La invasión de Napoleón

El misoneísmo español

España no estaba en sazón, al alborear el siglo XIX, para recibir las ideas francesas, como se llamaba en Madrid, con juicio expresivo, a la filosofía política de la decimoctava centuria. La Península ofrecía violentísimo contraste con Francia y con las demás naciones progresivas.

Francia tenía cuarenta y dos mil burgos, o centros urbanos de la clase media burguesa; España presentaba al curioso viajero ciento cincuenta ciudades, sin que llegaran a cuarenta las de más de diez mil almas; cuatro mil seiscientas villas, catorce mil quinientos lugares y feligresías, mil ochocientas aldeas, dos mil doscientas granjas, y novecientos treinta despoblados.

Misoneísmo: El español se declaraba misoneísta, refractario a todo lo nuevo, a cuanto tratara de sacudir su pereza mental. Naturalmente, quien no mostraba interés por las fábulas o la amena literatura —fuera del alcance de una población analfabeta— reaccionaba, desconfiado, contra disciplinas más complicadas, como la economía, tenida por peligrosa innovación.

Madrid, con menos de doscientos mil habitantes, era una modesta capital de provincia, corazón laxo de las Españas, domicilio de una bucólica nobleza territorial y lonja de tenderos y almacenistas de mediano pasar. Nada había en la capital de la monarquía española que pudiera compararse con la zona manufacturera del faubourg de San Antonio en París. En punto a la población general, Francia tenía veintisiete millones de habitantes y España diez millones y medio.

No era menos acusada la diferencia entre ambas naciones en el transcendental dominio de la ilustración. En la patria de Montesquieu aparecían en el periodo revolucionario treinta y tres periódicos, algunos, en provincias, como Le Courrier de Lyon, con setenta mil ejemplares de tirada. pero en España, donde la inmensa mayoría de la población carecía de instrucción elemental, la prensa, casi toda ella de corte parroquial, alimentaba la curiosidad de unos cuantos contertulios de casino, mas no influía sobre la masa popular.

Corto era también el número de copias que alcanzaban los libros en España, como correspondía al insólito atraso intelectual de la nación y al reducido número de sus habitantes. Un caso como el de Administation des Finances, obra de Nécker, de la cual se vendieron en Francia a fines del s. XVIII ochenta mil ejemplares en poco tiempo, era inconcebible para España en aquellos años, y lo sigue siendo hoy. El especializado tema del tratado y su prodigiosa difusión indican el enorme poder que ya gozaba la burguesía francesa en vísperas del cambio de régimen.

Del vigor de la clase media francesa es asimismo apunte curioso el episodio en que apareció envuelto Mirabeau en Marsella, abriendo un comercio de tejidos para congraciarse con el estado llano. Y un suceso tan significativo como el que se produjo en la feria de Beaucaire, cuando los comerciantes allí congregados se pronunciaron por el destronamiento de Luis XVI, estaba igualmente fuera de lo inimaginable en España.

En fin, Francia se había ido convirtiendo en una nación burguesa e ilustrada desde el reinado de Enrique IV, en el s. XVI, y España había seguido el rumbo opuesto. La ignorancia española se fue acentuando paralelamente a la decadencia nacional, y aunque en el s. XVIII, la monarquía filantrópica y sus políticos reformistas fomentaron por todos los medios la ilustración, los resultados prácticos no respondieron al esfuerzo realizado.

La sociedad española continuó envuelta en densas tinieblas, impenetrables al rayo de luz que sobre ella proyectaba una minoría ilustrada, afrancesada con exageración en sus ideas, su lenguaje y sus gustos. De esta minoría formaba parte un reducido sector de cada una de las clases privilegiadas: nobleza, clero y clase media.

Era un estrato intelectual adherido débilmente al cuerpo general de la sociedad española, de la cual se despegaba. Entre la élite y el pueblo no había, contra el ejemplo de Francia, una clase burguesa o media. La intelectualidad española se representaba a sí misma y a nadie más.

Nada tiene de particular que cuando comenzó a funcionar en Zaragoza una cátedra de economía creada por la Sociedad de Amigos del País, surgiera enconada controversia, en la que contendieron, de un lado, la minoría ilustrada, y de otro, la nación. La gente saludó con burlas y epigramas el acontecimiento y se dividió en partidarios y en enemigos de la economía. La cosa fue tomada a broma justamente cuando se vendían en Francia con asombrosa rapidez obras financieras cuan la que hemos citado.

Lo que ocurría era que la profunda ignorancia había matado en el español la curiosidad. Ni sabía ni deseaba saber. Se hacía la guerra a cuanto pudiera obligar a pensar. El español se declaraba misoneísta, refractario a todo lo nuevo, a cuanto tratara de sacudir su pereza mental. Naturalmente, quien no mostraba interés por las fábulas o la amena literatura —fuera del alcance de una población analfabeta— reaccionaba, desconfiado, contra disciplinas más complicadas, como la economía, tenida por peligrosa innovación.

Además la economía política, como el resto de las nuevas ideas solo podía atraer a las personas que necesitaban hacer uso de esas ideas en su lucha por la vida o por el poder político. En una nación de comerciantes e industriales, los asuntos económicos despiertan, no ya curiosidad, sino apasionamiento, como pasa en Inglaterra.

Pero en un pueblo como España, donde, como veremos a continuación, la última palabra de tales cuestiones la decía el pastor, la enseñanza de la ciencia económica provocaba la frívola hilaridad de una sociedad cuyos intereses estaban adecuadamente servidos por el Catecismo de la doctrina cristiana.

La sociedad

Al romper el s. XIX, la fuerza social de los ganaderos superaba en España a la de cualesquiera otros elementos de la riqueza nacional. Esto es, la ganadería seguía siendo factor de enorme consideración en la política española, y la agricultura, la industria y el comercio se hallaban supeditados socialmente al interés de los rebaños. Protegía a los tropeles trashumantes el Honrado Concejo de la Mesta, institución de muy antiguo origen —del siglo XIII— y rara prosapia.

Los privilegios de la ganadería, que Campomanes había mermado en la centuria anterior y que luego serían combatidos por las Cortes de Cádiz, perjudicaban sobremanera a la agricultura, por cuanto los campos y las cosechas estaban a merced de la libertad de movimientos de los ganados, y los labradores, cuyo poder político era todavía inferior al de la Mesta, según acabamos de decir se lamentaban en vano.

Tenía España veinticinco mil ganaderos y cien mil pastores, que debían de animar los melancólicos yermos con sus caramillos y sus zampoñas, a la manera arcádica, tan tiernamente recogida en las églogas de Garcilaso y en las de su imitador en este periodo, Meléndez Valdés.

La agricultura estaba detenida en un punto de escaso desarrollo. Agricultura del s. XV, agricultura del sistema de año y vez, cuando no de tres hojas, por falta de abonos materiales, del riego natural por las nubes; de las cinco o seis simientes de cosecha por cada una enterrada; agricultura del arado romano, del gañán analfabeto, del transporte a lomos por falta de caminos, de la rogativa por falta de riego artificial, del dinero al doce por ciento, de la bárbara contribución de consumos. (Joaquín Costa, Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España; Urgencia y modo de cambiarla. Publicado por la Sección de Ciencias Históricas del Ateneo, Madrid, 1902)

Según Cabarrús, en el reinado de Carlos IV (1788-1808) se dedicaban al cultivo ocho millones y medio de hectáreas. El déficit de la producción de cereales se cubría con la importación, que era alta por lo que atañe al trigo. La propiedad de la tierra se hallaba amortizada de modo predominante en el seno de las comunidades religiosas, la nobleza y los municipios. Flórez Estrada que los baldíos y bienes de manos muertas sumaban tanto casi como tres veces la propiedad individual.

Se contaban en el campo ochocientos mil jornaleros o braceros, hombres sin tierra, trescientos setenta mil labradores propietarios y medio millón de arrendatarios, la mayoría de los cuales llevaban tierras de las instituciones civiles y eclesiásticas mencionadas.

En general, los campesinos se desenvolvían en la miseria, paliada por lo que extraían de los bienes comunales, que eran las tierras y montes explotados en provecho común por los vecindarios. En toda España apenas había pequeños propietarios acomodados, ni medianos, salvo en Asturias, las Provincias Vascongadas y el Levante. Incluso en Cataluña existían innumerables baldíos, y los dueños del suelo cultivado vivían en las ciudades, como absentistas.

El número de nobles cabezas de familia con ejecutoria se elevaba a medio millón, uno por cada veintiún habitantes.

(Cifras del Censo de Floridablanca, de 1787, recogidas por Canga Argüelles en su Diccionario de Hacienda. Otros elementos de la población eran: 276.000 criados, o sea, uno por cada 37 habitantes; 140.000 vagabundos, o sea, uno por cada 70; 100.000 contrabandistas, o sea, uno por cada 100; 40.000 funcionarios de aduanas y 36.000 mendigos).

En las regiones de alguna actividad industrial y mercantil, como Cataluña y Valencia, el contingente nobiliario era de escasa monta; pero en las zonas de exclusiva economía territorial constituían insólita multitud. Y no hay que ver en ello testimonio incontestable, como se ha supuesto, de orgullo o desprecio al trabajo. El español compraba la hidalguía, que se vendía a bajo precio, así que se hallaba en posesión de algún dinero, porque a los nobles les estaban reservados los puestos de importancia en la burocracia oficial.

La prueba de nobleza, necesaria para ingresar en las carreras civiles y en las academias militares, constreñía, pues, a los españoles de alguna posibilidad económica a entrar en la clase que monopolizaba los medios de vida. Lo mismo sucedía en relación con la Iglesia: se estudiaba para cura, no siempre por vocación, a menudo para obtener un empleo. Precisa, por consiguiente, interpretar la existencia de la multitud de hidalgos como fruto de un sistema social cuyas raíces se prolongaban más allá del subsuelo de la psicología nacional.

No es que el español fuera congénitamente vago, sino que bajo aquel régimen de privilegios tenía que serlo; lo que se puso de manifiesto cuando cambió el régimen y en treinta años dobló España su producción de cereales, notable avance, para realizado con el arado romano.

De la producción productiva, solo una décima parte se dedicaba a la industria. Fábricas y talleres daban ocupación a ciento cincuenta mil maestros, cincuenta mil oficiales y trece mil aprendices. En el gremio de artesanos había doscientos mil maestros, cuarenta y dos mil oficiales y diecisiete mil aprendices. Se contaban veinticinco mil comerciantes, en general, tenderos. El número de personas dedicadas a la industria y al comercio era inferior al de nobles y eclesiásticos reunidos.

Y el comercio y la industria estaban en alta proporción en manos de extranjeros, de los cuales había treinta y cinco mil en Madrid y ocho mil en Cádiz. Había pocas carreteras y los caminos se hallaban en pésimo estado. Importantísimas ciudades del litoral, como Vigo, carecían de relación mercantil con el centro. El comercio de cabotaje estaba encomendado a barcos de bandera francesa, británica u holandesa. Toda la marina mercante de España se reducía a novecientas unidades de todas clases. Además, pocos eran los puertos dignos de tal nombre.

España exportaba materias primas —hierro, cobre, plomo, lana, seda— que le devolvían transformadas en manufacturas, las naciones industriales. la industria textil, aun siendo modesta, representaba el mayor foco de actividad, singularmente la algodonera en Cataluña y la sedera en Valencia. En Castilla había, dispersas, algunas fábricas de paños. En Andalucía se contaban quince ciudades que trabajaban los tejidos, en general la seda. La metalurgia predominaba en Vizcaya.

Pero toda la producción industrial española quedaba muy por debajo de las exigencias del mercado interior, a despecho del primitivo nivel de vida de la población. El español se había plegado a vivir sin industria, sin comercio y casi sin agricultura; se había hecho hidalgo, o soldado, o fraile, y había dejado el cuidado de su alimentación y vestido a los extranjeros, que para eso se les pedía que vinieran a España, o se les remitían los metales preciosos que llegaban, cada vez con menos frecuencia y en menor cantidad, de América.

La política financiera tradicional se continuaba bajo Carlos IV, quien todavía en 1807 contrató un empréstito en Holanda por veintitrés millones de florines a cuenta de las remesas de oro y plata ultramarinos. Solo en trigo invertía España ciento cuarenta y siete millones de pesetas, o sea, tres cuartas partes del valor de los caudales que arribaban ahora del Nuevo Mundo. El resto de los ingresos de toda clase procedentes de América se empleaba en la compra de productos manufacturados en el exterior, una porción de los cuales pasaba España a las Indias quedándose con una comisión.

País de pastores, junto a los pastores reales del rebaño señoreaban a la nación los metafóricos pastores de almas. El clero regular y secular comprendía a unos ciento ochenta mil individuos de uno y otro sexo.

Según el Censo de 1796 el personal de la Iglesia se distribuía en España del siguiente modo: Clero secular, 2.393 canónigos, 1.869 racioneros, 16.481 curas párrocos, 4.929 tenientes, 17.411 beneficiados, 18.669 ordenados, 9.088 ordenados de menores, 15.015 sacristanes y acólitos, 3.987 sirvientes y 1.416 ermitaños. Total: 91.258. Clero regular: Conventos de varones 2.051. Profesos, 38.422; novicios, 2.559; legos, 8.334; donados, 3.733; criados, 6.401; niños, 1.828. Conventos de hembras, 1.075. Profesas, 23.111; novicias, 896; señoras con vestido seglar, 603; niñas, 769; criadas, 4.366; donadas, 464; criados, 1.191. Total: 92.727.R.B.: (Despoblación y Repoblación de España, p. 67).

Al decir de Cagas de Argüelles, en ninguna nación poseía el clero tanta riqueza como en España. El Catastro de 1766 a 1788 clasificó así las rentas de la Iglesia: de patrimonios, 41.910.000 reales; por casas, 13.241.000; por tierras, 212.764.700; por ganados, 21.165.440, y por salarios fijos, 10.735.200 reales

Los afrancesados y el pueblo

La falta de burguesía y el omnímodo influjo social que disfrutaba la Iglesia fueron las causas principales del fracaso de Napoleón en la Península. En las grandes naciones de Europa, excepto en Rusia, el pueblo no seguía ya a ojos cerrados a la nobleza y al clero, que en la práctica habían sido reemplazados en la dirección moral de la sociedad por el elemento ilustrado del tercer estado. Por eso las masas se identificaban espiritualmente con la clase media, y colaboraban con ella en la revolución, o no resistían a los ejércitos de Bonaparte.

La subversión francesa, al abrirse paso en Europa con las armas solo encontró un obstáculo: los soldados mercenarios torpemente acaudillados por la nobleza de los estados feudales agonizantes. Le bastó a Napoleón con las victorias marciales para conquistar, en cada caso, a la nación entera. Holanda se rindió sin contrariedad a los franceses en Dumouriez y se defendió cuando los ingleses a las órdenes del conde de Chattan trataron de atacar a Francia, esto es, a la revolución en suelo holandés; Holanda, que era una nación burguesa, frustró la intervención británica y con ello proclamó que no simpatizaba con ningún Wellington.

El general Custine ocupó Metz donde había demócratas alemanes, sin disparar un solo tiro. Montesquiou tomó a Saboya, también sin encontrar resistencia. Italia abrió sus brazos al héroe de Tolón en Lodi. En Austerlitz cayó Austria. En Jena se entregó Prusia. En rigor, todo cuanto separaba socialmente a la Revolución francesa de las naciones europeas que todavía vivían bajo l´ancient régime estaba en aquellas líneas de tropas que combatieron, primero contra la Convención y luego contra Napoleón.

Humillados los ejércitos enemigos, cesaba la oposición a Francia. Incluso en Prusia estuvo bien visto Bonaparte por el pueblo, que no se hubiera sublevado, si los soldados invasores se hubiesen conducido menos escandalosamente. Pero en la Península aguardaba a Napoleón muy distinta experiencia. La nación se levantó en bloque contra el tirano. El pueblo español se representaba a Napoleón como enemigo en todos los órdenes: en el patriótico, en el religioso, en el político.

pero no ofrece duda que con lo poco que había de clase media, Napoleón podía haber llegado en España a un compromiso; y no era otra la política de los afrancesados, que apoyaron al rey intruso, José, hermano de Napoleón, y defendieron sus ideas en la Gaceta de Madrid, la Gaceta de Málaga, la Gaceta de Sevilla, El Diario del Gobierno de Cataluña y Barcelona, El Imparcial, de Madrid, y El Diario de Madrid

Los afrancesados que se atrevieron a declarar sus ideas fueron una minoría dentro de la minoría ilustrada, porque la exaltación popular contra los franceses atemorizó a muchos. El pueblo y el clero lo eran todo en la nación, y enfrentarse contra la nación acarreaba peligros personales. Por esa y otras razones —entre ellas la nerviosidad de los franceses, que se veían rodeados de enemigos e hicieron enseguida uso de las armas contra las poblaciones civiles—, una parte sobremanera lúcida del sector progresista español dirigió la revolución contra José, cuya política coincidía, en general, con la de la intelligentsia

La causa antifrancesa tuvo, por tanto, decididos y valiosos adalides en intelectuales que pensaban como los invasores: Jovellanos, Quintana, Flórez Estrada, Martínez de la Rosa, el conde de Toreno, y el genial Goya.

El furor con que España se puso en pie y la vehemencia con que acometió a los franceses —a todos, incluso a los que residían de antiguo en la Península—, se explican por la singular circunstancia de que el pueblo solo recibía inspiración de las viejas clases directoras, en primer término del clero; y al concebir la campaña militar contra la monarquía española —siguiendo, al parecer, el consejo traidor de Talleyrand, que con Fouché, no hacía más que prepararle emboscadas—, Napoleón cometió el fatal error de olvidarse de lo que él mismo representaba.

El hombre que reconocía haber nacido en el tiempo y en el país justos para realizar su misión, no debió ignorar lo que más tarde confesó en Santa Elena: que su sistema no era aplicable a España. En España no bastaba derrotar al ejército, que, por cierto, dio a Bonaparte en Bailén el primer disgusto serio de su carrera. Vencido el ejército español continuaba la guerra, porque entraba en escena el pueblo.

Cuando, en otoño de 1813, los ejércitos franceses pasaban el Bidasoa expulsados definitivamente de la Península, las ideas francesas habían ganado terreno, pero el comercio, la industria y la agricultura quedaban arruinados. Veinte mil personas habían muerto de hambre en Madrid. la guerra y las epidemias habían reducido el número de habitantes en España en medio millón.R.B.: RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, Historia de España, Compañía general de ediciones, 1950, México, Tomo II págs. 147-156.

Los Hombres de Cádiz

La ciudad liberal

La Revolución francesa fue esencialmente obra de hombres ociosos de inteligencia sobremanera cultivada, a quienes el proceso de educación académica había alejado todo lo posible de la vida campesina.R.B.: Belloq.

Estos hombres hablaban en nombre de una clase social, alejada también todo lo posible de la vida campesina de Europa por el proceso de la evolución económica; y esta clase social era la nobleza del comercio con dinero en el bolsillo, (Carlyle).

Desvanecido el sangriento pandemónium revolucionario, la clase media tomó en Francia la dirección de los negocios públicos. El gobierno de la nación vino a manos de la burguesía, impaciente por desarrollar y multiplicar su riqueza.

España hace también su revolución francesa, es decir, su revolución burguesa... sin burguesía. Aquella nobleza del comercio, con poder para dar a Francia su santo y seña, no existía, como acabamos de ver, en la Península cuando las Cortes de Cádiz proclamaron el milagroso advenimiento de la soberanía nacional. Fuera de algunas ciudades del litoral, capitaneadas por Cádiz, España estaba totalmente huérfana de burguesía. La revolución española sería, pues, la revolución de Cádiz. Cádiz y una parte de los principios universales de la Enciclopedia, contra toda España.

Al amparo de la geografía, la revolución española se refugió en aquel lejano rincón meridional, el único lugar, con Barcelona, donde la revolución podía medrar y sostenerse dado el carácter mercantil de la ciudad. Por entonces, Cádiz incluso adelantaba en tráfico marítimo a Barcelona. Todavía el año 1832 entraron en aquel puerto setecientos veintiún buques, ciento sesenta y siete más que en el catalán.

Desde el comienzo de la pugna entre el liberalismo y la monarquía absoluta, Cádiz fue el baluarte de la libertad. En Cádiz se concibió y alumbró la Constitución. Cádiz organizó el levantamiento de Riego, y lo financió con los medios que aportaron algunos de sus hombres de negocios, entre los que figuraban don José Montero, probo e inquieto comerciante, y don Juan Álvarez y Méndez, Mendizábal para la Historia, principal de la casa Bertrán de Lis.

Cádiz se negó a admitir en 1821 un gobernador designado por la absolutista voluntad de Fernando VII, y se declaró en rebeldía. Cuando, un bienio después, toda España se abatió, cual un campo de espigas al soplo del viento, al paso de las impertinentes tropas de Angulema, Cádiz fue la última tronera del liberalismo en entregarse, y no sin dejar a salvo su honor.

Restablecido el absolutismo, el corazón liberal de Cádiz latía todavía, y un batallón de marina se creyó llamado a anunciar que aun había constitucionalistas en España. Veinte años después se levantó Narváez contra Espartero, y cayó Espartero, pero Cádiz estuvo en bloque junto a la revolución vencida. Tras otro lustro de angustia para los liberales, la ciudad gaditana, entreabierta la puerta parlamentaria, metió su equipo de diputados progresistas. para terminar, el almirante Topete anunció en 1868, en Cádiz, el derrumbamiento de la monarquía de Isabel II.

La revolución española sufrió su primer contratiempo serio en cuanto abandonó su cuna. Apenas instaladas las Cortes en Madrid murieron violentamente, manu militari. Para algunas ideas, como para los individuos enfermizos, hay cambios de atmósfera fatales.

La caricatura de la monarquía católica

Los hombres de la revolución española, los Martínez de la Rosa, los Alcalá Galiano, Los Toreno, los Muñoz Torrer, los Mendizábal, los Istúriz, los Argüelles, los Quintana, los Canga, los Flórez Estrada, los Lista eran los corifeos de un grupo, no de una clase social. El liberalismo español no era un movimiento, ni siquiera un partido; era una secta. A extramuros de Cádiz, Barcelona y otros —muy pocos— centros mercantiles estaba perdido. Y como corresponde a una secta, tuvo que refugiarse, no más nacer, en las sombras.

La historia del liberalismo español a lo largo de su sobresaltada vida es la historia en incalculable dimensión de las sociedades secretas y particularmente de la Masonería.

La tragedia del liberalismo español, que será la de la España contemporánea, se origina en definitiva en el hecho de que los liberales no llegaran a ser una clase social y tuvieran que acometer la reforma de España careciendo de fuerza en la nación. Pero lo primero —el no ser una clase social— no estaba en la voluntad de los liberales enmendarlo, y lo segundo —la reforma nacional— no convenía al interés urgente de España rehuirlo. He aquí el fondo dramático del conflicto que comienza en 1810.

Refiriéndose a la guerra contra los moriscos de Granada, Menéndez Pelayo se pregunta si era posible en la España del s. XVI la existencia del culto mahometano. Y se responde con razón, que no. Pues bien, tampoco era posible una monarquía absoluta española en la Europa del s. XIX.

La tradición solo puede salvarse mediante el compromiso de los viejos valores con la nueva edad. La pretensión de perpetuar literalmente el pasado, lo deshonra, porque aplicadas sus directivas a una sociedad que ha de insertarse en su época, y mantenidas sus normas de modo hierático en un medio que solo puede serles fiel con violencia suicida, lo que se crea no es un trasunto piadoso del pretérito que se intenta continuar, sino su repugnante caricatura.

La monarquía de Fernando VII fue, en efecto, una horrenda máscara mutilada de la monarquía católica del s. XVI.

Los enemigos que en España tenía el progreso —en primera línea la Iglesia— querían lo imposible. Sin advertir que el liberalismo español planteaba un problema de naturaleza exclusivamente política. Un dato que no debe sorprender, porque el liberalismo español, aunque contuviera media docena de volterianos en su seno, era católico al nacer. Repudiaba la Inquisición —como pronto la tendría que repudiar Fernando VII—, fundándose en el inteligente criterio de que había pasado su hora y por considerar que representaba un peligroso anacronismo incluso para la Iglesia. (Con todo, los liberales sustituyeron a la Inquisición con el Tribunal de Defensores de la Fe).

El liberalismo español encabezó su primera Constitución con un párrafo litúrgico: En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Autor y Supremo legislador de la sociedad... Y en el artículo 12 declaró que La Religión de la nación española es y será perpetuamente la Católica Apostólica Romana, única verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra.

Además, las Cortes decretaron la obligatoriedad del imprimatur episcopal para todas las publicaciones de tema religioso; y, en fin, los diputados oían misa antes de comenzar las sesiones.

El candor de los liberales

Ni las Cortes de Cádiz ni la mayoría de sus hombres representativos habían dejado de ser católicos, y los que ya no lo eran tenían plena conciencia de su minoritarísimo y no hubieran osado hacer frente a la Iglesia católica en el terreno del dogma. Uno —escribe Oliveira Martins (Historia de la Civilización Ibérica. Madrid. Mundo Latino, p. 384— declama en las Cortes discursos aprendidos de memoria de la tribuna francesa, y a continuación se va a rezar devotamente el trisagio y siente piadoso horror a la Masonería.

Otro amontona textos sobre textos, pruebas sobre pruebas, para demostrar que ya en los siglos XI y XII los españoles eran liberales-parlamentarios, y que la revolución consiste en restablecer los cánones de los concilios de Toledo o de las imaginarias Cortes de Lamego. No pudo ser mayor el desorden, mas es imposible hallar mayor candidez ni mejor buena fe.

Quintana, autor de la oda Al Panteón de El Escorial, diatriba severa contra el fanatismo, incluyó, no obstante, en su plan de instrucción pública la enseñanza obligatoria de la religión en las escuelas. había que llevar, según ese documento, al espíritu de los alumnos los dogmas de la religión. Y todavía veinte años después, en la constitución de 1837, se estampó, con el asentimiento liberal, el exclusivismo religioso a favor de la Iglesia católica.

Se comprobaba en el s. XIX, como siempre, que solo la conducta de la Iglesia puede poner en peligro en España la religión. Muchas veces triunfará la revolución liberal en España, pero en ninguna victoria se dará, como en Francia, una Fiesta de la Razón, ni habrá ningún disipado Robespierre español que proclame la existencia de un Ser Supremo de su propia invención.

Porque la metafísica del español, aunque no le incapacite, como algunos pretenden, para desempeñar un papel decoroso en el actual tipo de civilización, sí parece oponerse a la creación espontánea de un sistema de ideas de base racionalista. Y a eso se debe, sin duda, que el español, en punto a religión, sea católico o no sea nada. Ya es significativo, que ni en el s. XIX haya logrado el protestantismo formar secta próspera en España, un hecho notable que indujo a Ángel Ganivet a pensar en la conveniencia de alquilar algunos protestantes y llevarlos a España para dotar a la Iglesia católica de lo que él creía oposición vivificadora.

Es innegable que en el entronque de las dos centurias, los que dieron cuño político a la voz liberal, sabían, a despecho de su pasión traductora, que la revolución española no podía ser, en lo espiritual, de igual hechura que la de Francia, ni debía resultar, en buena política, una subversión de principios tan sólidamente enraizados en la sociedad española que el solo intento de rozarlos comportaba un choque vidrioso con la nación.

La revolución de Cádiz pudiera haber sido la revolución de España, una revolución desde arriba, si en la otra margen de la sociedad española no acusaran las viejas instituciones decrepitud e ignorancia superlativas. Ello quebraba toda posibilidad de compromiso, al paso que hacía más inexcusable la transformación. Pero la ineptitud y el cerrilismo de nobles y clérigos abandonaba la obra de salvar a España —no se trataba de menos— a una secta impotente, que por sentirse hostigada cuando buscaba colaboración, se va a echar en brazos de los enemigos de su propia causa, empezando por el Ejército.

Con la Iglesia hostil a la revolución político-económica, cerrada a la banda contra todo ademán reformador, aquello que se inició en las Cortes de Cádiz con el mayor respeto para la religión, se iba a tornar pronto en penosa lucha, entre clericales y anticlericales. Porque el poder social de la Iglesia en España superaba al poder social de la Iglesia en Francia; y ya estaba visto que quien intentara destruir el antiguo régimen político-económico español habría de enfrentarse en primer lugar, no con los aristócratas, sino con el clero.

Y no habiendo clase media histórica en España, el grupo de reformadores encargado por veleidades de la Historia de llevar a cabo la revolución burguesa sin burgueses se convertía fatalmente en secta, y para desgracia de la revolución, en secta anticlerical. Su revolución difícilmente podía pasar de motín, y los revolucionarios terminarían, no colgando a los panaderos e incendiando los chateaux, como en Francia, sino asesinando a los frailes y pegando fuego a los conventos.R.B.: RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, Historia de España, Compañía general de ediciones, 1950, México, Tomo II págs. 156-162.

La Iglesia

La aspiración a la teocracia

La Iglesia apela a un pasado en que servían los grandiosos planes políticos del monarca —la monarquía católica universal— para legitimar su antiguo sueño de suplantar a la corona y asentar sobre los escombros del Estado una teocracia. Porque sería equivocación transcendental creer que la Iglesia se situó a la defensiva en la crisis de la sociedad española que se abrió con la invasión napoleónica, y que podía darse por satisfecha con la humillación de los liberales.

No; la Iglesia llevaba otras miras. España se había quedado sin instituciones —consecuencia fundamental de la convulsión—, el poder político yacía por tierra, sin verdadero dueño, y la Iglesia, que había perdido grandes batallas en su lucha con la corona durante el s. XVIII, se disponía ahora ni más ni menos que a gobernar.

Ya la primera Junta Central, que presidió el conde de Floridablanca —de regreso de sus aficiones reformadoras—, llamó a los jesuitas españoles, que estaban en Italia desde que Carlos III, que prefería su despotismo al de la Compañía, los expulsó. La Junta nombró nuevo inquisidor, suspendió la venta de los bienes de obras pías y prohibió la impresión de toda clase de publicaciones sin previa licencia. No faltó obispo que se proclamara de hecho rey, cual el de Santander, que se colocó al frente de aquella Junta, se tituló regente soberano de Cantabria y exigió tratamiento de Alteza.

En el resto de las juntas el clero se hallaba nutridamente representado, y en muchos casos era el agente soberano a la cabeza de esas partículas del poder secular. No había entonces institución que poseyera más fuerza que la eclesiástica. Ella dictaba decretos, capitaneaba guerrillas, lanzaba soflamas y daba tono a la campaña contra los franceses.

Pero la revolución, que al desquiciar la monarquía y poner de manifiesto el ínfimo prestigio de la nobleza hereditaria, indujo a la Iglesia a luchar por la teocracia, estimuló a la minoría ilustrada a imponer a la sociedad el sistema representativo.

Liberales y ultramontanos eran dos fuerzas que luchaban por el poder, y ambas se dirigían a coartar la soberanía de la corona. Los primeros, en nombre de la soberanía popular; los segundos, fundando tácitamente su derecho a gobernar en su incomparable señorío sobre la sociedad española.

De ahí que se entablase inmediatamente la colisión entre la institución espiritual y el rey, de igual modo que se planteó el conflicto entre los constitucionalistas y el monarca.

Fernando VII necesitaba a la Iglesia para mantener su terrible y trasnochado absolutismo, y por parte de la corona existía la posibilidad de una transacción. No otro era el sentido del nombramiento de su confesor, el padre Víctor Sáez, ministro universal de la monarquía. Respaldaban al padre Sáez los jesuitas, que se aprestaron a instalarse en calidad de factor decisivo en la nueva situación. Pero en seguida se descubrió que la Iglesia no se conformaba. Para sus planes teocráticos, el monarca constituía un estorbo.

En primer lugar, Fernando VII era un soberano muy personal e imperativo. No era este un rey dócil, como Carlos II. Absolutista como no lo fuera el más absolutista de los no con mucha propiedad llamados Austrias, y déspota como no lo soñara el más despótico de los Borbones, Fernando iría tan lejos en la represión contra los liberales como ambicionase la Iglesia. Conocido es el terror que siguió a la restauración del absolutismo en 1823.

La implacable persecución de los liberales, de los cuales fueron ejecutados ciento veinte en dieciocho días, obligó al cuerpo diplomático acreditado en Madrid a protestar cerca de la corte. Hasta el general Pozzi di Borgo, sujeto de confianza del emperador ruso en Madrid, intervino con el designio de frenar los excesos policíacos. !Que duda tiene que los eclesiásticos más exigentes podían estar satisfechos del antiliberalismo de aquel rey¡

No pudo Fernando, por presión de los gobiernos extranjeros, restablecer la Inquisición, como hubiera sido su gusto; pero el papel de la Inquisición se hallaba bien traspasado a organismos nuevos, como las Juntas de la Fe y la Junta Suprema del Estado, presidida por el fanático obispo de Osma, primate de El Ángel Exterminador. No velaban, a buen seguro, esas juntas menos celosamente que el Santo Oficio por la pureza de la fe.

Nada, sin embargo, de cuanto el rey hiciera en su favor satisfaría a la Iglesia, porque la Iglesia quería gobernar, y eso solo podía conseguirlo anulando por completo el poder de la realeza o coronando a una persona que se prestara a ser la cabeza sumisa de una teocracia. El clero, en suma, ansiaba todo el poder para sí, y como Fernando VII no se lo daba, la Iglesia inventó el carlismo.

¿Por qué pretende la Iglesia suplantar a la monarquía en el primer tercio del s. XIX? Este anacrónico propósito se origina, a todas luces, en la formidable situación social que el clero disfruta en España en el momento, justamente, de máxima debilidad de la sociedad civil.

El poder del clero y su decadencia intelectual

En los comienzos del s. XIX contaba España, según hemos visto en nota estadística anterior, 3.100 conventos de uno y otro sexo. Había retirados a la vida monástica 57.000 varones y 24.000 hembras, que con los 75.000 seculares levantaban el número de las personas consagradas plenamente a la religión, a 156.000, en números redondos.

Por cada setenta habitantes había un eclesiástico en España, mientras que en Rusia se clasificaba uno por cada 153; en Italia, uno por cada 200, y en Francia, uno por cada 280. Tenía, pues, nuestra nación doble número de religiosos que Italia y triple que Francia, proporcionalmente al censo de habitantes. En algunas ciudades españolas el número de clérigos era superlativamente elevado, como en Valladolid, que albergaba a la sazón un servidor de la Iglesia por cada dieciséis varones.

La potencia económica de la institución espiritual era doble que la de la corona; y su fuerza jurídica tal, que no había jurisdicción que no se viera invadida por los clérigos, ni asunto en que no se llamaran a parte los tribunales eclesiásticos, aunque por su condición estos negocios se encontraran a remota distancia del signo talar.

La propiedad territorial de la Iglesia se cifraba en un millón trescientas mil hectáreas. Por rentas territoriales y urbanas la Iglesia recaudaba anualmente 600 millones de reales. Por diezmos y primicias, 324 millones. Por casual, derecho de estola y pie de altar, 118 millones.

Nominalmente la Iglesia tributaba, y es posible que la corona obtuviera de veinte a veinticinco millones de reales del diezmo, y que el impuesto de alcabalas fuera efectivo, por lo que atañe a las órdenes religiosas que practicaban el comercio y la industria, en la mayoría de los casos, bien que todo esto halla que tomarlo con un grano de sal.

Añádase a ese poder económico, el poder político que de él tiene que derivarse forzosamente, más el que dimana de la adhesión popular a los eclesiásticos, y se tendrá exacta idea del incoercible vigor social de la Iglesia en aquel instante.

Al quebrantarse el poder de la nobleza en la subversión de 1808-1813, la Iglesia, que en lo económico no tenía rival, en lo político acaudillaba a las masas y en lo jurídico amedrentaba a todo contrincante, no hacía, por tanto, sino reclamar la confirmación oficial de su efectiva omnipotencia en la vida real del Estado. La Iglesia exigía todo el imperium para sí y con ello el desahucio de la corona. En nombre de un mendaz tradicionalismo los prelados pretendían gobernar a la monarquía, dictar la ley al monarca y a la nación.

Pero no era esa la tradición española. Porque en la monarquía católica del s. XVI hubo un gobierno inspirado en los intereses de la fe, pero ejercido por los poderes civiles. Además la Iglesia figuró mancomunada con el Estado en una misma misión transcendente cuando las inteligencias superiores de la nación daban cánones al orbe católico.

Todo eso, sin embargo, era imposible en el s. XIX, porque ni un Estado-Iglesia español podía declararse pendiente del más allá sin montar una ridícula farsa, ni había ya Reforma protestante que contener, ni, sobretodo, asombraba la Iglesia por el saber de sus individuos, sino por su penuria intelectual. Comprueba Menéndez Pelayo que todo el primer tercio del s. XIX no se publicó en España un solo tratado de Teología pura, un hecho por demás expresivo, que le lleva a uno a preguntarse que hacían los ciento cincuenta mil españoles que tenían consagrada su vida —sus cuerpos, por lo visto— a la religión

La preocupación de las grandes inteligencias católicas españolas, —exceptuados unos cuantos rebeldes— se ceñía a conservar el poder material de la Iglesia; y si surgió a continuación alguna lumbrera, como Balmes, su obra, notable por lo demás, está llena de sentido práctico, pendiente del orden social basado en la impía distribución de la riqueza, y sobresaltada por los riesgos que comenzaba a correr en su tiempo la propiedad privada.

Pero el genio católico español del s. XIX no era, al parecer, Balmes, sino Donoso Cortés. El furor que hacían los discursos y los escritos del marqués de Valdegamas entre los católicos oficiales españoles, denunciaba, precisamente, la infecundidad de las cabezas católicas. Festejaban a este autor por el carácter socialmente reaccionario de sus ensayos. Eso era lo que interesaba. Su obra más celebrada, el Ensayo sobre catolicismo, el liberalismo y el socialismo, considerados en sus principios fundamentales, recoge el sentimiento militante de un sector social temeroso de perder sus privilegios.

Si no fuese el catolicismo divino —comentaba don Juan Valera— vendría a tierra y se hundiría para siempre con pocos defensores que tuviese como el marqués de Valdegamas. (Valera, Obras completas, t. XXXIV.).

Donoso Cortés era un converso. Procedía del extremo liberalismo, y luchaba con el ardor inseparable de los que se bañan en este Jordán. Se quiso hacer de Donoso Cortés un profeta del nuevo catolicismo, un genio español, ante el cual los liberales, malos traductores del francés, deberían descubrirse.

La verdad es que después de expirar sor María Agreda, la genuina tradición católica española quedó huérfana de valores intelectuales. Muy digna de encomio es la obra de cultura que han realizado algunos polígrafos y eruditos católicos, como Menéndez Pelayo, dignos de respeto y admiración, pero no ha habido católico oficial alguno —Unamuno no lo era— que pudiera contender en frescura y en originalidad de pensamiento con el más modesto de los teólogos españoles que figuraron en el Concilio de Trento. En el s. XIX hacía mucho tiempo que se habían acabado los Vázquez Menchaca, los Vozmediano, los Cano, los Suárez, los Laínez, etc.

El descenso de la popularidad de los eclesiásticos

Es evidente el desastre de que en el momento más transcendental para nuestra nación de los tiempos modernos fuera la Iglesia tan rica en bienes y tan pobre en valores intelectuales. Cuando los tuvo supo reformarse y salvarse, como testimonian los cambios introducidos en el mundo eclesiástico español por el cardenal Cisneros y por Santa Teresa. También así salió España al paso de la Reforma protestante.

En los umbrales de la centuria decimonona, la Iglesia era la piedra angular de la fábrica social española, pero no supo hacer frente a una mutación de la que España no podía escapar.

Una Iglesia con luces habría encauzado las reformas políticas y económicas urgentes, como quiso hacerlo el cardenal Belluga en el s. XVIII, y ello hubiera salvado a España y a la Iglesia. Como este hecho no se produjo, España y la Iglesia se iban a doler juntas. Si no se hacía la reforma de la sociedad española con la Iglesia tendría que hacerse contra la Iglesia, y prevaleció esta segunda alternativa que era la catastrófica.

Las jerarquías eclesiásticas ignoraron por completo el papel que les correspondía desempeñar. El clero español era político, probablemente porque no podía dejar de serlo, y no es eso lo que, en justicia, puede reprocharse a los eclesiásticos españoles de principios del s. XIX. Pero podían haber sido mejores políticos. Mas su ignorancia y su codicia hizo de ellos pésimos asesores, o incapaces gobernantes, sin otro título para dirigir a la nación que el de su inmerecido predicamento social.

Porque ya no monopolizaban el saber los hombres de Iglesia, como en el s. XVI; y el inevitable conflicto entre el poder social de la Iglesia y su incapacidad para administrarlo en beneficio de sí misma y de la nación, tenía que traducirse en el rápido descenso de popularidad de los eclesiásticos. El pueblo perdía el respeto a un clero montaraz que predicaba la violencia política y la ejecutaba con su propia mano.

Al capitanear la represión policíaca contra un movimiento tan inofensivo desde el ángulo de vista católico como era el liberalismo español al nacer, los religiosos sembraron los vientos que habrían de traer las tempestades de mañana.

Las masas fueron retirando su adhesión a una institución que no podía reformar nada porque ella misma estaba necesitada de honda reforma; y de atacar a los liberales, el vulgo pasó a atacar a los eclesiásticos. En 1834 se produjo en Madrid la primera matanza de frailes y al año siguiente se repitieron los desmanes, ya con quema de conventos, en Barcelona, Zaragoza, Reus y Murcia.

R.B.: RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, Historia de España, Compañía general de ediciones, 1950, México, Tomo II págs. 162-169.