Fin de la restauración

Las Juntas militares de Defensa
La asamblea de parlamentarios
La huelga de agosto1917
Lo negativo
El fin del turno
El gobierno nacional de Maura1918
La anarquía
La catástrofe de Annual1921
La dictadura militar

Las Juntas militares de Defensa

Conocemos el sistema , de gobierno de la oligarquía agraria, conglomerado de hombres y grupos sociales con poder económico desde mediados del siglo XIX para imponer un régimen político determinado a la nación española. Esta oligarquía impregnó a toda la economía controlada por ella de su espíritu retrógrado. Engendró una Banca de características feudales, absentista, que estancaba el dinero, hurtándolo a la circulación vivificadora. La comunidad de intereses la coligó con la nobleza territorial.

Erigió un Estado policíaco sobre una desigualdad pavorosa, y lo llamó constitucional para mayor sarcasmo. No solo negó el pan al pueblo; le negó también la instrucción. Corrompió todo lo susceptible de corrupción, personas y cosas. Perdió las joyas coloniales que le restaban a España. Provocó el separatismo en las regiones que no pudo dominar. Inició la conquista de Marruecos y solo cosechó fracasos desastres, empedrando los desiertos con los huesos de admirables soldados, dignos de otra suerte. Ineducada y escéptica, tuvo una monarquía frívola y sin lustre moral.

Avara e indiferente al dolor de los humildes, nunca sintió la caridad. Su devoción era hipocresía. No creía en nada. No sabía ser sincera sin cinismo. Vino a poner término a los pronunciamientos, y se humilló ante el Ejército, servilmente. Quiso defender la soberanía del Estado español y acabó sometida al Vaticano. Pretendió salvaguardar el poder civil contra lo clérigos y claudicó ante un clero sin ley. En fin, resultó el peor régimen que puede sufrir un pueblo, un sistema de liquidación nacional, el Estado montado sobre dos pilares infames: el terrorismo y la corrupción.

Vamos a asistir ahora a la cada de esa oligarquía. Porque está escrito que este régimen no puede perpetuarse. O cae la oligarquía o cae España. La nación no aguanta más. Por la naturaleza de las cosas, los partidos de la Restauración tienden a desintegrarse y a morir destruidos por sus propios vicios; y por igual razón, las víctimas del sistema se atraen mutuamente y se alinean en un frente heterogéneo de todos los colores: proletariado, Ejército, comerciantes, industriales, republicanos, monárquicos.

El movimiento nacional contra la oligarquía absoluta era una necesidad histórica. Venía formándose inconscientemente desde que Cánovas y Sagasta rompieron hostilidades contra todas las fuerzas sanas y progresivas de la nación. La idea de la Unión Nacional de Costa no había perecido, pues era más que una idea: era una necesidad vital. La unión que estaba surgiendo desde entonces era un acercamiento espontáneo, impuesto por el instinto de conservación de la sociedad. Las instituciones de la Restauración tenían que caer y caerían como todo lo podrido: a pedazos, por partes.

En el proceso de descomposición del régimen, las guerras actuaron con influjo demoledor. Estos huracanes sangrientos tienen de bueno que aventan lo podrido. Las guerras coloniales, la de Marruecos, la gran guerra sacudieron violentamente el retablo oligárquico.

La guerra europea que estalló en 1914 no hizo de España un país beligerante, sino dos. La nación se dividió por mitad. Las derechas eran germanófilas, las izquierdas, francófilas. Gracias a este equilibrio, España no entró en el cataclismo. Pero nadie pudo impedir que el cataclismo entrase en España. Aquella violencia mundial repercutió en la Península, y creó multitud de nuevos problemas que los gobiernos, claro está, no sabían resolver.

Escaseaban el pan y otros artículos esenciales. Se amotinaba el pueblo. Eran innumerables las huelgas. Se recrudecía el terrorismo, ahora más complicado y opaco a causa del espionaje. La oligarquía no podía hacer cara a tanto embrollo. ¡Y ella que venía a descansar, a detener a España mientras gozaba de su bien provista mesa, como Josué detuvo el sol hasta acabar la batalla con los amalecitas! La revolución estaba de nuevo en marcha.

El partido socialista, que entonces entraba en la una mayoría de edad e iba ganando intelectuales y clase media se había propuesto, como sabemos, mantenerse fiel a una política de clase, diferenciarse escuetamente de las organizaciones políticas de la burguesía. Era un partido antiburgués. Pero como también sabemos, la burguesía española estaba tan oprimida, políticamente, como el proletariado. La alianza de los capitalistas y el proletariado era, pues, lógica históricamente.

Mientras en Europa se batían las naciones, en Espana se batían las clases sociales, Se contaban días de más bajas en España que en el frente occidental. En España no había jornada sin novedad. Estaban en rebeldía permanente el proletariado, los comerciantes y la clase media de Cataluña. La revolución española, la revolución nacional contra la oligarquía territorial, rompería ahora, en 1917, año no solo histórico para Rusia.

Un acontecimiento inesperado —inesperado en la medida en que puede serlo en una nación donde todo ha llegado a ser posible—, la rebelión, no del Ejército, sino de la clase media militar, rompió las compuertas que dificultosamente sujetaban el torrente revolucionario.

No fue, repito, un pronunciamiento, los militares que se organizaron en Juntas de Defensa en 1917 no aspiraban a gobernar, ni se lucraban de la debilidad del poder civil para tomar el mando en la política. Eran la clase media de uniforme, el arma de Infantería, los de a pie, que tampoco aguantaban más. Su protesta era tan legítima como la de los capitalistas, los comerciantes, los empleados y el proletariado. Los movía un interés de clase oprimida. El Ejército era otra víctima del sistema de gobierno imperante y ocupaba su puesto en el conjunto de clases y elementos sociales que anhelaban un cambio radical, una revolución. Eso era todo.

El origen inmediato del movimiento militar hay que buscarlo en la autonomía que disfrutaba la corona es su relación con el Ejército. La monarquía había escapado, acentuando cada día más su carácter militar, al control de la oligarquía. Con Alfonso III, la monarquía fue hasta el final un poder independiente, hijo de la clase directora y, sin embargo, divorciado de ella.

El rey obraba por su cuenta y riesgo. Esta gravísima irregularidad solo se comprende si no se olvida que la ascendencia oligárquica sobre las instituciones y las clases sociales solo era física. Donde la fuerza carecía de eficacia desaparecía el acatamiento, y aquellas instituciones que solo pueden ser sometidas por la autoridad moral quedaban entregadas a su propio albedrío.

La afición del soberano a los negocios castrenses y su designio de precaverse contra peligros indudables —pues la oligarquía era incapaz de defender nada que no fuera su propiedad—, le indujeron a perseverar en el halago al Ejército. El monarca creaba su propia fuerza militar, su partido armado, para cuando se viera en trance crítico, que él veía venir.

Don Alfonso no actuaba solamente como cabeza nominal de las fuerzas militares, sino que obraba en la práctica como ministro permanente de la Guerra y de Marina, para lo cual impuso siempre, según vimos, que a estos departamentos fueran personas de su absoluta confianza.

La guerra de Marruecos constituía ocasión sobrada para que el monarca hiciera sentir ampliamente al Ejército su poder personal, a menudo incluso en la dirección de las operaciones.

Por real orden de 15 de enero de 1914 se concedió autorización a los generales, jefes y oficiales para comunicar directamente con el rey, subrayándose en el precepto que el monarca interviene directa y constantemente en cuanto se relaciona con las tropas, así como en la concesión de mandos y ascensos.

En la mano de Alfonso XIII la prerrogativa de repartir ascensos y honores, se convertía en fuente de privilegios para los favoritos de palacio, miembros del partido militar; y donde se reflejaba más claramente el daño del sistema era en la Infantería. Porque las armas de matiz aristocrático, como la Artillería e Ingenieros, tenían de antiguo sus Juntas de defensa, que vigilaban los intereses del cuerpo. Gracias a la escala cerrada se ascendía por años de servicio y había menos lugar para la gloria bastarda.

En siendo militares, todos tenían asegurada la atención de la corona por principio. Pero el favorito de don Alfonso era un artillero, el Marqués de Viana, y también en el Ejército había clases. En conjunto, la oficialidad de la Infantería, de carrera menos costosa, integrada en mayor proporción por hijos de la clase media que por los de la oligarquía aristocrática y gran terrateniente, se dolía de su preterición. Durante mucho tiempo se le negó el derecho de constituir sus juntas de defensa, la dispensa de cruces y ascensos con motivo de las campañas marroquíes sembró inquietud en la Infantería, pues se premiaba sin embozo la ineptitud v la negligencia.

Los militares directores del movimiento de 1917 descargaron la responsabilidad, no sobre la corona, aunque se alzaban en realidad contra el partido militar de palacio, sino sobre la oligarquía; y no hubiera testimoniado ello mala orientación si el olvidar al responsable inmediato hubiera sido alta política y no adhesión a aquella monarquía.

Se formó en Barcelona -allí tenía que ser -la Junta de Defensa del Arma de Infantería, y el 1-VI-1917 los conjurados entregaban al capitán general un documento en que exponían sus angustias y sus aspiraciones. Entre otras cosas, declaraban:

No solo el Arma de Infantería, sino las Armas de Caballería y Artillería, están resueltas a que en el Ejército rija en lo sucesivo solamente la justicia y la equidad; afirman su determinación de que se reconozca su personalidad para su progreso y defensa de sus intereses, renovando su más sagrado juramento ante sus banderas y estandartes de que tales intereses no son los egoístas e individuales, sino los sagrados del bien de la patria, por los que están sujetos, resignados durante tantos años, a toda clase de sacrificios, incluso el de la dignidad, desde el final desastroso de las campañas coloniales...

Hombres políticos que han ejercido el supremo mando han confesado en varias ocasiones, ante las Cortes unos, otros ante el país, que nuestro sacrificio ha sido inútil, puesto que aquellas fuentes de riqueza o de vida nacional no se regeneraron. La administración no ha mejorado y el Ejército se encuentra en absoluto desorganizado, despreciado y desatendido en sus necesidades:

De orden moral, lo que produce la falta de interior satisfacción, que anula el entusiasmo.
En las de orden profesional o técnico, por la carencia de condiciones militares, que no tiene medios de adquirir por la falta de unidad de doctrina que le rija y de material con que realizar sus fines.
Por las de orden económico, en las cuales la oficialidad y tropa se hallan peor atendidas que las de cualquier otro país, y también en condiciones inferiores a las de las clases civiles, análogas, del propio.

La Junta fue detenida y encarcelada en Montjuich.

La oligarquía no tuvo, sin embargo, poder moral ni material para sofocar esta insurrección, y acabó libertando a los presos, reconociendo a las Juntas y aprobando su reglamento. Parecía que el Ejército invadía una vez más la política, al viejo estilo, pero quienes pararan atención en este suceso advertirían sus especiales características.

Nota harto expresiva era, efectivamente, la de que la rebelión estuviera encabezada por un coronel —y no por un general—, don Benito Márquez, hombre liberal, que meses después, cuando se creyó obligado a rehabilitarse y cuando las Juntas perdían lo mejor del espíritu democrático que las animó al nacer, apelaba a todos los que en horas de aflicción y de esperanzas soñaron en hacer una España mejor, a todos los funcionarios que para remediar su desamparo se han constituido en juntas de defensa, y a todos los españoles, pueblo y hombres públicos, que conserven vivo y despierto el amor a la patria y a la libertad, que es un solo y mismo amor.

También importa señalar que quien seis años más tarde acaudillaría el pronunciamiento clásico, el general Primo de Rivera. era enemigo de las Juntas de Defensa de la Infantería, su propio Cuerpo.

R.B.: RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, Historia de España, Compañía general de ediciones, 1950, México, Tomo II págs. 432-437.

La asamblea de parlamentarios

Secundó a continuación el Ejército con un acto público de rebeldía la clase media de Cataluña, dirigida por los capitalistas de la Lliga El 15 de junio anunciaron que se proponían concurrir en la agitación general, pero manteniendo su libertad de acción. Alegaban que las Cortes son de real orden. Son de familia y surgen bajo la sombra del poder real... El pueblo espera ver abierta una vía, por la cual vengan grandes reformas.

Los capitalistas no pensaban levantar barricadas, sino lograr la transformación por medio de un nuevo parlamento. Pero no podían dejar pasar la revuelta coyuntura sin afirmar su sentimiento revolucionario, siquiera las circunstancias les impusieran la moderación inherente a una clase conservadora; y una vez rotas las hostilidades vendría a ser el capitalismo catalán quien acaudillara el movimiento revolucionario de todas las clases enemigas de la oligarquía agraria.

Comenzó la acción subversiva con la reunión de todos los diputados y senadores de Cataluña, quienes exigieron en nota al gobierno una nueva organización del Estado, previniéndole que en caso de no ser atendida tan trascendental reclamación, convocarían a todos los senadores y diputados de España a una asamblea extraordinaria en Barcelona. El gobierno repudió las exigencias de los partidos de Cataluña —que nunca fueron más españoles— y calificó de sedicioso el acto con que se le conminaba.

El 19 de julio se congregaron en Barcelona sesenta y ocho representantes de la oposición bajo la presidencia de don Raimundo de Abadal, prohombre de la Lliga. Se insistió en recabar Cortes Constituyentes convocadas por un gobierno que encarne la voluntad soberano del país. Suscribieron la moción figuras que eran símbolo vivo de la coincidencia de todas las clases sociales oprimidas.

No se violenta ninguna verdad diciendo que Francisco Cambó llevaba la voz del capitalismo industrial; Melquiades Álvarez, Giner de los Ríos (don Hermenegildo), Lerroux, Rodés, Roig y Bergadá y Zulueta Gomis, la de la clase media de todos los oficios profesiones, carreras y negocios. Pablo Iglesias hablaba por el proletariado.

El valor histórico de la asamblea de parlamentarios estriba en que fue un frente nacional de clases con intereses económicos encontrados y hasta antípodas, pero forzadas a coincidir históricamente en la revolución contra el estado oligárquico.

La pequeña burguesía quiso ir más allá de la asamblea de parlamentarios y se comprometió más profundamente en la revolución aliándose con el proletariado para la acción subversiva callejera. El partido reformista había desplazado virtualmente al republicanismo histórico y, con el lerrouxismo demagógico, era la única organización existente del movimiento político de las clases neutras no incluidas en el gran capitalismo. Con ambas agrupaciones sellaron un pacto revolucionario el partido socialista y la Unión General de Trabajadores, por iniciativa de los socialistas.

Las Juntas de Defensa y la asamblea de parlamentarios fueron interpretadas por la opinión pública como movimientos afines, y lo eran en su última motivación. El pueblo sancionó con su simpatía la rebelión militar y ni siquiera tuvo inspiración para condenarlo el partido socialista en el manifiesto que lanzó sobre la crisis.

R.B.: RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, Historia de España, Compañía general de ediciones, 1950, México, Tomo II págs. 437-438.

La huelga de agosto

El partido socialista y la organización sindical inspirada por él no solo trenzaron el complot bilateral con los republicanos, sino que remataron otro con los anarcosindicalistas. En virtud de esta doble relación del partido socialista entraba en la trama el resto de las fuerzas de oposición.

Los directores del proletariado sobreestimaron la eficacia de la huelga general, que en las condiciones de España, nación sin proletariado industrial, y pobre aún, para lo que la historia exigía de él, el movimiento obrero, no podía ser el infalible instrumento de la victoria, como algunos pensaban.

El gobierno de la oligarquía estaba al tanto de lo que se le venía encima por el lado de los obreros. Sabía que aún quedaban bombas por estallar. No ignoraba que la revolución seguía su curso y no escatimaba, por tanto, medios para desencadenar la huelga general antes de que los preparativos estuvieran en sazón.

Los jefes anarcosindicalistas advertían que no podían contener a su gente, y el 19 de julio surgió la huelga general, prematuramente, en Valencia. Marchó a Barcelona Largo Caballero líder de la Unión General de Trabajadores, con intención de paralizar la acción precipitada del anarcosindicalismo.

El paro obrero, esporádico y desorganizado, llevó las aguas al molino del gobierno. Era lo que buscaba la oligarquía.

La insurrección del proletariado perdió efectividad por la impaciencia de los sorelianos. Pero rompió con carácter general, al fin, el 13 de agosto. No fue unánime la huelga ni dejaron de sorprender a los líderes defecciones notables, como la de los ferroviarios. Con todo, no puede decirse que el movimiento revolucionario le la clase obrera fracasara.

No fracasó ninguno de los actos que se realizaron contra el régimen. Todas las bombas que tenían que estallar estallaron. Más la revolución de 1917 pudo haber sido otra cosa si hubiera habido en los sectores revolucionarios una idea más clara de la crisis, más valor en la clase media y en los capitalistas y una figura nacional capaz de recoger aquel sentimiento patriótico y transformarlo en corriente dinámica con objetivo claro. La faena era desde luego prodigiosa, y solo podía llevarla a cabo un auténtico grande hombre. Las circunstancias, a todas luces favorables, no lo alumbraron.

¿Qué hubiera pasado si un Costa dueño de sí mismo físicamente hubiera estado dentro del uniforme del coronel Márquez? Faltó otra vez una cabeza universal. No hubo quien encarnara el espíritu colectivo. ¿Se volvería a presentar ocasión semejante? Los líderes del gran capitalismo se sentaban junto a los jefes del proletariado y la clase media.

Seguía la nación tratando de hacer su revolución burguesa. La burguesía, de la mano del proletariado, buscaba una patria que no tenia, quería ser la nación, llenar de realidad esta palabra, cada dia más falta de sentido en España.

Todos los manifiestos de las clases oprimidas por la oligarquía presentan en 1917 un mismo fondo patriótico. Por un momento, todas estas clases, incluso los catalanes, abandonan sus programas de partido, sus egoísmos particulares, para fundirlos en la aspiración común de salvarse salvando a España primero. El partido internacionalista por antonomasia hacía suya la voz del espíritu colectivo y por labios de Pablo Iglesias exponía su anhelo de remediar las desdichas de nuestra patria y enaltecer el nombre de España.

Pero aquel estado de la conciencia colectiva fue una exaltación, y pasó. Y levantaron cabeza los intereses de región, de clase y de clan. Se consumió la exaltación patriótica y se volvió a la vulgaridad, a lo pequeño, a los egoísmos sórdidos que arruinan todas las grandes causas en la derrota.

La revolución de 1917, como enseguida se comprobará, tuvo consecuencias trascendentales, pero no fue lo que pudo haber sido. Hemos visto lo que unía a militares, capitalistas, clase media y proletariado. La emoción patriótica de todos estos elementos estaba fundada en intereses comunes, tan legítimos, que no podían ser defendidos inteligentemente sin que se defendieran al propio tiempo valores nacionales, la propia existencia de España. Fijémonos ahora en algunos aspectos negativos de la política de las fuerzas de oposición a la oligarquía.

R.B.: RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, Historia de España, Compañía general de ediciones, 1950, México, Tomo II págs. 438-441.

Lo negativo

La de mayor autoridad en aquel momento era la burguesía catalana. El destino histórico se empeñaba tercamente en señalar a estos capitalistas como vanguardia de la nueva revolución española. En el siglo XX no era Cádiz, rodeado por los latifundios y descaecido económicamente, el centro de donde había de partir el impulso renovador, sino Barcelona. Esta burguesía sin Estado, sin mano en el gobierno de España, pero con poder económico cada día más considerable, tenía que hacer acto de presencia en la revolución y se presentó en primera fila.

El fenómeno podía causar sorpresa, por otra parte, por cuanto el capitalismo español, encerrado en las regiones vasca y catalana, venía tomando, de los dos que se le ofrecían, el camino de la catástrofe, para él y para la nación. Esos dos caminos eran: el de la participación constante y decidida en la política nacional y del repliegue a la región, a una política separatista de campanario. El separatismo era un gran error, y no delataba desusado talento político en el capitalismo catalán ni lo definía como llamado a extraordinarias empresas políticas.

Las clases medias de Cataluña creían más practicable separarse de España que realizar la revolución nacional en unión con los demás españoles que, como ellas, carecían de Estado. Buscaban la paz y la prosperidad por la senda más breve y al parecer la menos espinosa. Como toda política basada en principios contradictorios, la de los capitalistas catalanes estaba sujeta a continua oscilación. Cambó condenaba el separatismo, pero la dinámica del movimiento político puesto en pie por la Lliga arrastraba a Cataluña a la secesión, o a la tragicomedia, si los nacionalistas no se atrevían a llevar las cosas a su final lógico.

El problema catalán, que era parte de un gran problema nacional español, no se resolvería en tanto fuera considerado como un conflicto entre Cataluña y Castilla o entre Cataluña y España, como bárbaramente se decía ya. Sólo cuando la clase media catalana comprendiera que la colisión no se producía con Castilla, sino con una oligarquía primitiva —con la cual se hallaba en guerra la mayor parte del pueblo español— comenzaría a tratar el asunto inteligentemente.

Harto se echa de ver que la confusa política regionalista restaba a la revolución nacional energías de primera clase. El problema español se convertía, de modo trágicamente perturbador, en el problema catalán, y no solo para los catalanes. El problema catalán, como el clerical, iba a monopolizar una atención necesaria para hacer frente al verdadero drama español, del cual se derivaban esos dos y muchos otros.

Para los separatistas, el enemigo no era la oligarquía, sino Españ. Ello daba lugar a violentas manifestaciones antiespañolas, La política separatista, cualquiera que fuera su nombre oficial, formulada en agresiones incesantes contra una entelequia, contra una España corpórea y homogénea que solo existía en la ofuscada imaginación de los particularistas —nueva versión de la lucha de Don Quijote contra el Briareo molinil— repercutía en daño incalculable de la revolución nacional y, en consecuencia de Cataluña.

Por lo pronto, se sustraían a la tarea de transformar a España fuerzas valiosísimas acaparadas por los nacionalismos regionales. De añadidura se sembraba la discordia entre la clase media española, cuyas energías, todas juntas, hubieran sido pocas para desalojar para siempre del poder a los oligarcas y forjar una nueva España.

El Ejército de guarnición en las regiones descontentas tocaba de cerca la virulencia del movimiento antiespañol y estaba en guerra con los autonomistas y los separatistas. De uno de esos choques nació la ley de Jurisdicciones, cuyas funestas consecuencias pagaron todos los españoles. Y buena porción de la clase media civil, herida por los ataques a la unidad nacional y los insultos a la bandera española, seguía al demagogo Lerroux y distraía también su fuerza en una lucha francamente intestina, pues no tan absorto el proletariado en esta suerte de conflicto eran las clases medias las que se despedazaban entre sí.

El separatismo venía, pues, a escindir a la burguesía española con fatales resultados para la lucha contra el enemigo común, dado que en las regiones donde se abría paso existía una subguerra civil, una guerra civil dentro de la gran guerra civil nacional. Esto pudo verse con transparencia meridiana en 1917.

Las Juntas de Defensa, dirigidas precisamente por la guarnición de Cataluña, no recataban su desacuerdo con las reivindicaciones catalanistas. El Ejército negó su adhesión a la asamblea de parlamentarios, a pesar de que en un orden general pedía lo mismo que los parlamentarios. Los militares, sublevados contra la oligarquía, no aceptaban, sin embargo, el separatismo. La clase media de uniforme se mantenía a distancia de la clase media civil, temerosa de que del triunfo de la revolución saliera quebrantada la unidad nacional.

Si los capitalistas catalanes hubieran luchado por libertar a España, que era el camino más corto para libertar a Cataluña, si en vez de ser la suya una política defensiva hubiera sido una política ofensiva, se habría dado un gran paso hacia la revolución una vez fraguada la unanimidad de la clase media española.

El separatismo actuaba por consiguiente, de factor negativo en la revolución, en ese momento y en todos, antes y después de 1917.

Más ausente todavía del gran problema español se hallaba el nacionalismo vasco. Movimiento de mayor complejidad que el catalán, el separatismo vasco daba ciento y raya a aquél en violenta resolución.

La clase media de uniforme fue más lejos de lo que cabía sospechar en la exigencia de reformas políticas, El espíritu de cuerpo estuvo en lucha con el desinterés y el patriotismo, y despojó en buena parte de grandeza al movimiento militar. El Ejército era monárquico y se comprendía que lo fuera, no solo por atavismo, o por afición a una forma de gobierno jerárquica de suyo, sino por el carácter especial de aquella monarquía, para la cual las armas estaban por encima de todo.

Pero la Infantería, que se había alzado en primer lugar contra la oligarquía, no olvidó la responsabilidad que alcanzaba a la corona y al partido militar. Contra las omnímodas facultades de don Alfonso en lo militar venían también los rebeldes, y el 2 de julio obligaron al gobierno a dictar un decreto que prohibía que los jefes y oficiales del cuarto militar del rey pudieran permanecer en su puesto más de cuatro años. Hasta el régimen interior de palacio llegaban los efectos del triunfo de las Juntas de Defensa.

La protesta callejera tuvo enfrente al Ejército. El gobierno pudo confiarle la represión de la huelga general sin temor a que las masas y los soldados fraternizaran. Las Juntas militares comprendieron la inconsecuencia de su conducta, pues por un lado animaban al pueblo contra la oligarquía y por otro seguían siendo el brazo armado del régimen. Se había derramado mucha sangre, más en choques aislados con la fuerza pública que en grandes combates, y los militares no tenían la conciencia limpia.

Trataron de rehabilitarse ante el país culpando una vez más al gobierno y echando sobre él la responsabilidad de la sangre vertida. La verdad era que los militares querían derribar a la oligarquía sin herir a la corona. La mayor parte de los insurgentes civiles actuaban, en cambio, directamente contra el trono. A estos lo que les importaba era derribar al rey, tras el cual caerían los restos del régimen. No hubiera tenido consecuencias distintas lo contrario, la eliminación de la oligarquía, que era, en fin de cuentas, el sostén de la corona. Como luego se comprobó, el reinado de Alfonso XIII no podría prolongarse mucho tiempo así que se hundiera el régimen político: el turno, el parlamento amañado, etc.

Naturalmente, la rebelión militar victoriosa fue lo que dio al traste con la oligarquía. La clase media de uniforme estaba armada y eso hacía su alegato más efectivo que el de las clases medias civiles. El movimiento de los cuarteles difícilmente podía ser interpretado esta vez como un pronunciamiento, y las incidencias que lo acompañaron se bastaban para describirlo como un acto de muy distinta índole.

Melquíades Álvarez, al conocer la protesta conminatoria de las Juntas la calificó de sedición vencedora, fruto natural de una política oligárquica que lo ha corrompido todo. Esto fue en los primeros días. Es posible que no apreciara al pronto que la revolución de la clase media, capitaneada por él, recibía un aliado que iba a decidir la caída de la oligarquía. Meses después el mismo Melquíades Álvarez sostenía en la reunión de los parlamentarios en el Ateneo de Madrid que los intereses de las Juntas eran, asimismo, los de la Asamblea; y estaba realmente en lo cierto.

R.B.: RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, Historia de España, Compañía general de ediciones, 1950, México, Tomo II págs. 441-445.

El fin del turno

La prueba veraz de que el Ejército no se movía esencialmente por intereses de cuerpo, estaba en el carácter de sus reivindicaciones políticas. Las Juntas aspiraban a verse reconocidas legalmente, y lo fueron en seguida. El gobierno de la oligarquía, presidido por Dato, aprobó su reglamento, con lo que quedaron legalizadas.

Por tanto, en marcha el instrumento que había de producir las mejoras que exigían los militares, y acatada la sedición por poder público, los rebeldes habían triunfado y estaba en lo natural que hubieran expresado su gratitud al gobierno y que se hubieran retirado, satisfechos, a la vida de cuartel, no ya al margen de los negocios públicos, sino, quizás, interesados en defender a la amable oligarquía contra las agresiones, que continuaban, del resto de la clase media y el proletariado.

Mas no fue así. Las Juntas no se conformaban con los derechos menudos, de casta, que acababan de conquistar. Insistían en poner remate a la revolución, y para ello tenían que destruir el sistema de gobierno de la oligarquía.

El sentido patriótico y generoso del movimiento militar anidaba, justamente, en la obsesión de renovar la vida política sin intervención directa del Ejército en la gobernación del país. Esto es lo que lo apartaba fundamentalmente del clásico pronunciamiento. Después de sofocado el movimiento huelguístico de agosto por los militares, que de esa manera actuaron contra su propio interés, era cuestión de honor para ellos no dejar en pie el perverso régimen de la oligarquía absoluta.

El 20 de octubre las Juntas dirigieron un mensaje al rey en el que le daban un plazo de setenta y dos horas para que el poder fuera confiado a políticos capaces de convocar sinceramente al cuerpo electoral, comprometiéndose el Ejército una vez más a disolver las Cortes si faltaban al juramento de fidelidad a la monarquía. No produjo efecto inmediato esta conminación, y cinco días más tarde se dio a la publicidad un ultimátum que la corona no pudo ya ignorar.

Al día siguiente caía el gobierno Dato, último ministerio del turno iniciado en la política española cuarenta años antes.

Acababa de derrumbarse todo el andamiaje de la Restauración, porque la pacífica rotación en el poder de los dos grandes partidos era la clave de bóveda del sistema fundado por Cánovas y Sagasta. La monarquía tenía pues, los días contados, siquiera los militares vieron tal vez, en la muerte civil de la oligarquía la salvación de la corona cercada, y a pesar de que el Ejército no regateara esfuerzo alguno en años subsiguientes paro salvar al trono.

El celo de los militares por divorciar a la corona de la oligarquía se acusó en las gestiones que realizó en julio cerca de Alfonso XIII el coronel Márquez.

Adelantaos a hacer la revolución —le aconsejaba—, y habréis conquistado al pueblo, y os aplaudirá el Ejército; no olvidéis, señor, que si un rey se opone a las oligarquías, apoyado en su Ejército y su pueblo, ese rey afirma su corona, pues no ha pasado aún la hora de las monarquías.

Márquez proponía al rey un gobierno de amplísima concentración, que convocara Cortes Constituyentes, pero el monarca rehusó el asesoramiento.

Por aquellos días, precisamente, los capitalistas catalanes reunían en Barcelona a toda la oposición civil de la oligarquía. La coincidencia de propósito entre las Juntas militares y los congregados en la ciudad condal era en el fondo completa, y el gabinete que el Ejército aconsejaba al monarca atestiguaba la solidaridad de la clase media de uniforme con las clases medias civiles. Helo aquí.

Presidente, el que designe S. M.; Gobernación, general Marvá; Guerra, general Borbón; Estado, Santiago Alba y Bonifaz; Fomento, Francisco Cambó; Hacienda, Urzáiz; Gracia y Justicia, Melquíades Álvarez; Instrucción Pública, Ramón y Cajal; Trabajo, Torres Quevedo.

El carácter antioligárquico de ese gobierno no dejaba lugar a dudas. El general Marvá sentía debilidad por las cuestiones sociales, y su liberalismo era notorio. El general Borbón figuraría como garantía de la lealtad del gabinete a don Alfonso. Santiago Alba sería bien visto por las clases mercantiles. Cambó y Urzáiz darían satisfacción a los capitalistas. Melquíades Álvarez, a las clases mercantiles, profesionales e intelectuales. El sabio histólogo Ramón y Cajal y el ilustre ingeniero y matemático Torres Quevedo imprimirían al ministerio un sello de altura intelectual y de respetabilidad.

Como dijimos, no atendió el soberano las sugestiones del coronel Márquez, se negó, incluso, a recibir al emisario, capellán Planas, y demoró la crisis unas semanas más. Tenía conciencia don Alfonso de que la caída de la oligarquía le dejaría en el vacío, sin fuerza social en qué apoyar el trono. Le alarmaban Cortes Constituyentes, que habrían de decidir sobre la forma de gobierno, es decir, que pondrían en litigio el principio monárquico, El rey no quería oír hablar de ello. Eso hubiera sido la revolución, al menos por lo que atañe a la oligarquía, pero la revolución no podía expulsar del poder a la oligarquía sin tirar consiguientemente de todo el andamiaje de Estado.

No gustaba Alfonso XIII de experimentos, por lo mismo que siempre que se aflojaron los resortes del caciquismo desde el ministerio de Gobernación triunfaron los republicanos en las grandes ciudades. Veía, pues, el monarca su derrota segura en cualquier elección sincera. Y el riesgo de que la República surgiera de unas elecciones había fundido ya el interés de la corona y el de la oligarquía en el mantenimiento de régimen político tradicional. Sin duda pensaba don Alonso que abierta la primera brecha en la fortaleza, la guarnición estaría perdida, y él era, después de todo, el más discutido de los que estaban dentro.

Pero el ultimátum que le dirigieron las Juntas el 25 de octubre no daba margen a más vacilaciones o aplazamientos. Los militares amenazaban con gobernar sino se constituía un gobierno renovador; y el rey retrocedió en esta ocasión ante el espectro de la dictadura militar. Las Juntas le infundían temor. No eran el partido militar, sino sus antagonistas.

El 3-XII-1917 García Prieto formó el primer gobierno de concentración. La burguesía catalana entró en este gabinete, representada por Juan Ventosa, de la Lliga, y por Felipe Rodés, del partido nacionalista catalán, organización republicana.

Desde los días de Amadeo y la República la clase media no había tenido voz en los consejos de ministros, la burguesía propiamente dicha había estado excluido de la dirección del Estado. ¿Qué podía haber histórica y políticamente de común entre los nuevos consejeros catalanes —Hacienda e Instrucción Pública, la despensa y la escuela, de Costa— y el resto del gabinete.

La victoria de la clase media distaba mucho de ser completa. En el nuevo gobierno predominaba abrumadoramente la oligarquía. Pero la presencia de Ventosa y Rodés era garantía de que la oligarquía estaba vencida al menos políticamente. Lo podrido había comenzado deshacerse, y se caía a pedazos. Ese gobierno de concentración ya no era el gobierno tradicional, uniforme en sus hombres y en su estilo, de la oligarquía territorial En Gobernación habían puesto al vizconde de Matamala, magistrado del Tribunal Supremo, personaje ajeno hasta entonces a la política, ministro por primera vez.

Pero la oligarquía no desesperaba de poder salvarse políticamente y movilizó su poder económico invirtiendo en las nuevas elecciones treinta y seis millones de pesetas. Con todo, ni el partido liberal ni el conservador alcanzaron juntos la mayoría parlamentaria clásica. La clase media, en cambio, multiplicó el número de sus diputados. La Lliga contaba ahora con veintitrés.

El gobierno García Prieto tuvo vida corta. Se llamó de renovación y lo fue. La palabra era más que un rótulo. Interrumpido el turno, pulverizados los partidos oligárquicos, la renovación era un hecho.

R.B.: RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, Historia de España, Compañía general de ediciones, 1950, México, Tomo II págs. 445-449.

El gobierno nacional de Maura

Del ministerio de concentración se pasó al gobierno nacional de Maura el 21-III-1918. La crisis había sido dramática. Nadie podía formar un gobierno a satisfacción del Ejército y del país, que continuaban en rebeldía. El edificio político de la Restauración se venía abajo por horas. No ya el fin del turno, cosa pasada, sino el fin del Estado y de la monarquía se anunciaban en las idas y venidas del rey y de los políticos, en la agitación de los cuarteles y en el rumor de la calle.

Al cabo hubo gobierno nacional. Para que alguien se encargara de presidirlo, y para que los capitalistas y la clase media prestaran su colaboración, el rey tuvo que amenazar con abandonar España. De su puño y letra, en una noche interminable, confeccionó don Alfonso la lista de los consejeros. Formado el nuevo ministerio, el monarca y la infanta Isabel se abrazaron llorando de alegría.

Francisco Cambó se encargaba de la cartera de Fomento. Santiago Alba político de extrema izquierda, según Maura, entraba en Instrucción Pública.

Alba había comenzado su carrera política en la Unión Nacional de Costa y había seguido siendo el paladín más o menos oficioso de las clases mercantiles, entre las cuales tenía sus intereses. No era hombre simpático y pasaba por político avieso.

A poco tuvieron los capitalistas otro ministro más en el mismo gobierno —Ventosa, lugarteniente de Cambó en los negocios y en la vida pública—, por elevacion con de la comisaría de Abastecimientos a ministerio.

Como cabía aguardar, los nuevos consejeros llegaban en incontenibles deseos de acometer reformas y, por el lado de los de la Lliga, no solo para Cataluña, sino para toda España. Se dio Cambó con entusiasmo al estudio de los grandes problemas económicos nacionales con ánimo de ponerles remedio. Trazó un ambicioso plan de obras públicas, visitó las zonas mineras, propuso la nacionalización de servicios públicos. Acertado o no el detalle de los proyectos, era evidente que había entrado en el gobierno de España una fuerza nueva, progresiva y despierta.

La plana mayor de la Lliga, como imbuida de nuevo espíritu, recorrió las demás regiones españolas con el designio de crear un movimiento político hermano. Cambó, Ventosa, Abadal y otros primates del catalanismo visitaron Andalucía, Galicia, el Levante y hablaron a las multitudes. Querían otra España. Pero solo la clase media industrial —que no existía realmente en las regiones visitadas— podía entender a Cambó, y el llamamiento de la Lliga no despertó el eco deseado. Había que empezar, no con discursos, sino con reformas revolucionarias.

El otro ministro nuevo, Santiago Alba, no fue menos diligente en apuntar reformas en Instrucción Pública, entre otras la concesión de autonomía a las universidades, la reorganización de las Escuelas Normales y Centro de Enseñanza Técnica, la creación de veinte mil escuelas elementales, la mejora de los sueldos de los maestros, etc.

Pero el gobierno nacional cesó el 6-XI-1918.

Comenzó a desintegrarse por la incompatibilidad personal y política de los dos ministros que representaban respectivamente al capitalismo industrial y a las clases mercantiles. Y es que Alba, aun descontando lo que pudiera haber en su actitud de susceptibilidad personal, había llevado, indudablemente, la voz de las clases mercantiles de España contra la Lliga cuando intentó levantar en Cataluña, en competencia con Alejandro Lerroux, un frente contra el separatismo.

El conflicto de intereses entre los comerciales y los industriales se puso de manifiesto reiteradamente al declinar el siglo, por ser las elevadas tarifas arancelarias con que la oligarquía trataba de apaciguar a los capitalistas catalanes, perjudiciales para el comercio. No es que en principio fueran incompatibles entre sí la industria y el comercio, sino que la excesiva protección que disfrutaban las industrias del Norte hería la economía a la mercantil punto menos que prohibiendo lo entrada de productos manufacturados extranjeros a precios que fueran comerciales en España.

Por otra parte, la circunstancia de que una industria tan protegida a expensas del comercio y de la economía nacional, sustentara un movimiento particularista y antiespañol irritaba a la clase media mercantil no catalana.

El resentimiento de los comerciantes estaba vivo, bien que soterrado, y afloraría, como otros resentimientos, así que pasara el estado de emoción colectiva, que nadie supo convertir en palanca de la revolución nacional. El grave roce personal entre Alba y Cambó, que se tradujo en la salida del primero del gobierno nacional, anunciaba el término de la colaboración de las clases medias en la lucha contra la oligarquía

Disuelto días más tarde el ministerio, los capitalistas catalanes volvieron a replegarse a su región. El separatismo cobró nuevo empuje, como era de esperar, porque también se estaba precipitando velozmente la dispersión moral de la nación en aquella crisis de las instituciones. Ahora insistían más imperativamente los catalanes en lograr la autonomía. ¿Había otras razones, aparte las mencionadas, que justificaran el cambio de frente de los capitalistas catalanes?.

Alba había entrado en el gobierno de restos oligárquicos que se formó a continuación del nacional, y la Lliga vio un reto en ese acontecimiento. Una amenaza tan rotunda como la que pudiera provenir de cualquier gobierno homogéneamente agrario, si no más grave. Porque Alba regia ahora la Hacienda y tenía la llave del arancel. Con Alba aparecía en el gobierno su amigo Roig y Bergadá, abogado catalán, adversario de la Lliga y exponente de la misma política.

Para los capitalistas catalanes esto era una declaración de guerra de los comerciantes, quienes, paralelamente a la acción de sus delgados oficiosos en el gobierno —Alba preparaba la reforma del régimen de tributación— desaprobaban ruidosamente en la calle la política catalanista.

Y si la Lliga consideraba a la clase media mercantil como enemigo de cuidado —lo cual la llevaría a claudicar de nuevo ante la oligarquía agraria—, los comerciantes, a su vez, propendían ahora a considerar a los industriales catalanes émulos más peligrosos para su clase que los terratenientes. Frustrada la revolución nacional se había caído en la más estúpida vulgaridad. El Círculo de la Unión Mercantil de Madrid anunciaba la organización de una Liga Nacional que tendría por lema. A libertad política, libertad de arancel e igualdad en la tributación.

Reaccionó asimismo en sentido similar la Cámara Oficial de la Industria de Madrid. que pidió, para el caso de que se concediera la autonomía a Cataluña, la fijación de una frontera fiscal como defensa compensadora, para las demás provincias, de los privilegios otorgados a Cataluña en los últimos treinta años.

El gobierno nacional representó una verdadera subversión porque quebró la norma oligárquica del turno. No podía, sin embargo, aspirar a más. Era demasiado heterogéneo para que estuviera en su mano transformar a la nación, y a faltar una cabeza reformadora acatada por todos, la frágil coalición de grandes terratenientes, industriales, comerciantes, autonomistas, unitarios, etc., había de disolverse.

Esta pugna de intereses que unas veces unía a la Lliga con la oligarquía contra los comerciantes y otras a los comerciantes con la oligarquía contra los industriales catalanes, adquiría ahora dimensiones excepcionales, como todos los demás conflictos, por virtud de la anárquica situación en que se encontraba el país. Descompuesto el régimen político, hundido el Estado, la guerra civil tomaba el cariz de una guerra de todos contra todos.

Así quedaron las cosas al desaparecer el gobierno nacional de Maura. Lo que advino después fue un verdadero diluvio social.

R.B.: RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, Historia de España, Compañía general de ediciones, 1950, México, Tomo II págs. 449-453.

La anarquía

Tratan de gobernar los viejos políticos en un afán estéril de recomponer los elencos del trono. No existe ya equilibrio legal, ni cierto ni fingido. La oligarquía continúa atomizándose políticamente. Para sostenerse en el poder cada día necesita más de la fuerza bruta Es ahora cuando realmente comienza el caos.

Se esfuman las últimas apariencias legales, y el Estado impotente, delega en el hampa, armada por él, las funciones del juez y del verdugo. La oligarquía tiene una agonía que espanta. Bajo el mando terrorista del general Martínez Anido en Barcelona se eclipsa totalmente la ley y se reprime la delincuencia con la delincuencia, el crimen político con el crimen político. Las tinieblas cierran sobre Barcelona y lo envuelven todo.

Desde 1918 a 1923 España vive en un estado frenético de violencia social. Pasan doce gobiernos y tres parlamentos. Es una anarquía que no conduce a ninguna parte, más terrible que la de las revoluciones, porque parece haber muerto en la sociedad española el instinto de conservación, progenitor de aquéllas. La pistola del asesino manda en la calle, y España, como en los peores momentos de su historia, justifica plenamente la línea del clásico inglés.

A Land where law secures not life. (Una tierra donde la ley no asegura la vida).

Estos gobiernos de liquidación ya no cuentan con los votos parlamentarios imprescindibles para sostenerse. No duraremos más que ocho o diez días, porque solo contamos con cuarenta votos", declara el conde de Romanones al constituir uno de tantos gabinetes.

Lerdo será quien no barrunte el hundimiento vertical de las instituciones que todavía no han caído. Del aparato político de la Restauración solo queda en pie monarquía. Su situación es sobremanera dramática, falta como está de punto de apoyo. Don Alfonso tiene conciencia del peligro que corre la corona, y medita su salvación. Piensa en un régimen de fuerza organizada que barra a la oligarquía y a los republicanos, sus dos enemigos, el primero por corrompido e inepto, el segundo por principios.

El 23-V-1921 pronuncia el rey un discurso en Córdoba en detrimento del sistema parlamentario. Pide al pueblo que apoye a su rey para que se gobierne. La última esperanza del trono es el Ejército, pero no el Ejército de la Juntas de Defensa, entretenidas ahora, sin altura, en la politiquilla del cuerpo y a punto de ser disueltas, sino el Ejército conservador, el del partido militar de palacio, el de los generales que tienen ideas sobre cómo debe gobernarse a España y odian a los políticos.

R.B.: RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, Historia de España, Compañía general de ediciones, 1950, México, Tomo II págs. 453-454.

La catástrofe de Annual

Una nueva catástrofe militar en Marruecos acelera la crisis de la monarquía. La acción impremeditada de general Fernández Silvestre, autorizada por la negligencia del alto comisario y por la entusiasta intromisión personal de don Alfonso, anula todo el avance militar español de doce años, y la morisma llega a las puertas de Melilla. Los detalles del desastre horripilan. En la nación se alza un clamor de duelo y de protesta y al condensarse en el ánimo público la certidumbre de la responsabilidad personal del rey, la precaria existencia de la monarquía entra en su ocaso.

Enero de 1922. Guerra del Rif. Meses después de la batalla de Annual (julio-agosto de 1921) los restos continúan dispersos.
Enero de 1922. Guerra del Rif. Meses después de la batalla de Annual (julio-agosto de 1921) los restos continúan dispersos.

El derrumbamiento del ejército español de África apresuró hechos históricos que estaban en la naturaleza de la crisis nacional. El caos peninsular se sobraba para derribar a la monarquía, y la dictadura militar —agonizante la revolución en la calle— era el desenlace inmediato que imponían, de un lado, el poder que todavía gozaba la corona, y de otro lo que quedara aún de instinto de conservación colectivo, más acusado, naturalmente, en las clases y cuerpos que más tenían que perder si se llegara, como parecía, a la antropofagia social.

Los capitalistas catalanes, asediados en las calles de Barcelona por una revolución demagógico que de arma política esgrimida por el separatismo se había trocado en una riada social, buscaban amparo en el Ejército y en la corona, y Cambó entraba en el gobierno que formó Maura a raíz de la catástrofe de Annual. La Lliga, que tanto había luchado por la libertad, y que tantas veces pidió la derogación de la ley de Jurisdicciones, retiraba semanas más tarde del gobierno Sánchez Guerra a su representante, Bertrán y Musitu, por considerar prematuro el restablecimiento de las garantías constitucionales.

De esta época data el cambio de frente de la alta burguesía catalana. De ahora en adelante constituirá una fuerza reaccionaria en la política española. Implorará la protección de los agrarios, será su humilde aliado, olvidará, dando preferencia a sus intereses de clase, las libertades de Cataluña, que ella fue la primera en exaltar. Se repetía la leyenda mitológica de Saturno: el catalanismo, agente de anarquía, devoraba a sus propios hijos. Cuarenta años de lucha por la independencia más o menos total de Cataluña culminaban en la sumisión de la Lliga al enemigo histórico: el Estado agrario primitivo y su monarquía

Prueba también de que la escasa densidad del idealismo del movimiento cedía ante el peso mayor de los intereses materiales, que si se defendían contra la oligarquía territorial con la bandera de la autonomía, la arriaban luego que el peligro más próximo no era el del centralismo, sino el del proletariado en guerra con la propiedad y con las personas.

Otro dato de valor hay que consignar, y es que las clases medias fluctuantes se despiden ahora también por mucho tiempo de la revolución. No ofrece duda que quienes más propiamente hablaban en la política por las clases mercantiles eran Santiago Alba y Melquíades Álvarez. El reformismo se había tornado monárquico, como el menos transparente liberalismo radical de Alba. Y ello en razón del riesgo que corrían los fundamentos de la vida social.

Justamente en el último gobierno del régimen figuran Alba y Pedregal, primate el último del partido reformista. Las clases neutras eran clases de orden, y, como los capitalistas catalanes, tendían ahora a confundirse con la oligarquía en un ademán de salvar las últimas posibilidades de la convivencia. La monarquía, en aquel apurado trance, recibía, pues, insospechados y estimables refuerzos sociales, que unidos al representado por el Ejército prolongarían artificialmente su vida por unos años.

La Lliga, en discordia con las clases mercantiles no catalanas, y aun con las catalanas, no aparece representada en ninguno de estos últimos gobiernos de liquidación cuando en ellos están Alba o los reformistas. Y al contrario, cuando figuran hombres de la Lliga se advierte la ausencia de los reformistas y de Alba. Interesa subrayar este hecho porque solo así se comprenderán alusiones que enseguida van a venir y que sin esta advertencia parecerían extrañas e incomprensibles.

La campaña de republicanos y socialistas pro exigencia de responsabilidades por lo ocurrido en África remachaba la estrecha compenetración entre la corona y el Ejército. No cabía juzgar a los responsables inmediatos del desastre sin juzgar al propio tiempo al rey y el gobierno que se formó el 7-XII-1922, último del régimen de la Restauración, se había comprometido ante el país a sancionar las culpas que se desprendían claramente del expediente instruido al efecto por el general Picasso.

No había tiempo que perder, para la corona y el Ejército, si se quería detener un movimiento de opinión que, no obstaculizado por la impotente oligarquía, derribaría a la corona. Tanto más cuanto que el gobierno García Prieto, que no en vano contenía representaciones de las clases medias, no solo anunciaba que se exigirían responsabilidades, sino que traía su plan tardío de reformas, en primer término la de la Constitución. Podía verse la mano de Alba en otra reforma prometida: la del régimen de la propiedad inmueble, persistente amenaza para los intereses de la Lliga y que tenía que predisponer a los capitalistas catalanes en favor de la dictadura militar, si ya no lo estuvieran en vista de la acción subversiva de los obreros.

Don Alfonso pensó en acaudillar en persona el pronunciamiento y en gobernar presidiendo un equipo de generales. Maura le disuadió, pues veía en ello el rápido desgaste final de la institución. Pero no tuvo energía para descartar la dictadura militar del ánimo del monarca. En su fuero interno tampoco el viejo político veía otra solución.

Don Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, capitán general de Cataluña, se sublevó el 13 -IX-1923 de conformidad con la corona y apoyado por el Ejército y por los capitalistas catalanes, que participaron decisivamente en el complot y prometieron a Primo de Rivera, por quien sentían debilidad las clases patronales, el respaldo más incondicional y decidido. Llevó la voz de la apostasía catalanista cerca del general, Puig y Cadafalch, presidente de la Mancomunidad, quien en febrero de 1922 aun decía: Las palabra de paz que hoy pronunciamos son las últimas que dirigimos al Estado español.

La naciente dictadura no encontró oposición en el país. Sólo el partido socialista salió al paso del atentado con un manifiesto. Lo que España repudia decía es lo que, a lo visto, quieren imponer los generales sediciosos. El pueblo, pues, no debe secundarlos.

La burguesía y las clases medias acataron el régimen militar, entusiastas o complacidas o resignadas, que de todo hubo. El proletariado, en realidad, no pudo distinguir lo mejor de lo peor entre lo que se hundía y lo que se levantaba. La nación, desgarrada por la lucha de todos contra todos, se inclinó a trocar, de buen grado, la paz que se anunciaba para España por la impunidad que se presumía en el asunto de Marruecos.

La dictadura militar contó, pues, al nacer con el formidable aliado de la fatiga nacional. No era una contrarrevolución, aunque salvara a la monarquía por cierto tiempo, porque nada positivo agitaba la calle, donde podía contemplarse con alarma la mueca sangrienta de una revolución espasmódica y sin rumbo. Por todo eso el general Primo de Rivera no tuvo que desenvainar la espada de Sila.

El demagogo Lerroux, que aprobó el discurso del rey en Córdoba, saludaba benévolo y agradecido al régimen militar, como todos los que ansiaban el reposo. Otros republicanos veían en el pronunciamiento que salvaba a la monarquía ocasión de alivio para su temor inconsciente de que, en vida de ellos, volviera la República a España.

Y no andaba descaminado el país en general aceptando la consumación del golpe de Estado, porque en última instancia venía a despachar a la oligarquía. Para los doctos en temas de política e historia pudo ser siempre cuestión especulativa que caería primero el trono o la oligarquía. Tuvo más defensas la corona y sobrevivió a su pedestal cambiando de postura. Pero la nueva plataforma era insustituible. Una vez que se resquebrajara, don Alfonso se quedaría sin pueblo, sin clase directora, sin Ejército y sin amigos.

Por lo pronto cayó la decrépita oligarquía. Y cayó sin gloria alguna, antes con vilipendio, como era de esperar. Alguien tenía que barrerla. La revolución de 1909 la zarandeó y empezó a desorganizarla. La revolución de 1917, llevada a término final por la clase media de uniforme, fue ya un golpe más grave para ella, pero no pudo desalojarla del poder y condenarla al ostracismo. La oligarquía seguía siendo entonces, no solo económicamente, sino políticamente más fuerte que la clase media y el proletariado juntos.

De no ser la revolución quien la eliminara directamente, tenía que hacerlo, o la Iglesia, con la teocracia, o el Ejército, con la dictadura militar. Lo primero estaba fuera de cuenta. El divorcio de la corona, poder inconcebiblemente autónomo, de la oligarquía, confabuló, pues, al rey con los militares, y ambos aniquilaron la farsa institucional de la Restauración.

La dictadura del rey y los generales marcó, desde este punto de vista, una etapa obligada de la revolución española en nuestro tiempo. La disolución de las instituciones fundadas por la oligarquía territorial en 1874, se consumaba ahora por los mismos que se proponían defender a la monarquía. Se cambiaba el régimen por no cambiarlo. Se aplastaba a la oligarquía, que era lo esencial, para que se salvara la corona, lo subalterno.

La democracia hubiera querido lo contrario, porque el pueblo concentra su repulsa o su amor en los símbolos, y colocaba en primer plano de su repudio al trono. Pero el orden de los acontecimientos no influía decisivamente en la mutación. La oligarquía cavó la fosa de todo el régimen y el rey y el Ejército decidieron que se enterrara al régimen por partes, a la monarquía la última.

Por si alguna duda quedara de que había que inhumarla, la oligarquía habló por boca de García Prieto, y dijo: Ya tengo un santo más a quien encomendarme: a San Miguel Primo de Rivera, porque me ha quitado de encima la pesadilla del gobierno. Aquella clase gobernante tuvo al fin un instante de lucidez y se fue a la tumba.

R.B.: RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, Historia de España, Compañía general de ediciones, 1950, México, Tomo II págs. 454-459.