La Demagogia

La Unión Republicana (1903)
La corrupción política
La Liga de Educación Política (1914)
Canalejas y el clericalismo
El anticlericalismo
Catolicismo y protestantismo
Lerroux

La Unión Republicana (1903)

Es de sumo interés seguir prestando atención a la clase media española en este periodo. No tiene en realidad partido político fuera de Cataluña. Es una clase vacilante, sin principios políticos fijos. Pero es precisamente lo que hará de ella el árbitro imponderable en las críticas situaciones que se van a presentar.

Las clases medias de Francia e Inglaterra, por ejemplo, contaban con poderosos partidos, que podían sufrir desgajamientos o incorporaciones, crecer, o menguar en unos miles de votantes, mas eran órganos permanentes de poder y las aspiraciones de una burguesía poderosa.

La política en esos países no estaba sujeta a bandazos violentos. Otra era la situación española. Durante muchos años la política española se encontró estancada por virtud del régimen oligárquico. No había nada ni nadie capaz de destruir el sistema político de la Restauración. Pero luego que se agrietaba y descomponía este régimen, las clases medias, singularmente la clase media histórica —el comercio y la industria—, por carecer de partido nacional, paradójicamente, pasaban a ser un factor de mucho peso en la política.

Las clases neutras no eran, en los días de Costa, ni republicanas ni monárquicas. El movimiento republicano las atemorizaba por su demagogia. Veían en la República un salto en el vacío. Querrían una revolución contra la oligarquía, pero una revolución bajo un Ejecutivo fuerte.

Por lo que concierne a Cataluña, en febrero de 1906, y como consecuencia de la Ley de Jurisdicciones, se había formado el movimiento de Solidaridad Catalana, coalición de todos los partidos de la clase media de aquella región, dirigidos por el órgano de la burguesía industrial, la Lliga. Solo quedó fuera el partido radical.

El republicanismo se polarizaba, desafiante, en la región de economía más avanzada, y allá fue el andaluz Salmerón a luchar por la República.

No costó realmente gran trabajo constituir luego la conjunción republicano-socialista, ya mencionada, en la que entraron más tarde los nacionalistas catalanes, y que el 14-IV-1910 sacó triunfante por Madrid su candidatura completa. Pablo Iglesias entraba por primera vez en el parlamento como diputado.

En la Solidaridad, carlistas y republicanos estaban unidos, como solían estarlo en el parlamento. En la manifestación popular del 20-V-1906 en Barcelona, primer acto público de masas de la Solidaridad, Salmerón se abrazó en público con el duque de Solferino, líder del tradicionalismo catalán, y con Rusiñol, primate de la Lliga.

Obvio es decir que la burguesía catalana era católica. La España oprimida presentaba batalla en la conjunción y en la Solidaridad a la oligarquía agraria y a su monarquía. Había ahora dos Españas, separadas, no por la fe religiosa, contra lo que suele afirmarse, sino, fundamentalmente, por intereses económicos y políticos, históricos.

Lo malo era que estas alianzas daban demasiada importancia a la forma de gobierno y a la persona del rey, y el peligro de que cayera la monarquía y quedara intacta la fuerza social de la oligarquía no se percibía entonces, ni se tomó en cuenta luego, en todo su alcance.

Ese gran movimiento de las clases oprimidas, más ilustre por lo que prometía que por lo que ya era, no contaba, por otra parte, con una cabeza universal. Pablo Iglesias, atendidas las circunstancias del momento, no podía ser el conductor de toda la nación sojuzgada. Su misión consistía en educar y organizar al proletariado.

Los hombres de la Lliga, políticos ventajosamente preparados, gentes llamadas a formar la vanguardia de la revolución nacional, querían, sin embargo, una revolución catalana, a base de la autonomía regional. Los republicanos, en general, tendían a reproducir la República del 73.

Nadie se daba cuenta, o al menos no consta que alguien se la diera, de esto: que lo peor no era el rey, sino la clase directora, que derribar a la monarquía representaba el primer paso, y el camino más corto, para derribar a la oligarquía; pero que una coalición contra la corona exclusivamente era poco positiva —e incluso podía ser un error— si al propio tiempo no era una coalición contra la oligarquía; y por último, que no podría haber libertad, ni Constitución, ni parlamento si antes no se creaba una clase media fuerte en toda España.

Solo ese género de revolución —compatible con los intereses de todos los confabulados— pondría fin a la guerra civil y daría a toda España la estabilidad interna de las regiones que ya tenían su clase media, agraria o mercantil, como el País Vasco, Cataluña o Levante.

La Lliga tuvo siempre el temor de hacer la revolución en España, sin duda por las mismas razones que aconsejaban cautela a la clase media mercantil: porque la revolución, sin el control de una mano fuerte que destruyera a la oligarquía y contuviera de momento a las masas sin pan, precipitaría a la nación a la anarquía.

Mucho tenía que ganar el capitalismo catalán con la destrucción de la oligarquía territorial, y no podía ser otra su aspiración histórica. Mucho tenían que ganar con ello también las clases mercantiles. Mucho tenía que ganar, en fin, el proletariado. Y esa era la única salvación para las clases progresivas y para España. Solo así podía constituirse la nación.

Ni Costa, ni nada, ni nadie había hecho, sin embargo la menor mella en el ánimo de los republicanos, para los cuales constituir a la nación era votar en las Cortes otra Constitución El programa que Sol y Ortega redactó y que luego hizo suyo la asamblea de Unión Republicana, en febrero de 1911, para el caso de que surgiera la República, se resumía en los puntos siguientes.

Proclamación de la Constitución de 1869. Denuncia del Concordato. Reunión de Cortes Constituyentes, y compromiso por todos los partidos de acatar lo legislado sin apelación al procedimiento insurreccional.

Era la vuelta a la República de 1873. Los republicanos no habían aprendido nada.

Con notoria exageración, pero no sin un fondo de justicia, decía don Benito Pérez Galdós en la revista Por esos Mundos (junio de 1910).

Este partido —por la Unión Republicana— está pudriéndose por la inmensa gusanera de caciques y caciquillos. Tiene más que los monárquicos... Para hacer la revolución, lo primero, lo indispensable, sería degollarlos a todos. Si estos trajeran la República estaríamos peor que ahora. Sería cosa de emigrar. Suerte a que no hay miedo a que la traigan ¡Hay cada revolucionario que tiene un miedo feroz a la revolución! Voy a irme con Pablo Iglesias. El y su partido son lo único serio, disciplinado, admirable, que hay en la España política.
R.B.: RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, Historia de España, Compañía general de ediciones, 1950, México, Tomo II págs. 408-411.

La corrupción política

Dicho con otras palabras: el movimiento de la clase media filosófica y burocrática, huérfana de intereses reales en la economía, se resentía de los vicios más destacados de la clase social gobernante. No eran morales precisamente las taras de los republicanos, sino políticas. Toda la nación, para ser justos, comenzaba a sufrir entonces los efectos de un régimen político que tenía al caciquismo por basamento.

Planteada la lucha en este terreno por la oligarquía, la oposición se asimilaba su estilo. El español que se movía activamente en la política se hacía, por contagio, cacique. Con el tiempo ningún partido escaparía a aquella atmósfera, y la deformación espiritual del político, por incorporación del ademán caciquil a la psicología de casi todos los combatientes en la vida pública, no se detendría ante el umbral de los partidos más respetables.

Este fue uno de los más graves daños que la oligarquía infirió a la sociedad española. Hizo de España una nación políticamente corrompida.

No puede menos de sorprender que España, miserable y desgobernada, haya mantenido un altísimo nivel ético, inesperado en tales circunstancias. Hay en el pueblo español una resistencia connatural a caer en la abyección. Los filósofos nos dicen que ello proviene de la vena senequista de la raza.

El español es un pueblo estoico, en cuya complexión moral la pobreza, tan mala consejera, no ha podido morder apreciablemente. El hecho es tanto más notable cuanto que existen naciones ricas y bien organizadas donde todo se vende por dinero. En España la oposición a la corrupción moral es, en general, tan firme que solo a esta insigne cualidad étnica del hombre español se debe la persistencia con que la nación se ha conservado moralmente sana en un ambiente de corrupción política oficial insoportable.

Negocios turbios se han hecho en todas las naciones y no podía dejar de hacerlos la oligarquía española. Pero la corrupción administrativa del régimen político de la Restauración quedó siempre reducida a ciertos círculos y partidos. Hubo profesionales de la inmoralidad, lo cual prueba que no era general el oficio, como en otras partes.

La misma oligarquía no estaba tan corrompida en lo moral como pudiera esperarse de una clase social que en la esfera política no conocía la honradez ni el honor. En parte por esto, la oligarquía española nunca pareció tan ruin ni tan desalmada como era. Tenía la sensibilidad pervertida; más había algo que la impedía caer en la abyección de las autocracias orientales. Fiestas se dieron en que cortesanos y gobernantes pasaron la raya y otras en que los aristócratas mantearon a los ministros como si fueran peleles. Pero esta oligarquía era menos abyecta moral que políticamente.

La corrupción atacó a España por otro lado. El perjuicio que no pudo causar la corrupción administrativa lo causó, quizás con peores consecuencias, la corrupción política. Republicanos intachables, a quienes nadie hubiera podido sobornar con dinero, se dejaban corromper por interés mezquino de partido. Se llegó a considerar lícito el caciquismo si quien lo practicaba era la oposición, que acudió a las componendas, tretas y enjuagues de la oligarquía.

Galdós denunciaba la corrupción política de los republicanos. Pero el padecimiento había de ser nacional con el tiempo. Todos los partidos tendrían sus caciques. En todos los partidos habría gentes dispuestas a sacrificar a su patria y a sus ideales por una victoria política personal. Tomaba carta de naturaleza en España un vicio inseparable de los pueblos primitivos y políticamente corrompidos: no se atacaba a las ideas ni a las instituciones, sino a las personas.

Esto lo había observado ya Larra cuando hablaba de ese barniz y de la buena educación y la tolerancia que solo se adquiere en los países adelantados, donde la civilización ha venido a convencer a la sociedad de que para ella solo las cosas, solo los hechos, son algo , las personas nada."R.B.: Artículo en El Español, 16 de enero de 1837.

También los caciques y caciquillos de la oposición querían ser influyentes, porque lo que daba autoridad y fuerza social y predominio personal en España no era tanto el dinero como la influencia. La vida española, por reflejo del sistema corruptor de la oligarquía, quedó montada sobre la influencia personal y su expresión práctica: la recomendación. No triunfaba el más apto ni en la política ni en la Universidad. Ni siquiera triunfaba el más rico, sino el más influyente.

El dinero quedaba en cierto modo eliminado como instrumento adquisitivo en cosas que solo podían adquirirse por dinero en otras naciones. Pero en lugar del dinero se puso en circulación otra moneda, a la larga no menos desmoralizadora para un pueblo: el favor o la recomendación.

Cierto que estos defectos no eran nuevos en España, pero el régimen de la Restauración, sistematizándolos los agravó.

Dominó en este período a los republicanos un fatalismo desolador que les indujo a plegarse a las circunstancias y a renunciar a la acción. Parecían aceptar la idea de que la República era más hermosa bajo la monarquía. Si dieron señales de alguna actividad ello se debió a nuevas incorporaciones vitales, como la de Costa, a la presión de los catalanes, y sobre todo, al acicate del socialismo.

En parte, los defectos del movimiento republicano se debían a la falta de masas. Las clases mercantiles apoyarían en ocasiones críticas a los antidinásticos, pero de un modo fijo no podían contar con ellas. Lo mismo sucedía con otros sectores de las clases neutras: intelectuales, funcionarios públicos, etc. Y en esta realidad tomó estímulo Melquíades Álvarez, líder de la burguesía asturiana, para fundar el partido reformista, que recogía la doctrina política de los hombres de la Institución Libre de Enseñanza, singularmente la de don Gumersindo Azcárate.

Pragmático en cuanto a la forma de gobierno, el reformismo se proponía alistar con una política oportunista a la clase media que tenía en sospecha a los republicanos. Era un partido que renunciaba a la revolución y se declaraba evolutivo. Contó desde el primer momento con elementos valiosos —Azaña, los Azcárate, Pedregal, Zulueta— y con la adhesión de las clases mercantiles, representadas por el reformismo más propiamente que por ninguna otra organización política.

R.B.: RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, Historia de España, Compañía general de ediciones, 1950, México, Tomo II págs. 411-414.

La Liga de Educación Política

Otra entidad pública de especiales características nació por aquellos días: la Liga de Educación Política Española. No era este un organismo político propiamente dicho, sino pedagógico-social. Don José Ortega y Gasset, que se había educado en Alemania, traía ideas sobre el problema español, y como él otros profesores de formación y pensamiento afines.

Ortega pronunció en marzo de 1914 una admirable conferencia en Madrid, en la cual se abocetaba lo que debería ser, a su juicio, la nueva política española: un magisterio ejercido por la élite. Fundaron la Liga, entre otros, Manuel Azaña, Américo Castro, Salvador de Madariaga, Ramiro de Maeztu, Ramón Pérez de Ayala y Fernando de los Ríos. En colaboración con los reformistas dieron a la luz la revista España

.Los intelectuales no podían inhibirse en un pleito de la naturaleza del español, y pedían un puesto como tales en la obra de la salvación nacional. Por la mayor parte, eran en filosofía idealistas, hegelianos y kantianos, buenos profesores y literatos, pero, en general, faltos de condiciones para la acción, y en política ciceronianos, personajes proteicos y antojadizos, hombres que no habrían de escribir su Crítica de la razón pura sin acompañarla más tarde de su Crítica de la razón práctica.

Estos movimientos de la clase media filosófica ennoblecían la efigie espiritual de la nueva España y purificaban las corrientes del pensamiento español. Sembraban inquietudes y contribuían rápidamente a imprimir en las costumbres y en los gustos un sello europeo. La cultura española debe mucho a esta clase media intelectual, que aunque inferior a las circunstancias, snob y demasiado predispuesta a trasplantar a España ideas y sistemas en conflicto con la realidad nacional, competía victoriosamente con una cultura oficial francamente deleznable, no tanto por el fondo ortodoxo de su filosofía como por su torpe y trasnochado estilo.

En 1907 había puesto una pica en Flandes al arrancar a las taifas turnantes una concesión trascendental para la cultura española: la Junta para la Ampliación de Estudios, que presidió don Santiago Ramón y Cajal.

La Liga de Educación Política era un empeño loable, naturalmente, y podía ser hasta eficaz, siempre que no pretendiera poseer el talismán de la regeneración nacional. Quienes estimaban urgente la educación política del pueblo hacían bien llevando su aleccionadora palabra por las provincias.

Pero si reducían el drama español a un problema de pedagogía, cuanto había de práctico en el designio de educar al pueblo se perdería por otro lado, por cuanto no originándose principalmente el drama de la ineducación, cuanto coadyuvara a fijar esta idea en la conciencia nacional propagaría un confusionismo pernicioso.

La Liga no se declaraba republicana ni revolucionaria en un sentido político. Para estos hombres la transformación de España habría de consistir en extender la ilustración y los conocimientos. Pensaban que el mal estaba en la falta de ciudadanos. Mas esta era solo una parte de la verdad, y no la mayor. Darle rango de verdad absoluta implicaba ignorar dónde se escondían las raíces de la guerra civil.

El pensamiento general de la clase media, intelectualmente dirigida por los hombres aludidos y por otros que no interesa ahora citar, vinculaba el desastre de España al atraso cultural de la nación cuando no a las cualidades singulares de la raza. La intelligentsia española era pesimista, por consiguiente.

Raza inferior, ingobernable y centrífuga, la española exigía que se ejerciera sobre ella lenta y concienzuda tutela pedagógica para que pudiera competir en la esfera civil con la europea. Había que reformar al hombre español, cambiarle el alma y la idiosincrasia, transformarlo punto menos que en un francés o en un inglés; y ello mediante la educación y la ilustración.

El partido pedagógico de Ortega tuvo poco éxito. La gente no hacia caso a los intelectuales, cosa que a estos les parecía intolerable. No era de extrañar —decía Catón— que los ciudadanos no escucharan los buenos consejos; el estómago carece de oídos.

Naturalmente, el determinismo étnico y el idealismo filosófico de los profesores, prisma a través del cual se veían las catástrofes coloniales y el terrorismo y la enajenación del sufragio, conducía a un pesimismo doloroso: el de Giner, el de Salmerón y el de los hombres de la llamada generación del 98. En la generación del 98, que es una congregación de Jeremías, nos encontramos con el pesimismo religioso de Unamuno, el pesimismo moral de Ganivet, el pesimismo aristocrático de Ortega, el pesimismo nietzscheano de Baroja, etc.

Se tiende a echar, según vimos, sobre las espaldas de la raza la responsabilidad histórica de la guerra civil, que en un orden general pertenece a la fatalidad y en un orden definido y más inmediato, a la oligarquía, a un régimen político de liquidación que no era España la primera nación en padecer.

Fué la oligarquía quien perdió las colonias, no el pueblo español, oprimido por ella, y que, inculto, cumplió, sin embargo, con su deber. En virtud de esa propensión a ver en la tragedia un fallo de la raza —donde la raza se condujo con valor y humildad ejemplares— se llegaba a hacer bueno el peor gobierno. Por algo el primer pesimista fue Cánovas, que no quería que le pidieran cuentas a él, sino al español.

Un error primario de visión mantenía fuera de la realidad a los regeneradores. Se consideraba el problema sin solución, a menos que un milagro viniera a poner a España en vías de salvación. Por ejemplo, ¿y si Alfonso XIII saliera un rey constitucional como el rey inglés? Esta era la ilusión de los liberales o principios de siglo. Como si no fuera de esperar que resultara tan malo como la oligarquía o peor. La ingenuidad culminó con el pensamiento de que la boda del joven monarca con una princesa inglesa liberalizaría a la monarquía española.

En constitucionalismo inglés moderno —y no hubo otro antes fundado en la soberanía nacional— se basa en una clase media fortísima. Hay en Inglaterra treinta y ocho ciudades con más de cien mil habitantes y en España solo nueve.

Trabajaban en la industria inglesa diecisiete millones de personas y solo un millón en la agricultura. España, tiene cuarenta y seis habitantes por kilómetro cuadrado, el signo más bajo de Europa, salvo Grecia, Albania y Rusia. Inglaterra, en la mitad de territorio que España contiene doble numero de habitantes que España. La inmensa mayoria de la población inglesa —el ochenta por ciento— es urbana y la inmensa mayoría de la población española es agraria.

¡Y que población agraria! De los cinco millones de trabajadores del campo español, dos millones son jornaleros, y la inmensa mayoría del resto son minifundistas y arrendatarios, casi tan pobres como los braceros. (En los veintidós millones de hectáreas catastradas, solo hay 73.000 propietarios medianos.) Pero sobre esto hemos de volver con algún detalle.

La educación no bastaría en España. Había que fomentarla por todos los medios, porque la nación se abochornaba con el coeficiente mas alto de analfabetismo del mundo occidental. Pero si lo que se perseguía con la educación era atenuar la lucha, hacerla más caballeresca, o incorporar a la vida civil a las masas expulsadas de ella por la corrupción y la fuerza bruta, el objetivo no se habría alcanzado nunca. Por sí sola la educación no estabilizaría interiormente a España, no pondría término a la guerra civil.

Porque aquel estado de cosas no descansaba tanto sobre la ignorancia del pueblo como sobre la violencia de las relaciones de propiedad. Los caciques no engañaban a los aldeanos, que, sin saber leer, tenían perfecta conciencia de lo que estaba en juego. Lo que hacían los caciques era explotar la miseria sirviéndose del dinero, de la influencia en Madrid y de la fuerza pública. No se trataba en suma, de una lucha en la que triunfaran los más letrados, sino los de mayor poder económico y político.

En un artículo de don Antonio Calderón, publicado el 26-VII-1900 en el Diario de Pontevedra, se había dicho proféticamente: Don Francisco Giner de los Ríos desdeña en absoluto, tal vez con alguna exageración, la labor oficial externa, para poner toda su confianza en la eficacia de la regeneración interior. Para él parece escrito aquello de que la letra mata y el espíritu vivifica. Mas esta redención de la almas, una por una, es de infinita lentitud. ¿Podremos esperar? ¿No llegará tarde el remedio?.

Lo que equilibra a las naciones es la distribución razonable de la propiedad. En el reinado de Alfonso XIII, la riqueza en España experimentó notable desarrollo, debido en buena parte a la gran guerra, e incluso subió el nivel general de ilustración. Pero nada de ello modificó la estructura de la sociedad española.

El aumento de la riqueza nacional no hizo de España un país más próspero. Como apunta Sismondi en su Historia de las Repúblicas italianas: La prosperidad de los estados no depende de la masa de su riqueza, sino de su distribución. La ilustración o el analfabetismo no determina necesariamente, por tanto, el estado de salud política de un país.

Los políticos radicales de la clase media se hallaban obsesos por la destrucción de lo episódico. Querían podar la hiedra. Eran antimilitaristas, anticlericales y antidinásticos. Daban a España por constituida como una nación europea más y pensaban que la salvarían con solo trasplantar partidos políticos, constituciones y decretos de los países mejor organizados.

Las leyes sociales españolas —y pasó a examinar otro aspecto de la desorientación de los regeneradores—, que no se referían para nada a los campesinos —la inmensa mayoría de la población trabajadora— tampoco podían afectar a la planta de la sociedad. España tenía su cuestión social, como todos los países, mas con esta importantísima diferencia: que la verdadera cuestión la planteaba en Europa la máquina y en España el campo.

La cuestión social tenía, pues, en nuestro país, como en Rusia, mucho más fondo. La legislación social europea —que nunca llegó a tener amplitud equivalente en España— venía a ser el retoque necesario para el funcionamiento de una sociedad imperfecta, pero asentada sobre unas relaciones de propiedad que hacían posible la convivencia.

Europa había hecho su revolución y España no había hecho la suya, o la había hecho mal. De suerte que la legislación social en las naciones constituidas venía a ser el complemento de la revolución burguesa, las rectificaciones de detalle obligadas para que se consumara la relativa armonía nacional.

Las reformas sociales en la industria española, aunque hubieran sido tan radicales como las de Alemania o Inglaterra, solo se referirían a una minoría proletaria. Hubiera sido el revoco de un inmueble edificado sobre arena, una especie de Ciudad Universitaria, admiración de propios y extraños, pero irreal, tejado soberbio en una casa sin cimientos.

Con jornada de ocho horas o en jornada de diez horas, la sociedad española seguiría desequilibrada. La disminución de las horas de trabajo, o la protección del niño y la mujer en las fábricas eran medidas humanas, mas no creaban nuevos propietarios ni engendraban una clase media ni menoscababan la desigualdad. España continuaría su marcha hacia la descomposición, no saldría de las orgías demagógicas y las hecatombes absolutistas, el trágico vaivén que la estaba dejando exangüe.

A despecho de todo eso, se creía de buena fe que la joven princesa de Battenberg podría trocar a la monarquía en constitucional y que en cuanto el pueblo supiera leer y escribir España sería otra Inglaterra. Se había dado por supuesto que si no funcionaban la monarquía y el parlamento como en Inglaterra la culpa era del rey personalmente, de los curas y de los militares.

Para los republicanos lo urgente era expulsar al monarca. Digo mal, lo urgente era aplastar la hidra de clericalismo. No es que olvidaran la abismática desigualdad social, pues todos tenían cierta idea de que convendría hacer una reforma agraria —votada por las Cortes, claro—, sino que esto no era para ellos lo urgente.

R.B.: RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, Historia de España, Compañía general de ediciones, 1950, México, Tomo II págs. 414-419.

Canalejas y el clericalismo

Tal vez sea oportuno recordar que el Estado de la Restauración se había alzado sobre la derrota militar del carlismo. La Iglesia había renunciado a la teocracia, y no por gusto, sino porque la nueva clase directora tenía fuerza bastante para imponérselo. Pero el nuevo régimen no era, por otra parte, civilmente tan robusto que pudiera prescindir de la colaboración de la Iglesia en la política y menos forzarla a cumplir la ley. España no sería ya la teocracia con que habían soñado los ultramontanos, más tampoco gozaría el poder civil la soberanía que Cánovas aspiró siempre a salvaguardar.

La Iglesia, como el Ejército, se beneficiaba de la debilidad del Estado, patente en la fórmula de compromiso que los gobernantes de la oligarquía aplicaban a todo enemigo contra el cual no era prudente recurrir a la fuerza. El clero español seguía siendo, pues, un clero político, y la Iglesia, a semejanza del Ejército, un imperium in imperio, un Estado en el Estado.

La oligarquía, naturalmente, no simpatizaba con la intromisión eclesiástica en los asuntos públicos, Sagasta había sido masón, y cuando Canalejas enarboló la bandera anticlerical, el estadista riojano incluyó el anticlericalismo en el programa del partido liberal para restar prosélitos al disidente.

Cánovas mostraba en el asunto religioso el mismo escepticismo que en los demás y no se recataba en escribir que la ruina de España se debía, en parte, a la codicia de los clérigos y al oscurantismo. Separaba a los oligarcas el modo de ver el problema, sin que esta diferencia, conviene repetirlo, cupiera establecerse entre partido y partido. En el liberal había clericales y anticlericales tan contumaces como en el conservador.

La Iglesia estaba obligada a cumplir la ley de Asociaciones de l887, promulgada por la oligarquía. No lo hacia, sin embargo, porque el Estado carecía de fuerza para imponerse plenamente a los antiestados, Los oligarcas rehuían el conflicto con un poder cuya hostilidad, en España y fuera de España, temían.

Romper con la Iglesia era malquistarse al clero español y al Vaticano. Por ese motivo Cánovas y Sagasta habían preferido eliminar del gobierno a los ministros que trataran de afirmar rotundamente la tradición regalista, y bajo la Regencia y bajo Alfonso XIII había habido sendas crisis parciales provocadas por la cuestión clerical.

En 190l recordó el gobierno a las congregaciones religiosas el deber en que estaban de inscribirse en el registro correspondiente. Reaparecía, vidrioso, el conflicto entre la Iglesia y el Estado. Lo planteaba de un modo inmediato la llegada de los jesuitas y otras órdenes expulsadas de Francia por las leyes de Jules Ferry, y lo acentuaría luego el arribo de otro contingente de regulares lanzados de Portugal por la revolución.

El gobierno abrió negociaciones con el Vaticano con ánimo de revisar el problema en su totalidad. Dio a Roma un plazo de dos meses para que respondiera a varios puntos determinados, entre otros la designación de la tercera orden que no nombró el Concordato y la sumisión de las demás asociaciones a la ley común.

En septiembre de 1902 llegó la respuesta del Vaticano. No mencionaba la tercera orden, negaba al gobierno español capacidad jurídica para hacerlo y afirmaba que el Concordato protegía a todas.

El Estado español claudicó y las cosas no pasaron de ahí.

La Iglesia no se hallaba dispuesta a transigir en los extremos que consideraba esencialísimos para su dominación temporal: libre funcionamiento de las órdenes, matrimonio católico, enseñanza, etc.

En punto a la enseñanza, la iglesia aspiraba al monopolio, como en tiempo de Fernando VII. Esto no era prácticamente posible ahora y por tanto se proponía mediatizar la enseñanza oficial y asfixiar la privada no católica. Los gobiernos, temerosos de enajenarse el apoyo de los obispos y no interesados especialmente en fomentar la ilustración, poco o nada hacían en favor de la población escolar.

La Iglesia no se oponía a que se efectuaran matrimonios civiles, pero pretendía establecer la condición de que este género de ayuntamiento jurídico no pudiera realizarse sin la abjuración previa del catolicismo por los contrayentes. Lo que se perseguía era crear una situación de violencia moral a los declarantes, obligando a los heterodoxos, y, sobre todo, a los ortodoxos, a proclamar en forma transcendental su ruptura con la religión oficial, de manera que el temor de la discordia familiar o el de incurrir en el enojo de la sociedad les obligase a retroceder.

En 1906 se ventiló entre el gobierno y la Iglesia el pleito del matrimonio civil. El nuncio reclamaba la anulación de los enlaces verificados sin la abjuración previa del catolicismo, pero el conde de Romanones mantenía los fueros de la soberanía estatal y subrayaba por real decreto de 27 de agosto la improcedencia de toda declaración religiosa. Con todo, al año siguiente, el marqués de Figueroa, ministro en el gobierno largo de Maura, evocaba la disposición.

La Iglesia ganaba ahora una victoria tras otra a la sociedad civil, y a medida que se despotenciaba moralmente al Estado avanzaba el clero en su lucha por la soberanía temporal. El triunfo del Ejército al imponer la ley de Jurisdicciones en 1906 animaba a los eclesiásticos a arreciar en su ofensiva, y la oligarquía, asediada por las armas y abandonada por el pueblo, buscaba con nuevas concesiones un auxilio perentorio que solo podía obtener enfeudándose a la Iglesia. Se estaba otra vez en marcha hacia el carlismo.

En 1907 no solo quedaban derogados los decretos relativos al matrimonio civil y a la enseñanza, que los religiosos practicaban sin dar cuenta al poder público, sino que en todos los órdenes de la vida del Estado penetraba la Iglesia con fuero propio. El anómalo funcionamiento de la sociedad al arrogarse el Ejército la función de juzgar a las personas civiles, lo hacía inevitable. Se llegaba incluso a usurpar por el clero la jurisdicción criminal y el alcalde de Vigo detenía a un fraile franciscano por orden telegráfica del obispo Tuy.

La política española se centraba en el problema clerical. La demagogia, al acecho, izaba su enseña anticlerical, que ondearía triunfante en Barcelona sobre cenizas de iglesias y conventos en la semana sangrienta.

O se contenía a la Iglesia y al Ejército, o ambos se llevarían por delante las instituciones de la Restauración, como se llevaron la monarquía de Isabel II. Apremiaba limitar el número de regulares.

Volvió Canalejas sobre el cumplimiento de la Ley de Asociaciones con su famosa ley del candado, que tendía a impedir la entrada en España de nuevas comunidades. El episcopado se soliviantó y el Vaticano amenazó con apoyar a don Jaime, el pretendiente carlista.

Por fin se llegó a un compromiso —no podía hacer otra cosa aquel régimen del fraude—. El parlamento aprobó la ley de Canalejas, por virtud de la cual, durante dos años, no podrían establecerse nuevas asociaciones religiosas. Pasado el bienio sin prórroga del precepto, quedaría restablecido el statu quo. El estado obtuvo una victoria pírrica.

La ruptura con Roma aterraba a la oligarquía, y la Iglesia, sujeta a la ley por Cánovas, volvía a ser en el reinado de Alfonso XIII un poder incontrolable, cuya fuerza política estaba en razón directa de creciente flaqueza del régimen.

R.B.: RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, Historia de España, Compañía general de ediciones, 1950, México, Tomo II págs. 419-423.

El anticlericalismo

El conflicto orgánico, a la europea, entre el Estado y la Iglesia, punto menos que nuevo en España, se presentaba violentamente agudizado por la incultura del clero español. Era este el clero del carlismo, un clero rural, que habla dejado el trabuco y el caballo, pero que mentalmente seguía siendo hostil a la ley civil y al orden moral de la urbe, esto es, a la urbanidad.

La intromisión de los eclesiásticos en la política difícilmente se podía evitar. Se producía en virtud de una ley natural incoercible; y el bronco y cerril aspecto de la acometida clerical se explicaba por ser el atacante un clero rústico, montaraz y misoneísta. Doblemente antiliberal por católico y por campesino, continuaba en la precaria paz civil su lucha de los valles y las sierras.

La innegable superior cultura de algunos prelados, el más fino espíritu y la mayor humildad de gran número de sacerdotes, no dulcificaban el ademán de la institución. No es que existiera un verdadero problema religioso, ni resultaba lo más grave de la cuestión clerical la ambición gobernante de los eclesiásticos, lo que engendraba el anticlericalismo furibundo era la agresividad física de los clérigos, los atropellos que cometían en personas y cosas, no amparados por la ley, sino burlándola con impunidad.

De ahí que fuera el anticlericalismo un movimiento pasional, irracional, que se revolvía, a su vez, contra las personas y cosas de los curas, sin advertir que con ello nada perdía la lglesia. Antes bien, ganaba, porque ningún desafuero de los clérigos, por repugnante que fuera éticamente, podía ser comparado en espectacularidad con el incendio de una iglesia. Los desmanes de los anticlericales contenían un elemento anarquista que alarmaba a la sociedad y ello fortalecía a la Iglesia como institución conservadora.

El clero provinciano y aldeano allanaba moradas, se apoderaba de los muertos, secuestraba a menores y los metía en los conventos sin la aquiescencia paterna; injuriaba al disidente o arruinaba al heterodoxo. Era una tropa, para eclesiástica, sencillamente bárbara, en estado de naturaleza.

Pero el anticlericalismo, como arma revolucionaria, carecía de eficacia. No remediaba el mal, ni mermaba el poder de la Iglesia. Sin embargo, los anticlericales daban suelta a su ira en periódicos que no se ocupaban más que de los curas y los frailes, y se congregaban en manifestaciones públicas de protesta en las ciudades de más fuerte clase media, como Madrid y Barcelona.

No podía perderse el tiempo más cándidamente. Porque la actividad política y político-criminal de los clérigos, como la de los militares, tenía sus raíces en la flaqueza constitucional del Estado. Por eso un siglo de anticlericalismo no ha quebrantado un ápice la fuerza política de la Iglesia española.

En el reinado de Alfonso XIII el problema eclesiástico no consentía separación del problema militar. Al disociarlos, una parte de la clase media, más sensible a la provocación clerical que a la castrense, cometía un error de perspectiva y planteaba de modo arbitrario el problema de la revolución española, que no se resolvería enzarzándose los elementos progresistas en un cuerpo a cuerpo con la Iglesia.

El pueblo no era anticlerical. Las masas trabajadoras, bien por instinto político, bien porque no tenían problema de conciencia, ya porque la lucha de clases desviara su atención hacia inquietudes de otra estirpe, veían la cuestión clerical con relativo desinterés. Más los profesores, los intelectuales, los empleados y parte de los comerciantes, libres de las preocupaciones con que la miseria angustiaba al proletariado, reaccionaban vivamente contra los abusos del clero.

Tenía la clase media filosófica una conciencia sobremanera militante en ese asunto. En ningún otro era capaz de poner tanta pasión. Parecía más anticlerical que antimonárquica, y probablemente ocurría así porque la clase media intelectual chocaba continuamente, como ningún otro sector, con el poder eclesiástico. En estos medios tenía la Iglesia católica sus más obstinados enemigos.

Y como en conjunto la superioridad intelectual de la minoría heterodoxa, había creado en la Iglesia un tremendo complejo de inferioridad, los clérigos encontraban más cómodo atropellar a sus antagonistas que estudiar y hacerse cristianos para poder competir con ellos en el dominio de la inteligencia y de la conducta. Nunca estuvo peor defendida la religión católica.

,Con todo, no era tanto el saber y el buen juicio de los librepensadores que llamándose así creían, por lo visto, adquirir la libertad de no pensar en nada importante que acertaran a ganar la batalla a los ultramontanos, la ofuscación de los liberales trabajaba en beneficio de los eclesiásticos. Una clase media desprovista de grandes energías, gastaba las pocas que tenía en una contienda subsidiaria. Para los anticlericales la revolución era el motín, y así titularon su periódico, El mismo Galdós llegó a afirmar que el clericalismo era el capital problema espanol.

Más en lo cierto, los socialistas entendían que esta grave cuestión se originaba en otra de más envergadura, y Pablo Iglesias puntualizaba en carta al socialista belga Clerbaut.

En el incendio de los conventos, contra lo que se ha supuesto, los socialistas no han tomado parte alguna. Si se hubieran encontrado en condiciones de realizar ciertos actos, nuestros camaradas los hubieran realizado más ventajosos y más significativos para nuestra causa...

Tampoco fue Joaquín Costa del parecer de los anticlericales. Comprendía que entablar un combate directo con la lglesia dividiría a las clases neutras, y destruiría así fuerzas imprescindibles para la verdadera revolución. Para Costa, el capital problema español era otro. Vio claro que el anticlericalismo era un peligro, no para la lglesia, sino para la transformación de España, y decía, enfurecido, en los comienzos del siglo.

Todavía peor que la vecindad frailuna es que veamos a nuestro lado otras congregaciones más funestas de otros frailes de levita, porque también son frailes los oligarcas provinciales y centrales, a cuyo influjo ha degenerado España en un conglomerado de siervos, con o Constitución democrática por inri. Esas congregaciones son el Congreso y el Senado, cinceladores de la niebla, artistas de ruinas, forjadores de hambre, martillo el más fuerte de cuantos contribuyeron a clavar a España en el madero de 1898...

Cuando le pedían a Costa que hablara del clericalismo, exteriorizaba su disgusto con un gesto de desagrado, o exclamaba, como en el Casino de Barbastro:Todos los españoles llevamos sangre de fraile en nuestras venas, y nadie debe hablar mal de su padre.

También aquí se mostró Costa como político original y de singular carácter, infinitamente superior al resto de los líderes de la clase media, de los cuales pocos osaban combatir el anticlericalismo desafiando a la demagogia reinante.

El republicanismo demagógico, en fin, iba torciendo la atención y la voluntad de las masas, azuzándolas contra el clero, mientras obviaba problemas raíces y abandonaba a la oligarquía el terreno en que la lucha podría tener consecuencias prácticas para la democracia.

R.B.: RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, Historia de España, Compañía general de ediciones, 1950, México, Tomo II págs. 423-426.

Catolicismo y protestantismo

El clero español era un clero político y en la situación de España no podía dejar de serlo. Atendida la dificultad en que se hallan los antiestados para limitar su ambición, no admite duda que compete al Estado, a la sociedad civil, defenderse de todos los poderes que pueden obstruir su buen funcionamiento. Esto es lo que triunfaba en las naciones progresivas, incluidas las católicas.

El cura católico belga o francés, tantas veces señalado como paradigma de tolerancia y maneras por los anticlericales españoles, no hacía otra política porque no podía. Si era más cortés que el español, ello se debía a su condición de clero urbano. Su celebrada ecuanimidad no provenía de voluntaria sumisión al poder civil, sino del vigor con que el Estado le recordaba a diario el carácter confesional de su oficio.

Ni en cuanto católico ni en cuanto fuerza social podía el clero belga o francés renunciar a la absorción de la sociedad, y lo único que lo contenía era la robustez de las instituciones civiles. Tampoco se gestaba la tolerancia en la existencia de más de una religión, pues la pluralidad de religiones en los estados febles no hace más tolerantes a los competidores, sino más combativos en la lucha por la hegemonía.

Si hubiera duda, bastaría pasar la vista por la prensa católica inglesa para notar que el católico inglés no es más tolerante que el católico español. Se lo impide, como a todos los demás, la teología católica. Las iglesias protestantes acabaron aceptando la tolerancia y la diversidad de credos porque a ello las llevaba el libre examen, la interpretación personal de las Escrituras, aunque nacieran tan exclusivistas como la Iglesia que se proponían reformar.

La predestinación luterana y el dogma de la salvación por la fe contenían asimismo, el principio de la tolerancia. Pero fue el sentido práctico de los Estados anglosajones, imperios mercantiles, opuestos por su propia naturaleza a barreras y tabúes, para los cuales no podía haber prosperidad mientras no cesaran las luchas religiosas, lo que dio al cabo carácter permanente a la libertad de conciencia. La teología revisionista del protestantismo y el interés material de las naciones burguesas favorecían a la larga la coexistencia de varios credos religiosos.

Ahora bien, la libertad de conciencia hubiera sido quimérica sin un Estado fuerte que la amparara. En su introducción a las Cartas y Discursos de Cromwell de Carlyle, William A. Shaw puntualiza como el puritanismo a mediados del siglo XVII era una fuerza persecutoria e intolerante impedida solamente de consumar su persecución y su intolerancia por el poder civil.

Ninguna iglesia es tolerante por principio. Pero las comunidades protestantes, al admitir la interpretación individual de los libros sagrados autorizaban el diálogo entre la ortodoxia y la heterodoxia; y el derecho de disentir implicado en todo diálogo no solo establecía la tolerancia en las religiones protestantes, sino que daba cada día más entrada a la razón en las cosas de la fe.

Reducidas las obras a la mínima expresión, repudiados los milagros, excluidos los misterios, suprimidas las imágenes, la religión perdía su esencia sobrenatural y disminuía en valores transcendentes. Despojada la religión católica de elementos irracionales, sobrenaturales o transcendentes, se convertía en un credo moral sensato y acomodaticio como la burguesía. La fe ya no era ciega y no atropellaba.

Cada secta seguía considerando su religión como la única verdadera, pero el heterodoxo no pasaba por réprobo ni por hereje. Por eso pudo existir, andando el tiempo, la convivencia entre las distintas comunidades protestantes, que tenían entre ellas de común una fe racionalizada.

Por su parte, la Iglesia católica mantiene sus dogmas primitivos y rechaza el análisis si no es para apoyarlos escolásticamente en un claro intento de justificación racional. No admite discusión. Acepta la defensa. No tolera el revisionismo. No deja margen más que para la apologética. Su discurso no es parte de un diálogo, sino un monólogo.

No basta la fe; son imprescindibles las obras. El agnóstico y el creyente no católico son heresiarcas, incurren a diario en impiedad y se condenan. La fe del católico cabal es maciza, pasional, irracional y fanática. Es una fe antiliberal, que solo permite la convivencia en la unanimidad. En el católico el impulso de salvar al heterodoxo o al ateo es inalienable.

En cosa tan trascendental como la salvación eterna del hombre no tiene cabida la frialdad. Su teología y su Iglesia infalibles infunden, pues, al católico el espíritu de la catequesis militante. No es que piense, como llegó a pensar el protestante, que el disidente está equivocado, sino que lo considera un desdichado.

Le inspira lástima y quiere protegerlo a toda costa convencido de que en caso tan grave la violencia está justificada por el sublime fin que persigue. El sentimiento protector del católico no se manifiesta solamente respecto del individuo. Se extiende a toda la sociedad. De ahí el deseo de absorberla y dominarla.

Casi todo ello era común a católicos y protestantes antes de que se desarrollara en las iglesias protestantes el germen de la tolerancia. El catolicismo tuvo su Estado-Iglesia en España, el protestantismo lo tuvo en Ginebra bajo Calvino. Pero el protestantismo estaba llamado a evolucionar y ablandarse y el catolicismo, no.

Al contrario, ante el reto luterano y calvinista, el catolicismo se endurece. Y eso en todas partes. Podrá haber diferencias, y las hay, de cultura y de temperamento entre los católicos de distintos países. Mas el espíritu es el mismo. Todos tienden a salvar al heterodoxo por la fuerza, más o menos cortésmente empleada.

Me he referido al católico de buena fe. Hay también en la Iglesia católica, como en todas, gentes que usan la religión para acumular riquezas y adquirir poder temporal sobre los hombres. Una y otra conducta, llevadas al extremo con éxito, perjudican la buena marcha de la sociedad y pueden hundir a una nación.

Toca, por tanto, al Estado civil precaverse contra el peligro. Porque la nación, en cuanto comunidad universal que se organiza para la convivencia, se forma de infinitos valores y elementos, y el clero es solo uno de ellos, estimado en más o en menos, según el régimen social y la época. No solo de pan vive el hombre, pero tampoco vive solo de espíritu.

La teocracia deforma a la sociedad, la corrompe y la descompone al fin. Lo mismo pasa con el régimen militar de gobierno cuando se sistematiza. Pero la incoercible inclinación de toda fuerza a dominar resistencias y a vencer las menores, exige que el Estado sea lo bastante fuerte para impedir que un solo elemento o factor de la sociedad sojuzgue a los demás.

De todo lo anterior se deduce que el anticlericalismo no podía fundamentarse objetivamente; y si la revolución se quedaba en motín en fuerza de buscar una victoria directa sobre el clericalismo y el militarismo, no se adelantaría un solo paso en la reforma de España. De que los jefes de la democracia comprendieran el verdadero carácter del problema dependía la suerte de la transformación, cuyo más peligroso enemigo, era la demagogia.R.B.: RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, Historia de España, Compañía general de ediciones, 1950, México, Tomo II págs. 426-429.

Alejandro Lerroux

Alejandro Lerroux
Alejandro Lerroux por Agence de Presse Meurisse

Sevilla y Barcelona eran los polos de la explosiva desigualdad social. La primera, eje del Sur territorial. La segunda, eje del Norte industrial. Las multitudes sin tierra de la faja meridional buscaban guía, atento el oído, en las voces que se alzaban en las tribunas populares sevillanas. Las masas de las zonas industriales, con algunas excepciones, pedían consejos y orientación a los agitadores de Barcelona.

Las muchedumbres eran harto distintas y sus males requerían diferente tratamiento, pero los caudillos que las conducían eran los mismos. De extremo a extremo de España, saltando la Castilla socialmente templada de los artesanos y los agricultores modestos, el anarquista y demagogo republicano ora predicaba en Andalucía, ora en Cataluña.

De los demagogos republicanos el más eminente era Alejandro Lerroux, un andaluz de la provincia de Córdoba, líder del partido radical. Lerroux se presentó en la política al cerrar el siglo, siguiendo a Ruiz Zorrilla, cuyo puesto en la vida política vino a ocupar, como si al transmitir de uno a otro la jefatura de la demagogia, el siglo XIX español quisiera prolongarse, a despecho de la Restauración, en el XX. Pero el discípulo sobrepujaba al maestro en doblez, en elocuencia y en el arte de contraer deudas y saldarlas con otras nuevas.

Lerroux pudo haberse llamado anarquista sin cometer ninguna impostura, pero prefería quedarse en republicano, seguramente por no renunciar a las oportunidades que se ofrecían en España a un republicano bullicioso. Ser republicano era, en última instancia, , no ser nada. Ni siquiera implicaba necesariamente que se tenían ideas claras sobre la forma de gobierno.

Lerroux se había formado en la calle, donde lo aprendió todo. Hay razones para dudar que leyera un libro de punta a cabo en toda su vida, ni siquiera cuando ya en la madurez, se hizo abogado yendo a sufrir un simulacro de examen a la universidad de la Laguna. Su instrucción era, pues, la que había tomado de los periódicos. Pero tenía intuición política, una imaginación viva y palabra fácil en el lenguaje abstracto y generalizante de los que se dirigen a las pasiones de las masas. Conocía el alma de la multitud y sabía emocionarla con una voz cálida y teatral.

Nada había semejante al partido radical en las izquierdas españolas. Este partido no tenía filosofía alguna ni meta. Su fuerza estaba en Sevilla y en Barcelona. En estos dos centros de la desesperación nacional Lerroux arrastraba a una masa que venía a ser la selección a la inversa de la clase media y el proletariado. Era un sector de opinión que se iría detrás del primer gran demagogo que se presentara, y se fue detrás del agitador andaluz.

El movimiento lerrouxista constituía un remedo plebeyo de la oligarquía, la corrupción moral y política del régimen reflejada en el arroyo como en un espejo. Por lo demás había de todo en este partido, incluso personas decentes.

En ninguna ciudad española se podía poner en pie como en Barcelona una demagogia triunfante. El ambiente político social de Sevilla era menos tenebroso y complejo, y aunque allí tenía su núcleo el partido radical, Lerroux descubrió pronto que en Barcelona había nacho campo para sus hazañas. Todos los aventureros de la política caían un día u otro en la ciudad condal, y no siempre por propio impulso.

Que la oligarquía alentaba y subvencionaba la demagogia no ofrece duda hoy ni la ofrecerá nunca. Gracias a eso el lerrouxismo tuvo una misión concreta en política, y una misión patriótica además. El partido radical, con sus terroristas, sus bakuninianos, sus abogados sin escrúpulos, sus bajos fondos sociales y su clase media anarquizante y patriotera, fue en Cataluña un agente incontrolable de los gobiernos oligárquicos y contribuyó en gran medida a la desmoralización de la sociedad catalana.

Los discursos anticlericales de Lerroux merecen figurar en toda antología de elocuencia demagógica y hubieran hecho de su autor el anticlerical más furibundo de España si no hubiera nacido don José Nakens, que publicaba en Madrid El Motín, semanario exclusivamente dedicado a poner de relieve la deshonestidad de los curas en contraste con la castidad puritana de los librepensadores.

Como es natural, la política española se descomponía por la acción corrosiva de todos los elementos negativos mas que por la agresión planeada de los enemigos del trono y de la oligarquía. El régimen se pudría rápidamente, y la demagogia no trabajaba en balde. Pero las fuerzas negativas pesaban más que las positivas y si servían para carcomer el árbol monárquico e inclusive para zarandearlo y hacerlo caer, representaban no obstante, un obstáculo insuperable en el camino de la verdadera revolución.

El anticlericalismo era un trampantojo funesto que absorbía todas las energías mentales y espirituales de buena parte de la clase media y tendía a interesar al proletariado. Aparte el daño incurso en la desviación demagógica del pueblo, se ocultaba otro mayor, en la escasísima o ninguna atención que se prestaba al problema de la reforma fundamental de España.

R.B.: RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, Historia de España, Compañía general de ediciones, 1950, México, Tomo II págs. 429-432.