La Iglesia y el s. XIX

Índice

La aspiración a la teocracia
El poder del clero
Descenso de popularidad

La aspiración a la teocracia

La Iglesia apela a un pasado en que servían los grandiosos planes políticos del monarca —la monarquía católica universal— para legitimar su antiguo sueño de suplantar a la corona y asentar sobre los escombros del Estado una teocracia. Porque sería equivocación transcendental creer que la Iglesia se situó a la defensiva en la crisis de la sociedad española que se abrió con la invasión napoleónica, y que podía darse por satisfecha con la humillación de los liberales.

No; la Iglesia llevaba otras miras. España se había quedado sin instituciones —consecuencia fundamental de la convulsión—, el poder político yacía por tierra, sin verdadero dueño, y la Iglesia, que había perdido grandes batallas en su lucha con la corona durante el s. XVIII, se disponía ahora ni más ni menos que a gobernar.

Ya la primera Junta Central, que presidió el conde de Floridablanca —de regreso de sus aficiones reformadoras—, llamó a los jesuitas españoles, que estaban en Italia desde que Carlos III, que prefería su despotismo al de la Compañía, los expulsó. La Junta nombró nuevo inquisidor, suspendió la venta de los bienes de obras pías y prohibió la impresión de toda clase de publicaciones sin previa licencia. No faltó obispo que se proclamara de hecho rey, cual el de Santander, que se colocó al frente de aquella Junta, se tituló regente soberano de Cantabria y exigió tratamiento de Alteza.

En el resto de las juntas el clero se hallaba nutridamente representado, y en muchos casos era el agente soberano a la cabeza de esas partículas del poder secular. No había entonces institución que poseyera más fuerza que la eclesiástica. Ella dictaba decretos, capitaneaba guerrillas, lanzaba soflamas y daba tono a la campaña contra los franceses.

Pero la revolución, que al desquiciar la monarquía y poner de manifiesto el ínfimo prestigio de la nobleza hereditaria, indujo a la Iglesia a luchar por la teocracia, estimuló a la minoría ilustrada a imponer a la sociedad el sistema representativo.

Liberales y ultramontanos eran dos fuerzas que luchaban por el poder, y ambas se dirigían a coartar la soberanía de la corona. Los primeros, en nombre de la soberanía popular; los segundos, fundando tácitamente su derecho a gobernar en su incomparable señorío sobre la sociedad española.

De ahí que se entablase inmediatamente la colisión entre la institución espiritual y el rey, de igual modo que se planteó el conflicto entre los constitucionalistas y el monarca.

Fernando VII necesitaba a la Iglesia para mantener su terrible y trasnochado absolutismo, y por parte de la corona existía la posibilidad de una transacción. No otro era el sentido del nombramiento de su confesor, el padre Víctor Sáez, ministro universal de la monarquía. Respaldaban al padre Sáez los jesuitas, que se aprestaron a instalarse en calidad de factor decisivo en la nueva situación. Pero en seguida se descubrió que la Iglesia no se conformaba. Para sus planes teocráticos, el monarca constituía un estorbo.

En primer lugar, Fernando VII era un soberano muy personal e imperativo. No era este un rey dócil, como Carlos II. Absolutista como no lo fuera el más absolutista de los no con mucha propiedad llamados Austrias, y déspota como no lo soñara el más despótico de los Borbones, Fernando iría tan lejos en la represión contra los liberales como ambicionase la Iglesia. Conocido es el terror que siguió a la restauración del absolutismo en 1823.

La implacable persecución de los liberales, de los cuales fueron ejecutados ciento veinte en dieciocho días, obligó al cuerpo diplomático acreditado en Madrid a protestar cerca de la corte. Hasta el general Pozzi di Borgo, sujeto de confianza del emperador ruso en Madrid, intervino con el designio de frenar los excesos policíacos. !Que duda tiene que los eclesiásticos más exigentes podían estar satisfechos del antiliberalismo de aquel rey¡

No pudo Fernando, por presión de los gobiernos extranjeros, restablecer la Inquisición, como hubiera sido su gusto; pero el papel de la Inquisición se hallaba bien traspasado a organismos nuevos, como las Juntas de la Fe y la Junta Suprema del Estado, presidida por el fanático obispo de Osma, primate de El Ángel Exterminador. No velaban, a buen seguro, esas juntas menos celosamente que el Santo Oficio por la pureza de la fe.

Nada, sin embargo, de cuanto el rey hiciera en su favor satisfaría a la Iglesia, porque la Iglesia quería gobernar, y eso solo podía conseguirlo anulando por completo el poder de la realeza o coronando a una persona que se prestara a ser la cabeza sumisa de una teocracia. El clero, en suma, ansiaba todo el poder para sí, y como Fernando VII no se lo daba, la Iglesia inventó el carlismo.

¿Por qué pretende la Iglesia suplantar a la monarquía en el primer tercio del s. XIX? Este anacrónico propósito se origina, a todas luces, en la formidable situación social que el clero disfruta en España en el momento, justamente, de máxima debilidad de la sociedad civil.

El poder del clero y su decadencia intelectual

En los comienzos del s. XIX contaba España, según hemos visto en nota estadística anterior, 3.100 conventos de uno y otro sexo. Había retirados a la vida monástica 57.000 varones y 24.000 hembras, que con los 75.000 seculares levantaban el número de las personas consagradas plenamente a la religión, a 156.000, en números redondos.

Por cada setenta habitantes había un eclesiástico en España, mientras que en Rusia se clasificaba uno por cada 153; en Italia, uno por cada 200, y en Francia, uno por cada 280. Tenía, pues, nuestra nación doble número de religiosos que Italia y triple que Francia, proporcionalmente al censo de habitantes. En algunas ciudades españolas el número de clérigos era superlativamente elevado, como en Valladolid, que albergaba a la sazón un servidor de la Iglesia por cada dieciséis varones.

La potencia económica de la institución espiritual era doble que la de la corona; y su fuerza jurídica tal, que no había jurisdicción que no se viera invadida por los clérigos, ni asunto en que no se llamaran a parte los tribunales eclesiásticos, aunque por su condición estos negocios se encontraran a remota distancia del signo talar.

La propiedad territorial de la Iglesia se cifraba en un millón trescientas mil hectáreas. Por rentas territoriales y urbanas la Iglesia recaudaba anualmente 600 millones de reales. Por diezmos y primicias, 324 millones. Por casual, derecho de estola y pie de altar, 118 millones.

Nominalmente la Iglesia tributaba, y es posible que la corona obtuviera de veinte a veinticinco millones de reales del diezmo, y que el impuesto de alcabalas fuera efectivo, por lo que atañe a las órdenes religiosas que practicaban el comercio y la industria, en la mayoría de los casos, bien que todo esto halla que tomarlo con un grano de sal.

Añádase a ese poder económico, el poder político que de él tiene que derivarse forzosamente, más el que dimana de la adhesión popular a los eclesiásticos, y se tendrá exacta idea del incoercible vigor social de la Iglesia en aquel instante.

Al quebrantarse el poder de la nobleza en la subversión de 1808-1813, la Iglesia, que en lo económico no tenía rival, en lo político acaudillaba a las masas y en lo jurídico amedrentaba a todo contrincante, no hacía, por tanto, sino reclamar la confirmación oficial de su efectiva omnipotencia en la vida real del Estado. La Iglesia exigía todo el imperium para sí y con ello el desahucio de la corona. En nombre de un mendaz tradicionalismo los prelados pretendían gobernar a la monarquía, dictar la ley al monarca y a la nación.

Pero no era esa la tradición española. Porque en la monarquía católica del s. XVI hubo un gobierno inspirado en los intereses de la fe, pero ejercido por los poderes civiles. Además la Iglesia figuró mancomunada con el Estado en una misma misión transcendente cuando las inteligencias superiores de la nación daban cánones al orbe católico.

Todo eso, sin embargo, era imposible en el s. XIX, porque ni un Estado-Iglesia español podía declararse pendiente del más allá sin montar una ridícula farsa, ni había ya Reforma protestante que contener, ni, sobretodo, asombraba la Iglesia por el saber de sus individuos, sino por su penuria intelectual. Comprueba Menéndez Pelayo que todo el primer tercio del s. XIX no se publicó en España un solo tratado de Teología pura, un hecho por demás expresivo, que le lleva a uno a preguntarse que hacían los ciento cincuenta mil españoles que tenían consagrada su vida —sus cuerpos, por lo visto— a la religión

La preocupación de las grandes inteligencias católicas españolas, —exceptuados unos cuantos rebeldes— se ceñía a conservar el poder material de la Iglesia; y si surgió a continuación alguna lumbrera, como Balmes, su obra, notable por lo demás, está llena de sentido práctico, pendiente del orden social basado en la impía distribución de la riqueza, y sobresaltada por los riesgos que comenzaba a correr en su tiempo la propiedad privada.

Pero el genio católico español del s. XIX no era, al parecer, Balmes, sino Donoso Cortés. El furor que hacían los discursos y los escritos del marqués de Valdegamas entre los católicos oficiales españoles, denunciaba, precisamente, la infecundidad de las cabezas católicas. Festejaban a este autor por el carácter socialmente reaccionario de sus ensayos. Eso era lo que interesaba. Su obra más celebrada, el Ensayo sobre catolicismo, el liberalismo y el socialismo, considerados en sus principios fundamentales, recoge el sentimiento militante de un sector social temeroso de perder sus privilegios.

Si no fuese el catolicismo divino —comentaba don Juan Valera— vendría a tierra y se hundiría para siempre con pocos defensores que tuviese como el marqués de Valdegamas. (Valera, Obras completas, t. XXXIV.).

Donoso Cortés era un converso. Procedía del extremo liberalismo, y luchaba con el ardor inseparable de los que se bañan en este Jordán. Se quiso hacer de Donoso Cortés un profeta del nuevo catolicismo, un genio español, ante el cual los liberales, malos traductores del francés, deberían descubrirse.

La verdad es que después de expirar sor María Agreda, la genuina tradición católica española quedó huérfana de valores intelectuales. Muy digna de encomio es la obra de cultura que han realizado algunos polígrafos y eruditos católicos, como Menéndez Pelayo, dignos de respeto y admiración, pero no ha habido católico oficial alguno —Unamuno no lo era— que pudiera contender en frescura y en originalidad de pensamiento con el más modesto de los teólogos españoles que figuraron en el Concilio de Trento. En el s. XIX hacía mucho tiempo que se habían acabado los Vázquez Menchaca, los Vozmediano, los Cano, los Suárez, los Laínez, etc.

El descenso de la popularidad de los eclesiásticos

Es evidente el desastre de que en el momento más transcendental para nuestra nación de los tiempos modernos fuera la Iglesia tan rica en bienes y tan pobre en valores intelectuales. Cuando los tuvo supo reformarse y salvarse, como testimonian los cambios introducidos en el mundo eclesiástico español por el cardenal Cisneros y por Santa Teresa. También así salió España al paso de la Reforma protestante.

En los umbrales de la centuria decimonona, la Iglesia era la piedra angular de la fábrica social española, pero no supo hacer frente a una mutación de la que España no podía escapar.

Una Iglesia con luces habría encauzado las reformas políticas y económicas urgentes, como quiso hacerlo el cardenal Belluga en el s. XVIII, y ello hubiera salvado a España y a la Iglesia. Como este hecho no se produjo, España y la Iglesia se iban a doler juntas. Si no se hacía la reforma de la sociedad española con la Iglesia tendría que hacerse contra la Iglesia, y prevaleció esta segunda alternativa que era la catastrófica.

Las jerarquías eclesiásticas ignoraron por completo el papel que les correspondía desempeñar. El clero español era político, probablemente porque no podía dejar de serlo, y no es eso lo que, en justicia, puede reprocharse a los eclesiásticos españoles de principios del s. XIX. Pero podían haber sido mejores políticos. Mas su ignorancia y su codicia hizo de ellos pésimos asesores, o incapaces gobernantes, sin otro título para dirigir a la nación que el de su inmerecido predicamento social.

Porque ya no monopolizaban el saber los hombres de Iglesia, como en el s. XVI; y el inevitable conflicto entre el poder social de la Iglesia y su incapacidad para administrarlo en beneficio de sí misma y de la nación, tenía que traducirse en el rápido descenso de popularidad de los eclesiásticos. El pueblo perdía el respeto a un clero montaraz que predicaba la violencia política y la ejecutaba con su propia mano.

Al capitanear la represión policíaca contra un movimiento tan inofensivo desde el ángulo de vista católico como era el liberalismo español al nacer, los religiosos sembraron los vientos que habrían de traer las tempestades de mañana.

Las masas fueron retirando su adhesión a una institución que no podía reformar nada porque ella misma estaba necesitada de honda reforma; y de atacar a los liberales, el vulgo pasó a atacar a los eclesiásticos. En 1834 se produjo en Madrid la primera matanza de frailes y al año siguiente se repitieron los desmanes, ya con quema de conventos, en Barcelona, Zaragoza, Reus y Murcia.

RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, Historia de España, Compañía general de ediciones, 1950, México, Tomo II págs. 162-169.