. El ejército hubiera intervenido entonces para restaurar el orden.

Huyendo de todo esto, ocupó un término medio que en España, recordémoslo, es el de la mayor posibilidad de resistencia Con todo, quizás si la crisis mundial no la hubiese afectado de lleno en los momentos más críticos hubiera podido salir triunfante.

Juan Peiró, un escritor anarquista, dijo: La República vino sin derramamiento de sangre y, por esta causa, no fue una verdadera revolución. Siempre vivió insegura de sus resultados.
Maurín, hizo la misma crítica. Ciertamente, el hecho de que las viejas clases gobernantes no hubiesen sido derrotadas, sino que se retiraron estratégicamente, fue la sombra que se proyectó siempre sobre la República. Sin embargo, podemos dudar de si una revolución con derramamiento de sangre podría conducir a algo que no fuese la victoria de la reacción. Companys sostuvo una opinión intermedia: Los republicanos nunca realizaron, mientras estuvieron en el poder, las transformaciones y trabajo indispensables que el pueblo esperaba de ellos.
Si se refiere, como es probable, al fracaso de los republicanos para concretar una medida substancial de reforma agraria, todo el mundo estará de acuerdo con él. La primera necesidad de la República era la de fortalecerse a sí misma contra la inevitable reacción, ganando para su causa nuevos refuerzos. Con todo, la dificultad de esa reforma teniendo en cuenta las condiciones geográficas, las crisis económicas y la complejidad de la situación política, no debe ser olvidada.

Su destino fue fatal. Antes de aceptar esta afirmación fácil, vale la pena sin embargo echar una mirada a la historia de España. No era la primera vez que una opinión esclarecida intentaba imponer su voluntad sobre la gran conservadora y no revolucionaria masa del pueblo español.

Ello había ya sucedido en 1530-1540 con los erasmistas; algo más vagamente, en el siglo XVI con los economistas colectivistas; en la segunda mitad del siglo XVIII con los reformadores de la administración de Carlos III. En el siglo XIX la revolución liberal había estallado en tres grandes espasmos: 1812, 1820 y 1837. De nuevo, los años 1854-1856 y 1868-1873, habían visto una erupción de la radical clase media inferior.

Todos estos movimientos abortaron y fueron seguidos de una intensa reacción El fracaso habría sido el mismo, tanto si las masas estaban compuestas de un solo y sólido bloque conservador, como si estaban divididas en dos alas antagónicas.

Estas revoluciones abortadas, estas vueltas periódicas hacia una nueva página que se sucedían por un año o dos para luego fracasar, son sin duda, peculiares en España. Hablando mejor, son típicas de un país sometido al pésimo estado de su economía y en donde los únicos que pueden dirigir un momento de regeneración pertenecen a una sección avanzada de la clase media y no son lo suficientemente fuertes para imponer su voluntad.

Así, ellos solo pueden mantenerse en el poder por el consentimiento de la clase trabajadora cuyos verdaderos deseos y necesidades no comprenden. Pues la clase trabajadora en el momento mismo en que desertó de la causa de la aristocracia feudal entró rápidamente en un ambiente socialista revolucionario sin pasar por el estado intermedio liberal.

La razón de esto es evidente. El progreso político es el resultado de una actividad próspera y hondamente sentida y que hace surgir continuamente nuevas clases hacia la superficie. En tanto que esta actividad existe, cada clase procura obtener los privilegios de que goza la que está por encima de ella.

Entonces, el gobierno parlamentario, que es el mecanismo por el cual esos deseos procuran realización, llega a ser posible. Pero, la inercia y el estancamiento han sido las características de la economía española durante muchos centenares de años, desde que los cruzados de Fernando II destruyeron las bases de la prosperidad en Andalucía y que las minas de Cuzco daban la lección de que la riqueza de un país consistía, no en la industria, sino en la plata y en el oro.

Castilla, que había realizado la unidad española, sentía un horror bizantino hacia el tiempo, hacia el cambio y hacia todos aquellos impulsos que hacen florecer a las naciones modernas. El resultado ha sido una estratificación rígida de la vida social que no corresponde ni al orgulloso e independiente carácter de los españoles, ni a las condiciones de vida de la Europa moderna.

En este caso, la ironía de la posición en que se hallaron los partidos republicanos no puede ser más completa y evidente. Aquellos hombres capacitados, desinteresados y cultos que vinieron para dar una nueva Constitución a su país, construyeron sobre arena.

Sus fines, abiertamente declarados, eran los de poner un fin a la violencia, a la injusticia y a la corrupción que habían gobernado a España durante los últimos ciento cincuenta años. Con capacidad y previsión prepararon un documento, que sería la tabla de los derechos y libertades españolas para las generaciones venideras.

Sus cláusulas fueron inspiradas y adoptadas de las más modernas y mejor redactadas creaciones sobre historia constitucional y jurisprudencia. Estaban expresadas en un lenguaje sonoro y sucinto. Proveyeron seguridades contra especiales contingencias, fueron organizadas fuertes garantías contra la posible violación.

Todo lo imaginable fue imaginado, excepto que el pueblo para quien era designado podía no sentir la necesidad de ello. Así, después de un corto proceso resultó que, ni la Iglesia, ni el ejército, ni los terratenientes, ni los campesinos, ni los obreros habrían sabido que hacer con ello.

Para ellos, según decían, no ofrecía libertad, sino tiranía, habiéndose desarrollado en España hasta ese punto aquello de que la libertad de uno significa su tiranía sobre otro. Los artífices de esta constitución podían muy bien ponderar las palabras de un presidente anterior, Emilio Castelar, quien declaró que estaba dispuesto a proclamar la República tan pronto como los españoles se hubiesen puesto de acuerdo sobre el terreno que los dividía, aunque esto quizás quería decir que nunca podría realizarse la proclamación.

La República española puede ser comparada con la Sociedad de Naciones. Fue una tentativa de fundar un régimen de ley, de justicia y de comparativa decencia en una situación en que, por el contrario, solamente prevalecían la injusticia y la violencia. Pero, como la Sociedad de Naciones, la República fue inevitablemente, fundada sobre ciertas equivocaciones y actos de violencia.

Tenía todos los defectos, toda la inevitable falsa persuasión e hipocresía de toda tentativa de realizar por un solo partido lo que debía de ser hecho por todos los partidos en el futuro. Se vio obligada a simular un prestigio que le faltaba, un prestigio que solo el tiempo y una larga experiencia podía darle y que ningún gobierno español, desde el siglo XVIII, había poseído jamás.

Así, podemos decir.

que nadie, excepto sus fundadores, mostró jamás el menor respeto hacia la República, que ninguno de los partidos del ala derecha tuvo la menor intención de obedecerla, y que soldados y políticos le habían prestado juramentos de respeto y lealtad con la intención secreta de romperlos llegada una ocasión propicia a sus intereses. En cuanto a la clase trabajadora, si bien durante cierto tiempo uno de sus partidos había sostenido a la República fue solamente porque la consideró como un escalón temporal en su propia marcha hacia el poder.
R.B.: BRENAN, Gerald, El Laberinto Español, Editions Ruedo Ibérico, 1962, págs. 196-199.