La Desamortización

La propiedad de Manos Muertas

Colectivismo comunismo España

Idem en los tratadistas

Idem en la práctica agraria

Colonización y reformas agrarias

Floridablanca y Campomanes

Jovellanos y Flórez Estrada

Cortes de Cádiz y propiedad agraria

Leyes desamortizadoras de 1855-56

Consecuencias desamortización

La abolición de los señoríos

La fundación de la Guardia Civil

La propiedad de Manos Muertas

En su aspecto económico, la revolución liberal había de consistir en España, como en otros países, en desamortizar, desestancar y poner en circulación la riqueza territorial llamada de manos muertas, propiedad de la nobleza y las instituciones eclesiásticas. Esto es, en convertir en propiedad privada individual activa la propiedad colectiva, generalmente no explotada por sus dueños.

Ello urgía en nuestro país, porque a principios del s. XIX casi toda la tierra se hallaba en España en poder del clero, fundaciones, encomiendas, señoríos y mayorazgos; los que debían poseerla, que eran los verdaderos labradores, no poseían más que una porción mínima. Flórez Estrada calculaba que los baldíos, o tierras yermas, y bienes de manos muertas sumaban casi tanto como tres veces la propiedad individual. El gran reformador Olavide afirmaba en su Informe de 1768 que los comunes y los baldíos ocupaban las dos terceras partes, o más, del territorio andaluz.

En un escrito anónimo titulado Plan del uso que debe hacerse de los baldíos, y que autorizaron, al considerarlo fehaciente, Canga Argüelles, Flórez Estrada y Escrich, se decía que de los 136 millones de fanegas (de 50 estadales cada una: cada fanega, 64 áreas, 40 centiáreas) que mide la Península, menos 14 millones que ocupan los ríos, montes, poblaciones, caminos, etc., estaban en cultivo 33 millones y quedaban de pasto, baldíos y de manos muertas 89 millones, o sea casi el 70% de la superficie total del territorio, cerca del triple de la extensión de la propiedad individual.

En orden al principio de la necesidad de la desamortización, que era dogma liberal, no había discrepancias entre los legisladores de Cádiz, ni las hubo entre sus sucesores ideológicos. Venía a ser esa reforma vieja aspiración de las clases progresivas de España. Los gobiernos del s. XVIII, bajo Carlos III y Carlos IV, habían aplicado poco antes los bienes de los jesuitas a la reducción de la Deuda pública y había expropiado a instituciones de caridad, gremios religiosos, fundaciones pías y beneficios bajo patronato seglar a cambio de bonos del Estado.

Pero separaba a los economistas del momento el clásico pleito anejo al destino que debiera darse a la propiedad desamortizada: si había de ser colectiva o individual, de pertenencia del Estado —o los municipios— o de los ciudadanos particulares.

Defendió el criterio colectivista Flórez Estrada, y con ello se atenía a una tradición española manifiesta, pero la posición individualista, que tuvo por paladín a Jovellanos, bien que menos conforme con esa cierta tendencia tradicional española en materia de propiedad agraria, y, sin duda, perniciosa para el país, llevaba las de vencer, por ser hija de la corriente ideológica de la época, eminentemente individualista.

Colectivismo y comunismo en España

La tradición colectivista y comunista española constituye el tema de la obra clásica de Joaquín Costa (Colectivismo agrario en España), y en esta fuente hemos de detenernos para refrescar nuestra memoria con hechos y teorías de superlativo interés para nuestro estudio.

La tradición colectivista y comunista española en orden a la teoría y práctica de la propiedad de la tierra tiene su raíz, a mi modo de ver, en la psicología de la raza. Contra lo que se dice, el español no es más individualista que otros pueblos que pasan por lo contrario.

Tierra de communitas, España es el país de las comunidades de todo género, de las comunidades religiosas y de las comunidades revolucionarias. Mal puede ser calificado, en puridad, de individualista quien tantas pruebas a dado de preferir la Humanidad a la nación, de anteponer los ideales universales a los nacionales, de interesarse por la suerte y salvación del mundo con olvido de la propia salvación nacional. De ahí precisamente nace la debilidad del patriotismo español, erróneamente atribuida a lo opuesto, al individualismo.

La época histórica en que más plena y espontáneamente se expresa el alma española es la Edad Media —que al acabar, los españoles quisieran perpetuar en Europa—, y en la Edad Media triunfa el universalismo. La Reforma religiosa del s. XVI les era antipática a los españoles porque tendía a dividir el mundo y a individualizar la fe, destruyendo la comunidad católica o ecuménica. La victoria de la Reforma protestante en media Europa pone fin al internacionalismo o universalismo medieval; y allí donde triunfa suprime el comunismo religioso. Prosperan entonces el individualismo y el nacionalismo, pero en conflicto con el español y con España.

Era lógico que España acaudillara la contrarreforma y que Inglaterra capitaneara la Reforma. Antípoda psicológico del español, el inglés, individualista y nacionalista, se erige en campeón de la interpretación individual de las Escrituras y triunfa en la edad en que el español fracasa: la edad del libre examen, del capitalismo de laissez-faire —cada cual que haga lo que le parezca— y de la propiedad privada individual.

No es casualidad que España se arruinara por el ideal de una sola Iglesia en Occidente, de un solo mundo, como hoy se dice, de la communitas universal, ni de que se arruinase también por culpa de las comunidades religiosas, ni de que tratara de salvarse con comunidades y germanías (fraternidades). Tampoco es casualidad que Inglaterra, no solo rompiese la unidad católica, sino la unidad protestante también y se diera una Iglesia para sí, como se dio un sistema de monedas, pesas y medidas separatistas, único en el mundo.

El inglés, es decir, Inglaterra, será siempre obstáculo de consideración para el nacimiento de una comunidad europea o universal.

El inglés, es decir, Inglaterra, será siempre obstáculo de consideración para el nacimiento de una comunidad europea o universal. El espíritu de colaboración, de equipo, de comunidad, del inglés, se gesta como casi todas las virtudes de este pueblo, en el utilitarismo, y es fruto del patriotismo, del profundo nacionalismo de esta raza insular; por eso falla en el terreno internacional, en las relaciones con otros pueblos. Nadie puede ignorar a su prójimo como el inglés. La ciencia del Estado nacional es, en gran parte, inglesa: Hobbes, Adam Smith, Locke, Stuart Mill; pero la ciencia del Derecho internacional brota en España: Vitoria, Soto, Mariana, Suárez.

No se refleja menos la vena universalista y colectivista española en cuanto se escribió en España desde el s. XVI sobre la ciencia política, especialmente en aquel tema y dominio en que más se trasluce, acaso, la psicología de una nación: el régimen de la propiedad.

Lo que pudiéramos llamar pensamiento clásico español en materia agraria es colectivista y comunista, como colectivista y comunista eran en buena parte la propiedad y el trabajo en los campos de España. La sociedad perfecta la traza Sancho Panza, no Don Quijote, aunque Don Quijote, en el discurso a los cabreros, se nos muestra comunista tan razonable como los tratadistas españoles de carne y hueso de su tiempo. La sociología española no levanta falansterios ni utopías, género de literatura social renacentista, en que puede discernirse la influencia de Platón.

Colectivismo y comunismo en los tratadistas

Uno de los primeros españoles que escribieron en el Renacimiento sobre la cuestión de la propiedad fue el monje trinitario fray Alonso de Castrillo, quien dice en su Tractado de república, con otras historias y antigüedades, aparecido en Burgos en 1521, que todos los hombres nacen iguales y libres; de consiguiente, por ley natural, ninguno tiene derecho a mandar sobre otro. Costa tiene a fray Alonso por comunista y republicano.

Por erudición —anota el polígrafo aragonés— el libro de fray Alonso pertenece al Renacimiento, por su fondo se engrana más bien en la Edad Media, pareciendo un superviviente de aquel fértil y osado siglo XIV en que la propiedad individual fue tan fieramente combatida y en que tantos soñaron con ajustar la sociedad civil al tipo del convento.

Cinco años más tarde, en septiembre de 1526, se imprimió la obra de Juan Luis Vives (1492-1540) de Subventione Pauperum, sive de Humanis necessitatibus, que trata de la beneficencia privada y pública. También roza Vives estos problemas en de Causis Corruptarum Artium. El humanista español declara que todo aquel que no reparte a los pobres lo que sobra de sus usos necesarios es un ladrón, y si no castigado como tal por las leyes humanas, lo es seguramente por las divinas.

Vives se adelanta a Henry George —y a Proudhon— en el enérgico juicio de que la propiedad privada es un robo. Costa comenta que ha de concluirse que en la mente de Vives, la constitución económica de un país, al menos en los concerniente a la propiedad territorial, habría de hallarse en estado de revisión perpetua. El insigne valenciano proclama el derecho al trabajo y a la asistencia —criterio socialista—, pero se opone al comunismo en su opúsculo Communione rerum, que publicó en 1535 en Brujas con el designio de influir sobre los campesinos alemanes sublevados.

Coincidiendo con el pensamiento de Vives en de Subventione Pauperum dio a la luz pública en 1538 fray Domingo de Soto su Deliberación en la causa de los pobres, alegato contra la desigualdad social. Este autor interpreta cierto pasaje del Evangelio de San Lucas en el sentido de que so pena de pecado mortal, son obligados los ricos a hacer limosna de lo que les sobra; quitado lo que es necesario para el hombre pasar la vida, todo lo demás ha de darlo al que tiene dello necessidad quien quiera escapar de las penas del infierno.

Persevera la tendencia comunista y colectivista en la obra del padre Mariana, nuestro clásico historiador, celebrado por españoles y extranjeros (el gran historiador inglés Gibbon entre ellos). Mariana dio a la estampa en 1599 su famoso tratado de Rege et Regis Institutione, que, como es sabido, fue recogido y quemado en París, por defender el tiranicidio.

El pensamiento de Mariana, el estado primitivo y más feliz de la Humanidad ha sido la propiedad colectiva de las riquezas naturales, singularmente de la tierra. Es de nosotros un deber de humanidad —dice el sociólogo jesuita— tener a disposición de todos los bienes que Dios quiso fuesen comunes, ya que a todos los hombres entregó la tierra para que se sustentaran con sus frutos, y solo la rabiosa codicia pudo acotar y acaparar para sí ese patrimonio divino, apropiándose los alimentos y las riquezas dispuestas para todos los humanos.

No es partidario Mariana de la distribución de las riquezas por igual; ha de reservarse una parte de la propiedad para la comunidad. República donde haya quienes carezcan de lo más preciso, no puede ser feliz ni gozar una paz duradera. Es fuerza guardar en esto cierta medida modus, como quería Platón, fomentando la medianía, huyendo de aquellos dos extremos igualmente viciosos.

Hacia el año 1600, el humanista Pedro de Valencia, natural de Córdoba, cronista de Felipe III, dirigió una Exposición al Rey en la que se abocetan doctrinas propias de un socialista moderno. La paternidad de la teoría del colectivismo agrario, atribuida al inglés Spencer (1775) pertenece a Pedro de Valencia, que la expuso antes.

El cronista español sostiene que nadie debe poseer más tierra que la que haya de cultivar por sí y necesite para su sustento; entran en su plan todas las tierras, públicas y de propiedad particular y admite que se compense a los dueños expropiados con pensiones enfitéuticas[cesión temporal del dominio útil de un inmueble, a cambio del pago anual de un canon] moderadas. Solo la tierra debe trocarse en patrimonio común, no el capital mueble y semoviente.

El Estado debe dirigir la explotación del suelo, con sistema regular de turno o Flurzwang en cada localidad. Entre los daños que la nación puede padecer —dice Pedro de Valencia.—

el mayor es faltar la gente, y el segundo la labor, porque es irnos acabando. La hacienda del rey son los hombres, no la tierra, y mucho menos el dinero; y así, conforme a esta relación ha perdido S. M. (por haber disminuido la población en más de la mitad) más de la mitad de su reino. La labor de la tierra es lo que acrecienta la gente.

Halla el remedio práctico en una organización colectivista de la propiedad territorial, reforzada con cierto orden de policía agraria que Costa califica de socialismo de Estado.

En 1600 apareció en Valladolid el Memorial de la política necesaria y útil restauración a la república de España y estados de ella, y del desempeño universal de estos reinos. Autor: el licenciado Martín González de Cellorigo, abogado de la Real Chancillería de Valladolid. Cellorigo declara que quien vive de la renta de la tierra en un usurpador, y, por tanto, que quien no es labrador no tiene derecho a ser terrateniente.

... el oficio de labrador es el más libre de todos —escribe— siempre que labre las tierras propias, pero no así cuando trabaja heredades de otros, llevadas en arriendo, que entonces constituye un estado sumamente imperfecto, y de tal imperfección dimana la ruina de la nación española ...porque después de haber pagado (los arrendatarios) el diezmo debido a Dios, pagan otro muy mayor a los dueños de la heredad; tras lo cual se les siguen innumerables obligaciones, imposiciones, censos y tributos, demás de los pechos, cargas reales y personales a que los demás dellos son obligados.
Y cuando acierta a faltar el fruto, o a faltar los ganados con que le benefician, es cierto el desamparo de todo y seguro el mendigar, por ser imposible, aunque la tierra les de ciento por uno, según el peso de tanta carga, el poder arribar. De cuyo daño se derivan todos los demás que en toda España vemos. Tal es el juycio divino de Dios, que lo permite en oposición de todos los que pretenden ser exemptos y libres de la natural y divina ordenación que nos tiene puesta en el trabajo, sin que permita que vivamos del sudor de otros...

Para este mal dice que han propuesto diversos remedios los que tratan de república, y a los más doctos les parece se buscase una igualdad de muchos celebrada por madre de la paz y amistad entre sus súbditos, teniendo a la desigualdad por origen de todos los males, trabajos y calamidades que suelen venir por todos los reynos.

El colectivismo agrario tiene otro resuelto paladín en Lope de Deza, autor de Gobierno político de la Agricultura (1618), donde se recomienda que se faculte a los labradores para exigir el arrendamiento perpetuo o temporal de las tierras que labrasen, pagando tres y tercio por ciento de su valor en la especie de frutos que produjeran.

Deza defiende la enfiteusis o arrendamientos perpetuos de haciendas raíces por poquísimas y moderadas pensiones en los mismos frutos; repudia los censos modernos a base de dinero, especie de prestamos hipotecarios, merced a los cuales los adinerados viven en el ocio... y los labradores viven como siervos, consumiendo cuanto producen en pagar créditos, décimas y otras costas.

Posesión: El derecho de posesión consistía en que el ganado serrano que hubiera gozado pacíficamente de las dehesas de pasto de invernadero (Extremadura), durante un invierno ya no podía ser desahuciado en ningún tiempo mientras siguiese pagando la pensión justa; había adquirido el derecho de poseer y disfrutar tales partes a perpetuidad, renovándose; verdadero derecho real, al que llamaban modestamente de posesión, como al ganadero que lo tenía posesionero. En realidad, era una especie de enfiteusis constituida por ministerio de la ley y de la costumbre contra la voluntad del dueño.R.B.: Costa, p. 87.

El autor de Colectivismo agrario en España (Costa), adivina en Lope de Deza el precursor de los colectivistas españoles de la segunda mitad del XVIII, que preconizan fijar máximun de extensión a la labor de los agricultores que exploten tierras propias, declarar perpetuos, por el llamado en las leyes de la Mesta derecho de posesión, los arrendamientos de tierras, convirtiéndolas en casi enfiteusis, sin la voluntad de los dueños, y tasar, por autoridad del Estado, la renta que han de satisfacerles anualmente los colonos, que es decir la indemnización por el dominio útil expropiado, prohibiendo en todo caso los subarriendos.

El licenciado don Miguel Caxa de Leruela, alcalde mayor entregador de Mestas y Cañadas, salió en 1631 a la defensa de la ganadería y el colectivismo agrario con su obra Restauración de España. Este autor achaca la penuria nacional al avance de la agricultura con menoscabo de la ganadería. En punto a la propiedad agraria, preconiza el régimen de la Ley Licinia, que prohibía poseer más de siete yugadas de tierra, y arriba de cien cabezas de ganado mayor y quinientas de menos. Altísima razón de Estado para asegurar el reino y la república es no consentir que ninguno crezca demasiadamente (en propiedades).

Propone que los pastos de cada localidad sigan siendo de posesión colectiva del vecindario y que cada vecino reciba cierto número de ganado menor y mayor, con el máximo en las quinientas cabezas de menor y veinte de mayor.

A mediados del s. XVIII aparece en España un extraordinario y singular economista: Francisco Martínez de Mata, autor de unos Memoriales o Discursos, tan originales como proféticos. Debió ser confundido con los arbitristas en que tan fecunda era la época, a lo que daría pie su estampa personal. Se llamaba así mismo siervo de los pobres afligidos. Era franciscano de la Tercera Orden de Penitencia, y andaba por Sevilla en hábito religioso predicando sus doctrinas económicas. Las autoridades lo persiguieron, bien que reconocieran que no obstante carecer de letras hablaba con algún acierto en esta materia, en fuerza del uso, pues no se ocupaba en otra cosa.

Canga Argüelles sostenía que el principio según el cual el trabajo es el agente de riqueza, no fue descubierto por los economistas ingleses, pues lo conocieron y formularon economistas españoles desde el s. XVI: Pérez de Oliva, Sancho de Moncada, Ossorio, Martínez de Mata, Caxa de Leruela y Campomanes en pasajes que reproduce en si Diccionario de Hacienda, pp.184, 185.R.B.: Costa, p. 107.

Sin embargo, Joaquín Costa tiene a Martínez de Mata con el más preciso y consciente precursor de Adam Smith. La riqueza de un país —afirmaba el franciscano economista— no consiste en la abundancia de oro y plata, sino en la abundancia de las cosas que son útiles o agradables al hombre; por consiguiente, el origen de la riqueza es el trabajo aplicado a los diversos ramos de la industria, o sea de la producción agrícola, pecuaria, minera y fabril y manufacturera. La industria es la verdadera piedra filosofal que transustancia en plata y oro las simple materias que Dios ha dado para sustentarse.

Así discurría en 1656 Martínez de la Mata, contradiciendo a un tiempo y en parte por adelantado los dos sistemas económicos mercantil y fisiocrático, que proclamaban como manantiales únicos de riqueza el comercio exterior y la agricultura.

Uno de los mayores méritos de Martínez de la Mata —comenta Costa—, consiste en haber adivinado el peligro que corría España con haberse constituido exclusivamente en agricultora; la apremiante necesidad de que se transformara en potencia manufacturera y comercial, para sostener su representación política en el mundo, conservar y acrecentar sus dominios coloniales, restaurar sus decaídos prestigios y afianzar sus grandezas, sus destinos, y hasta su existencia en lo futuro; y en todo caso para promover el adelanto y la prosperidad de la agricultura y la ganadería necesitadas de consumidores holgados y ricos, y de fábricas y empleos útiles donde colocar los brazos sobrantes de las familias cultivadoras.

Otro notable economista español, Juan Francisco de Castro, denunció entre 1765 y 1770 los males inherentes a la acumulación de la propiedad de la tierra. Este autor recuerda las celebradas leyes agrarias de Roma, que no permitían que nadie poseyera más de cincuenta yugadas de tierra, atribuyendo a la gran propiedad territorial el acabamiento y fin de la República romana, punto de vista que informa la obra de los grandes historiadores modernos de aquella civilización.

La razón —dice— se deja entender, cincuenta yugadas de tierra se consideraban suficientes para llenar las atenciones de un padre de familia en el cuidado de la labranza y su decente sustentación: el exceso se creía una usurpación hecha a la República, con que podía hacer vivir muchas otras familias, sustentar sus matrimonios, divertir sus manos, y el efecto de todo, adelantar la agricultura, fomentar las artes y aumentar la población. Si en la sincera observancia de estas leyes (agrarias) permaneciera Roma, acaso no viera la República tan breve ruina.

Colectivismo y comunismo en la práctica agraria

Ese sentimiento ora colectivista, ora comunista o socialista que palpita en la sociología española se corresponde en la realidad con el régimen de la propiedad y la explotación de la tierra en parte considerable de España.

Se sabe de la nación de los vaceos[pueblo hispánico prerromano que habitaba un territorio extendido a ambos lados del Duero por los actuales términos de Medina del Campo, Valladolid, Palencia, Sahagún, Villalpando y Toro] que poseía las tierras en comunidad y las labraba individualmente por el sistema de año y vez. Se dividía la tierra en quiñones, que se repartían por suerte entre el vecindario. Los frutos se ponían en común y se distribuían entre todos según las necesidades de cada uno.

También existía de antiguo en España la institución colectivista, o más bien, acaso, comunista de los llamados campos de fábrica labrados en común por el vecindario para fines piadosos y de beneficencia. (según Díodoro Sículo, de quien lo recoge don Rafael de Floranes. Costa, p. 103)

En las postrimerías del s. XVIII recordaba el licenciado don Francisco Xabier de Peñaranda que había en España ciertas porciones de tierra llamadas senaras concejiles que en muchos pueblos del Reyno, escasos de propios o rentas capaces de mantener los gastos públicos, o con objeto de pagar contribuciones, labran las gentes del campo congregadas, poniendo unos las manos, otros los arados y demás aperos, regularmente en días de fiesta, previa la ordinaria licencia, para no estorbarse los jornales ni ocupación de los trabajos, aplicando el producto a aquellos fines.

Se contaba en España pueblos como Llábanes, en la provincia de León, donde eran comunes las tierras de labrantías y se distribuían por suerte a partes iguales entre todos los vecinos cada diez años. Algunos prados eran, asimismo, comunes y se repartían como las tierras de labor; mas la mayor parte eran de propiedad privada

En cura párroco de Llábanes escribía.

¡Pueblo venturoso, tú me has hecho conocer que es muy practicable la comunidad de bienes que Licurgo estableció en Lacedemomia! Sin haber sido párroco tuyo jamás hubiera conocido yo lo que era la igualdad...

Culminaba en España el colectivismo agrario en el régimen de las tierras municipales, denominadas bienes de propios y bienes comunales, según su aplicación. Los pueblos eran sumamente ricos en este linaje de propiedad. El diputado de las ciudades extremeñas don Vicente Paino recordaba en la representación que dirigió al rey en 1764 que el término de Badajoz fue en su origen todo común, así en cuanto a las tierras de sola labor como a las de labor y pasto.

La desamortización mermó esta clase de bienes, pero no acabó con ellos, como veremos.

Constituyen los bienes de propios dehesas, prados, campos, huertas, viñas, montes, sotos y otras clases de fincas rústicas, además de censos y otros derechos reales sobre heredades particulares. Los municipios arrendaban y arriendan las fincas de propios a vecinos de la localidad por periodos cortos, de uno a seis años, y con el producto de la renta se hace frente, en parte, a los gastos concejiles.

En Extremadura había a principios del s. XIX dos géneros de bienes de propios: dehesas para los ganaderos, que pagaban una renta módica por los pastos, y tierras de labor destinadas a lotes de labranza, los cuales no se arrendaban en pública subasta, sino que se repartían todos los años por los ayuntamientos a los jornaleros y labradores pobres, quienes pagaban a cambio un pequeño canon o retribución.

A fines del s. XVIII y comienzos del XIX —informa Costa— las fincas y derechos de propios —unidos a los impuestos sobre las tiendas, posadas, hornos, etc.—, cubrían con su producto todos los gastos de los pueblos y todavía dejaban un remanente, que Canga Argüelles cifraba entre 16 y 60 millones de pesetas.

Se llamaba, y se llama, bienes concejiles o comunales a otro patrimonio de los pueblos, formado por tierras labrantías, dehesas, prados, bosques, todo propiedad del concejo o colectividad de vecinos, no convertibles en fuente de renta por los ayuntamientos, sino de aprovechamiento directo, personal y gratuito de aquellos. Primitivamente, todos los bienes concejiles tendrían el carácter de comunales, es decir, no estarían destinados a producir renta, pero con el tiempo irían pasando a la categoría de propios, a medida que crecieran los presupuestos municipales.

El sistema de bienes municipales imperante en España se extendió a parte de América con la conquista.

Así, en el Perú se estableció el mismo régimen mixto, con sus bienes de propios para la dotación de la hacienda municipal, sus dehesas boyales y concejiles para los caballos y bueyes de labor, para las reses necesarias a la carnicería y para el número ordinarios de los demás ganados que los pobladores habían de tener; con sus ejidos, con sus baldíos de reserva para nuevas concesiones a los que adelante fuesen a poblar (leyes de indias), y —añade Costa— lo que ha de parecer más extraño: con el sistema de derrota de mieses, que hacía común el pasto de todas las tierras concedidas o vendidas por el rey luego de alzada la cosecha.

Y no solo podían los vecinos pobres disfrutar de los bienes que constituían el patrimonio común de los pueblos, sino que tenían, además, el uso y disfrute de una porción de aprovechamientos de las propiedades particulares que hoy reconocemos de dominio exclusivo del propietario.
Es sabido que una vez que se levantaban en España las cosechas, cuando llegaba el mes de julio, entraba la propiedad particular, por decirlo así, en vacaciones, y todas las tierras pertenecían a todo el mundo, y todo el mundo estaba autorizado para espigarlas y llevar a ellas sus ganados; en una palabra, pasaban a ser de dominio público.R.B.: F. Silvela. Discusión del proyecto de ley provincial y municipal. Congreso de los Diputados, Sesión de 10-V-1870, Diario de Sesiones, p. 7845. Costa, p. 520.

Colonización interior y reformas agrarias en el XVIII

Con tales antecedentes doctrinales y prácticos comienzan en España las reformas agrarias en la segunda mitad del s. XVIII, reinados de Carlos III (1759-1788) y Carlos IV (1788-1808). En este dinámico periodo paran seriamente atención los gobiernos, por primera vez en la historia moderna de España, en los problemas fundamentales de la nación legados por el siglo anterior.

Entonces se inicia, en realidad, la revolución regeneradora que, estorbada por obstáculos inamovibles y vicisitudes fortuitas transcendentales, seguirá tratando de imponerse, sin éxito definitivo, hasta nuestros días.

Cuatro hombres quedan adscritos en la historia a las reformas españolas del s. XVIII: el de don Pedro Pablo Abarca y Bolea, conde de Aranda, presidente del Consejo de Castilla; el de don Francisco Antonio Moñino, conde de Floridablanca, magistrado, ministro, fiscal del Consejo de Castilla; el de don Pedro Rodríguez, conde de Campomanes, abogado, fiscal del Consejo de Castilla, asesor de Correos, director de la Real Academia de la Historia y presidente del Consejo de la Mesta; autor de la obra Antigüedad marítima de la República de Cartago, con el periplo de su general Hannon (1756), del Tratado de la regalía de amortización (1765), del Discurso sobre la educación popular de los artesanos (1755), etc.; y el de don Pablo Antonio José Olavide, conde de Pilón, ministro togado en Lima a los veinte años de edad y auditor general de guerra en el virreinato del Perú, síndico en Madrid, con la dirección de los hospicios, intendente de Sevilla, superintendente de las colonias y poblaciones nuevas de Sierra Morena.

El empeño más ambicioso y aplaudido de cuantos concibieron y en parte realizaron aquellos reformadores en el área de las reformas rústicas fue la colonización de comarcas despobladas con inmigrantes extranjeros —la mayoría alemanes— y españoles de otras provincias. Comenzó la colonización en Andalucía, en unas cien leguas cuadradas de las actuales provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla. la dirigió personalmente Olavide.

Llevó la empresa tres o cuatro años, y en ese tiempo y con un desembolso de diez millones y pico de pesetas no más, alzaron en tierras desérticas 44 pueblos comprendidos hoy en los ayuntamientos de La Carolina, Carboneros, Guarromán, Santa Elena, Montizón, Aldeaquemada, Arquillos, La Carlota, Fuente Palmera, San Sebastián y Luisiana, con unos 30.000 habitantes.

Se incluía en el plan de colonización de Sierra Morena casi todas las formas de propiedad colectiva de trabajo en común heredadas de la tradición, en parte mejoradas: pastos de común aprovechamiento, con número máximo de cabezas de ganado para cada vecino; dehesas boyales; senara labrada de mancomún, para enriquecer la hacienda municipal; molinos, hornos y tierras para patrimonios de propios, etc.

Las haciendas o quiñones asignados a los pobladores serían todos iguales o conformes con las necesidades y capacidad de trabajo de una familia. Se llevarían en enfiteusis, pagando un canon a la corona, esto es, al Estado, propietario directo. Las parcelas no podrían ser hipotecadas ni gravadas con ningún otro impuesto. Tampoco podrían dividirse, sino que pasarían íntegras a uno de los hijos; a los demás se les asignarían otras tierras o haciendas. Ni estaba permitido juntar, ni aún por causas o con ocasión de matrimonio, dos o más de dichas haciendas o labranzas.

Como hemos insinuado, la empresa colonizadora antes diseñada era, en el propósito de los reformadores, el principio de una obra de ámbito nacional. En marcha, con eficacia y éxito notorios, la repoblación de esa zona andaluza, habría de intentarse mutación semejante en la provincia de Ciudad Real: en marzo y noviembre de 1769 se dictaron las disposiciones a este efecto. Pero no siguió adelante. Los reformadores no hallaron estímulos, colaboraciones y poderes necesarios para tan vasto designio.

La colonización era el aspecto del gran trueque con que los ministros de Carlos III se proponían despertar al campo español. Traían también aquellos hombres su plan de reforma agraria, que consistía, para comenzar, en distribuir tierras comunales entre los labradores y braceros de cada localidad; y el 2 de mayo de 1766 dictó el conde de Aranda una real provisión en la que mandaba que se repartan entre todos los vecinos de los pueblos sus tierras baldías y concejiles, por el derecho que cada uno tiene a ser arrendatario de ellas, además de la preferencia que dicta la equidad a favor de los braceros que carecen de tierras propias.

Se refería esa ley particularmente a la provincia de Extremadura. Las tierras labrantías propias de los pueblos y las baldías o concejiles que se rompiesen y labrasen por orden del gobierno habrían de partirse en suertes (no inferiores a ocho fanegas), ser tasadas por labradores y peritos y distribuidas entre los vecinos más necesitados.

Se daría preferencia en el reparto a los senareros y braceros que pudieran labrarlas por sí o a jornal, y luego a los que poseyeran una canga de burros y labradores de una yunta; a continuación a los de dos yuntas, después a los de tres, y así sucesivamente. Los favorecidos en el reparto habrían de cultivar las suertes por sí y les estaba prohibido el subarriendo. Quienes las subarrendasen, o las dejaran eriales dos años seguidos, o no satisficiesen la pensión durante ese lapso, perderían la tierra, que le sería dado a otro vecino.

Por leyes de 12-XI-1767 y 29-XI-1768 extendía el Consejo de Castilla la supradicha reforma a Andalucía y la Mancha, y prometía a los labradores de todo el reino repartimiento semejante en el futuro.

Mas no estuvo el gobierno tan afortunado en la reforma agraria como en el de colonización de Sierra Morena. No bastaba dar la tierra a los senareros y trabajadores del campo desprovistos, claro es, de capital mueble y semoviente, o sea, de casas, aperos, semillas, ganados, etc., cosas que recibieron, con la tierra, los favorecidos con los planes colonizadores.

No haber previsto la dotación de los braceros con capital fue una de las causas del fracaso de la reforma agraria en Extremadura, pero no la única. Estaban los ayuntamientos —llamados a llevar a la práctica aquella pacífica revolución— en manos de los poderosos de cada pueblo; y ya entonces pudo comprobarse la falta de sentido moral de la clase directora, pues veía en el reparto medio y coyuntura, no de mejorar la suerte de los pobres, sino de acrecentar su propia fortuna y hacer aún más insufrible y perniciosa la desigualdad.

El gobierno puso un preámbulo a la real provisión de 2 de mayo de 1766 que decía.

Por don Sebastián Gómez de la Torre, nuestro corregidor-intendente de Badajoz, se nos representó con fecha 21 de abril próximo que entre los multiplicados abusos que influyen en la aniquilación y despoblación de esa provincia (Extremadura), era uno el que los vecinos poderosos de los pueblos, en quienes alternaba el mando y manejo de la justicia, con despotismo de sus intereses ejecutaba el repartimiento de tierras que con facultad de nuestro consejo rompían en dehesas y valdíos, aplicándose a sí y sus parciales, quando las dividían por suertes, la más escogida y más extendida parte de ellas, a exclusión de los vecinos pobres y más necesitados de labranza y de recoger granos para la manutención de sus pobres familias; y quando se sacaban a pública subasta, las ponían en precios altos para quedarse con ellas, con la seguridad de pedir y obtener tasa, lo que producía infinidad de pleitos con desolación de los pueblos; que uno y otro inclina la malacia y depravados fines no solo de hacerse árbitros de los precios de los granos y de los efectos públicos, sino también la de tener en su dependencia y servidumbre a los vecinos menesterosos para emplearlos a su voluntad, y con el miserable jornal a que los reducían, en sus granjerías; de modo que esta opresión y la de echar sobre ellos el mayor peso de las contribuciones reales y cargas concejiles, los precisaba a abandonar sus casa y echarse a la mendicidad.

En la real provisión de (12-VI-1767), por la que se hacía extensiva la orden del repartimiento a Andalucía y la Mancha, reprodujo el Consejo de Castilla un memorial de agravios de los pegujaleros de Osuna, en el que se traza fiel y espantable semblanza de aquella clase dominante.

En la villa de Osuna los labradores poderosos y aun las justicias y capitulares, que tenían diversidad de cortijos y dilatadas porciones de tierras y campiñas en lo mejor y más fértil de ese pueblo... se habían levantado con las dehesas y valdíos arrendables del público por pujas, amenazas y otros medios, sembrando anualmente muchas porciones de ellas, al mismo tiempo que las tierras de sus dilatados cortijos y heredades, para ser solos en la labranza y crianza.

Floridablanca y Campomanes

En el expediente abierto sobre la crisis agraria y pecuaria de Extremadura emitieron sucesivamente dictamen (Respuesta fiscal) Floridablanca y Campomanes. Opinaba el primero (1770) que los frutos y el capital mueble o semoviente debía ser de propiedad privada, pero aconsejaba la propiedad colectiva del territorio de cada concejo a favor del respectivo vecindario. El disfrute debía establecerse como el mir ruso (división en hojas, sorteo periódico entre los vecinos, etc.), muy extendido también en la Península Hispánica.

Campomanes escribía en su informe fiscal.

se impone formar una ley agraria por virtud de la cual todo vecino tenga a lo menos repartimiento de tierras para una yunta, aunque para ello sea preciso limitar las labranzas de los grandes hacendados, pues el legislador tiene innegable autoridad para coartar el dominio privado, y es obligación suya hacerlo, cuando tal limitación es indispensable para promover la felicidad pública.

La reforma agraria preconizada por Campomanes comprendía los siguientes extremos:

  1. A quienes cultivan tierras propias en cantidad de 50 fanegas o más se les considerará suficientemente dotados, y no podrán reclamar ninguna en el repartimiento.
  2. Los que cultivan como colonos tierras ajenas que cubran asimismo el tipo de cabida legal, tampoco tendrán derecho a que se les de ninguna de las repartidas, pero se les asegurará la permanencia en el arriendo por causa de utilidad y de necesidad pública, reconociéndoles hasta el límite dicho de las 50 fanegas el mismo privilegio de posesión, o sea tácita reconducción, que ha usado la Mesta, y se evitará el que sean oprimidos, aplicando la tasa, a ejemplo igualmente de la Mesta.
  3. A los labradores y jornaleros que carezcan de tierra propia o arrendada o que tengan menos de las cincuenta fanegas, se les proveerá de ella, o se les complementará la suerte por vía de repartimiento, rompiendo en los baldíos (sin perjuicio de los pastos indispensables), y en su defecto, en dehesas de propios, o de arbitrios y de particulares, por este orden.
  4. La dotación para una yunta en los baldíos deberá ser gratuita; lo que se conceda en ellos de más, sobre ese tipo de las 50 fanegas, debe satisfacer una pensión anual, con la cual se ayude (según el método propuesto por el corregidor de Cáceres) a comprar bestias de labor a los vecinos pobres, y algunas cabezas de ganado lanar con que empiecen el establecimiento de las 250 por cada yunta, sin perjuicio de que puedan tomarlas en aparcería.

"Llevado con celo este método, dice Campomanes, podría suceder que dentro de veinte años no hubiese vecino capaz de cultivar la tierra en Extremadura que no se hallara completamente dotado, sin perjudicar al dominio del público o de los particulares..." De este modo, además, se uniría la granjería pecuaria con la labranza por medios legales y de equidad, y florecería la provincia en sus cosechas y en la multiplicación de sus ganados estantes, cuya industria circularía entre todos con la posible igualdad, que es la que hace abundar y abaratar las cosas.

Jovellanos y Flórez Estrada

Los informes de Floridablanca y Campomanes se referían a uno de los muchos expedientes abiertos entre 1752 y 1769 sobre las cuestiones del campo. En 1771 ordenó el gobierno que se formara con todos un expediente consultivo, agregándosele nuevos dictámenes de intendentes y tratadistas. Quedó así abierta una especie de información pública de la que resultó ingente copia de esclarecidas opiniones.

En estos expedientes consultivos —dice Costa.—

se plantea todo un sistema de socialismo agrario del más subido precio, que la sociología de nuestro siglo ha tenido en torpe e injusto olvido hasta el día de hoy. La tasa de la renta de la tierra en favor de los colonos, y el pago de ella en una parte alícuota de los frutos; la obligación de dar arriendo y prohibición de subarrendar; el derecho de posesión para los arrendatarios de tierras, que es una transformación del arrendamiento en censo por ministerio de la Ley, y sin el beneplácito del propietario; la preferencia y derecho de tanteo a favor de los vecinos; la limitación de las labranzas y el número de yuntas; la formación y reparto de suertes o cotos redondos individuales e inalienables, tomando la tierra para ello de las propiedades concejiles y baldías, de las comunidades, y caso de ser insuficientes, de las particulares: todo esto se ventila y resuelve en aquellas transcendentales informaciones, que habrían podido se punto de partida para un vasto y fecundo sistema de legislación social (iniciado ya con medidas de octubre de 1781, junio de 1783, diciembre de 1786, marzo de 1791, abril de 1793)...

La Comisión nombrada para estudiar los informes sacó extracto, apuntamiento o memorial ajustado de dicho expediente y resolvió su impresión para repartirlo entre los locales; de aquí nació —añade Costa— el Memorial ajustado dado a la estampa en 1784. La Junta de ponencia después de haber deliberado largamente sobre el asunto, encargó la redacción de su respuesta al sabio economista, vocal de la misma, Jovellanos; y tal fue el origen del célebre Informe en el expediente de Ley Agraria (1795), que tan gran influjo ha ejercido después en la legislación y que puede decirse forma época en la historia de la economía política en España.

Dejemos para más adelante el informe-ponencia de Jovellanos.

Sobremanera interesante es el del intendente de Sevilla, don Pablo Antonio José Olavide, quien no duda que, uno de los mayores males que padecemos es la desigual repartición de las tierras y que las más de ellas están en pocas manos, siendo constante que esto perjudica a la agricultura y al Estado, y lo que conviene es que haya muchos vasallos ricos y estantes, y no que en pocos se reúnan inmensas fortunas.

Lo primero en que el Gobierno debe parar atención es, pues, en hacer muchos verdaderos propietarios (de a 50 fanegas) con las tierras que tiene en su mano, por estar bajo de su tutela y dirección (capellanías, obras pías, encomiendas militares, es decir la desamortización), mandando darlas a censo con pensión de la octava parte de frutos. En igual forma deben repartirse todas las tierras de propios y arbitrios de los pueblos. Recomienda la enfiteusis acreditada en el reino de Valencia y en Cataluña.

De indudable interés documental es el informe del intendente de Soria. La tierra de Soria se iba quedando yerma; habían dejado ya de labrarse las dos terceras de los campos que antes se cultivaban, efecto de la pobreza y falta de recursos de los labradores, siendo la causa principal el que .

los dueños de las tierras los aniquilaban con excesivas rentas, cobradas en frutos que ellos almacenaban para vendérselos a los mismos durante los meses mayores, a precio doble de como lo habían tomado, y también el que a los que labraban tierras propias, cualquier siniestro, granizo, sequía, muerte de yunta, etc., los atrasaba, forzándoles a pedir prestado, con lo cual ya no levantaban cabeza nunca, porque hallándose su remedio en los poderosos y estado eclesiástico, ninguno de estos acostumbraba a compadecerse, aunque pidan de los frutos que los mismos pobres depositaron en ellos.

El procurador general del Reino, Sáenz de Pedroso, manifestaba que en los repartimientos de tierras de propios y arbitrios que se hagan a los vecinos labradores de cada lugar debe concedérseles el disfrute a perpetuidad y con carácter hereditario, mientras ellos y sus familias las cultiven y paguen la pensión; y que eso mismo debe prescribirse respecto de las tierras de los particulares, y aun de las eclesiásticas y amayorazgadas, que no se debe permitir a los dueños despedir a sus colonos sino en el caso de que no paguen la pensión en dos años.

Dijimos al principio del presente capítulo que la revolución liberal había de consistir en España, como en otros países, en convertir en propiedad privada individual activa las tierras que se expropiaran a la nobleza y comunidades e instituciones como la Iglesia. Esa era la ley de la revolución de la burguesía. El liberalismo se conciliaba mal, por consiguiente, con el colectivismo y con el comunismo agrario.

En definitiva, la filosofía política de la época sacrificaba la sociedad al individuo, el interés público al interés particular. Que cada cual se defienda como pueda. El Estado no debe coartar la libertad individual en la esfera económica, como no debe ponerle frenos en el orden político. Así se concebía la sociedad perfecta. Cuanto se opusiera a la libertad de movimientos del individuo, al máximo despliegue de sus energías y facultades como sujeto económico se tenía por pernicioso obstáculo.

Aquella ley capitalista, ley de la selva, que trataba de liberar al hombre de las cadenas restrictivas y regimentadoras en que lo tuvo embarazado la legislación medieval parecía a la clase revolucionaria de entonces —como acontece en cada época a los revolucionarios con el credo en boga— descubrimiento maravilloso y parto genial del entendimiento humano.

Los burgueses españoles —los hombres de Cádiz— pensaban, claro está, como los burgueses de las demás naciones. tenían por intolerable abuso la propiedad colectiva, que de tan inicuo modo impedía al individuo poner a prueba sus prodigiosos talentos con-naturales de hombre de empresa.

Semejante doctrina amenazaba a los bienes comunales y de propios tanto como a los bienes de la Iglesia, pues toda propiedad colectiva o de instituciones, cualesquiera que fueses su origen y sus usufructuarios, estorbaba los planes de los revolucionarios, al paso que agudizaba la impaciencia de aquella nueva clase social por enriquecerse.

No solo parecían naturales, incontestables y benéficas esas teorías de los hombres de empresa, ya hechos o en potencia, estos es, a los burgueses: las veían también así, sin necesidad de ser filósofos, los hombres de presa que, adelantándose a la revolución legal, se apropiaban las tierras de los comunes, usando ya del derecho del más fuerte, o menos escrupuloso, a despojar a los débiles.

En eso apareció el Informe de Jovellanos. Era la voz misma de la Revolución, y de ahí la profunda impresión que causó y la calurosa acogida que tuvo. Las propuestas colectivistas, las soluciones encaminadas a garantizar la posesión de la tierra a los labradores mediante la limitación de la libertad de disponer de ellas como quisieran, cuanto a ese tenor se decía en los informes anteriores, lo diputaba Jovellanos con elegante desdén. extravíos de la razón y el celo.

La ley agraria no debía tener otra misión que la de remover los estorbos que se oponen a la libre acción del interés privado, que es en lo que consiste la función entera del legislador en orden al trabajo humano (párrafos 24 y 28). Y lo demás, que sería ocioso reproducir, después de haber expuesto ya nosotros en líneas anteriores en que consistía la doctrina económica de los liberales.

Frente a la concepción individualista no podía menos de alzarse y forcejear la posición colectivista, más acorde con el sentimiento tradicional español, pero vencida ya por las ideas de la época en el expediente consultivo, como atestigua el triunfo de Jovellanos, y poco después derrotada de nuevo en las Cortes desamortizadoras.

Encarnó como nadie la política agraria colectivista en el periodo revolucionario don Álvaro Flórez Estrada (1769-1853). Expuso este insigne economista sus teorías en dos obras: Curso de Economía Política, publicada en Londres en 1828, y La cuestión social, aparecida en España en 1839.

El notable Curso de Economía Política mereció alabanzas de destacados economistas europeos, como Adolfo Blanqui, quien en su Historia de la Economía Política en Europa, impresa en 1837, trataba a Flórez Estrada como economista original, y señalaba los puntos de vista con que el español enriquecía la ciencia económica y se apartaba de los grandes maestros: Adam Smith, Ricardo, Sismondi, etc.

Smith —anota Costa— descubrió que el trabajo es el origen único de toda riqueza. De la misma teoría de Smith que sirvió de punto de arranque a Flórez Estrada para fundar su sistema colectivista, dedujo su sistema Carlos Marx. El economista español desarrolla tesis análoga a la que unos cuarenta años después informaría la obra de Henry George. Comparada la doctrina de George con la de Flórez Estrada se diría que el libro del norteamericano —Progreso y Miseria— no es sino una brillante amplificación de la obra del español.

Flórez Estada preconizaba el rescate de las tierras indebidamente apropiadas y la nacionalización de su dominio: que el jefe del Estado las distribuya, arrendándolas por una renta moderada a los que hayan de cultivarlas. Nadie debe poseer más tierra que la que puede cultivar una familia; este es el único sistema agrario compatible con un gobierno paternal y fuerte.

Defendía también este autor la conveniencia de que el gobierno poseyera bienes raíces como fuente de renta pública: cuanto más extensa sea la propiedad territorial del gobierno —decía—, tanto más fácil le será distribuir bien entre los individuos la riqueza más importante, y de esta distribución depende que sea feliz o desgraciada la suerte de las naciones. Quería que toda la propiedad territorial se diera en arriendo enfitéutico, lo cual haría la dicha de la nación sin perjudicar a ninguna clase social.

Las Cortes de Cádiz y la propiedad agraria

Sin demora trataron las Cortes de Cádiz la cuestión de la tierra. Dentro y fuera del Parlamento se apuntaron en seguida las dos tendencias: la individualista y la colectivista. Al discutirse en 1811 —periodo 1810-1814— la desamortización de los bienes concejiles, propios y baldíos o comunales, varios diputados llamaron ya la atención de la asamblea sobre los peligros que anidaban en la venta.

Los ricos —profetizaba don José Calatrava— adquirirán las tierras que se vendan; para ellos será el fomento, porque las tendrán al precio que quieran; y todo el beneficio público de la venta que se nos propone habrá quedado reducido a privar a los pobres del auxilio, poco o mucho, que encuentran en los baldíos, y causarles a ellos y al Estado, en general, el grave perjuicio que se sigue de la acumulación de propiedades en pocas manos.

Pero la doctrina de Jovellanos, por razones apuntadas en líneas anteriores, había impresionado a las Cortes, que declaraban que el polígrafo asturiano en el sistema de ley agraria, tan admirado como querido de pobres y ricos, de grandes y pequeños, desenvolvió el principio de la naturaleza...

En su dictamen de 22-II-1812, la comisión de Agricultura se pronunció contra la posesión colectiva en forma tradicional y a favor de la individualización de las tierras concejiles, aunque dejando a los pueblos el dominio directo. Proponía que.

los terrenos de propios se reduzcan a dominio particular, asegurando sobre ellos, por enfiteusis perpetuos, lo que ahora producen para gastos municipales, con la condición de que no cultivándolos o no pagando en dos años el canon respectivo, perderán su suerte y se dará a otro más laborioso, y que los baldíos, así comunes como realengos se vendan o se den a censo o se repartan por un canon moderado o gratuitamente, según las circunstancias de cada comarca.

El decreto de las Cortes de 4-I-1813 se inspiraba en el dictamen antecedente, pero acentuando su sentido relativamente individualista, pues ordenaba que se redujeran todos los terrenos baldíos o realengos y de propios y arbitrios a propiedad particular plena, vendiéndose la mitad de los primeros por cuenta de la Deuda pública y dándose con los demás, en plena propiedad también, una suerte en concepto de premio patriótico a los defensores de la Independencia y de las colonias, y otra a los vecinos que lo solicitasen y careciesen de tierras propias.

El gobierno de Fernando VII derogó en 1814 —periodo 1814-1820— casi toda la obra de las Cortes liberales, y el decreto de 4 de enero no pasó del papel.

En la etapa liberal de 1820-1823 reapareció el famoso decreto, transformado en la orden de 28-XI-1820 y en el decreto de 29-VI-1822; pero el triunfo de la contrarrevolución —debido a la invasión de los 60.000 franceses de Angulema— dejó en suspenso de nuevo las leyes agrarias. Y el fracaso de las leyes españolas de 1813 a 1822 que llamaban al goce de la tierra a todos los ciudadanos, llevaba consigo el fracaso entero de la revolución.

En 1837 —periodo 1835-1843— recibe la desamortización su más fuerte impulso. Mendizábal saca a la venta, entregándola a explotación individual, propiedad territorial colectiva de manos muertas valorada en 4.000 ó 6.000 millones de reales.

Se desvivió en ese momento Flórez Estrada en persuadir al gobierno y al país de los riesgos que entrañaba el paso a propiedad individual de los bienes del clero y los municipios. En el periódico El Español desarrolló un plan económico conforme al cual en vez de vender a precio de papel sin valor y sin curso, .

los bienes nacionales rústicos, se darían a censo enfitéutico a los colonos del clero, por un canon igual a la renta en que los habían llevado en arriendo; cuyo producto podría aplicarse a las necesidades del Estado y al pago de los intereses de la Deuda, según acordasen las Cortes. Ese plan que extendía los beneficios de la desamortización a todas las clases labradoras y les proporcionaba establecimiento, haciéndolas condueñas del estado, fue sometido por Flórez Estrada a las Cortes en 1836, pero su autorizada voz no pudo reunir una quincena de votos, que le siguieron más bien por afinidades políticas que por conocimiento de la teoría.

Fermín Caballero apuntaba que lo científico hubiera sido desamortizar de acuerdo con la ciencia. Añadía este economista que el designio revolucionario que animaba la política desamortizadora, designio evidente, cedía ante otros expedientes inmediatos. Urgía al gobierno liberal hacer frente a los problemas del día, y uno de los más graves era el del déficit, verdaderamente astronómico, pues la guerra de la Independencia costó a España 12.000 millones de reales.

El recurso de cubrir el déficit presupuestario con emisión de Deuda estaba agotado, por cuanto la Deuda interior ascendía a 18.000 millones de reales en 1833. Esta fue una de las causas de que las tierras se malbarataran. El Estado no podía esperar, y las daba a precio de saldo. Por otra parte, los carlistas habían anunciado, como partido de la Iglesia que eran, que no reconocerían las ventas realizadas. Nadie quería, por tanto, las fincas si la baratura no garantizaba la disminución del riesgo de comprarlas.

Desde que regresó del exilio, a la muerte de Fernando VII, Flórez Estrada había vivido con la ilusión de conseguir que los reformadores aceptaran su plan, basado en la enfiteusis de todos los bienes baldíos y procedentes de manos muertas; su fracaso le amargó la existencia todo el tiempo que aún vivió; dejó la política y se retiró a Grado. Consideraba la derrota como una gran desgracia para la nación española.

En general y salvo casos aislados, la revolución pasó, y llegamos a la ley desamortizadora de 1855 sin que el pueblo hubiese adquirido un palmo de tierra. Costa. p. 207)

Las leyes desamortizadoras de 1855 y 1856

La desamortización recibió otro enérgico impulso en el bienio revolucionario de 1854-1856, siendo ministro de Hacienda don Pascual Madoz. Por decreto de 1-V-1855 y 11-VII-1856 se declararon en venta todas las fincas rústicas del clero, terrenos de propios, gremiales e instituciones caritativas. Por disposición especial se determinó que esa masa de propiedad sería vendida en subasta y en pequeñas parcelas para que pudieran adquirirlas las clases más pobres.

En el momento de la venta, el Estado exigía solamente el 10 por 100 del valor de la tierra; en cada uno de los dos años siguientes los compradores pagarían otro 8 por 100; otro 7 por 100 en los dos años subsiguientes; los tres quintos restantes del precio se aseguraban por hipoteca al 6 por 100 y por un periodo de diez años. Se calculaba que pagando esa renta el campesino sería dueño de su parcela en quince años.

El producto de las enajenaciones de los bienes del clero habría de invertirse en Deuda del Estado, al 3 por 100 de interés y a favor de la Iglesia.

No salió, sin embargo, la reforma tan perfecta como parecía en el papel; y se cumplieron los augurios de los enemigos de la venta de los bienes de propios. Decía en las Cortes, al discutirse las leyes de Madoz, el diputado por Extremadura señor Bueno.

Trabajan (jornaleros y labradores) ese fundo como propio, haciendo suyo el producto íntegro de su trabajo, lo cual no sucederá si se enajenan esos bienes porque los pobres que ahora los disfrutan y usufructúan a virtud del reparto anual que se hace, no han de poder comprarlos, y los capitalistas a cuyas manos irán a parar se aprovecharán del trabajo de estos infelices, se alzarán inmensas fortunas, a expensas de los pueblos, nacerá una clase de ilotas y mendigos, y se habrá dado vida a otro feudalismo como el medieval, que será la explotación del hombre por el hombre.R.B.: Diario de sesiones de las Cortes Constituyentes, 27-III-1855, p.3281.

Las consecuencias sociales de la desamortización

En su alcance económico, la revolución liberal concluye virtualmente en 1856. Todo español en posesión de alguna fortuna, y la mayor parte de las fortunas eran territoriales, simpatizaba con la desamortización. El proletariado también, pero por razones distintas. La gente de dinero, que podía adquirir por una suma insignificante las tierras de los clérigos y los ayuntamientos, conjugaba en su conciencia la más profunda devoción con lo que se presentaba como el mejor de los negocios. Entre esta gente de dinero estaba la escéptica aristocracia de sangre.

El proletariado, por su parte, aunque no se iba a lucrar con el despojo de los eclesiásticos, aplaudía una medida que no podía menos de ser popular. Y los anticlericales, cualesquiera que fueran sus ingresos, veían en la desamortización la varita mágica que convertiría a la Iglesia de la noche a la mañana en una institución sin fuerza social. He ahí porque las leyes desamortizadoras se impusieron en un medio reacio al liberalismo. En este punto concreto, los liberales coincidían con la sociedad, y la Iglesia pasaba a ocupar el lugar minoritario de los liberales. En este punto nada más.

Hemos visto que los gobernantes liberales se afanaron por lanzar a la circulación toda la propiedad amortizada. El principio hubiese sido sano si los decretos de los reformistas se hubieran impuesto en su totalidad. Tan importante como destruir el poder territorial de la Iglesia era cuidar de que las fincas expropiadas fueran el fundamento de una clase media campesina. Atentos los liberales a esta necesidad, quisieron regular la distribución del suelo expropiado con disposiciones como las de Madoz.

Pecaron, sin embargo, por desconocer que si estaba en su mano despojar de sus bienes a las corporaciones públicas, no lo estaba en la práctica el compensar a los vecindarios del despojo desamortizador mediante la creación de una nueva economía popular.

La primera fase de la reforma: la expropiación de las fincas estancadas, podía realizarse con relativa facilidad, porque la oposición a esta medida era débil. El pueblo esperaba, quizás, que las promesas gubernamentales de vender las tierras en pequeñas parcelas a pagar a largo plazo le resarcirían del quebranto económico que le causaba la pérdida de los bienes propios y las fincas comunales.

Pero si eran muchos los interesados en que se cumplieran las disposiciones de los gobiernos liberales en su primera parte: la salida de la riqueza a la circulación, pocos se interesaban porque el pueblo se beneficiara con el cambio. Los especuladores y las clases pudientes se lanzaron con avidez sobre la propiedad desamortizada, y el designio liberal de la parcelación de las tierras expropiadas naufragó en aquella rebatina que solo iba a favorecer a los más fuertes, esto es, a los más ricos.

El poeta Espronceda denunció en un folleto, en 1836, los fatales resultados de la política desamortizadora. ¿Como se atreve el gobierno —escribía— a disponer de los bienes del Estado en favor de los acreedores sin pensar en aliviar con ellos la condición de los pobres? Y aun estos decretos se han expedido a la casualidad; y con el desatino, que tampoco han surtido efecto que su compositor esperaba.
No hablaremos del de la venta de bienes nacionales, que tan justa y sabia crítica mereció de nuestro excelente economista don Álvaro Flórez Estrada, y que si no lo derogan las Cortes aumentará, sí, el capital de los ricos, pero también el número y mala ventura de los proletarios. El gobierno, que debía haber mirado por la emancipación de esta clase, tan numerosa por desgracia en España, pensó (si ha pensado alguna vez en su vida) que con dividir las posesiones en pequeñas partes evitaba el monopolio de los ricos proporcionando esta ventaja a los pobres, sin ocurrírsele que los ricos podrían comprar tantas partes que compusiesen una posesión valiosa.

En fin, los liberales incurrieron en el error de destruir la economía popular vinculada a las instituciones sin estar seguros de que podrían resucitarla sobre nuevos moldes. Les parecía nociva y anacrónica toda la propiedad amortizada, sin establecer diferencia entre las fincas que, por pertenecer a las instituciones civiles, constituían propiedad indirecta del pueblo, y aquellas otras detenidas en el seno de corporaciones privadas que ningún provecho aportaban al proletariado.

Las apremiantes necesidades de la Hacienda y el dogmático criterio individualista de la mayoría liberal hicieron de la desamortización una reforma anárquica. Los pobres se resignaron —de momento— y los ricos aumentaron su fortuna.

Al tomar la revolución el carácter desamortizador, el choque con el clero se presentaba virulento e insoslayable; tanto más cuanto la institución espiritual se proponía retener sus propiedades por todos los medios. Mas la reforma desamortizadora, entretenida en un vicioso conflicto con la Iglesia, sembraba la confusión en punto al verdadero alcance social del pleito y dejaba intacto, repartido en latifundios y minifundios —a cual más pernicioso para la salud del país— el grueso del territorio nacional.

La extensión de la propiedad eclesiástica sumaba 1.300.000 Ha.; pero el territorio nacional constaba de 37 millones de Ha., la mayor parte en manos de la nobleza y los propietarios civiles no nobles, y a tan considerable volumen de propiedad vino a unirse, por virtud de la desamortización, el territorio restado a los municipios y congregaciones religiosas.

La enorme extensión de la propiedad territorial de la aristocracia española fue reconocida por Wellington en 1813, al referirse a España como un país en el cual casi toda la propiedad es territorial, y donde hay los mayores propietarios de tierras de Europa.R.B.: (Dispatches, VI, pp.261-264).

En 1890 pudo hacerse ya el balance de la desamortización. Se habían expropiado bienes por valor de 2.700 millones de pesetas, según Piernas Hurtado. Por los bienes rústicos de la Iglesia se habían pagado 500 millones de pesetas. La mayor parte de aquel capital representaba la proporción de propiedad popular, propiedad de todos los españoles, con que se habían enriquecido bolsistas y explotadores de turbulencias, al decir de Andrés Borrego.

La desamortización dejó al proletariado campesino más numeroso y más pobre que antes.

La abolición de los señoríos

Más afortunada fue la revolución en la abolición de privilegios de orden formal. Las prerrogativas de cuño feudal que disfrutaban los eclesiásticos y los nobles quedaron abolidas.

Como estamento, la nobleza apenas tenía expresión. Pero gozaba derechos ya insostenibles. En 1826 se contaban todavía 403.382 nobles e hidalgos, la mayor parte en inanición, próceres honorarios y vendedores de humo. En el censo de dicho año pasaron a la Historia como clase social con fueros, y en 1857, y luego en la Constitución de 1876 se estableció que los nobles que aspiraran a ocupar un sillón en el Senado tendrían que poseer copiosa fortuna.

Con la supresión de los mayorazgos, quedaron mermados los privilegios de clase de la aristocracia de sangre. También quedaron abolidos a lo largo de la centuria los señoríos, en la forma que se verá. Había en España 13.309 pueblos y lugares que eran de señorío, con una renta de 82.500.000 reales.

Todos los derechos jurisdiccionales o feudales de los señoríos (administración de justicia, provisión de los oficios de república, etc.), con todos los privilegios exclusivos, privativos y prohibitivos y las prestaciones reales que trajeran aquel origen, fueron incorporados a la nación por leyes de 1811, 1813, 1823 y 1837.

Pero dejaron en pie los demás derechos territoriales de los señores, aprovechamientos, arriendos, censos y prestaciones estipuladas, con independencia del señorío jurisdiccional, entre los dueños de este, o sea los perceptores, y los pueblos obligados a satisfacerlos, todo lo cual quedaba en la clase de los demás derechos de propiedad privada, debiendo considerarse y guardarse los actos de su constitución como contratos de particular a particular.

Prescribieron los derechos feudales, pero el señor de la tierra trocó a sus antiguos súbditos y vasallos en arrendatarios y jornaleros, que le pagaban rentas o trabajaban para él en condiciones no muy diferentes de las de otro tiempo.

España dejó de ser, en suma, un país feudal de derecho; pero no pasó a ser una nación burguesa. La revolución liberal no creó una clase media campesina, que era lo que la Historia y sus principios le exigían. La estructura de la sociedad española no sufrió mudanza básica. En 1860, el número de propietarios territoriales rebasaba los dos millones y medio; la mayoría, propietarios de latifundios y minifundios.

La revolución había dejado en Francia cuatro millones de nuevos propietarios con predominio de los medianos. Una clase burguesa fuerte, como era la francesa, sea agregó este respetable refuerzo mesocrático del campo, vital para su sistema de libertad política.

En España, donde por no existir industria ni comercio pujantes, era más necesaria que en Francia la propiedad agraria mediana, la revolución acentuó el desequilibrio de nuestra propiedad rústica, y por consiguiente, el desequilibrio de la sociedad española.

Si en 1856 termina virtualmente la revolución en el orden económico, no ocurre lo mismo con la expropiación de los pueblos, que prosigue a lo largo de todo el s. XIX. Aquella voracísima oligarquía liberal se apoderaba todavía en 1888 de una parte de los bienes concejiles que restaban. Sabemos que la ley de 1-V-1855 desamortizó y declaró en venta los predios pertenecientes a los propios y comunes de los pueblos (art. 1º), pero exceptuando los terrenos que son hoy de aprovechamiento común, previa declaración de serlo, hecha por el gobierno, oyendo al ayuntamiento y diputaciones respectivas (art. 2º).

Tomando pie en esta ultima condición, el ministro de Hacienda, señor Camacho, presentó a las Cortes en 1887 un proyecto de ley (convertido en ley con ligeras modificaciones en 8-V-1888), en el que se daba por supuesto que los pueblos habían renunciado a su derecho y que las tierras de aprovechamiento común y gratuito de los vecinos, lo mismo que las dehesas destinadas al pasto de los ganados de labor del respectivo distrito, habían adquirido carácter de propios y se habían convertido en enajenables por el hecho de no haber sido exceptuadas; en su consecuencia, que la Hacienda tenía derecho a apropiarse un 20 por 100 de su valor (como en los bienes de propios).

Los ayuntamientos, por olvido de pedir excepción, o por extravíos de expedientes, quedaban a la merced del gobierno en este asunto, y fueron expropiados en aquella suma.

La fundación de la Guardia Civil

Mediado el s. XIX aparece junto a las viejas clases y castas, una nueva clase social, plutocracia de armas tomar, que se había enriquecido en los años trágicos y revueltos de la desamortización y la Guerra carlista. Los nuevos ricos lo eran a expensas de la Iglesia, y en no escasa medida gracias a la dilapidación de los bienes territoriales de las corporaciones públicas. Pudo advertirse pronto que el traspaso de propiedades había creado al pueblo una situación insostenible.

El campo —Castilla, Extremadura, Andalucía— estaba sublevado: en 1840 había estallado en Málaga la primera revuelta campesina por el reparto de las tierras. La revolución había multiplicado el número de proletarios; y el infeliz campesino sin tierra no estaba dispuesto a conformarse. Apareció el bandolerismo. Ocho mil hombres sin armas, y sin más incitación belicosa que la de su hambre, se apoderaron de Loja, patria de Narváez, en la provincia de Granada. Pedían el reparto de tierras. El gobierno ahorcó a seis y mandó a presidios de África a cuatrocientos.

Para remediar aquel estado de cosas, las fuerzas sociales, cada cual de acuerdo con su genuina significación, hacían lo que podían. Los liberales, buenos filántropos, fundaron la caritativa asociación Amigos de los Pobres. Los conservadores fundaron la Guardia Civil.

La Guardia Civil era exactamente la institución armada que necesitaba la oligarquía una vez que se decidió a mantener por el hierro y por el fuego un régimen de propiedad a todas luces subversivo. La revolución española, como todas las revoluciones alumbró sus santos y sus pícaros. Entre estos se contaba González Bravo, inverecundo sujeto, que saltó a la vida pública en el confuso periodo de la treintena, a caballo sobre un desvergonzado corcel periodístico llamado El Guirigay, en el cual difamaba a doña María Cristina, la reina gobernadora.

La obsesión de Bravo era la figura de Muñoz, el querido de doña María Cristina. En 1843, González Bravo acompaña a Serrano en Barcelona, ya enfundado en indumenta de moderado y hombre de orden. En 1844, el ex director de El Guirigay es jefe de gobierno. Doña María Cristina había sacado de España cuando abdicó, valores de propiedad nacional estimados en unos dos millones de pesetas.
Por esa razón, entre otras, Espartero la borró de la lista civil. Al regresar a España la regente, González Bravo le asignó una espléndida pensión con efecto retroactivo, y a Muñoz lo convirtió en duque de Rianzares; todo ello a manera de desagravio, sin duda. Pero alguien puso un día en el tocador de doña María Cristina unos números del antiguo periódico de jefe del gobierno, y González Bravo tuvo que abandonar su alto sitial precipitadamente.

Pero mientras duró su mando, el arribista dio un paso de enorme significación en la historia contemporánea de España fundando la Guardia Civil. No fue suya la idea, sino de la nobleza terrateniente, del duque de Ahumada y del conde de Vistahermosa. Estos próceres, angustiados por el estado de sorda rebelión en que comenzaban a vivir las regiones de la gran propiedad, facilitaron a González Bravo el esquema del nuevo ejército de ocupación del campo español, y el ministro lo llevó a la práctica. También intervino en este asunto Narváez, cuyo pueblo había caído por algunos momentos en manos de las turbas rurales.

R.B.: RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, Historia de España, Compañía general de ediciones, 1950, México, Tomo II págs. 192-226.