La Monarquía militar

La monarquía de Alfonso XII
La monarquía de Alfonso XIII
Don Antonio Maura
La Ley de Jurisdicciones (1907)
El Barranco del Lobo (1909)
La Semana Trágica (1909)

La monarquía de Alfonso XII

Alfonso XII de España, Rey de España.

Alfonso XII de España, Rey de España.

Era tan insostenible la desigualdad social que imperaba en el agro español desde mediados del s. XIX que de no salirle al paso con las obligadas reformas se imponía la ocupación permanente del campo por una fuerza militar. Esta fuerza de ocupación no podía ser el Ejército. Fundaron, pues, la Guardia Civil un par de años después de la primera rebelión campesina.

No cabe reconocimiento más explícito del carácter subversivo de la propiedad rural; y bien pudo alcanzársele a la oligarquía monárquica de corazón, que la expresión de tamaña desigualdad social no podía ser en la política la monarquía constitucional, por muchos discursos dictatoriales que contuviera la Constitución, como no lo fue la República parlamentaria.

Cayeron la monarquía progresista de Amadeo y la República libertaria de 1873 porque trataron de fundar un Estado libre en una sociedad esclava. La Restauración se propuso resolver esta contradicción con una fórmula inicua, por virtud de la cual se intentaba el reajuste del Estado y la sociedad sin tocar la propiedad. Fundó unas instituciones civiles de más larga duración, porque, aunque injustas, representaban una forma de gobierno, el oligárquico, en armonía con el régimen de la propiedad, oligárquico también.

Pero el poder no era pactado, sino impuesto; tenía que descansar en la violencia, dado que en cuanto la libertad era efectiva se venían abajo las instituciones. La resistencia de la oligarquía a toda reforma, la tiránica exaltación de los intereses de los grandes terratenientes sobre los de la industria, los del comercio y los del inmenso proletariado campesino, garantizaban irremediablemente la asfixia del régimen monárquico, pues se cegaban así aquellas fuentes de energía ciudadana que son el alimento moral del poder civil.

Grande era sin duda la fuerza social de la oligarquía, pero no suficiente para que echara raíces un sistema de gobierno que en la diaria perpetración de injusticias iba enajenando su autoridad. Por mucho que contrariara el procedimiento a los políticos de la Restauración, que se jactaban de haber roto con el s. XIX, estaban forzados a usar al Ejército en la delicada empresa de mantener el orden interior.

Aquella ficción de estado civil que se propuso desterrar a los militares de la política, se vio obligada a llamarlos en su auxilio con tanta asiduidad, que con el tiempo hizo del Ejército, otra vez, el árbitro de los destinos nacionales. Satisfecho Cánovas con haber puesto fin a los pronunciamientos no quiso reconocer que en el volumen descomunal de aquella oficialidad agobiante y en la endeblez civil del Estado que acababa de restablecer apuntaba ya el desequilibrio de las fuerzas que destruiría la instituciones de la Restauración

La institución monárquica era una pieza clave del Estado que se impuso en España en 1874. Lo era en cuanto régimen de la nobleza territorial, parte integrante de la oligarquía. Lo era como signo de continuidad, más necesario a un Estado débil que a un Estado fuerte. La maquinaria política de la Restauración no toleraba, por su flojedad el recambio. Mientras más inalterables fueran sus componentes, mayores seguridades habría para el sistema.

Se tendía a que todo permaneciera fijo. La rotación en el poder de los dos grandes partidos aportaba la indispensable sensación de dinamismo. La monarquía hereditaria tenía por misión reforzar la estabilidad a que se aspiraba. Valía por un freno y por un aglutinante. En un régimen donde todo se violaba y nada era sagrado no cabía prescindir del trono, que venía a resultar en cierto modo lo único sagrado e inviolable.

Pero la urgencia de crear en tal sistema de gobierno un poder moderador inamovible relegaba en la mente de los fundadores una reflexión que no puede omitirse sin consecuencias, y es que estando llamada la monarquía a actuar de pararrayos puede ocurrir que no resista las descargas que forzosamente ha de provocar en la nación el gobierno injusto. Porque es inevitable que las responsabilidades de la oligarquía reviertan y se acumulen sobre la persona del soberano hasta hacerlo caer, pero cuando cae tira de las demás instituciones.

He aquí el peligro de montar sobre un sistema corrompido una monarquía. Con su buen humor lo dijo Anatole France en El Lirio Rojo, ponderando las ventajas de una República, pues solo la República podía fusilar con impunidad a sesenta mil comunalistas; lo hubiera hecho la monarquía y no habría durado una semana.

En la República la responsabilidad se disuelve entre políticos y funcionarios, y aun cuando afecte al primer magistrado, la sustitución de la persona no implica sustitución de régimen. En la monarquía en cambio, la responsabilidad se ceba en el rey, cuyo poder personal no es mayor en la monarquía constitucional que le de la clase directora.

Por las razones anotadas, en ningún momento fue Alfonso XII un rey verdaderamente popular, respetado y querido por el pueblo. Trató, por todos los medios a su alcance, de contrarrestar el desvío de la clase media y el proletariado, porque se daba cuenta perfecta de que si la institución se enajenaba el calor popular viviría en precario. Pero no logró hacerse con la adhesión de las masas.

Su buena voluntad, en los instantes en que recobraba la fe en la magistratura —a menudo no creía en nada, contagiado en seguida del escepticismo de las clases altas—, se estrellaba contra la obstinada realidad del sistema de gobierno que estaba forzado a presidir.

Más de una vez arriesgó su vida apelando al sentimentalismo de la multitud. Con motivo del movimiento sísmico que asoló a Andalucía en el invierno de 1884, don Alfonso, en la piel y en los huesos por la enfermedad que lo minaba, realizó un esfuerzo físico extraordinario visitando, en medio de un temporal espantoso, los lugares castigados, para socorrer a las víctimas.

En el verano siguiente, la siniestra aparición del cólera en Castilla la Nueva y en Andalucía le sirvió de coyuntura para testimoniar de nuevo su afición a los humildes. Fue esta una plaga de dimensiones catastróficas, que arrebató la vida a unas cien mil personas.

Alfonso XII visitando el hospital de coléricos de Aranjuez, 1885.

Alfonso XII visitando el hospital de coléricos de Aranjuez, 1885.

No arredró el peligro al rey, que quiso consolar a los atacados del mal con su estimulante aproximación personal. Solicitó permiso del gobierno para visitar a los coléricos, y Cánovas se los prohibió, amenazándole con dimitir si don Alfonso insistía en su temerario empeño.

Se propuso entonces el monarca sustituir a Cánovas por Sagasta o por Serrano, si cualquiera de ellos le autorizara a viajar por las zonas de la epidemia. Mas ningún político se prestó a favorecer los deseos del rey, contumaz en conquistar el cariño popular, para sí y para la monarquía, con algún golpe de efecto. Al fin la razón de Estado pudo menos que el temperamento aventurero de don Alfonso, y el 2 de julio, muy temprano, escribió a la reina una carta de despedida, y se fue a la estación con uno de sus ayudantes.

En Aranjuez visitó los hospitales y en las calles se puso en comunicación con las poblaciones amagadas. Como es natural, el pueblo retribuyó con su admiración y con su simpatía el gesto del monarca. Pero la emoción de las muchedumbres, despertada con tanto trabajo, no tardó en esfumarse al cabo de unas semanas.

Era inútil que Cánovas y Sagasta cantaran las virtudes del rey y que se afanaran en hacer de la monarquía española una monarquía respetable, a la inglesa, mantenida en las altas regiones de la política, como una cumbre nevada, donde el aire es transparente y a donde no llegan las impurezas de las batallas por el poder. La monarquía española pagaba los vidrios rotos por la oligarquía ruin; y así, ninguna estratagema pudo hacer de Alfonso XII un rey aceptable para los españoles.

La monarquía de Alfonso XIII

No más nacer estaba ya en crisis la monarquía de la Restauración y la iba a salvar, decididamente, la contingencia de que la reina viuda quedara en cinta. Doña María Cristina era mujer de grandes prendas morales. Corta de entendimiento y entregada al clero, tenía, no obstante, buen temple y sentido práctico. Supo hacerse respetar, y la caballerosidad de los españoles, en nadie más viva que en el pueblo, ordenó que se arriara temporalmente la bandera republicana.

Pocos eran los que se atrevían a combatir a una institución simbolizada en una mujer y en una cuna, como dijo Castelar. La oligarquía explotó hábilmente el caso sentimental. Las espaldas permanecieron en alto entre tanto. Pero al ascender al trono Alfonso XIII se resucitó la polémica en torno a la forma de gobierno.

La monarquía de la Restauración no podía ser superior ni ética ni civilmente a su pedestal, y su pedestal era la oligarquía ambidextra. Régimen corrompido había de tener por pináculo un rey corrompido. Régimen amenazado por los enemigos del poder civil, la corona había de estar amenazada también por la Iglesia y por el Ejército. Y si el monarca se excedía en el uso de sus prerrogativas ¿quiénes podrían llamarle al orden? ¿Con que autoridad invocarían ante él la Constitución aquellos oligarcas que comenzaban encenagando su esencia, la fuente del poder?

Es muy de dudar que el rey pudiera aventajar en virtudes a los que le coronaron. Tomó Alfonso XIII de la oligarquía la frivolidad, la ausencia de fe en España, la codicia y el desinterés por la cultura.

La oposición, naturalmente, polarizaba todos los errores en el rey y le acusaba, incluso, de los crímenes que quiso evitar. La monarquía constituía el vértice de la pirámide, el extremo mejor recortado y visible de todo el sistema. Derribar al rey equivalía echar abajo el edificio, porque una abdicación en un Estado tan flojamente constituido entraña un cambio de régimen. La oposición actuaba, pues, con sentido práctico. Pero la eficacia del ataque, dirigido en masa contra la persona del soberano, podía quedar menoscabada por el peligro de que se olvidaran las responsabilidades de la oligarquía y se menospreciara su poder.

Razones políticas abonaban la táctica que eligió instintivamente la oposición republicana para derrocar el régimen oligárquico, y el juicio popular fue más estricto con el rey que con los que le formaron moral y políticamente. Pero no puede ser ese el fallo de la historia.

Tenía, pues, Alfonso XIII, ya adulto, todos los defectos de la clase directora, en él, individualizados por altura, más notorios. Qué puso en su carácter la educación y que era lo congénito en una persona cuya conciencia se disputarían desde primera hora todos los interesados en tener a la monarquía por aliada para sus sueños o ambiciones de cuerpo o estamento, difícil es de determinar.

Pero si podemos conjeturar que de haber querido ser un rey perfecto no hubiera podido reinar. La oligarquía necesitaba un monarca que pasara por alto sus procedimientos, un rey a su imagen y semejanza. Moralmente, Alfonso XIII fue el magistrado que merecía la clase directora española. Se le censuró porque puso a veces en la balanza todo el peso de su poder personal.

Era un rey altivo y hacía política, Quedárase de espectador, como le aconsejó Unamuno en cierta ocasión, y le hubieran hecho responsable lo mismo, llamando negligencia a la circunspección o cobardía a la prudencia. Su oficio estaba condenado a fracasar en una nación tan sacudida por los arrebatos de violencia engendrados a diario por la desigualdad social y por la injusticia de los opresores.

Todo se concitaba para hacer imposible en España la profesión real, y no estaba la menor dificultad en que la monarquía fuera civil teniendo patente de corso el Ejército y aspirando la Iglesia, segura de su poder social, a imponerse al Estado.

Codicioso el Ejército de tener al futuro monarca por suyo, recabó para sí la parte del león en la educación del príncipe. Sables y uniformes, desfiles y voces de mando, entonaban el ambiente en que crecía Alfonso XIII. La corte se vio concurridísima de militares celosos de que no se les escapara la presa. Mientras el múltiple profesorado castrense imbuía en el espíritu del futuro monarca la supremacía del Ejército, el maestro de religión le cantaba las virtudes del autoritarismo.

¿Quién pensó en hacer de Alfonso XIII un rey constitucional? Y si la sociedad recusaba, por su deforme estructura, el constitucionalismo, y si los gobiernos no podían ser constitucionales, ¿podría serlo el rey?

Por educación o por temperamento, o por ambas cosas a la vez, el nuevo monarca resulto ser un enamorado de todo lo militar. La oligarquía no descubrió, al parecer, las cualidades personales del soberano hasta el día de su coronación. Mientras educaban al príncipe en palacio, los políticos del turno, que en nada pensaban si no era en el modo de mantenerse en el poder, no consideraron que este era también un problema de gobierno.

Tan conocida como de obligada inserción en todo trabajo de este género es la información que nos ha transmitido el conde de Romanones sobre el primer consejo de ministros presidido por Alfonso XIII.

Tras breves palabras de salutación de Sagasta, dichas con voz apagada, reveladora de su fatiga —escribe el conde—;, el rey, como si en su vida no hubiera hecho otra cosa que presidir consejos de ministros, con gran desenvoltura, se dirigió al de la Guerra en tono imperativo, le sometió a detenido interrogatorio a cerca de las causas motivadoras del cierre decretado de las academias militares. Amplia explicación, amplia para su acostumbrado laconismo, le dio el general Weyler; no quedó satisfecho don Alfonso, que opinaban debían abrirse de nuevo.
Replicó don Valeriano con respetuosa energía, y, cuando la discusión tomaba peligroso giro, la cortó Sagasta, haciendo suyo el criterio del rey, con lo que resultó vencido el ministro de la Guerra. Después de breve pausa, el monarca, tomando en su mano la Constitución, leyó el caso octavo del artículo 54, y, a manera de comentario, dijo: Como ustedes acaban de escuchar, la Constitución me confiere la concesión de honores, títulos y grandezas; por eso les advierto que el uso de este derecho me los reservo por completo.

El estupor que produjo la conducta del rey —mozalbete de dieciséis años— en las esferas sociales, atestiguaba cuán ausente estaba la clase directora de los graves negocios del Estado; y la claudicación de aquellos gobernantes no podía originarse más que en la total inhibición del carácter, producida por una mala conciencia, por un claro sentimiento de indigencia moral. El régimen era tan débil con los que pudieran comprometer su vida, que la oligarquía no se hallaba en condiciones de hacer frente a una institución básica propia cual la corona.

El reinado se presentaba ya tormentoso, porque saltaba a los ojos que el Ejército, valiéndose del desgobierno general, se había alzado con el mando por vía indirecta y hablaba por labios del rey. Nuevas manifestaciones, públicas ahora, del imberbe soberano, subrayaron el carácter militar de la monarquía.

Al dirigirse a las fuerzas armadas recalcó el acento militarista con tales halagos para el mundo castrense que poco le quedaba que hacer, a juzgar por el texto, a las instituciones civiles. El Ejército lo era todo en la nación.

Dichoso el soberano —decía— que ve en vosotros el apoyo más firme del orden social, el cimiento seguro de la paz pública, el defensor más resuelto de las instituciones, la base más sólida del bienestar y de la felicidad de la patria.

En los primeros pasos del monarca, demasiado joven para ser señor de sus actos, se enfrentaban pues, de nuevo el Ejército y la Iglesia con la sociedad civil. Se negó, incitado por los eclesiásticos, a firmar el decreto de concesión a don Benito Pérez Galdós de la gran cruz de Alfonso XII. Resistió luego el cese del general Pacheco, mílite palatino, e hizo que se trocara en una propuesta de ascenso el nombre del general González Parrado por el del general Martitegui.

Tenía el soberano sus favoritos, el partido militar, y sentó como norma que fueran ellos quienes ocupasen los ministerios de Guerra y Marina. Los gobiernos se plegaban y resignaban al capricho real. Había la protesta aislada de políticos que no eran uña y carne de la oligarquía, o que por serlo exigían el reconocimiento por parte de la corona del poder oligárquico, como el único lícito.

Don Francisco Silvela se apartó a sus lecturas y aficiones espirituales en los albores del reinado porque le acabó de convencer todo esto de que el país, por su clase gobernante, es ingobernable. Notable progreso en la visión política de Silvela; ya no era la nación la que no tenía pulso.

Luego fue don Antonio Maura la voz discordante frente al capricho real, pero gentes del propio partido conservador salieron en defensa del monarca, cuya voluntad se pretendía ganar, aun a riesgo de constituirse en víctimas futuras, solo con miras al medro personal.

Traían y llevaban a la corona en funciones de tercería, a las que el jefe de la nación no hacía precisamente remilgos, porque le atraía la política, esa política. Unos le rogaban que presionara a Villaverde para que apoyase a Maura, con los cual se complicaba al poder moderador en los altercados del grupo; otros le pedían que soldase la grietas del partido liberal, templando gaitas y concurriendo en traiciones, como la de Moret a López Domínguez en la famosa crisis del papelito.

De ese modo un rey de ánimo ligero y egocentrista era arrastrado al salón de subastas de aquella política de concupiscencias donde todos pujaban en la liquidación del patrimonio español.

Don Antonio Maura

D. Antonio Maura.

D. Antonio Maura, insigne estadista español, obra del fotógrafo Kaulak, recogido en la revista española La Esfera.

Seguía constando la política de la oligarquía de dos puntos, como en sus tiempos originarios de Las Novedades. Era uno el de que la propiedad permaneciera inalterable, y en ello todos los oficiantes estaban de acuerdo. Pero la otra parte del programa, el disfrute del poder considerado como un bien en sí mismo, motivaba serios conflictos personales. Las impaciencias sembraban la revuelta entre los dos grandes partidos.

Asombra, en primer lugar, la falta de pudor con que los jefes y subjefes pedían el poder, no exhibiendo un programa de gobierno, sino apoyando descaradamente el supuesto derecho propio a tomar el mando en el agotamiento del plazo que se concedió al adversario para saquear al país. No podía menos de influir la nerviosidad de los que esperaban en el sistema del turno, que para ser efectivo y sosegado reclamaba conformidad en los momentáneamente desahuciados. Al fin se interrumpiría la rotación por este linaje de codicia.

Digna heredera de las huestes canovista y sagastina, la oligarquía de este periodo llegó al refinamiento en sus métodos de corrupción. Si antes solía buscar víctimas personales, ahora conseguía reducir a clases enteras. A pocos causó sorpresa, por ejemplo, una nota aparecida en El Universo de 11-III-1911, según la cual Canalejas y el conde de Romanones tendrían sumo placer.

en facilitar el triunfo de todas las candidaturas de periodistas que se presentasen en las elecciones para diputados a Cortes, por entender que el sacerdocio de la prensa es de divulgación y cultura.

Así entraron en el parlamento unos cincuenta periodistas de opuestas etiquetas políticas.

La calidad de los personajes era la misma en ambos partidos oligárquicos. La máquina que Cánovas y Posada Herrera pusieron en marcha funcionaba prodigiosamente. Ignoraríamos porque ciertos hombres figurarían en el partido liberal y no en el conservador, y viceversa, si desconociéramos el carácter de este dualismo político.

Recogía en el seno de su gobierno don Segismundo Moret a oligarcas como Rodríguez de la Borbolla, señor de vidas y haciendas en Sevilla, y otro liberal, Vega de Armijo, incluía entre sus ministros a próceres cual el marqués del Real Tesoro, afamado ultraconservador que no hubiera desentonado en el consejo del pretendiente carlista. Ahora, como antes, nada separaba a liberales de conservadores.

En la cuestión clerical no había enemigo más contumaz de la ley de Asociaciones que don Niceto Alcalá Zamora, romanonista y terrateniente del campo de Jaén. Las elecciones se amañaban con la destreza de antaño, si no mejor, porque la práctica había elevado ya a los aprendices a rango de maestros. Tan perfecta era la organización del fraude público, que la inhibición de los gobiernos no redundaba en merma de la perfección del régimen.

El sistema no era producto de ninguna veleidad. En la disyuntiva de modificar el régimen de la propiedad o falsificar concienzudamente la voluntad nacional, se tomó partido por lo segundo. Justamente a poco de iniciarse el reinado de Alfonso XIII entró Maura en el poder con su teoría de la revolución desde arriba y su propósito de revolucionar al país rápidamente, radicalmente, brutalmente.

No era don Antonio Maura persona literalmente identificada con la zafia oligarquía, y ello le descalificaba, junto con su arrogancia y su mal entendida severidad, para tener éxito en la política. Pero como el mismo dijo, odiaba las digestiones sosegadas y traía ideas, aunque no tan eficaces como parecían, para ordenar la nación.

El_esquilador

El esquilador, ilustración de Joaquín Xaudaró en la que se representa a Antonio Maura y a la oposición, encarnada en Canalejas, Salmerón, el Marqués de la Vega de Armijo y Moret, publicada en julio de 1904 en Gedeón.

Lo primero que hizo fue intentar el desenraizamiento de las corruptelas. Aflojó, por tanto, los resortes oficiales en las elecciones de abril de 1903, y las consecuencias se vieron sin tardanza: triunfaron los republicanos en Madrid, Barcelona y Valencia.

El rey se enojó con Maura, e invocó falta de protección. Porque el trono, como el tinglado oligárquico, como todo el régimen, solo podía sostenerse por la adulteración del sufragio. De ahí partían las demás corrupciones.

El caciquismo no podía desaparecer ni la monarquía podía ser constitucional mientras la desigualdad social no padeciera detrimento. Pero nadie estaba dispuesto a ir a la raíz del mal.

El campesinado sin tierra continuaba agitándose, provocando luctuosos sucesos, o, resignado, manifestando su miserable situación de otro modo. Incendios en los campos y encuentros sangrientos con la Guardia Civil, en este pueblo hoy, mañana en aquel otro, perpetuaban las señales de la angustia rural que hizo su aparición a mediados de la última centuria.

Un día avanzaban los braceros de Cártama sobre Málaga, como si comenzaran una revuelta, mas para luego disgregados, mendigar en la ciudad. Otro, el pueblo de Boada, en la provincia de Salamanca, pedía humildemente permiso al gobierno para emigrar en bloque.

Era supina desorientación pretender que el mal se remediaba y que se introduciría la armonía en la sociedad española con leyes como la maurista de Administración local, calificada por su autor de ley del descuaje del caciquismo y presentada como la consagración de las verdaderas y vivas afinidades de los pueblos para que con amplia libertad se manifiesten y organicen.

En fin de cuentas, la concepción maurista de la libertad vendría a aumentar los derechos políticos de los que no tenían tierra, y a acelerar el ritmo de la guerra civil. La suerte de la reforma política de Maura hubiera sido la de todas las constituciones: si no la falsificaban, desencadenaría la revolución. Pero la tal ley nacía muerta. Cuando parecía ya realidad, a punto de ser aprobada por las Cortes, quedó preterida.

Ni gobernaban los oligarcas —porque gobernar implicaba ante todo, crear las relaciones idóneas de propiedad sobre las cuales se afirmara una sociedad civil soberana— ni dejaban gobernar. Puso la vista Canalejas en la reforma de la propiedad agraria, aspiración menos espectacular, pero más inteligente que la batalla a las órdenes religiosas. Pero pronto hubo de olvidarse don José por completo de lo primero y amainar en lo segundo.

España, en suma, carecía de poder ejecutivo. Y de continuar así las cosas el país no tenía salvación. Porque peor que el gobierno equivocado es la ausencia de gobierno. Lo que acaba con las naciones no es una política errónea, sino la falta de política positiva. El error lleva implícita la disculpa de que se intentó acertar, y tarde o temprano se rectifica.

Mas cuando no se intenta acertar ni desacertar, cuando lo que se quiere es ir tirando, salvar el momento como sea, y se sortean las dificultades sin reformar nada, sino, simplemente, comprando el silencio de los fiscales con un acta de diputado o con otras dádivas envilecedoras —un procedimiento inherente al régimen que no puede declararse dictatorial, por lo cual es más nocivo que la monarquía absoluta— y aplicando la fuerza allí donde la merced huelga o no surte efecto, cuando eso acontece en una nación, esa nación está sin gobierno; y no puede desconocerse que la crisis contemporánea española arranca de la Restauración, o por mejor decir, del momento en que nace la nueva oligarquía.

Mientras no hubo instituciones tampoco podía darse por fracasada definitivamente la revolución y eran lícitas todas las esperanzas en un gobierno futuro justo. Buscando postura para constituirse se pasó la nación hasta 1874. Pero entonces se instaló en el poder la oligarquía territorial, que venía, con un programa negativo, a impedir que se gobernara, esto es, a sofocar todo ademán reformista.

Hasta aquí cupo la posibilidad de que sobre los escombros de las instituciones que quebraron a principios de siglo se levantara un edificio político mejor; desde luego, no tan vasto, porque habíamos perdido América, aunque nos quedaban espléndidas colonias, pero no menos ilustre por eso. Había un pueblo e inmensa riqueza por explotar.

La oligarquía, sin embargo, prefirió fundar un Estado que iba a expulsar de la soberanía española las colonias que nos quedaban y que pondría en peligro la propia existencia de la nación. Porque no solo se destruye a una nación cuando es próspera y se levanta altiva entre las demás; también se la deshace cuando se deja pasar, por egoísmo o por desgana, la ocasión de crearla, o de recrearla.

Hora es ya de no cargar más sobre el pasado remoto responsabilidades que le son ajenas. No va a tener Felipe II culpa de todo.

La Ley de Jurisdicciones

De derecho España seguía siendo en el periodo que estudiamos una monarquía constitucional, pero de hecho seguía siendo también, como señaló Costa, una dictadura parlamentaria. Vivía la nación en estado de guerra años enteros, entregadas las regiones al fuero militar y a merced de los capitanes generales, verdaderos virreyes.

El pueblo, excluido del juego político por el expediente eliminatorio del caciquismo y viendo el poder en manos de los militares con periodicidad que hacía imposible trazar una línea divisoria entre lo normal y lo anormal, asistía más curioso que ofendido a la amenaza que se cernía sobre aquel irrisorio poder civil. El amago militar, soslayado en los primeros treinta años, uno más o menos, de la Restauración, se ofrecía tenebroso con don Alfonso, como hemos dicho.

La oligarquía estaba ahora herida de muerte en su privilegio gobernante, porque el Ejército tenía por aliada a la corona, y de la actividad militarista del rey iba a derivarse el derrumbamiento de todo el sistema. No escapó tan magno detalle a los oligarcas, y desde un principio la prensa del turno se dio a amonestar al jefe del Estado. Pero la suerte estaba echada. Era ya demasiado tarde para enderezar un árbol que había tomado fatal proclividad.

El aliento que los generales recibían en palacio, unido al poder efectivo que en la lucha política le cedían los gobiernos, ensoberbeció al Ejército, tanto más cuanto, que es seguro que al mirar en torno descubriría que todos los poderes palidecían junto al suyo.

El 25-IX-1906 unos doscientos oficiales del Ejército asaltaron en Barcelona las redacciones del semanario Cucut y del diario La Veu de Catalunya, que en el sentir de los agresores realizaban persistentes campañas contra el Ejército y contra la unidad nacional. El gobierno no tuvo medios para castigar el desmán, con el cual de solidarizaron otras guarniciones, y se desprendió de los sucesos como consecuencia inmediata la pretensión militar de que pasaran a su fuero los delitos contra el Ejército y contra la patria.

El monarca negó su adhesión a las medidas que hubiera podido adoptar el gobierno de Montero Ríos contra los autores del desacato, y el camino quedó despejado ante la fuerza bruta. Las cámaras tramitaron la nueva disposición bajo la constante vigilancia de los cuartos de banderas; y el 20-III-1907 quedó aprobada la ley de Jurisdicciones siendo primer ministro don Segismundo Moret y desempeñando la cartera de Gracia y Justicia don Manuel García Prieto.

El Ejercito arrebataba al poder civil la esencial prerrogativa de hacer justicia.

Cedió la oligarquía por miedo a la dictadura militar. Porque en casos como el narrado, la clase directora se encontraba inerme, sin fuerza moral ni material a qué acudir. Los republicanos y los carlistas no apoyaron al gobierno cuando pidió votos en el Congreso y el Senado para decretar la suspensión de las garantías constitucionales. La nación dejó hacer, y abandonó el pleito a la oligarquía corrompida y al Ejército desorbitado.

Los oligarcas se dividieron. Los conservadores de Villaverde hicieron suya la política del Ejército, y los de Maura, salvando farisaicamente las formas, respaldaron a don Alfonso y al partido militar. Imponía a unos semejante conducta el deseo de que girara con mayor rapidez la rueda del turno y a otros el afán de privanza con la corona.

La claudicación de Sagasta y su gobierno ante el rey y ante la milicia en el primer consejo de ministros presidido por don Alfonso XIII había marcado una política ruinosa, la misma que seguía ahora; y a medida que se descomponía la nación, crecía lógicamente el poder del partido militar, por descenso de la autoridad moral de la clase gobernante.

El precio de la satisfacción que se daba al Ejército no podía se más alto, pero se pagaba con gusto a cambio de poder seguir monopolizando el poder en lo que Osorio y Gallardo llamó rotación de las concupiscencias.

Así llegó a ocurrir que en febrero de 1911, al votarse una proposición de los republicanos que pedía la derogación de la ley de Jurisdicciones, la cobarde oligarquía cerrara en bloque contra el empeño y atronara el salón de sesiones del Congreso con vivas al Ejército tan multiplicados y resonantes, que valían por prueba definitiva de la incurable ruindad de aquella clase social.

El pánico no dejaba oír en las filas gubernamentales los avisos de prudencia. Porque entre la promulgación de la ley que hacía jueces a los militares y los acontecimientos parlamentarios que acabo de mencionar, el ciclón revolucionario había estado a pique de barrer las instituciones.

El Barranco del Lobo

En efecto, los sucesos de julio de 1909, conocidos como el desastre del Barranco del Lobo y la Semana Trágica de Barcelona dejaron a la monarquía y al régimen de la francachela en dificilísima situación. Cortaron súbitamente la carrera pública del gobernante de más carácter con que contaba el sistema y conmovieron insospechadamente a una Europa próspera y rica, tan negada siempre a hacernos justicia que hasta cuando se propuso a defender al pueblo español no supo protestar sin denigrar a España.

En síntesis, lo ocurrido, según la versión histórica más o menos oficial, había sido lo siguiente: Un sujeto moro conocido por el Rogui, esto es, el pretendiente, dominador de las cabilas próximas a Melilla, vendió las minas de hierro de Beni-bu-fur a un sindicato español fundado al efecto por el conde de Romanones y otros. No refrendaron la venta los guelayas, moros del lugar, que se consideraban propietarios, y rompieron con el Rogui al que obligaron a huir.

Al iniciarse los trabajos del ferrocarril de la compañía explotadora de los yacimientos, los rifeños atacaron a los obreros, lo cual motivó la intervención del Ejército español. Se reanudaba, pues, una guerra que nunca cesó de amenazar por falta de previsión y política colonial de la oligarquía.

El ejército español de Melilla tuvo que realizar una operación protectora estableciendo nuevas posiciones más allá del monte Gurugú, ocupado por los indígenas desafectos. En los primeros combates se agotaron los elementos militares de que disponía la plaza.

Había que conquistar, sin embargo, el Gurugú, y para ello llegaron refuerzos de la Península. Desde el puerto, sin comer y sin respiro, marchaban las tropas desembarcadas a la línea de fuego. Las deficiencias técnicas y la intrepidez de la oficialidad española produjeron un desastre el 23 de julio. Entró en seguida en combate el general Pintos, que traía caldeado el entusiasmo por estímulos que recibió en palacio, donde prometió coronar el abarrancado promontorio con la bandera española.

Pintos penetró con tanta decisión y descuido en territorio enemigo, que pereció en la audacia. Con él murieron, entre muchos de menos nota, los tenientes coroneles Palacios y Ortega. La campaña fue francamente desafortunada, por lo de siempre: la máquina militar española no funcionaba. El material humano era excelente: oficiales y soldados derrochaban abnegación y arrojo, pero eso no bastaba.

Carecían de satisfacción interior, de disciplina, de preparación y de elementos de guerra. Era el Ejército a su vez una víctima más del desbarajuste nacional. Ejército caro, estaba mal pagado, sin embargo; se le mimaba y se le desatendía al propio tiempo.

Pero la versión admitida en las historias corrientes sobre le origen de esos sucesos marroquíes, no engañará al historiador imparcial. La guerra de África resurgía provocada por el rey y por el Ejército español.

De nuevo apareció sobre el tapete el problema de Marruecos. El pueblo vio en la empresa la mano de los capitalistas interesados en las minas, y se opuso a la guerra. Se pedía el abandono. Pero lo que había que abandonar era la nefasta política oligárquica.

La verdad era que España en buena política no podía desentenderse de África. Razones sobre todo de carácter moral, aconsejaban la presencia de España en Marruecos. Pero se entendió siempre que nuestra acción debía ser ante todo militar, y no se trataba de colonizar, sino de mantener ocupado al Ejército y de estar allí porque parecía obligado o por vano orgullo.

Nadie podía pretender que obviaban las armas, pero el secreto del éxito estaba en ganar el Majzén y en imponerse por el prestigio; no en confiar el asunto a la fuerza, sino a la diplomacia y a la sana política. Esto había hecho Francia que después de tomar Argelia en 1844 .

se había ido infiltrando en Marruecos por el prestigio de las armas más el de la autoridad política resultante de la paz y prosperidad moral que gozaban los musulmanes argelinos.

¿Pero quién esperaría de la clase directora española una política para África distinta de la que tenía para la Península? Y se daba, en 1909, esta antinomia grotesca: un estado haciendo imperialismo económico —no era otra cosa el apoyo militar a la explotación de las minas del Rif— con las ideas y los procedimientos de las Cruzadas.

Se veía al moro a través del prisma medieval, como correspondía al ángulo de visión de una oligarquía territorial, y se quiso presentar la guerra de Marruecos, según añeja costumbre, como contienda religiosa. Una de dos: o se dejaban las minas o se dejaban los hábitos de Calatrava y Alcántara. Porque, en efecto, otra vez desempolvaron los caballeros las viejas órdenes militares del testamento de Isabel la Católica y se alzaron en Madrid contra la morisma rogando que se los movilizara contra los enemigos de la Cristiandad y de la patria.

Nadie lo estorbaba, puesto que el gobierno no rehusaba ningún voluntario. Resultaba trasnochada y ridícula en extremo la aspiración de aquellos fosilizados señores que solo a condición de lucir la indumentaria medieval —harto ajustada a su mentalidad— estarían dispuestos a repetir las hazañas de las Navas de Tolosa.

El incidente es nimio, pero nos ilustra sobre la disipación mental de una nobleza boba que salía de la tumba del olvido con un gesto que quería ser viril y solo lograba inspirar lástima.

La Semana Trágica

Volvió la nación —por lo de Marruecos— a rebullir trágicamente. El pueblo, con mejor sentido que sus ministros, intuyó que España no estaba preparada para guerrear con África, y si se le hubiera escuchado, el gobierno se habría tentado antes de movilizar a los soldados de la reserva activa, muchos de ellos padres de familia, que lo dieran todo por una causa menos árida, pero que no sentían ningún entusiasmo ni por Marruecos ni por el gobierno.

Guardias civiles y arrestados durante la Semana Trágica.

Guardias civiles y arrestados durante la Semana Trágica.

Este fue un error solo sobrepujado por otro: el de sacar tropas de Cataluña, región en endémica rebeldía desde que apareció el separatismo y entregada a violencias terroristas de muy compleja etiología, como veremos después.

Acaudilló la protesta contra la guerra el partido socialista, organización joven, que por boca de su director, Pablo Iglesias, advirtió que el enemigo no eran los moros, sino el gobierno. Sobraba combustible social, y las ganas de lucha en el proletariado, de reciente movilización política, auguraban el estallido en cuanto hubiese motivo.

La revuelta tuvo su máxima exacerbación en Barcelona, Meca de la demagogia española. la salida de las tropas para África promovió inquietud general en la región y el día 26 comenzó una huelga unánime de todos los servicios, que dejó a Barcelona sin comunicaciones y sin luz.

El movimiento no tenía cabeza visible, aunque era obra de todas las izquierdas: socialistas, anarquistas, sindicalistas, republicanos nacionalistas y radicales. Fue, con todo, una subversión negativa, que se ensañó con los edificios religiosos. El formidable desorden duró una semana, y se extinguió por desgaste más que por acción del Estado.

Se ejerció con rigor el castigo de los revolucionarios, y como principal inductor fue proclamado Francisco Ferrer Guardia, fundador y director de la llamad Escuela Moderna.

Ferrer había nacido en el pueblecito vinícola catalán de Alella, de donde se trasladó a los trece años a Barcelona, para trabajar como dependiente en una pañería. El patrono era un burgués anticlerical, muy fin de siglo XIX español. A los veinte años de edad, Ferrer comenzó a militar en el movimiento republicano y se afilió a la masonería. A principios de los ochenta obtuvo en empleo de revisor de ferrocarriles.

Coincidiendo con la sublevación de Villacampa en Madrid, en 1885, hubo disturbios en Barcelona, en los que apareció complicado Ferrer. Varios jefes republicanos emigraron a Francia. Ruiz Zorrilla se instaló en París, y Ferrer, que también se había expatriado, actuó una temporada de secretario del político republicano.

Jaime junto a su hermano Alfonso,

Ferrer Guardia, procesado en el caso del atentado contra Alfonso XIII de 1906 de la calle Mayor.

Ferrer tuvo que buscarse la vida como pudo. Hizo de comisionista —parece que en la importación de vinos españoles— y dio lecciones de español a particulares, en la Asociación Filotécnica y en el Gran Oriente de la rue Cadet. Compuso un método o gramática española.

Su vena anarquista interesó a Ferrer en estudios de pedagogía avanzada, para los que carecía de formación y base. Ferrer era un perfecto anarquista intelectualoide, sin la originalidad religiosa de los contemplativos ni la suicida decisión de los activos. Personaje, si no extraordinario, extraño, de enorme poder persuasivo. Cuando su nombre adquirió notoriedad, un colaborador del Temps lo presentó como hombre de estatura media, de ojos excepcionales, como ascuas, y una de esas miradas que no se olvidan nunca.

Se explica su predicamento con las mujeres. Estuvo casado con Teresa Sanmartí, católica, con la que tuvo tres hijos. La discrepacia religiosa introdujo la discordia en el matrimonio; parece que Ferrer quiso iniciar a la hija mayor en la secta masónica, y ello provocó la ruptura entre los cónyuges, habiendo llegado la mujer a esgrimir un arma de fuego contra Ferrer. Los esposos se separaron. Ella se fue a Rusia, se hizo ortodoxa griega, logró el divorcio y se volvió a casar.

Ferrer vivió luego con otra mujer: Leopoldina Bonald. Y en París conoció a mademoiselle Ernestine Meunier, discípula suya, sobre quien ejerció Ferrer hipnótico influjo durante tres años. Mademoiselle Meunier, que murió en 1901, le legó una finca valorada en 750.000 francos.

Ese año regresó Ferrer a Barcelona, y con la suma heredada fundó la Escuela Moderna, con un centro de publicaciones racionalistas.

A raíz del atentado de Morral —profesor de la Escuela Moderna— contra Alfonso XIII, las autoridades clausuraron la Escuela y detuvieron a Ferrer; pero fue absuelto y puesto en libertad. Entonces volvió a París, donde fundó, con otros amigos, la Liga Internacional para la Educación de la Infancia. A la sazón, Ferrer hacia frecuentes viajes a Barcelona. Los últimos años vivió el pedagogo anarquista con Soledad Villafranca.

El Tribunal militar que condenó a Ferrer a muerte no pudo probar su participación en los hechos de la semana trágica: le condenó en realidad, por su obra, sin duda sobreestimada, e hizo de él un mártir.

El proletariado europeo y la clase media filantrópica produjeron estruendoso escándalo internacional, fomentado desde España por los enemigos de la oligarquía, pero quien de momento pagó el error de que no se indultara a Ferrer fue la corona.

Maura se equivocó y España —y el rey— fueron justos con él imponiéndole un ostracismo mitigado. Un ministro que comete equivocaciones tan garrafales se incapacita para volver a gobernar. Desde entonces Maura no levantó cabeza en la vida pública.

Temperamento dominante, don Antonio Maura, enfrenó por algún tiempo a la corona, reduciéndola a su estricto papel, lo que atestigua que Alfonso XIII podría haber sido otro rey de haber habido otra clase directora.

Pero la historia no puede juzgar a Maura con menos rigor que a sus ministros. De su pulcritud ética precisa descontar el favor que dispensó a Cierva, uno de los hombres más funestos de la política española. A falta de la oligarquía, Cierva se hubiera bastado para destruir a la nación.

Los sucesos de julio de 1909 hirieron en las entrañas al régimen oligárquico y quebrantaron considerablemente a la monarquía. La opinión popular acusó implacablemente a Maura, y Pablo Iglesias se hacía a todas luces eco de la indignación del proletariado cuando en su primer discurso en el parlamento dirigía al jefe conservador, de pecho a pecho, estas tremendas palabras.

Hemos llegado a considerar que antes de que su señoría suba al poder debemos acudir al atentado personal.
R.B.: RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, Historia de España, Compañía general de ediciones, 1950, México, Tomo I págs. 355-375.