Rebelión de la Clase Media

La Orientación Económica
La Ley Figuerola
La Reforma Arancelaria de 1892
La Protección a la Industria

La Orientación Económica

Parece ley histórica incoercible que las naciones orienten su economía en los rumbos más favorables a los intereses de la clase que gobierna. Por eso el triunfo político de la burguesía europea, sobre consolidar los avances realizados por la industria y el comercio dentro de la economía nacional, representó inmediatamente la desapoderada expansión de las actividades mercantiles e industriales, con el inseparable fenómeno del aumento de la población a un ritmo hasta entonces desconocido.

La agricultura pasó a segundo plano. Inglaterra abandonó casi por completo su agricultura después de la revolución del s. XVII, en la que, como es sabido, triunfaron las ciudades más pobladas y de mayor fuerza mercantil sobre las de menos muchedumbre, las agrario-ganaderas, que seguían al rey.

Bajo el protectorado de Cromwell, la clase victoriosa, obsesa por la idea de la Commonwealth, supeditó toda la economía nacional británica a la expansión del comercio interior y exterior. Fue entonces, por cierto, cuando a la Gran Bretaña comenzó a estorbarle el imperio español, tan rico en plata y en mercados.

Con evidente impropiedad se suele llamar aún a la forma de propiedad predominante en España economía pastoril. El concepto es anacrónico. La revolución liberal, en otros aspectos insuficiente, pudo, sin embargo, llevar a remate su designio de eliminar a la ganadería como elemento director de la economía española.

El reinado del rebaño terminó resueltamente en España a mediados del siglo XIX

El poder político de los ganaderos quedó destruido en beneficio del de los agrarios. Pasó a encabezar la economía nacional, la agricultura, y dentro de la agricultura, ejerciendo auténtica tiranía sobre el resto de las producciones, se alzaron con el mando, por decirlo así, los cereales y el olivo.

No hay que olvidar que en el orden económico las Cortes de Cádiz y en general los liberales de principios de siglo se pronunciaron a favor de la agricultura contra la ganadería, al punto de que a menudo se tuvo más cuidado de fomentar el interés agrario que el industrial y el mercantil.

Sin duda fue así porque los liberales concibieron que lo progresivo entonces era anteponer el interés agrario al pecuario, estimando, con impecable criterio, que los excesivos privilegios de la ganadería constituían una rémora arcaica para el avance nacional.

Al concluir, pues, la revolución la ganadería había perdido en la economía española el relevante lugar que había disfrutado desde que Carlos I, sometiéndose al punto de vista de los españoles, decretó en pragmática de 1552 la subordinación de la economía nacional al interés supremo de los ganaderos.

Como consecuencia del triunfo de la oligarquía territorial al declinar la centuria decimonónica se produjo la situación inversa: la agricultura expulsó del territorio donde ella dominaba más firmemente al tropel trashumante. Y se llevó tan por el cabo la reacción, que no se manifestó solamente contra la ganadería, sino contra todo lo que se hallaba en conflicto con la economía cerealista, que las autoridades en materia económica se apresuraron a advertir que la ganadería .

había tenido que ir ascendiendo a otras altitudes, empujada por las roturaciones impremeditadas y poco productivas, y que de seguir creyéndose que España era un país cerealista que podía incluso exportar trigo, acabaría por desaparecer todo rastro pecuario.

Los que llaman a la española economía pastoril incurren, por tanto, en confusión. Justamente lo contrario es lo cierto. España se resiente de una producción pecuaria deficientísima. De un extremo se ha pasado a otro. En el periodo 1922-1931 la adquisición en el extranjero de productos pecuarios estaba, por su valor, en la cima de las importaciones, detrás del algodón.

La oligarquía territorial española que se afianzó al frente de los destinos de la nación en 1874 acusaría su inconfundible carácter declarando la guerra a todo lo que caía fuera del marco de la agricultura, y aun en la misma agricultura había clases.

Los oligarcas mostrarían altiva indiferencia por aquellos sectores de la producción que no gozaban el privilegio de hallarse emparentados con la influyente familia de los cereales ni con el bíblico olivo. Estaba claro ya que en el campo español no harían carrera más que esos espigados personajes, los cereales, y el árbol de Minerva.

Huelga decir que los políticos de la Restauración eran los mandatarios de la oligarquía de los cereales y el olivo. El profesor Flores de Lemus, autor de la frase transcrita en defensa de la ganadería, puso en peligro su porvenir de economista por declararse anticerealista. Los gobernantes del turno tardaron mucho tiempo en perdonarle aquella indiscreción, tan contraria al interés oficial.

En 1891 las hectáreas sembradas de trigo sumaban 2,7 millones, y los quintales métrico recolectados se elevaban a 18,7 millones. El aumento fue regularmente progresivo en los lustros siguientes, hasta que en 1933 nos encontramos que había sembradas de dicho cereal 4,5 millones de hectáreas y se recogían 37,5 millones de quintales métricos.

Más sorprendente todavía es el avance de la cebada, cultivo que pasó de 8,7 millones de quintales métricos en 1891 a 21,8 en 1933. Un proceso de crecimiento parejo se advierte en la economía del aceite, que en el último decenio del s. XIX disponía de 1.145.883 hectáreas y en 1933 casi había doblado la superficie.

Es curioso comprobar que progresando toda la economía española en los últimos cincuenta años, hay, sin embargo, en la agricultura producciones estacionarias y otras que retroceden. En el próximo capítulo se verá claramente cuales son, en el campo español, las víctimas de la ofensiva de los cereales y el olivo. En, 1933 el suelo sembrado de cereales representaba el 26,6% de la superficie nacional. Con los olivares, los cereales ocupaban ya el 29,37% del territorio.

En este 29,37% del territorio tiene sus raíces el inexorable poder de la clase gobernante española. Todos los intereses extraños a los cereales y al olivo están en principio en guerra con la oligarquía y la oligarquía con ellos. Desde la Restauración se deslindan inequívocamente los campos en la economía española.

La política se embarulla, aunque no tanto como en el s. XIX, por quedar constreñida la clase media a fluctuación permanente, pero, en la economía la lucha de clases no presenta penumbras para quien pueda y quiera ver.

Los terratenientes están siempre en conflicto con los comerciantes y con los industriales y con el proletariado. Y no porque la clase media continúe siendo una clase revolucionaria, sino porque la oligarquía supedita toda la economía al interés de los cereales y del olivo, o llega, en el mejor de los casos, a un compromiso temporal, sin necesidad de perjudicarse económicamente, para mantenerse en el poder. Esta es la solución que intenta dar al conflicto con la industria.

En primer lugar, la oligarquía no tiene el menor interés en exportar. ¡Y como iba a ser de otro modo, si España no produce cereales en cantidad suficiente para cubrir el mercado interior! De las producciones en que se hallan más directa y personalmente interesados los oligarcas, solo la olivarera arroja un margen para la exportación, y este margen solo es el 12,9% del rendimiento nacional.

Los mercados exteriores, por consiguiente, carecen de seducción para la clase directora. La importancia de este hecho excusa toda ponderación porque ello será lo que determine la política del turno a la hora de pactar o denunciar los tratados comerciales.

La Ley Figuerola

El tema de la libertad de comercio apasionó a todos los productores españoles desde mediados de siglo. Eran proteccionistas los agrarios. Lo eran también los industriales, o los que pensaban que España debía interesarse antes en el desarrollo industrial que en la prosperidad mercantil. Eran, de otro lado, librecambistas los comerciantes.

Gobierno Provisional 1869
Laureano Figuerola sentado en la esquina izquierda, con el Gobierno provisional de 1869 Desde izquierda: Figuerola, Ruiz Zorrilla, Sagasta, Juan Prim, Serrano, Topete, Adelardo López de Ayala, Lorenzana y Romero Ortiz

La prensa de la oligarquía y la de los industriales se batía por el proteccionismo, y al contario, los periódicos de los comerciantes pedían tarifas moderadas o que no hubiera ninguna. El Defensor del Comercio, de Madrid, y El Contribuyente, de Cádiz, se pronunciaban por la libertad mercantil.

La monarquía de Amadeo de Saboya fue la monarquía de la clase media, fundada por la clase media triunfante en la revolución de septiembre. Monarquía del progresismo, dirigida por el hijo de un notario, Prim, y por el hijo de un tendero de coloniales, Sagasta. Antes de que Amadeo llegara a España, los políticos progresistas habían puesto mano en la economía con el estilo que de ellos cabía esperar.

Querían fomentar la riqueza y dictaron una serie de leyes informadas del espíritu audaz, entrepeneur, de su clase. Entre otras medidas decidieron por ley de diciembre de 1868 que sería propietario de una mina el que primero denunciara su existencia. Los hombres de la revolución de septiembre y de la monarquía de Amadeo eran, en general, librecambistas, naturalmente.

En julio de 1869 realizaron una importantísima reforma arancelaria que lleva el nombre de Figuerola, por la cual se estableció un régimen de tarifas moderadas, sobremanera beneficiosas para las clases mercantiles, pero contrarias al egoísmo de los agrarios —de la oligarquía entonces agazapada—, y de los industriales, que fuera de Cataluña y de Vizcaya contaban poco.

La réplica de la política librecambista que había tratado de imponerse después de la revolución de 1868 con la ley Figuerola se presentó en una serie de rectificaciones no más adueñarse los agrarios, con la restauración de Estado. Comenzaba la guerra contra el comercio.

En julio de 1877 apareció el primer retoque de las tarifas moderadas. No estaba aún consolidado el régimen, los agrarios temían entrar prematuramente en conflicto con los comerciantes. El propio Sagasta tenía la misión de defender a la clase media, y todavía no estaba completamente captado por los terratenientes. Moret, ministro en el gobierno Sagasta, se declaró dispuesto en 1886 a reformar las tarifas en sentido contario al prohibicionismo.

Pero la clase media española era tributaria de los agrarios, y solo podía gobernar en comandita con ellos si renunciaba a tener política independiente, es decir, si renunciaba a conducirse en el poder como clase burguesa. Solo a esta costa podría Sagasta, personalmente, hacer carrera, y por eso sería pronto, para Moret, Montero Ríos, Martos, López Domínguez, etc., el renegado. Moret, en efecto, se propuso reducir el arancel, pero los dueños reales del poder lo impidieron.

Se limitó, el ministro, en definitiva, a prorrogar hasta enero de 1892 todos los tratados comerciales y el modus vivendi con Inglaterra. Tomó la iniciativa de nombrar una Comisión parlamentaria que informara sobre la rebaja gradual de las tarifas. En una palabra, los liberales carecían de fuerza para contrariar la política de los terratenientes.

La izquierda liberal formada por los hombres que acabo de mencionar, llamaba, como he dicho, renegado a Sagasta, y, sin embargo, no tardarían los censores en serlo también.

No ofrece duda que los políticos de la izquierda dinástica, rama descontenta del liberalismo, que se asía, frente a Sagasta, a los principios de la Constitución de 1869, representaban el último esfuerzo de la clase media en la política de escapar de la onerosa tutela de la oligarquía territorial.

Pero todos los que consideraban traidor a Sagasta pasaron bajo las horcas caudinas. Esta oposición liberal, que Serrano dirigia en el Senado y Moret en el Congreso, enarbolaba un programa en el que se incluía la reducción de los impuestos, cantinela de los comerciantes.

La burguesía —obvio es repetirlo— estaba en un callejón sin salida: o se enfeudaba a la oligarquía, o se lanzaba, con el proletariado, a la revolución. Cuando eligiera el camino de en medio y se lanzara a la protesta por su cuenta, a una protesta de clase herida en sus intereses, sería fácilmente vencida, como luego comprobaremos.

El partido liberal contenía un grupo agrario, especie de clase media campesina, acaudillado por Gamazo, que, claro está, era proteccionista. La situación de este núcleo terrateniente era harto singular, porque hallándose compuesto de proletariado minifundista miserable con humos de clase propietaria, tenía intereses comunes con los progresistas, pero chocaba con ellos así que la burguesía pretendía fomentar el interés mercantil con perjuicio para el interés agrario.

Por lo demás, los terratenientes modestos era una clase oprimida y estaban condenados a ir, en la economía como en la política, al arrastre de los grandes propietarios del suelo. Una razón más para que Sagasta, cada día más inclinado a aceptar el programa del descanso, practicara, para no exasperar al gamacismo, una política adversa a su propia clase.

Fundamentalmente, la lucha entre proteccionistas y librecambistas era un combate entre los agrarios, coincidentes en este problema con los industriales, y los comerciantes. Porque en cuanto clase proteccionista la burguesía industrial española puede llegar a un compromiso con los agrarios, al cual la impele, asimismo, otro factor común a ambos: el ser una clase propietaria amenazada por el proletariado.

El comercio español se halla en conflicto con la industria y con la agricultura en la cuestión de las tarifas, pero esta unido a ambos por su condición de sector propietario.

Ahora bien, industriales y comerciantes forman una clase dinámica, progresiva: son la burguesía, y los agrarios constituyen un estamento sedentario, estático, reaccionario.

La coincidencia en España, por separado, de los intereses de agrarios e industriales y de comerciantes y agrarios no evita la colisión entre las clases sociales, ni resuelve la gran polémica histórica entre la burguesía liberal por naturaleza, de una parte, y la nobleza y la oligarquía territoriales, regresivas, por otra.

La oligarquía de los cereales y el olivo vino al poder con una política proteccionista que bordeaba el prohibicionismo. Fue la réplica al régimen que había tratado de imponerse después de la revolución de 1868 con la ley Figuerola. No cabía aguardar otra cosa de una clase social que por no tener el grueso de su producción entre los géneros exportables carecía de interés directo en el intercambio de mercancías con otras naciones, lo contrario de lo que acontecía, por ejemplo, en Inglaterra.

Como también era escasa la exportación de productos manufacturados españoles, que no llegaban a cubrir, ni en el caso de las industrias más desarrolladas, el mercado nacional, Cánovas, campeón del proteccionismo dogma del partido conservador era un político con muchos parciales en Cataluña. Los comerciantes, en cambio, le odiaban en toda España.

A medida que el nuevo régimen de la Restauración se iba notando firme, fue desplegando su política antimercantil. Ya vimos que en 1877 habían comenzado las rectificaciones de las tarifas moderadas de 1869.

Sagasta decretó en 1882 la subida de las tarifas del subsidio industrial. Las clases mercantiles se agitaron contra el gobierno, y durante los meses de febrero, marzo y abril se mantuvieron en rebeldía. Los gremios de Madrid se confabularon y llamaron a la resistencia a los demás comerciantes del resto de España, y todos juntos acabaron montando una organización defensiva, a cuyo funcionamiento puso fin el poder político con medidas de rigor.

En esta crisis se puso de manifiesto por primera vez que el comercio español es una clase tan oprimida como el proletariado, y como el proletariado está huérfano en absoluto de poder político.

En 1889, el ministro conservador Fernández Villaverde, el hacendista prototipo de la oligarquía de los cereales y el olivo, solicitó del parlamento autorización para elevar las tarifas protectoras de los cereales y las harinas. Los conservadores planeaban ahora su gran ofensiva de revisión arancelaria, verdadero asalto al escuálido blocao mercantil.

El ataque no iba a ser solamente una agresión en masa contra la libertad de comercio; simultáneamente se montó una ofensiva fiscal contra las tiendas. Había que acogotar al comercio, y se le combatía por todos los medios: se levantó, pues, una poderosa barrera aduanera para cortarle la retirada y se le acometió de frente con la artillería gruesa de los impuestos.

La Reforma Arancelaria de 1892

En 1890 volvieron al poder los conservadores. Pronto arremetieron contra el comercio español. La operación venía estudiada en sus menores detalles. Cánovas iba a romper radicalmente con la política de protección moderada a los cereales.

El gabinete conservador no vaciló un instante. Sin más preámbulos, denunció el tratado comercial con Francia, que estaba fundado en el principio de nación más favorecida, y era la clave de bóveda de nuestro comercio exterior, por haberse ido acogiendo a él todos los países que firmaron acuerdos comerciales con España. Se llegó a la ruptura comercial con todo el mundo y particularmente con la república vecina.

Era Francia el más vasto mercado para los vinos españoles y no ignoraban los gobernantes que con aquel paso situaban al filo de la ruina a la industria vitivinícola, que, por lo demás, no caía dentro del círculo de los intereses inmediatos y de mayor consideración de la oligarquía. Con las nuevas tarifas se perdía el mercado francés. En 1892 entraron en vigor.

Desde el año anterior, viendo venir la tormenta, el comercio había alzado una vez más pendón de guerra contra el gobierno. Se congregaron en Madrid las Cámaras de Comercio de toda España. Hubo toda suerte de protestas y hasta una manifestación callejera, resueltamente subversiva, que organizó el Círculo de la Unión Mercantil de Madrid para excitar a los alterados comerciantes y al vecindario contra Cánovas.

La oligarquía reprimió el movimiento, y los tenderos fueron declarados oficialmente gente díscola, amiga de la trifulca e ingobernable. De seguro que Cánovas se afirmó en su tesis de que eran ciertas máculas de la raza las que hacían imposible el buen gobierno de la nación.

La reforma arancelaria de 1892 alteró completamente la moderada tarifa de librecambio que tan beneficiosa había sido para el comercio exterior de España desde 1868 a 1892. Los efectos de esta política, tan próxima al prohibicionismo, se hicieron sentir pronto.

Subió el cambio exterior, disminuyeron las exportaciones, declinó el tráfico ferroviario y las clases comerciales y consumidoras de mercancías y productos extranjeros protestaron estruendosamente. Solo se lucraron los intereses industriales, e importaron más materias primas, productos químicos, carbón y cok, importaciones que, naturalmente, influyeron adversamente en los cambios.

No cejó la ofensiva contra el comercio con la reforma arancelaria de 1892, ni las clases mercantiles, sin defensores en la política del turno, dejaron de agitarse.

Tras las radicales innovaciones aduaneras de Cánovas, el mismo año, Gamazo —ahora tocaba a los liberales— decretó nuevas trabas para el comercio con la creación de zonas fiscales para los ganados extranjeros, los géneros coloniales —¡manes de don Clemente Sagasta!—, los hilados de algodón, la lana y la seda.

Los castigados comerciantes arreciaron en sus protestas, y cuando supieron que, además, el ministro agrario gravaba con un nuevo impuesto las transmisiones de los efectos del Estado y los valores industriales y mercantiles en que intervinieran agentes de comercio, los pacíficos tenderos debieron pensar que se quería acabar con sus medios de vida. Nada tiene de particular que el Círculo de la Unión Mercantil de Madrid, respetable y patriótica institución, organizara revueltas ciudadanas.

El instintivo propósito de los agrarios de aniquilar el comercio español fue evidente desde 1892. Tan notorio como tácito designio de que no brotara una sola industria fuera de donde ya la había. Si el comercio siguió viviendo, y aun prosperando, y si nació alguna industria nueva, ello aconteció a pesar de la política de la bifronte oligarquía de los cereales y el olivo y en virtud de la naturaleza incoerciblemente expansiva de la actividad mercantil e industrial, o gracias a la neutralidad de España en la primera gran guerra.

En 1898 se reunieron todas las Cámaras de Comercio de España en Zaragoza. Estaba la burguesía española en igual situación que toda la nación no cerealista y olivarera —ya vimos como lo pasaban los viticultores— y trataba de recoger y disciplinar sus fuerzas para defenderse.

La postrera manifestación de rebeldía revolucionaria de la burguesía española como clase independiente, fiada a sus propios recursos, se produjo en 1900. Los comerciantes habían agotado ya todos los procedimientos pacíficos de combate. Se habían resistido a emplear un arma peligrosa: la huelga de contribuyentes, que ahora esgrimirían.

Cánovas había muerto ya, asesinado en el balneario de Santa Agueda por un anarquista italiano. Heredó la jefatura del partido conservador don Francisco Silvela, otro pesimista, aunque honesto, y superior a la oligarquía no solo intelectualmente, como Cánovas, sino también moralmente.

No podía faltar en el gobierno Silvela el inevitable Villaverde. En cierta manera las iniciativas fiscales de Villaverde tienen tanta trascendencia como las medidas proteccionistas del 92. Representan la continuación de la política económica del régimen fundado en 1874. Son, en suma, una contrarrevolución despiadada.

Villaverde anunció que se proponía nivelar el presupuesto y que se aumentarían todas las contribuciones indirectas con la sola excepción de las riquezas agrícola y pecuaria, cuyos impuestos se disminuirían en vista de que la exacción que sobre ellas pesa es ya notoriamente excesiva. Los comerciantes, no más saber que iba a haber nivelación presupuestaria, volvieron a sus barricadas de mítines y papel sellado.

De nuevo se congregaron las Cámaras de Comercio de toda España en Valladolid, formaron el partido de Unión Nacional —el órgano político de que carecían—, y de conformidad con los catalanes declararon la huelga de contribuyentes.

Por si alguna duda quedaba, este movimiento d elas clases mercantiles e industriales puso otra vez de relieve la debilidad de la clase burguesa española, que no siquiera acertaba a engendrar un partido propio. Ganó el gobierno la huelga, y así terminó la última acción subversiva autónoma de la burguesía española.

La oligarquía seguía siendo invencible.

La Protección a la Industria

La clase media económica, dividida en la cuestión del arancel por convenir a los industriales lo que era lesivo para los comerciantes, aparecía, sin embargo, unida en la reacción contra la política fiscal de los gobiernos de turno. De ahí el frente de comerciantes e industriales en la huelga de contribuyentes.

Bien claro estaba que los planes de la oligarquía territorial, enderezados a ganar a la burguesía catalana para su política nacional, fallaban, a despecho de la concesión proteccionista. Cánovas había iniciado la política de exagerado proteccionismo a la industria seguro de que de ese modo desarmaría al separatismo.

Esta fue la forma que presentó el compromiso del nuevo régimen con otro sector irreductible de la sociedad española. Pero, como había de ocurrir con el Ejército y con la Iglesia, la política de la Restauración respecto a Cataluña era puro expediente para ir tirando.

La industria española concentrada en Cataluña y Vizcaya, medró considerablemente con la reforma arancelaria de 1892, y si los comerciantes y exportadores protestaron, los trigueros castellanos y los industriales vascos y catalanes acogieron el cambio con franca complacencia. Los intereses de la oligarquía coincidían con los de la burguesía industrial en este punto.

La explicación de semejante acuerdo está, claro es, en que ni la industria española ni los cerealistas eran exportadores. Merced al proteccionismo los trigueros colocaban su producción en España a 46 pesetas el quintal métrico cuando estaba en el mercado mundial a 16 pesetas.

Los siderúrgicos, por igual razón, vendían en España la tonelada de viguetas a 930 pesetas, mientras que los siderúrgicos franceses las ofrecían en la frontera a 430 pesetas. El hierro en planchas español costaba 550 pesetas la tonelada, en tanto que Inglaterra daba el suyo a 250 pesetas.

La protección a la industria no perjudicaba, pues, a los monopolizadores del poder. Los artículos manufacturados que España tenía que importar de Inglaterra, Francia, Alemania y los Estados Unidos se pagaban en oro con un premio del 21,50%.

Porque al cerrar las aduanas españolas a esas mercancías también se cerraban las de esas naciones a las mercancías españolas. España no pagaba con productos agrícolas o materias primas españolas buena parte de los adquiría fuera, y estaba siempre en guerra comercial más o menos declarada con todo el mundo.

Pero con la política abocetada, ¿atraía la oligarquía a la burguesía catalana a la colaboración en un plano nacional?

El problema de Cataluña, tal como reaparece al cerrar la centuria decimonona, es en gran medida el pleito planteado por una forma de producción progresiva, incompatible en el terreno económico, en el político y en el moral con la forma de producción reaccionaria y estancada de Castilla y Andalucía.

Acabamos de ver la querella agrario-mercantil, con la derrota de los comerciantes. En punto a los aranceles vimos también que industriales y agrarios llegaban a un acuerdo. Pero la vida de relación entre un Estado y la sociedad presidida por él ofrece múltiples aspectos.

Aun dentro de la economía, si los industriales catalanes mostraban gratitud, y la correspondiente adhesión, a Cánovas por su generosidad proteccionista, resentían, en cambio, los impuestos y la merma en su poder político, porque la burguesía catalana, mayor de edad, quería decir la última palabra en la política catalana.

Los políticos de la Restauración pensaban que socavarían el separatismo con la protección a la industria, cuyo porvenir creían tener en la mano, y que bastaría con la amenaza de abrir la frontera a los géneros textiles extraños para sofocar el movimiento secesionista catalán.

No cabe duda que Cánovas y sus sucesores jugaron esta carta y que la jugaron bien, puesto que la burguesía catalana, temerosa, además, de su proletariado, nunca tuvo suficiente valor para arrostrar las consecuencias sociales y económicas de una ruptura revolucionaria con la oligarquía.

No era esa , sin embargo, la solución. Cánovas aplicó a la cuestión catalana, que era una de tantas cuestiones nacionales españolas, el mismo remedio que a los problemas eclesiástico y militar; no supo o no quiso resolverlos de una vez y los dejó pendientes y agravados.

Chocaba con los sentimientos bucólicos de la oligarquía territorial el fomento de la industria en España. La protección arancelaria se impuso, primero, porque no perjudicaba a los cerealistas, y luego, porque con ella se ganaba a los industriales catalanes y vizcaínos.

No había otro norte en aquella política de amparo a la industria. Corolario de ese sistema iba a ser el desarrollo artificioso de las industrias existentes. Castilla, Andalucía, Extremadura, Galicia, etc., no pasaban a ser regiones industriales; y aquí estaba el incalculable daño de la política proteccionista a ultranza.

Se pretendía combatir el separatismo con la protección a la industria, pero el neoseparatismo de fines de siglo era, en parte considerable, una consecuencia de la divergencia de intereses entre la Cataluña industrial y la Castilla agraria. Con la protección crecía la industria catalana y vizcaína, y con el desarrollo de la industria se multiplicaban los motivos de conflicto. De suerte que el proteccionismo, por inyectar nueva y artificial energía a las industrias de las regiones descontentas, servía para que tomara mayores vuelos el separatismo.

A raíz de la reforma arancelaria de 1892 cobró nuevos bríos la industria catalana, que al amparo de las nuevas tarifas se sintió segura, verdaderamente protegida, y amplió su consumo de materias primas, productos químicos y carbón.

Justamente, a partir de estas reformas adquiere tremendo impulso el movimiento separatista. No podía ocultársele a Cánovas la inanidad de su fórmula, por cuanto precisamente coincidía la reforma arancelaria con las bases de Manresa y las bases de Manresa con la explosión de la primera bomba en Barcelona, acontecimientos todos ellos que fijan al año de 1892 con rango de hito importante en nuestra historia. En 1892 se presentan los primeros síntomas realmente graves de la desmembración nacional.

En resolución, el vicioso apoyo que el Estado oligárquico español otorgaba a las industrias de las regiones resentidas se convertía a la postre en aumento del poder político de estas regiones; y a medida de que se desarrollaban las economías de Castilla y Cataluña en sentido divergente —Castilla más cerealista, Cataluña más industrial y mercantil cada día— se acentuaba la diferenciación y se agravaba el conflicto.

La política canovista de compromiso inmoral con las fuerzas disidentes no fue menos funesta en este asunto que en los demás.

R.B.: RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, Historia de España, Compañía general de ediciones, 1950, México, Tomo I págs. 341-355.